Hace meses que el presidente López Obrador afirmó que a la Cuarta Transformación (4T) solo le faltan tres reformas constitucionales para completar su misión y hacer irreversibles los cambios que su gobierno ha impulsado. 

Esas tres reformas son la relativa a la industria eléctrica, cuya iniciativa se encuentra a discusión, desde octubre del año pasado, en la Cámara de Diputados; la electoral, de la cual se sabe poco y se especula mucho, y la que propondrá la militarización constitucional de la Guardia Nacional.

Para mejor comprensión de lo que el presidente tenía en mente al momento de anunciar sus tres iniciativas, transcribo la versión estenográfica de la conferencia mañanera en que abordó el punto:

Presidente Andrés Manuel López Obrador: “Entonces, ¿qué nos queda? Pues tres reformas constitucionales. Tengo la obligación de presentarlas porque considero que son necesarias y son buenas para el pueblo y para la nación:

Una, que fortalezca a la Comisión Federal de Electricidad, porque durante el periodo neoliberal apostaron a destruirla para dejarle el marcado de la industria eléctrica a los particulares, sobre todo a las empresas extranjeras, que se apoderaron de México. Era nuestro país como una tierra de conquista y esto afectó a los usuarios, a los consumidores, al pueblo, porque aumentaban y aumentaban los precios de la luz mientras se les daban subsidios a las empresas particulares. Tan abusaron que, una empresa española, Iberdrola, se atrevió a ofendernos a los mexicanos contratando como empleado al ex presidente Calderón; también a la que había estado de secretaria de Energía se la llevó a trabajar a la empresa. Entonces, necesitamos una reforma para que no paguen más por la luz los usuarios domésticos, los pobres, los integrantes de clase media, que las grandes corporaciones, porque así está ahora, las tarifas más bajas las pagan los de arriba porque se hizo una reforma a la Constitución con ese propósito.

No es para que desaparezcan –lo aclaro– estas empresas particulares, no, van a continuar, pero vamos a poner orden para que el cincuenta y cuatro por ciento del mercado corresponda a la Comisión Federal de Electricidad y el cuarenta y seis por ciento a particulares; porque ahora como está la ley, por la reforma a la Constitución que hizo el gobierno pasado, aunque tenga capacidad de generación la Comisión Federal de Electricidad, no se le permite subir energía eléctrica a la red, no se le permite el despacho, así le llaman, tienen que subir primero las particulares y luego las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, cuando se trata de una empresa pública y cuando por esa empresa pública, si se maneja como se está haciendo, con eficiencia, vamos a garantizar que no aumente el precio de la luz. Esa es una reforma porque, si no, llueven los amparos. Yo no quería llegar a una reforma constitucional en materia eléctrica, por eso se hizo una reforma a una ley para resolver este problema, pero todavía no se publicaba la ley que fue aprobada y empezaron a aprobarse, por los jueces, los amparos.

Entonces ¿qué nos queda? Una reforma constitucional. Si los legisladores dicen que no, yo ya cumplí; si ellos quieren seguir apoyando esta injusticia, el que empresas particulares tengan mejor trato que la Comisión Federal de Electricidad, pues que asuman su responsabilidad. Esta es una.

Dos, una reforma electoral para que de verdad haya independencia en todo el proceso de las elecciones, que no domine el conservadurismo, que haya democracia, porque durante mucho tiempo se han inclinado los que deberían de actuar como jueces en favor de los grupos de intereses creados. Entonces, tenemos que buscar la forma de que quien coordine los procesos electorales sea gente de inobjetable honestidad, rectos, auténticos demócratas. Se los dije a los empresarios.

¿Qué es un demócrata? Es una gente que, independientemente de su origen de clase o de su manera de pensar, actúa con rectitud. No es un demócrata, como ha sucedido en México, el que dice: ‘No podemos permitir que llegue a la presidencia un populista; luego entonces, hagamos todo para evitarlo, hasta robarnos la elección, hagamos un fraude patriótico’. No, no. Sea quien sea, si el pueblo lo decide, debe tener la oportunidad de gobernar, ¿o qué?, ¿queremos nada más una democracia para las élites?, ¿queremos nada más a kratos sin demos, a poder sin pueblo? Reforma en lo electoral.

Otra cosa, los costos. No es posible que se destinen veinte mil millones de pesos a las elecciones para partidos y para el INE y el tribunal, no está el país para eso, son las elecciones más caras del mundo. A bajar esos costos, necesitamos los recursos para el desarrollo, para el bienestar del pueblo.

