Que en un partido se discutan las reglas y tiempos para seleccionar a sus candidatos es algo que interesa, en primer lugar, a sus militantes y dirigentes; que quienes aspiran a esas candidaturas lo reconozcan, en privado o en público, es parte de esa misma rutina. Lo que no es rutina es que, pasando por encima de la ley, los partidos decidan hacer de la anticipada selección de sus candidatos motivo para actos públicos de precampaña, o los gobiernos hagan de ese asunto pretexto para romper con la obligación de neutralidad a que la Constitución (artículo 134) obliga a los servidores públicos, o a ignorar que la propia Carta Magna prohíbe la promoción personalizada con fines electorales de esos servidores.

Escucho voces que critican que la ley electoral prohíba y sanciones los actos anticipados de campaña, que fije tiempos rígidos para los procesos electorales, y dentro de ellos señale periodos específicos, con fechas de inicio y término, para los procesos de selección de candidatos, o sea para las precampañas, y para el inicio y fin de las campañas. Varias de esas voces son las mismas que hace años criticaban duramente que la ley permitiera, por omisión, que cada partido o cada interesado pudiera empezar su promoción con fines electorales cuando le viniera en gana. Recordemos que siendo gobernador de Guanajuato Vicente Fox inició la promoción de su candidatura a la presidencia con años de anticipación, y además usando los recursos público del gobierno que presidía. La desmemoria campea.

Dicen que la ley sin pena, no es ley. Nuestra ley electoral dispone que a quienes violen las reglas de precampaña y campaña la autoridad electoral los sancione de diversas formas, incluyendo la negativa a ser registrados como candidatos. Como en todo sistema de justicia, la propia ley dispone que ante las sanciones que impone el INE los afectados puedan acudir ante el Tribunal Electoral, para que resuelva en definitiva si la sanción procede o se revoca.

En Toluca tuvo lugar el domingo pasado un mitin en el que tres aspirantes a la candidatura presidencial del partido en el gobierno y otros tres que aspiran a la candidatura a gobernador del estado de México fueron presentados con ese carácter por el dirigente nacional de Morena. El proceso electoral federal siguiente dará inicio la primera semana de septiembre del 2023. El del estado de México, para renovar gobernador, empezará la primera semana de enero de 2023.

Quienes convocaron ese mitin y los que participaron y hablaron en calidad de aspirantes a candidaturas en procesos electorales que aún no dan inicio ha incurrido en una violación de la ley, que las autoridades electorales deberán conocer y en su caso sancionar. Para que esas autoridades actúen no se requiere denuncia de otro partido o de algún ciudadano que se considere vulnerado en sus derechos, pueden hacerlo de oficio por tratarse de un hecho público y notorio.

Si la ley es equivocada o produce efectos contrarios a los que se pretendía obtener con ella, hay que cambiarla. Morena dispone de los votos necesarios para reformar la ley electoral y permitir que partidos y aspirantes se desplieguen desde ahora para la competencia por candidaturas. Lo que no es aceptable es la violación de la ley, de manera abierta o simulada.

Lo que la ley no puede es contrariar la Constitución; esta dispone en el artículo 134 que los servidores públicos actúen con imparcialidad en la competencia entre partidos y se abstengan de realizar promoción personalizada con fines electorales. Esas normas fueron violadas el sábado pasado en Toluca por los secretarios de Relaciones Exteriores y de Gobernación, y por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.