La agenda electoral del 2025 estará marcada por comicios en países de gran importancia estratégica para la geopolítica global. Además de Canadá y Alemania, uno de los procesos que ha generado mayor expectativa es la elección judicial que tendrá lugar el primero de junio en México. 

Este artículo ofrece un diagnóstico sobre algunos de los desafíos que conlleva esta elección inédita, pero es importante señalar que este ejercicio es enunciativo más no limitativo. Seguramente, en las próximas semanas y meses, las autoridades electorales encontraremos nuevos retos, pero también nuevas formas de pensar fuera de la caja para hacerles frente. 

Aunque algunos de los obstáculos para la implementación de la elección judicial en el ámbito federal son ampliamente discutidos, a los que nos enfrentaremos en el nivel subnacional han sido poco analizados. Dado el proceso legislativo propio de nuestra federación, los ajustes locales en la materia apenas detonaron en enero, por lo que es pertinente hacer una revisión de los problemas específicos a los que nos enfrentaremos próximamente.

Este texto tiene como objetivo abonar a la discusión enumerando algunos temas que pudieran impactar en la primera elección judicial de la entidad federativa más poblada del país: el estado de México.

I. Precedentes internacionales

Aunque diversos países del mundo eligen a personas juzgadoras desde hace unos años, lo cierto es que las experiencias internacionales todavía son limitadas. Esto sin mencionar que en ningún sistema político la ciudadanía elige a impartidores de justicia del ámbito federal y del local, como lo será en el caso mexicano.

Para cargos del nivel nacional, Bolivia ofrece una perspectiva interesante. Desde 2011, la ciudadanía elige a las y los miembros de los tribunales Constitucional Plurinacional (TCP), Supremo de Justicia (TSJ), y Agroambiental (TA), así como a integrantes del Consejo de la Magistratura (CM). El resto de magistraturas, jueces y juezas resultan de un sistema meritocrático de carrera judicial. En los primeros comicios bolivianos, el número de votos blancos y nulos fue superior al de sufragios válidos, y fue hasta la elección de 2024 –trece años después– que comenzó a revertirse esa tendencia. Por vez primera en la historia del país, la proporción de votos válidos (64 %) superó a los blancos y nulos (35 %). 

Además del rechazo inicial –total o parcial– manifestado por ciertos sectores hacia este proceso de selección, los informes de observación electoral también han señalado que los resultados reflejan problemas significativos en la difusión de información. Muchas personas votantes desconocen los perfiles de las candidaturas, lo que limita su capacidad para evaluar y decidir sobre la idoneidad de sus propuestas.

Quizás para el ámbito local resulte más interesante la experiencia estadounidense. En el vecino país del norte, las personas juzgadoras federales son designadas por autoridades diversas. Por ejemplo, las y los ministros de la Suprema Corte son propuestos por el Ejecutivo y aprobados por el Senado.

Pero es la libertad configurativa de los estados la que ha dado variedad a la manera de elegir juzgadores locales. Aunque algunas entidades mantienen sistemas de ascenso por carrera judicial o designación, otras someten ciertos cargos judiciales a votación popular. En estados como Alabama y Texas, los partidos políticos nominan a las candidaturas judiciales, mientras que en otros como Georgia y Nevada se realizan elecciones no partidistas. 

Pero también hay modelos híbridos. En Colorado y Florida, por ejemplo, la gubernatura designa a las personas juzgadoras, pero la ciudadanía las ratifica o remueve a través de elecciones de retención. Por su parte, California, Hawái, Nuevo México y Maryland, aplican otros esquemas híbridos con variaciones específicas en sus procesos de selección y retención judicial.

Cabe mencionar que la historia de origen de las elecciones de personas juzgadoras en EUA es similar a la mexicana. El sistema evolucionó de nombramientos vitalicios a elecciones populares por preocupaciones de corrupción e influencia política en la impartición de justicia. Aunque ahora estos procesos electorales forman parte de su cultura política, no se puede ignorar cómo este país ha enfrentado la politización y los altos costos de estos comicios. 

Otras experiencias como las de Japón o Suiza ofrecen casos focalizados pues sólo ocurren en cantones específicos. Por lo tanto, las lecciones al caso mexicano son mucho más acotadas y con poca aplicabilidad a nuestro contexto. 

II. La escala de la elección 

electoral mexicana

A diferencia de los casos anteriores, en México se pretende someter a casi la totalidad de personas juzgadoras –de cualquier nivel geográfico o ámbito material– a votación de la ciudadanía. La reforma a la Constitución mexicana exige que las entidades legislen para iniciar el proceso electoral con una parcialidad de cargos este año y culmine con la totalidad de ellos en los comicios de 2027, o bien, someter la totalidad de puestos a más tardar en 2027. Hasta ahora sólo Campeche se ha decantado por lo segundo. 

Lo que hace inédita a la elección mexicana no radica únicamente en el padrón electoral de casi cien millones de personas, sino también en el número de cargos a elegir. Para poner en perspectiva la magnitud de estos comicios, este primero de junio la ciudadanía acudirá a las urnas para decidir sobre 881 puestos federales, un aumento significativo frente a los 629 elegidos en los comicios de 2024. Además de las candidaturas locales, cada persona votará por hasta treinta y nueve cargos con un máximo de 291 candidaturas únicamente en lo federal.

III. El activo mexicano: 

un modelo multinivel

Frente al desafío de organizar elecciones judiciales en diversos ámbitos dentro de estados de la magnitud de los mexicanos, es fundamental resaltar la importancia del modelo de cooperación adoptado por nuestro país desde 2014.

