La reforma electoral está por culminar su proceso legislativo en el Senado. Es muy probable que antes del 6 de febrero el Decreto sea publicado en Diario Oficial de la Federación. Se trata de la reforma a tres leyes: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); Ley General de Partidos Políticos (LGPP) y Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, se expedirá la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Es una reforma extensa, compleja, y mal hecha. Su desapego a las normas constitucionales es notorio, en particular a las contenidas en los artículos 41 y 116 de la Carta Magna. Así lo consideran no solo juristas y conocedores de la materia electoral, sino que ese defecto fue originalmente expuesto por Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado.

El cambio que mayor daño producirá al sistema electoral y al INE es la desaparición de las 300 juntas distritales, que serían sustituidas por órganos auxiliares temporales, con un solo funcionario profesional en cada una de ellas. Si usamos una metáfora: lo que el plan B del presidente López Obrador hará es cortarle los pies al INE. Lo que pretende es derrumbar y derruir el sistema electoral desde la base.

Las 300 juntas distritales permanentes fueron establecidas desde la fundación del IFE en 1990; sustituyeron a las comisiones distritales de la Comisión Federal Electoral que cada tres años se instalaban para la elección federal, bajo el control vertical de la Secretaría de Gobernación. Al concluir la elección, desaparecían. No quedaba huella de su actuar.

Desde 1990 la tarea principal de las juntas distritales del IFE/INE es preparar la instalación y adecuado funcionamiento de las casillas electorales, para lo cual es indispensable el contacto, selección y capacitación de los ciudadanos que actuarán como integrantes de sus mesas directivas el día de la jornada electoral. Otras tareas de las juntas distritales se cumplen día con día. Por ejemplo, las del Registro de Electores y expedición de la credencial para votar.

Para dimensionar la magnitud de las tareas de las juntas distritales son ilustrativos dos hechos. Cada tres años hay que instalar y garantizar el funcionamiento de más de 170 mil casillas (dato de 2021) en las 32 entidades y la totalidad de los municipios de México. Para que esas casillas funcionen y haya quien, con eficacia e imparcialidad, reciba y cuente los votos de los electores, un millón cuatrocientos mil ciudadanos son designados por el INE para cumplir esa tarea. Eso implica entrar en contacto directo, en sus domicilios, con alrededor de 12 millones de ciudadanos.

Si las 300 juntas distritales del INE desaparecen y si en cada distrito electoral solo existe un funcionario, que trabajará con personal temporal, improvisado y no capacitado, el INE se derrumbará. La elección de 2024 puede colapsar. Pero incluso, de no ocurrir esa catástrofe, no sería extraño que el partido gobernante tome el control de esos organismos auxiliares, para que sus afiliados y simpatizantes sean los funcionarios de casilla. O ante el derrumbe del INE -es un extremo, pero es plausible- se proponga a soldados y marinos para cumplir esa tarea.          

El artículo 41 de la Constitución establece que el INE se integra por órganos de dirección, ejecutivos y técnicos, profesionales en su desempeño e imparciales en su actuación. Lo que implica, obligatoriamente, que sean permanentes. La medida del plan B que más daña lo construido, de 1990 hasta hoy, para la certidumbre y confianza ciudadana en las elecciones, es la desaparición de las 300 juntas distritales del INE.

El corolario de la demolición de la base del  INE es la desaparición de la Junta General Ejecutiva y el cese del Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, cuyo profesionalismo e imparcialidad han quedado acreditados en todas las elecciones en que ha participado, desde su ingreso al IFE en 2008.

El Senado concluirá el proceso legislativo del plan B la próxima semana. Publicada la reforma, vendrá el turno de la Corte.