El 28 de febrero concluyó el Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica en la Cámara de Diputados. La expectativa de este ejercicio de democracia participativa, tal como lo manifestó en la inauguración del parlamento el diputado Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en la Cámara de Diputados, era que se privilegiaría el diálogo. La idea fue crear el parlamento abierto como un espacio para escuchar diversas voces del sector energético a fin de, por un lado, fortalecer al Estado y a la CFE y, por el otro, corregir los errores de la reforma de 2013 eliminando los abusos que, en su caso, derivaron de la instrumentación de esa reforma. Los propósitos sonaban esperanzadores.

Sin embargo, durante casi mes y medio (17 de enero al 28 de febrero del año en curso), los que seguimos los foros presenciamos una larga serie de presentaciones a favor y en contra de la iniciativa de reforma constitucional, firmada por el presidente López Obrador, sin que el formato del parlamento permitiera la generación de acuerdos o la exposición de propuestas de mejora a dicha iniciativa. 

El parlamento constó de veintisiete foros, los cuales se agruparon, conforme al tema, en seis grandes bloques: 1) El Sistema Eléctrico creado por la reforma de 2013, el cual incluyó cuatro foros; 2) El papel del Estado en la construcción del Sistema Eléctrico Nacional (tres foros); 3) Objetivos planteados y resultados de la reforma de 2013 (cinco foros); 4) Marco constitucional y legal de la iniciativa de Reforma Eléctrica 2021 (cuatro foros); 5) Medio ambiente y transición eléctrica (tres foros); y 6) Temas diversos (ocho foros).

El formato de los veintisiete foros celebrados incluyó la participación de por lo menos dos participantes a favor y dos en contra de la iniciativa presidencial, aunque hubo casos en donde la participación fue mayor. En cada uno de los foros los participantes tenían un tiempo inicial de cinco a diez minutos para fijar su postura respecto al tema principal, aun cuando en ocasiones ese tiempo se destinaba a defender la iniciativa presidencial o a atacar a los exponentes; posteriormente, los diputados presentes podían realizar preguntas a los participantes para fomentar el dialogo y el debate. 

Desafortunadamente, el formato planteado no solo evitó la generación de acuerdos, sino que condujo a polarizar aún más este tema que sin duda afectará a todos los mexicanos. Con el paso de los días y de los foros, las posturas se fueron separando cada vez más: o estabas a favor de la reforma, la cfe y el presidente, o estabas a favor del “neoliberalismo” y los empresarios. La selección de los participantes tampoco ayudó a evitar la polarización, pues la mayoría de los que defendieron la iniciativa presidencial trabajan en el gobierno (CFE, CENACE, SENER) y se limitaban a repetir los discursos ideológicos de sus jefes.

Las posturas a favor de la reforma se centraban, por lo general, en defender a la Comisión Federal de Electricidad y la “soberanía energética”, así como a rechazar la reforma de 2013 y denunciar los “abusos de las empresas privadas” (aunque, en la mayoría de las participaciones, no se presentaron pruebas para demostrar esos abusos). Además, existió el caso de una ponente que dedicó su participación a señalar a los funcionarios públicos de sexenios anteriores que trabajan en consultoras o empresas energéticas, insinuando que solo se rechazaba la reforma por existir “intereses ocultos”. 

Por su parte, las posturas en contra de la reforma se centraron en presentar datos técnicos (algunas veces incomprensibles para la mayoría de la población) con los que se pretendía demostrar las ineficiencias de la CFE, las afectaciones que se tendría en las tarifas eléctricas de aprobarse la reforma, los efectos negativos que se generarían en materia de cambio climático; también buscaron defender los derechos de los inversionistas extranjeros y la obligación de apegarse a los tratados internacionales. 

La diferencia entre ambas posturas y el lenguaje utilizado (por un lado, técnico, por el otro ideológico) provocaron que fuera imposible reconocer aciertos en la postura contraria, aceptar propuestas y reconocer errores del pasado. 

La falta de entendimientos y acuerdos en el parlamento se vio reflejada en las posiciones de los representantes de los grupos parlamentarios en la sesión de cierre. Mientras que el coordinador de la bancada mayoritaria señalaba que con los argumentos escuchados se podía construir una ruta para discutir la iniciativa en el pleno, la oposición criticaba la iniciativa presidencial de reforma y señalaba que era necesario realizar ajustes a la misma. 

A continuación, se resumen los principales argumentos mencionados por los diputados durante el cierre del parlamento: 

• El diputado Ignacio Mier, de Morena, señaló que le propondrán a la JUCOPO empezar a construir la ruta para que la iniciativa pueda, en este primer semestre de 2022, ser discutida en comisiones y construir las condiciones para que llegue al pleno.
  
  
• El diputado Santiago Torreblanca, del PAN, señaló que lo que busca la reforma es dar un paso para atrás, concentrar el poder en unos cuantos; señaló que aunque se afirma que la CFE puede hacerse cargo de dotar al sistema eléctrico mexicano de toda la energía requerida, no se dice cuál sería el costo de ese modelo.
  
  
• El diputado Manuel Herrera, de MC, manifestó que más del 70% de las personas que asistieron al foro para argumentar a favor de la iniciativa presidencial eran funcionarios de CFE y del gobierno federal, lo cual implica que no hay muchos empresarios y académicos que estén a favor.
  
  
• El diputado Luis Cházaro, del PRD, señaló que en su partido buscará que el dictamen de la iniciativa sea resultado de los foros y de las discusiones que se realizarán en las comisiones dictaminadoras, para que contenga las modificaciones necesarias para dar solución a las problemáticas analizadas.
  
  
• El diputado Carlos Puente, del PVEM, afirmó que los empresarios que no aceptaron asistir al parlamento abierto prefirieron quedarse al margen de la discusión.
  
  
• El diputado Gerardo Fernández Noroña, del PT, señaló que la iniciativa presidencial debió ser de reforma constitucional en materia energética y no solo en electricidad. El país requiere un debate de cómo aprovechar todos su potencial para seguir desarrollándose.
  
  
• Finalmente, el diputado Rubén Moreira, del PRI, al dar por terminado el parlamento abierto, señaló que su partido está orgulloso de las cosas buenas que han hecho y que jamás se negará a discutir y tratar de resolver los problemas: concluyó señalando que el PRI inicia una reflexión, pero que no han definido una postura.

Como se puede apreciar, el único consenso fue que no hubo consenso. El llamado “bloque opositor” dice estar listo para revisar y en su caso discutir propuestas, mientras que los diputados afines al gobierno se dicen listos para ir al pleno y aprobar la reforma. 

Si la intención de este ejercicio de democracia participativa era modificar la intención de voto de algún legislador o por lo menos, concientizarlo respecto de la realidad del sector eléctrico para proponer alternativas de mejora a la iniciativa presidencial, la polarización que se vivió en los foros hizo imposible que esto último se cumpliera, convirtiéndose en una torre de Babel o un diálogo de sordos.