Es imposible que la reforma judicial impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no nos evoque experiencias previas como las de Ecuador y Bolivia. En estos países, Rafael Correa y Evo Morales, respectivamente, decidieron también "meterle la mano a la justicia", cada uno a su manera, con objetivos y estrategias que respondían a contextos particulares de sus naciones.

En 2011, se llevaron a cabo las primeras elecciones judiciales en Bolivia, bajo una premisa similar a la que se plantea para la reforma en México: los candidatos no podían pertenecer ni ser auspiciados por ningún partido político. Sin embargo, la realidad demostró ser diametralmente opuesta a esta intención, ya que la mayoría de los candidatos respondían, de hecho, a las fuerzas políticas predominantes en el país.

La reforma, si bien condujo a un cambio, no logró los objetivos esperados en términos de eficiencia, transparencia o aumento de la legitimidad del poder judicial. Por el contrario, este poder se ha convertido en juez y parte de los intereses políticos del gobernante de turno, comprometiendo seriamente su independencia y credibilidad.

El miércoles 26 de junio de 2024, los medios de comunicación transmitieron escenas de una tentativa de golpe de Estado en Bolivia. Aunque afortunadamente no llegó a concretarse, este episodio sirve como una clara ilustración de los riesgos que se corren cuando se involucran las urnas en la conformación del poder judicial. Analicemos más detenidamente este proceso.

En 2011, tras una reforma constitucional impulsada por Evo Morales, se celebraron las primeras elecciones judiciales en Bolivia. El resultado fue desalentador por dos razones principales: en primer lugar, los perfiles de los aspirantes estaban claramente vinculados a alguna fuerza política, contradiciendo el espíritu de independencia que se buscaba; y, en segundo lugar, el pueblo boliviano mostró un desinterés masivo en participar en la elección de jueces. Estos factores no solo no mejoraron la situación, sino que desencadenaron una grave crisis de credibilidad en el poder judicial.

Cuatro años después, en 2015, tras haber triunfado nuevamente en las elecciones presidenciales, Evo Morales tomó la decisión de convocar un referéndum. El objetivo era consultar a la población si él podría presentarse a una nueva reelección, extendiendo así su permanencia en el poder. El 21 de febrero de 2016, el electorado boliviano se pronunció en contra de esta posibilidad. Hasta este punto, todo parecía desarrollarse dentro de los cauces democráticos establecidos.

Sin embargo, en 2017, tras el resultado adverso del referéndum del año anterior, el presidente Morales realizó una maniobra inesperada: presentó una consulta al poder judicial sobre la validez del referéndum, argumentando que la prohibición de su candidatura violentaba su derecho humano a la participación política. En una decisión controversial, el poder judicial resolvió que, efectivamente, la voluntad mayoritaria del electorado boliviano atentaba contra el derecho humano de Evo Morales a ser candidato. Esta resolución, que en la práctica invalidaba la decisión de millones de votantes para no afectar el derecho de una sola persona, fue el germen de una crisis política que aún hoy parece no haber llegado a su fin.

En 2019, se llevó a cabo una nueva elección presidencial, con Evo Morales nuevamente en la boleta, lo que desencadenó una crisis política de tal magnitud que obligó al presidente en funciones a dimitir y abandonar el país. En este contexto turbulento, ¿cuál fue la respuesta del poder judicial? Simplemente, alinearse con los nuevos detentadores del poder. Como consecuencia, las órdenes de aprehensión, los arrestos y la persecución judicial cambiaron de bando de la noche a la mañana. Los perseguidos de ayer se convirtieron en los persecutores de hoy, en un giro que puso de manifiesto la falta de independencia del sistema judicial.

Tras la salida forzada de Evo Morales, asumió el gobierno de manera interina Jeanine Áñez Chávez. Su administración convocó a nuevas elecciones, en las que resultó victorioso Luis Arce, el actual presidente. Y una vez más, ¿cuál fue la reacción del poder judicial ante este nuevo cambio en el equilibrio de poder? Actuó de manera similar a ocasiones anteriores: procedió al arresto de la expresidenta Áñez y de muchos de sus colaboradores, evidenciando nuevamente su subordinación a los intereses políticos dominantes.

Es en este contexto de inestabilidad política y judicial que llegamos a la tentativa de golpe de Estado del pasado miércoles. En un giro sorprendente de los acontecimientos, el general golpista, al dar a conocer su pliego petitorio en una improvisada conferencia de prensa, además de prometer la restauración de la democracia y la refundación de la política, hizo un llamado a la liberación de los presos políticos. Y aunque resulte paradójico, es posible que en este punto específico no le falte razón. En un sistema donde el poder judicial está sometido estructuralmente al poder ejecutivo y a los vaivenes electorales, todo proceso judicial nace bajo un manto de sospecha. Los considerados "buenos" hoy serán etiquetados como los "malos" del mañana, en un ciclo interminable de persecución política disfrazada de justicia.

En la Bolivia actual, la única seguridad jurídica parece derivar de estar o no alineado con el bloque gobernante. Mientras tanto, el poder judicial se ha convertido en un campo de batalla entre las dos facciones que se disputan el control del partido de gobierno: por un lado, los "Arcistas", que apoyan al presidente Luis Arce, y por otro, los "Evistas", que claman por la reelección de Evo Morales en las elecciones de 2025.

Esta situación es la consecuencia directa de tener un cuerpo de juzgadores vinculados primordialmente a los electores y no al derecho. Su compromiso principal se establece con las mayorías cambiantes y los intereses políticos del momento, no con la aplicación imparcial y rigurosa de la ley. Este vaivén constante socava los cimientos mismos del estado de derecho y la seguridad jurídica.

En contraste, contar con un cuerpo profesionalizado de juzgadores, seleccionados por sus méritos y conocimientos jurídicos, y no por su popularidad o afinidad política, es lo que puede garantizar que su compromiso sea primordialmente con la congruencia y solvencia de sus sentencias. Estos jueces profesionales están mejor preparados para resistir las presiones políticas y tomar decisiones basadas en el derecho y la jurisprudencia, no en la conveniencia política del momento.

Es cierto que los jueces electos pueden, en teoría, llegar a ser más empáticos con las mayorías cambiantes, al estar más conectados con el sentir popular. Sin embargo, esta empatía no necesariamente se traduce en un mejor entendimiento o aplicación de la doctrina del derecho. De hecho, históricamente han sido los estudiosos del derecho, formados en la tradición jurídica y comprometidos con el desarrollo del sistema legal, quienes han ampliado las fronteras de la justicia. Son estos profesionales quienes, a través de interpretaciones innovadoras pero fundamentadas en principios legales sólidos, han logrado adaptar el derecho a las nuevas realidades sociales sin comprometer su integridad.

La experiencia boliviana nos muestra claramente los peligros de politizar en exceso el sistema judicial. Cuando los jueces deben su posición más a la popularidad que a su conocimiento y experiencia jurídica, el resultado es un sistema de justicia volátil, impredecible y, en última instancia, injusto. La verdadera justicia requiere de jueces que puedan tomar decisiones basadas en la ley y en principios jurídicos sólidos, no en los caprichos de la opinión pública o en los intereses de los políticos de turno.