Otra cuestión, ¿para qué tantos diputados?, ¿por qué nada más, por qué no nada más se quedan los de mayoría?, ¿por qué no se quitan los 200 plurinominales? Pero eso no solo en la Cámara de Diputados, también en la de Senadores. Vamos a reformar la ley, la Constitución, para que haya democracia plena.

También, si no quieren los legisladores, como decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y lo tercero…

Interlocutora: Si me permite, nada más en este tema electoral, antes de que pase al otro, ¿pasaría aquí la renovación del actual Instituto Nacional Electoral?, o sea, ¿se crearía otro instituto?

Presidente Andrés Manuel López Obrador: Sí, sí, ya sea el mismo, o sea, pero verdaderamente independiente.

Interlocutora: ¿Con qué elementos se garantizaría esa independencia?

Presidente Andrés Manuel López Obrador: Vamos a analizar, porque ahora no es así, resulta que son los partidos los que nombran: tres, un partido de los de antes, y tres, otro partido de los de antes, y se reparten, y así está el Tribunal Electoral. Entonces, tenemos que buscar la forma de que de verdad sean ciudadanos honestos y demócratas, que no estén controlados por el Ejecutivo, por el presidente, pero tampoco por los grupos de intereses creados, que no los controle la oligarquía, que no los controle el conservadurismo, que dependan básicamente del pueblo, que el amo de estos representantes sea el pueblo, sean los ciudadanos y que actúen de manera recta, con imparcialidad. Porque ¿qué es eso de que un consejero escriba un libro en contra del populismo?, que ni siquiera saben qué es, pero es una etiqueta, un señalamiento, un estigma. ¿Cómo un juez va a hablar así?, ¿por qué no actúa con discreción? Y muchas otras cosas. Entonces, esa es la segunda.

Y la tercera, la Guardia Nacional, que no quiero que suceda lo que pasó con la Policía Federal, que se integró y se echó a perder, bueno, al grado de que está preso el que fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Y además esa policía no cumplió, no actuó con profesionalismo; además, nunca tuvo el apoyo que necesitaba, los elementos tenían que acampar, ir a vivir a hoteles en situaciones lamentables, nunca se preocuparon. No.

Manejaban muchísimo dinero con poca transparencia, porque consideraban el presupuesto como un asunto de seguridad nacional y no informaban. Bueno, vean el caso de los reclusorios y así muchos otros casos. Entonces, no queremos eso, queremos que la Guardia Nacional se siga consolidando, pero no queremos que pase después a Gobernación o a cualquier otra institución y en seis años esté echada a perder. No. Por eso voy a proponer, en su momento, que forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional como existe la Fuerza Aérea, de la Defensa, una rama, porque también no quiero quedarme con la responsabilidad de no haber propuesto las cosas que considero convienen al país.

Entonces, también aclarar, por tiempo, porque ya dije que la mayoría de las reformas constitucionales ya se hicieron. Entonces, primero nos interesa la eléctrica, en ese orden, a lo mejor para este año sí alcanza, si no, para principios del próximo, pero ojalá podamos resolverlo este año; el año que viene la electoral y en el 23, ya una vez que acreditemos muy bien el funcionamiento de la Guardia Nacional, hacer el planteamiento que estoy comentándoles a ustedes.

Entonces, es para debatirlo, como tiene que ser, para que se conozca. En su momento voy a elaborar las iniciativas con toda la argumentación.” 

(Fin de la cita. Fuente: versión estenográfica de la conferencia presidencial del 15 de junio, 2021).

Un primer apuntamiento es recordar que Morena y sus aliados carecen de los votos necesarios para aprobar –por sí mismos– las iniciativas presidenciales. Por el requisito de las dos terceras partes de los votos en cada una de las cámaras del Congreso, es que la suerte de las tres iniciativas pasa por el –inevitable– acuerdo con al menos uno de los dos partidos opositores de mayor número de legisladores federales, o sea, con el PAN o con el PRI, o en un escenario ideal, con ambos.  

Alcanzar acuerdos para reformas constitucionales supone –creo– de la voluntad de las partes; en primer lugar, del activo concurso del presidente de México –que es el promotor de las tres propuestas– y de la disposición de su partido a sentarse a escuchar, negociar y aceptar cambios a las iniciativas presidenciales. Que, con sus dos aliados (PT y PVEM), Morena cuente con mayoría absoluta en ambas cámaras hace mayor su responsabilidad, como se le exigía al PRI hegemónico en el pasado, no tan distante como para no acordarnos de ello. 

