La situación que vive Chile –en términos políticos– es excepcional en distintas dimensiones. El 25 de octubre de 2020 el país efectuará, de forma inédita en su historia republicana, el primer plebiscito nacional que le permitirá iniciar el camino –si así lo aprueban los electores– para elaborar una Constitución Política nacida en democracia y con participación ciudadana. Increíblemente, este plebiscito se efectuará en el primer aniversario de lo que se ha llamado el «octubre chileno».

El itinerario constitucional es resultado de las luchas ciudadanas de distintas generaciones de la sociedad chilena, el cual ocurre en medio de una coyuntura crítica que logró sincronizar la demanda social con la voluntad política necesaria para activar la implementación de dicho plebiscito. Como suele suceder con aquellos hechos que generan cambios importantes en el curso de la historia, Chile ha vivido una escalada de huelgas y protestas sociales que han movilizado a cientos de miles de chilenos a través de todo el territorio nacional –incluso a los connacionales que viven en el exterior.

Lo que comenzó ese viernes 18 de octubre de 2019 con un grupo de jóvenes estudiantes de Santiago, quienes atravesaron los torniquetes de acceso al metro llamando a «evadir» su pago como protesta al alza de treinta pesos en el costo del pasaje, se transformó a las pocas horas en una masiva demanda por igualdad y dignidad. La élite del país mostró su sorpresa absoluta ante estos hechos, donde muchos salieron no solo a exhibir su asombro, sino también a pedir perdón por no haber sido capaces de ver el descontento frente a la desigualdad.

Probablemente la sorpresa no fue solo para las élites en Chile, sino también para todos aquellos que nos observaban desde fuera y nos consideraban como un ejemplo de democracia, desarrollo e institucionalidad. Este país ha sido destacado a nivel latinoamericano por su estabilidad política y se ha valorado tanto su modelo de transición a la democracia como las políticas sociales que permitieron una importante reducción de la pobreza y cierto equilibrio en el marco del modelo neoliberal. Es por esto que el impacto ha sido tan grande y muchos aún se preguntan: ¿Qué pasó? ¿Por qué esta crisis en Chile?

De entre las causas que motivaron estas movilizaciones, la desigualdad resulta ser clave. Chile es uno de los países más desiguales entre los estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y, a pesar de las exitosas políticas de superación de la pobreza en la década de 1990, éste ha sido un problema para el que no se ha encontrado solución. Sin embargo, hubo otra gran demanda en la voz de quienes se manifestaban: la necesidad de una nueva Constitución, sobre lo cual quiero profundizar.

La amplia demanda por una nueva Constitución Política responde a un largo proceso que tiene sus «raíces políticas» en la propia promulgación de la Carta Magna vigente desde 1980, así como sus «fundamentos sociales» a partir de la transformación vivida en Chile con la implantación del nuevo modelo de democracia liberal y economía capitalista desarrollados a partir de 1989, cuando comenzó la transición política postdictatorial.

El actual proceso constituyente tiene sus antecedentes en la oposición al autoritarismo y su modelo de desarrollo expresado en la Constitución Política de 1980, lo que se ha denominado «ilegitimidad de origen» de dicha legislación. Además, comienza con las sucesivas luchas políticas y sociales que se dieron en Chile en pro de reformas constitucionales, las que luego se expresaron en el primer proceso concreto de cambio total de la Carta Fundamental emprendido por la presidenta Michelle Bachelet (2015-2018). Las expectativas puestas en la democracia a principios de la década de 1990 generaron frustración por la rigidez de la Constitución y la porfiada desigualdad.

Si observamos los datos de legitimidad democrática, Chile venía desde los primeros años del siglo XXI con una tensión entre la élite y la sociedad, una desconexión que afectaba primero a las instituciones políticas (partidos políticos, Congreso) y luego a diversos organismos –incluyendo a empresas, iglesias e incluso, en momentos recientes, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública. Esto refleja que la crisis actual no es solo desde un punto de vista social, sino también político e institucional, que puede entenderse desde la rigidez que se fue generando de acuerdo al diseño de la democracia chilena, el que en todo momento se encuentra delimitado por la Constitución Política de 1980.

