Dentro de los compromisos para el segundo piso de la Cuarta Transformación anunciados por la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se encuentra la reforma electoral. Esta surge en un momento histórico caracterizado por una mayor estabilidad institucional, muy distinto al de las reformas de los años noventa y a los cambios derivados de la alternancia política del año 2000. Por ello, más que responder a una crisis, se concibe como un ejercicio deliberado de perfeccionamiento del régimen democrático mexicano.

Plan A

En este contexto, el Plan A planteaba una reforma integral que implicaba modificaciones de fondo al sistema electoral, incluyendo cambios en once artículos constitucionales, lo que evidenciaba su alcance estructural. Entre sus propuestas centrales, se encontraba la reconfiguración de la integración del Congreso de la Unión, en la que se mantenía la representación proporcional, pero se redefinían sus mecanismos. Esto es, una parte de las diputaciones sería ocupada por los llamados “mejores perdedores”, y otra mediante listas regionales cuyo orden sería decidido directamente por la ciudadanía. Con ello, se buscaba fortalecer el vínculo entre representantes y electores y lograr una mayor correspondencia entre votos y escaños. Asimismo, se contemplaba la reducción del número de senadores para reforzar el equilibrio federalista, incluyendo la eliminación de la lista nacional de treinta y dos senadores plurinominales con el propósito de corregir distorsiones en la representación de las entidades federativas.

En materia de gasto público, el Plan A proponía una disminución significativa de los recursos destinados a las instituciones electorales, partidos políticos y órganos locales. Se planteaba reducir salarios de altos funcionarios, eliminar duplicidades administrativas y ajustar el financiamiento partidista bajo el principio de austeridad republicana.

También proponía fortalecer la fiscalización electoral ampliando las facultades de la autoridad para supervisar el origen y destino de los recursos, prohibiendo el uso de efectivo en campañas y promoviendo el uso de tecnologías para garantizar mayor transparencia. Asimismo, incluía la ampliación de los derechos políticos de los mexicanos en el extranjero mediante un registro permanente, su participación en la elección de legisladores y la posibilidad de ser candidatos.

En el ámbito de la comunicación política, el Plan A planteaba reducir los tiempos oficiales en radio y televisión para evitar la saturación de propaganda. De igual manera, incorporaba un elemento innovador: la regulación del uso de la inteligencia artificial en campañas, estableciendo la obligación de identificar contenidos modificados o generados mediante estas tecnologías, con el fin de preservar la equidad en la contienda y combatir la publicidad engañosa o la desinformación digital.

Plan B

Por su parte, el Plan B propone modificaciones constitucionales más acotadas —centradas en cuatro artículos principales— que buscan ajustar aspectos clave del sistema político con énfasis en la austeridad y la participación ciudadana. En este sentido, en el artículo 35 se propone modificar la figura de revocación de mandato para que esta pueda realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno, existiendo la posibilidad de que coincida con la jornada electoral federal a fin de reducir sus costos con una duración menor de los periodos de difusión.

En el ámbito local, mediante ajustes al artículo 115 constitucional, se establece la reorganización de los ayuntamientos al limitar el número de regidores según la población del municipio y reduciéndolo a una sola sindicatura, con el objetivo de hacer más eficientes y menos costosos los gobiernos municipales. De igual forma, con las modificaciones al artículo 116, se propone fijar un límite al presupuesto de los congresos estatales, de modo que no exceda un porcentaje específico del gasto total de cada entidad, lo que obligaría a ajustar el funcionamiento de aquellos que actualmente superan ese nivel.

En materia de uso de los recursos públicos, el artículo 134 refuerza el principio de austeridad al establecer que las remuneraciones de los servidores públicos deben ajustarse estrictamente a los límites constitucionales, evitando la existencia de prestaciones adicionales que, en la práctica, incrementen sus ingresos más allá del tope permitido.

El Plan B también contempla reformas a leyes secundarias, particularmente a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos, con el objetivo de armonizar el marco legal, ajustar las reglas operativas del sistema electoral y reforzar los principios de austeridad, fiscalización y equidad en la competencia política. En este sentido, se prevé que el Congreso de la Unión cuente con un plazo determinado para adecuar esta legislación secundaria, procurando que las reformas se aprueben con oportunidad de conformidad con el artículo 105 constitucional, que mandata que las leyes electorales deben promulgarse y publicarse al menos noventa días antes del inicio del proceso electoral, el cual, en el ámbito federal, comienza el próximo mes de septiembre. 

Asimismo, se garantiza que la reducción presupuestaria respete los derechos laborales; que los cambios en la integración de los ayuntamientos se apliquen en los plazos forzosos para su validez electoral, y que las modificaciones en los cargos de elección popular entren en vigor en los siguientes periodos administrativos. Finalmente, se dispone que los ahorros generados se destinen al fortalecimiento de los servicios públicos municipales.

En conclusión, mientras el Plan A planteaba una transformación profunda del sistema electoral mediante cambios amplios en la Constitución y en la estructura institucional, el Plan B propone ajustes más acotados pero significativos, orientados a reducir costos, fortalecer la austeridad y ampliar la participación ciudadana. En conjunto, ambas propuestas reflejan un mismo objetivo: avanzar hacia una democracia más eficiente, más transparente y más cercana a la voluntad del pueblo.