La sociedad del riesgo se organiza en torno a la falta de confianza en el futuro.
La dificultad proviene no obstante de que a la gente se le exige pese a todo mantener un cierto grado de confianza en los expertos científicos, puesto que el ciudadano medio carece de información suficiente como para emitir juicios acerca de las cuestiones fundamentales que rigen su mundo.

Pierre Rosanvallon

La preocupación

 por los índices de desconfianza en las instituciones democráticas ha ocupado muchos estudios que parten de la base de que esta puede terminar con las democracias o conducir a un apoyo muy minoritario que las ponga en constante riesgo. Sin embargo, poco se profundiza en el significado de la confianza social, de dónde surge, qué la determina, cómo se construye y destruye y, en ese sentido, de qué le sirve a las democracias y a las instituciones. Como dice Pierre Rosanvallon, “no podemos pensar la democracia y reconstruir su historia sin trazar las formas de esta desconfianza.” Este es un tema central para el debate político en México y en Latinoamérica a la luz de los recientes resultados del Latinobarómetro.

De acuerdo con este autor, la confianza es un fenómeno complejo que constituye una suerte de “institución invisible” que cumple tres funciones: i) profundiza la calidad de la legitimidad al añadir una dimensión moral de integridad y una de dimensión substancial (preocupación por el bien común); ii) permite presuponer el carácter de continuidad en el tiempo de esa legitimidad ampliada y, en ese sentido, nuestro autor retoma a Simmel para hablar de la confianza como una hipótesis sobre comportamientos futuros, y 3) constituye un economizador institucional, que viene a internalizar, en forma de presuposiciones, mecanismos de verificación y prueba.1

Lo cierto es que la democracia liberal fue pensada desde la desconfianza como una forma de prevención del abuso del poder; de ahí la idea de los pesos y contrapesos y el rechazo al poder de un solo hombre.2 Desde entonces, todos los mecanismos creados para vigilar y limitar el poder, incluyendo los órganos autónomos, han sido diseñados como un recordatorio de que el poder no se le puede confiar a nadie sin controles y de que nadie es suficientemente digno de recibir toda la confianza del pueblo y, mucho menos, sin una limitación temporal. Muchas de las narrativas3 construidas desde el Estado y por los actores políticos por décadas, queriéndolo y no, han reforzado la noción de que la ciudadanía no solo puede sino debe desconfiar del ejercicio del poder, sin necesariamente diferenciar entre actores e instituciones o canalizar de manera efectiva la desconfianza, más allá del voto.

En ese sentido, considero que hay un lado sano en la desconfianza frente al poder y factores que merman la sostenibilidad de la democracia. ¿Qué exactamente debería preocuparnos sobre la falta de confianza en las instituciones democráticas?

De acuerdo con la más reciente publicación de Latinobarómetro, América Latina es la región con mayor desconfianza interpersonal en el mundo, pues solo 12% de las personas consideran que se puede confiar en la mayoría de las personas. México, a pesar de ser el segundo lugar con más confianza interpersonal de la región, solo registra 18% en esta respuesta.

¿Cómo se relaciona este factor con la democracia y las instituciones? Más del 70% de personas en Latinoamérica creen que se gobierna para las personas poderosas. Esto está relacionado, a su vez, con una percepción de que el acceso a los bienes y servicios que más le importan a la población, como la salud, la educación y la justicia, no se dan de manera justa. México se ubica por encima de la media latinoamericana en la percepción de injusticia en el acceso a salud y justicia. Así lo muestran las Gráficas 1 y 2.

En este contexto, solo cuatro países han registrado su récord histórico de apoyo a la democracia en la última década: Chile, Ecuador, Paraguay y Venezuela. Contrario a lo que muchas veces se sostiene, no es el PIB per cápita el factor que más influye en el apoyo a la democracia y sus fluctuaciones, como se muestra en la Gráfica 3.

En ese sentido, podrían ser las diversas desigualdades y las formas de discriminación, las que estén jugando contra la confianza en la democracia y sus instituciones, debido a la percepción de injusticia y la falta de un “piso parejo” para las personas.

