Leo los grandes agregados de la encuesta intercensal de población y vivienda (2025) que el INEGI acaba de dar a conocer. Dos datos saltan a la vista:

·        La población total de México, en 2025, se estima en 130.9 millones de personas;

·        De la población total, la mitad tiene de 0 a 32 años, la otra mitad, lo sabe Perogrullo, tiene más de 32.

Ambos hechos son producto de la baja apreciable en la tasa de natalidad durante los últimos lustros, que a decir de INEGI la ubica con un comportamiento similar a la de Japón. Visto el dato, obligado es reconocer el éxito de las políticas gubernamentales para reducir la natalidad en nuestro país, iniciadas durante la primera mitad de los años 70 del siglo pasado (“la familia pequeña vive mejor”).  Aunque aún estamos distantes de la tasa cero, la tendencia de largo plazo hacia allá apunta. (zero population growth, ZPG, fue una película futurista de los años 70).

El llamado “bono demográfico”, que México tuvo en las tres décadas previas, se agotó, sin haber sido aprovechado. Recuerdo que en la campaña electoral del 2000 el candidato presidencial Francisco Labastida abordó el tema en varios foros, proponiendo diversas acciones para que niños y jóvenes, que hacían mayoría, tuviesen más y mejores oportunidades de progreso. Fue como predicar en el desierto. Ese bono se perdió. No habrá otro igual.

Hemos pasado a ser un país con mayoría de adultos, con una edad promedio de 32 años. En los próximos 25 años ese promedio tendrá una elevación constante y rápida, por el envejecimiento de buena parte de la población, con variadas e importantes consecuencias en múltiples frentes de la vida social, económica y política.

El primer e inmediato efecto es sobre el gasto público en pensiones, que representará la mayor presión sobre las finanzas gubernamentales. El número de personas mayores de 65 años aumentará año con año, por lo que financiar la pensión -no contributiva- para adultos mayores será insostenible en el corto plazo.

Pasó ahora a un primer apunte sobre la relación entre demografía y voto.

En una comparación de los datos de la citada encuesta con los del padrón electoral (INE), vemos que el número de ciudadanos inscritos en este último -a septiembre de este año- era de 102.2 millones, equivalente al 78% de la población total. Grosso modo, ese debería ser el porcentaje de la población de 18 años y más. Sin embargo, existe una diferencia importante entre ambos registros. Según la citada encuesta del INEGI la población de 18 años y más, en 2025, sumaba 95.7 millones de personas (73.4% del total). La diferencia es de 6.5 millones de personas. En lista nominal el INE registra 101.2 millones, 5.5 millones más que los registrados por el INEGI. La diferencia sigue siendo importante.

Un parte de esa diferencia seguramente se explica porque los datos de la encuesta del INEGI son para 2025, mientras que los del INE son de 2026. Pero en un año no pudo haber un crecimiento de la población de 18 años y más de ese tamaño. Otra pequeña parte podría explicarse por las 518 mil personas catalogadas en “viviendas colectivas”, que en la encuesta de INEGI no aparecen con rango de edad. Pero aún si las sumamos en la población de 18 años y más, la cifra llega a 96.2 millones. La diferencia es de 6 millones, que siguen siendo muchos millones.

Creo que la explicación de la discrepancia está en las deficiencias que acumula el padrón electoral del INE. Sobre todo, por dos hechos: duplicidad de registros y subregistro en defunciones. Personas con más de una credencial para votar y muertos que no son dados de baja.  En cualquier caso, la Dirección Ejecutiva del Registro Nacional de Electores (INE) debe explicar la diferencia. A nadie escapa que 6 millones de registros ciudadanos en exceso del dato censal abonan a las sospechas.

Ahora bien, la encuesta del INEGI muestra que la población entre 30 a 59 años representa el 54.2% del total en edad de votar. Si al segmento anterior sumamos los de 60 y más años, llegamos al 74% del total de electores.  La de 2027 será una elección decidida por la población adulta. Los jóvenes entre 18 a 29 años, que representan el 26%, además de su condición minoritaria (son 1 de cada 4 electores) tienen otra limitante para su influencia en el resultado: son el segmento con mayor abstención.

No es que los jóvenes no tengan diferencias conforme su edad. Por ejemplo, entre los primovotantes (de 18 a 20 años) se registra una participación más alta que entre los de 21 a 25 (Datos de encuestas del INE). ¿Será que los primeros quieren estrenar la credencial para votar? Hay evidencia para sostener que las motivaciones del voto y preferencia partidista de los jóvenes son menos heterogéneas que entre los mayores de 29 años. Un ejemplo es el sesgo estadístico que se registra en la preferencia juvenil por un partido que no es “verde” ni “ecologista”, lo que no cabe atribuir a conocimiento, sino al engañoso nombre del referido partido.    

Quien se interese en la demografía del voto encontrará en la encuesta intercensal del INEGI una mina de datos para el análisis y la acción. Habré de volver al tema.