A diferencia de otros países donde las autoridades federales absorben a las locales, o bien donde unas y otras actúan con redundancias, el sistema mexicano apuesta por la articulación meticulosa entre distintas instituciones. El INE y los institutos electorales locales tienen atribuciones diferenciadas, pero que logran conjuntarse a través de convenios de colaboración que –en procesos electorales– detallan tiempos y movimientos de forma milimétrica. A partir de este sistema, contamos con estándares que garantizan la calidad de los comicios en todo el territorio, al tiempo que las autoridades locales mantienen un margen de decisión que ha permitido la creatividad, mejora continua y adaptación a contextos variados.

La experiencia acumulada en elecciones concurrentes será fundamental para superar los retos relacionados a tres áreas específicas: heterogeneidad legislativa, logística y geografía. Respecto al primer punto, el poder revisor de la Constitución otorgó a los congresos locales 180 días para modificar sus marcos normativos y definir las características de sus elecciones judiciales. Entre otros aspectos, deberían definir qué cargos serán electos en 2025 y cuáles en 2027. De entre las dieciséis entidades federativas que han completado reformas al momento, se puede advertir una enorme diversidad de plazos, modalidades y características en sus procesos. Esta variedad hará compleja la articulación dual que propone el modelo multinivel mexicano.

El aspecto logístico es también interesante. La elección judicial simultánea en distintos niveles, a pesar de la experiencia en concurrencias, supondrá un reto adicional porque la cantidad de boletas a producir no tiene precedentes en la historia mexicana. Además de las seis boletas federales, los estados podrían requerir tres o cuatro boletas adicionales. Esto supondrá buscar las herramientas y canales necesarios para la oportuna y adecuada distribución de tal volumen de material y documentación electoral.

Pero es el punto de la geografía el que puede presentar la mayor complejidad para la administración de los comicios. La logística electoral mexicana se ha adaptado a los distritos electorales. Éstos mantienen más o menos equilibrados los pesos de las representaciones populares al aglutinar a las personas votantes en cantidades similares. Con nuestro sofisticado diseño, hemos evitado malas prácticas como el gerrymandering en EUA; es decir, la manipulación deliberada de la magnitud de los distritos para asegurar una ventaja desproporcionada a algún grupo político en las urnas.

Sin embrago, los distritos judiciales se diseñan en función de cargas de trabajo y materias, algo distinto a como se había hecho en nuestro país hasta el momento. La distritación que se hizo para los comicios de este año en materia judicial no responde a criterios de proporcionalidad o compacidad. De ahí que no es necesariamente útil para el despliegue logístico.

En el caso de la elección mexiquense se encontraron distritos judiciales que aglutinarían más de 1000 casillas, por lo que se deberán diseñar estrategias para una organización adecuada. Incluso, uno de ellos abarca un área en la que se instalarán hasta 3000 casillas, por lo que su subdivisión es indispensable a efecto de poder realizar el despliegue y repliegue de recursos, así como un cómputo manejable de la votación.

IV. Desafíos de comunicación

Además de lo ya discutido sobre el ámbito operativo, uno de los principales desafíos puede ser lo referente a la información y cómo será comunicada a la ciudadanía. Como lo indica la legislación, cada rama del gobierno postulará hasta tres candidaturas por puesto judicial. En lo nacional, esto significa que nueve personas competirán por cada una de las 881 posiciones federales. Para facilitar la votación, el INE implementará boletas separadas y un sistema de numeración por candidatura. Aunque esta innovadora solución resuelve distintas problemáticas operativas, también requerirá de una pedagogía novedosa para mostrar un modelo de votación sobre el que no hay experiencias previas.

Aún más, sin temor a equivocarnos, la mayoría de la población desconoce el funcionamiento –e incluso estructura– del Poder Judicial. Para mitigar la confusión, será necesario dotar a las personas de mayor información sobre las tareas que realizan las cortes, tribunales y personas juzgadoras, a efecto de que puedan discernir a las candidaturas mejor preparadas para el cargo a elegir.

Aparece ahí un tercer problema: los espacios públicos disponibles en radio y televisión no son proporcionales al enorme caudal de postulaciones. Habrá que encontrar formas creativas para ofrecer en internet, por ejemplo, toda la información que las personas votantes pudieran requerir para emitir un voto informado. En este respecto, desde el IEEM nos encargaremos de sistematizar la información –propuestas, perfiles y trayectorias– de las candidaturas que así lo deseen para generar un sistema informático de fácil acceso para la ciudadanía y fomentar un voto informado. 

V. Últimas notas

El modelo de elecciones judiciales en México es novedoso e inédito. Como país y entidad tendremos la oportunidad para democratizar el Poder Judicial, innovar en nuestros procesos electorales y fortalecer las estrategias de educación cívica. Pero también tenemos la gran tarea de vigilar el proceso para mitigar la desinformación, navegar los desafíos logísticos y pensar en nuevas formas de eficientar los recursos. 

Aunque los retos delineados no son menores, la experiencia y profesionalización de nuestro sistema electoral ha mostrado estar a la altura. Desde el INE y los OPL se hará lo necesario para garantizar el derecho al voto de la ciudadanía, pero la clave está en la participación activa de todas y todos: no sólo con la emisión del voto, sino informándonos antes de llegar a las urnas. La democracia mexicana y mexiquense es tarea de todos los días. Este proceso nos brinda una valiosa oportunidad para crear y perfeccionar nuestros procedimientos, pero, sobre todo, para pensar de manera creativa y fuera de los esquemas convencionales