Esta posible correlación entre la percepción de injusticia -que puede estar vinculada con la desigualdad, considerada inaceptable en 4.4 en una escala del 1 al 10- en el acceso a bienes, servicios y derechos, resulta sumamente importante desde la teoría de la democracia, pues no basta con pensarla desde la redistribución elitista. Como lo señala Jone Martínez Palacios, “pensar en términos de exclusión y tratar de resolverla mediante la redistribución con el fin de conseguir una igualdad de oportunidades, y hacerlo sin atender explícitamente a las condiciones de salida y a las voces diferentes de los grupos oprimidos del pre-contractualismo tiene un problema; y es que mientras algunos ya conocen el lenguaje y las reglas del contrato (post-contractualismo), otros el único contrato que conocen es el de sujeción.”4

En este sentido, no es ninguna novedad que el problema real de la democracia en nuestra región proviene de las élites. Contrario a lo que en muchas ocasiones se repite, son las clases bajas y medias-bajas las que más apoyo dan a la democracia y, en realidad, probablemente quienes la han sostenido a pesar de la insatisfacción. Solo el 43% de los que se ubican en la clase alta apoyan la democracia, mientras que la confianza de quienes se ubican en la clase media baja es 58% y 53% en la clase baja. Tanto el autoritarismo como la indiferencia al tipo de régimen aumentan a medida que aumenta el nivel de la clase social. Un 40% de los que se ubican en la clase alta son indiferentes al tipo de régimen mientras en la clase baja son 34% (27% en la clase media baja). Esto apuntaría a que las personas en condiciones de menor acceso a bienes, servicios y derechos tienen aún esperanza en la democracia como un régimen que puede darles respuesta a las injusticias. Por el otro lado, podría ser un indicador de que las elites ven en la democracia una pérdida de sus privilegios y estatus.

En este sentido, podemos pensar en dos tipos distintos de desconfianza respecto a la democracia que están atravesadas por la discriminación y la desigualdad: una relacionada con la que permea las élites respecto a lo que Rosanvallon llama la sospecha del poder popular, el miedo de sus errores y la reticencia frente a la participación. Y hay otra que permea al resto de la población, particularmente a las personas en situación de pobreza, marginación y discriminación, que es la derivada de la injusticia en la garantía de sus derechos y lo que un Estado democrático debe significar. En mi perspectiva, la primera es una amenaza a la democracia y la segunda es una desconfianza positiva, siempre y cuando encuentre salidas, pues como lo apunta Rosanvallon, se trata de vigilar que el poder elegido cumpla sus compromisos, pero –yo añadiría– garantizando que esa vigilancia encuentre rutas de solución.

Con relación a este punto, Martínez Palacios sostiene que para pensar la profundización de la participación democrática (que considero uno de los elementos, si bien no siempre de confianza, sí de esperanza en la posibilidad de construir confianza), es necesario analizar y entender “los «contra-públicos subalternos», «arenas discursivas paralelas en las que los miembros de grupos sociales subordinados elaboran y difunden contra discursos con el fin de formular su propia interpretación de sus identidades y necesidades»… analizar y aprender del recorrido de estos públicos subalternos constituye una prioridad para la práctica y teoría de la democracia participativa.”5

El grave problema de que esto no suceda en el corto plazo es que, como lo reporta Latinobarómetro, si bien hay un rechazo sostenido a gobiernos militares, crece la idea de tener gobiernos no democráticos que pueden derivar en lo que el reporte señala como autocracias populistas. El riesgo que se percibe a partir de los números del reporte no es menor pues hay países que, en conjunto, presentan signos preocupantes de tolerancia al autoritarismo.

Aunado a esto, el reporte detalla que las personas más jóvenes apoyan menos la democracia y que la garantía de participación política se percibe como limitada. Esto incluye la amplia noción de que las redes sociales no son un canal de participación política sino uno que genera la ilusión de participación. En ese sentido, en el caso concreto de México, la disposición a movilizarse en protestas es de las más bajas de la región y, en conjunto, pareciera que las vías de incidencia social son limitadas.

Si bien las elecciones en muchos países han sido salidas para el descontento popular con ciertos gobiernos, el problema de las élites persiste en la región, como grupos que han sabido mantener el equilibrio entre lo que Pareto denomina el “instinto de las combinaciones” y la “persistencia de los conglomerados”, es decir la posibilidad de cambios y de conservación. En la mayoría de los países las élites frenan los cambios que permiten transitar hacia una democracia que responda a los intereses de las mayorías y, cuando estos ya son insostenibles, están llevando a gobiernos que avanzan rápidamente hacia las autocracias. En ese sentido, el caso de México permanece como incógnita: ¿la mejora en ciertos niveles de confianza está asociada a una democracia que se percibe en los sectores históricamente ignorados como más incluyente, o se está mejorando la percepción de la democracia por medio y a costa de sus fundamentos?