La presión de las fuerzas políticas de oposición llevó a reformas constitucionales en 1989, lo que permitió la transición a la democracia. Durante el gobierno del presidente Lagos se realizaron las reformas de 2005 que buscaban poner fin a los «enclaves autoritarios». Sin embargo, a pesar de este camino de reformas, a partir de 2006 la movilización social de estudiantes, de ambientalistas, de movimientos nuevos e inorgánicos que demandaban mayor justicia social, fueron poniendo al tope de sus demandas la necesidad de una nueva Constitución. El ciclo político a partir de 2005 se ve marcado por una creciente desconfianza hacia las principales instituciones del país junto a un distanciamiento de las élites gobernantes con respecto a la ciudadanía. En este contexto, las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2013 pusieron énfasis en el debate constitucional, ya no solo como un problema de las élites y del origen autoritario de dicha Constitución, sino como la inminente necesidad de actualizar las instituciones políticas a la nueva realidad social del país.

El informe Auditoría a la democracia. Más y mejor democracia para un Chile inclusivo, publicado en marzo de 2014 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ya se refiere al cuestionamiento del sistema político en este país. La desafección del ejercicio democrático se fue expresando en la disminución sostenida de la participación electoral (desde un 86 % en las elecciones presidenciales de 1989 a un 44 % en el balotaje de los comicios presidenciales de 2013) y en una baja valoración de instituciones como los partidos políticos y el Congreso (15 % y 24 % de aprobación, respectivamente). Lo interesante es que, junto con la decepción en las instituciones y líderes políticos, la ciudadanía mostraba un alto interés por la realización de reformas políticas que permitieran profundizar la democracia.

Es así que los resultados de la encuesta del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) de 2012 ya arrojaba datos curiosos con respecto a la actitud ciudadana frente al cambio constitucional. Un 71 % se pronunciaba «muy de acuerdo o de acuerdo» con la reforma o cambio a la Carta Magna. En cuanto a las propuestas de su perfeccionamiento, un 89 % señaló «que la ciudadanía decida votando a favor o en contra de dichos proyectos» y un 11 % «que el Congreso, como representante de la sociedad, decida a favor/en contra de dichos proyectos». Por su parte, la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) del periodo septiembre-octubre de 2013 incluyó la pregunta: «¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la propuesta de Asamblea Constituyente? Las respuestas fueron 44,7 % a favor; 21,5 % en desacuerdo; 31 % no sabe y un 2,8 % no contesta. Estos niveles de aprobación a reformas políticas y una nueva Constitución[1] se han sostenido en el tiempo, pues la opción a favor del cambio de la Carta Magna siempre ha permanecido alrededor del 70 %. Por tanto, la aparición de esta demanda a partir del 18 de octubre de 2019 solo cristaliza en el espacio público una idea que ya estaba presente en el discurso y la demanda social desde, al menos, 2011.

El triunfo electoral de Michelle Bachelet en 2013, quien obtuvo mayoría en ambas cámaras del Congreso, generó la ilusión y el escenario de viabilidad para obtener los quórums necesarios para avanzar en estas transformaciones. El proceso constituyente impulsado bajo su mandato tuvo como antecedente las reformas políticas iniciadas en 2014, las cuales tenían como objetivo mejorar las condiciones del diseño institucional y, como consecuencia esperada, la legitimidad del sistema político.[2] Este proceso se inició en 2016 y en él participaron más de doscientas mil personas mediante una innovadora metodología de democracia deliberativa, convirtiéndose no solo en el mecanismo participativo constitucional más amplio a nivel mundial, sino también el primer impulso institucional, democrático y participativo que, junto a la fuerza social expresada en octubre de 2019, delineó el camino al itinerario constitucional que hoy tenemos.

El 15 de noviembre de 2019 –y como reacción a la movilización sostenida de cientos de miles de chilenos en las calles– se logró el amplio acuerdo político necesario para destrabar los cerrojos de esta norma jurídica y dotar a la actual Carta Magna de un nuevo capítulo quince, que incluye un itinerario para elaborar una nueva Constitución y no solo reformarla.