Alcanzar acuerdos supone también que las oposiciones partidistas, parlamentarias y sociales, o al menos una parte de ellas, estén dispuestas a la negociación, que no es sinónimo de rendición. Tender puentes de entendimiento, y cruzar por ellos, se antoja difícil si los opositores enfrentan un discurso gubernamental que los descalifica y hasta amenaza. 

Es por lo anterior que un segundo apuntamiento se refiere –inevitablemente– al clima de crispación, encono y polarización que caracteriza la coyuntura nacional, agravado por el affaire de la casa rentada en Houston, Texas, por un hijo del presidente y su nuera, y las reacciones y declaraciones que hemos visto en las conferencias mañaneras desde que se publicó el reportaje que develó tales hechos.

Al día que entrego este artículo a Voz y Voto, ese clima de crispación polarizada no solamente se mantiene, sino que se agrava por las expresiones y acciones presidenciales, y también por las de una parte de sus críticos. Si de reconstruir puentes de entendimiento entre el gobierno y su partido con las oposiciones se trata –insisto en incluir en ellas a las extraparlamentarias– la mayor carga de responsabilidad recae en el gobierno y su partido. En nada contribuyen al entendimiento manifiestos como los firmados por los gobernadores de Morena y la jefa de gobierno de la CDMX (13.02.22), o por una parte de los senadores del Grupo Parlamentario de Morena (15.02.22), que parece redactado por un pirómano de la política. 

Cabe la pregunta sobre si desde Palacio Nacional se alienta intencionalmente la discordia que impida cualquier acuerdo, para así polarizar aún más en un cálculo de réditos electorales como único criterio de actuación del gobierno y su partido, de ahora hasta junio de 2024. 

En efecto, resulta increíble que en Palacio Nacional nadie haya advertido que cada una de las tres propuestas presidenciales es de casi imposible aprobación en sus términos, o sea, sin cambiarle ni una coma. Que solamente en un escenario de diálogo y concertación de acuerdos, bajo condiciones normales, es decir, sin cooptar los votos opositores mediante la amenaza o el soborno, es plausible imaginar que de las propuestas presidenciales surjan cambios aceptables por todas las partes. De ahí la pertinencia de plantear la pregunta sobre lo que en verdad quiere el inquilino de Palacio Nacional.

Concluido el Parlamento Abierto al que convocó la Cámara de Diputados para la iniciativa presidencial sobre la industria eléctrica, queda claro que el único acuerdo es que no hay acuerdo para aprobarla en sus términos. La proliferación de foros y mesas de diálogo solo ha servido para magnificar las discrepancias en una especie de circo de varias pistas en el que el público está imposibilitado para atender y entender lo que ocurre en cada pista. La contradicción marca las posturas del gobierno y su partido, en donde los extremos son protagonizados por la intransigencia del director de la CFE y la secretaria de Energía, mientras que el titular de Gobernación y los coordinadores parlamentarios se afanan en encontrar la cuadratura que permita una solución, y los votos requeridos. Todo apunta a que será después de las elecciones locales de junio de este año cuando el tema pueda ser conocido en el pleno de la Cámara de Diputados. O descartado de plano. 

Al atender las declaraciones de voceros de los partidos opositores sobre una posible reforma electoral, se constata lo alejados que aún están de un piso mínimo común que haga posible un diálogo con el gobierno y su partido. Lo que hemos escuchado son listas de temas sin orden ni concierto en los que se entremezclan asuntos como la eliminación de la representación proporcional en el ámbito legislativo (plurinominales), la segunda vuelta en la elección presidencial, las elecciones primarias obligatorias para partidos políticos, la reducción o eliminación del financiamiento público a partidos, y una lista de otros temas que pueden o no ser importantes, pero que están lejos de aportar a la construcción de una agenda de discusión y negociación con posibilidad de llegar a algún lado. 

La tercera reforma presidencial, que pretende adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa y militarizar de jure lo que en 2019 se definió, en el mismo texto constitucional, como una corporación policiaca de naturaleza civil, fue colocada por el propio presidente López Obrador como tema para el año 2023, por lo que resulta en extremo prematuro especular sobre su viabilidad política y legislativa. 

Como van las cosas en las relaciones entre el presidente y sus críticos, el escenario inmediato apunta hacia la desertificación del terreno para los acuerdos. Un desierto en que los tres partidos de mayor peso legislativo (Morena, PAN y PRI) asemejaran tres tristes tigres ocupados en gruñirse y lanzarse zarpazos declarativos, superfluos e irrelevantes.