El Acuerdo por la paz y la nueva Constitución consideró la convocatoria de un grupo de catorce expertos (con representación política transversal) para elaborar el texto de dicho capítulo. Este debía redactarse bajo los márgenes del acuerdo político, por lo que su resultado requería necesariamente ser una propuesta de unanimidad de los especialistas además de ser una reforma autoejecutable. Esto conllevó un alto nivel de dificultad al trabajo, pero también la exigencia de construir acuerdos sólidos, necesarios para un escenario como el que vive Chile. La propuesta de texto se elaboró en un período de dos semanas, el que luego fue aprobado por las dos cámaras del Congreso Nacional.

La tramitación incluyó también la participación de distintas organizaciones sociales y políticas, lo que fue dando mayor legitimidad al proceso en medio de continuas protestas y movilizaciones. Asimismo, esta propuesta de texto dejó pendiente la generación de mecanismos de inclusión para la eventual Convención Constitucional, los que se definieron en tres áreas: a) que la Convención fuese paritaria, b) que los pueblos indígenas contaran con escaños reservados, y c) que los independientes tuvieran condiciones viables de competir para ser miembros. La mesa técnica acordó dejar este debate para la discusión parlamentaria, pues la Unión Demócrata Independiente (UDI) no dio la unanimidad para incluir estos aspectos en la reforma del capítulo quince. Fue así que en marzo de 2020 –y con votos de los partidos de oposición más los de parlamentarios de Renovación Nacional–, el Congreso aprobó la paridad y la inclusión de independientes en una jornada histórica. A la fecha se mantiene en trámite legislativo la definición de escaños reservados para los pueblos indígenas.

Así, el texto aprobado establece un itinerario que considera tres momentos de participación ciudadana para la elaboración, deliberación y aprobación de un nuevo texto constitucional:

A. Plebiscito nacional. En este referéndum cada persona recibirá dos cédulas. La primera contendrá la pregunta: «¿Quiere usted una nueva Constitución?», cuyas alternativas de respuesta son dicotómicas: «apruebo» o «rechazo». La segunda cédula incluirá la pregunta: «¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución?» Para esta habrá dos alternativas de respuesta: 1) una «Convención constitucional» que estaría integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente y 2) una «Convención mixta constitucional». Esta última sería integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios en ejercicio. Para el plebiscito regirá el voto voluntario.

B. Si resulta ganadora la opción «apruebo», se activará el segundo paso del itinerario, que es la elección de los convencionales constituyentes, nombre que reciben los integrantes de la Convención en cualquiera de sus dos conformaciones. Los resultados de este plebiscito nacional también permitirán conocer qué tipo de órgano redactaría la nueva Constitución. La elección de los convencionales constituyentes sería con el mismo sistema electoral que actualmente rige para la Cámara de Diputados, debiendo ser paritaria para el caso de la Convención Constitucional. Esto significa que el sistema electoral asegura paridad de sexos en el resultado, es decir, se elegirá la misma cantidad de mujeres y hombres. En este caso, para la elección de convencionales constituyentes regirá también el voto voluntario.

C. Finalmente, cuando los convencionales constituyentes hayan elaborado un texto constitucional, este deberá ser sometido a la aprobación –o no– de la ciudadanía mediante un plebiscito constitucional ratificatorio para el cual regirá el voto obligatorio.

La Convención tendrá un máximo de doce meses para redactar y aprobar el texto que será sometido a la ratificación de la ciudadanía, mientras que los convencionales generarán su propio reglamento de funcionamiento, debiendo aprobar las normas de la propuesta de texto por dos tercios de los convencionales en ejercicio. Esto se realizará a partir de una «hoja en blanco», término usado para explicar que los convencionales tendrán la posibilidad de proponer distintas versiones de texto, sin que la actual Constitución sea el texto de base. Los desafíos son, entonces, poner en debate las diferentes visiones que coexisten en el país, construir los más amplios acuerdos necesarios para elaborar un nuevo texto constitucional que refleje a la sociedad chilena actual y, sobre todo, que permita que en adelante sean las mayorías democráticas quienes vayan construyendo el futuro de la nación.

Por su parte, la actual crisis sanitaria ha desnudado la enorme desigualdad que existe entre los chilenos y –con mayor fuerza aún–, que la política, las instituciones públicas y los derechos sociales serán la base para superar las injusticias que denuncia la sociedad. Un mejor Chile es posible, por eso es tan importante reafirmar el proceso constituyente en este mundo de incertidumbres.