Desde 2018, Integralia publica anualmente un reporte prospectivo en el que identifica y advierte de los principales riesgos políticos para México. El análisis de Integralia se basa en una metodología propia que evalúa el impacto potencial y la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo, con base en indicadores cuantitativos y cualitativos. Además, cada riesgo presenta una probabilidad de ocurrencia distinta que puede cambiar durante el año.

Entendemos el riesgo político como las acciones, decisiones u omisiones del gobierno que pueden impactar adversamente la expectativa de retorno de inversionistas, la rentabilidad de empresas y/o la estabilidad democrática del Estado. Este año, el reporte cobra especial relevancia pues el país atraviesa un proceso electoral sin precedentes, no sólo porque el 2 de junio se elegirán en una elección más cargos que nunca, sino por lo que está en juego: el andamiaje económico y político para las siguientes tres décadas.

Tal como se menciona en el reporte, la mayoría de los riesgos se relacionan, de algún modo u otro, con el proceso electoral en curso. El ataque constante del presidente López Obrador contra los árbitros electorales, el hecho de que el crimen organizado aprovecha las elecciones para ampliar sus redes de impunidad, el clima de polarización política, la coincidencia de elecciones en México y Estados Unidos, y las acciones que López Obrador emprenderá para consolidar su proyecto político, y asegurar su legado, hacen de 2024 un año de riesgo político alto. Los diez principales riesgos señalados son los siguientes –están ordenados de mayor a menor nivel de impacto–:

1. En caso de una victoria electoral del partido en el poder, se consolida la captura de la Suprema Corte por parte del Ejecutivo a través del nombramiento de otro ministro afín, tras la salida de Luis María Aguilar en noviembre, o bien mediante una reforma constitucional para elegir a los integrantes del Poder Judicial por voto popular. 

2. Si la coalición gobernante obtiene la mayoría calificada en el Congreso, se aprueban reformas constitucionales que afectan significativamente el entorno de negocios y el sistema de pesos y contrapesos: reforma electoral que modifica la estructura del INE y la forma de elegir al cuerpo directivo mediante voto popular, reforma para eliminar al INAI, reforma energética, entre otras. 

Hoy por hoy estimamos que es poco viable que el “tsunami” de votos de 2018 por Morena y aliados se repita. Primero, por el desgaste de seis años de gobernar a nivel local y federal. Segundo, en 2021, Morena y aliados perdieron curules en la Cámara de Diputados respecto a 2018. Tercero, en 2018, hubo un factor coyuntural que contribuyó a la victoria apabullante de Morena: el descontento generalizado frente a la corrupción y los partidos tradicionales. Cuarto, en 2018 Morena construyó su mayoría calificada de manera artificial, por medio de una sobrerrepresentación conseguida mediante una serie de maniobras políticas y legales complejas, que no se podrán repetir en 2024 debido a que el INE tomó acciones para evitar que volviera a ocurrir.

Sin embargo, es importante advertir que de obtener la mayoría calificada (de dos terceras partes) en ambas cámaras del Congreso, Morena y sus aliados contarán con la capacidad de aprobar reformas constitucionales para consolidar el proyecto político de López Obrador. El presidente ya nos mostró abiertamente en qué consiste ese proyecto político: apenas el 5 de febrero envió un paquete de veinte iniciativas (dieciocho de ellas de reforma constitucional) muchas de las cuales, de ser aprobadas, tendrían enormes implicaciones ya sea porque habría menos contrapesos al poder presidencial, mayor arbitrariedad gubernamental, elecciones menos confiables y mercados más politizados.

3. Grupos criminales aprovechan la coyuntura electoral para ampliar su control sobre los gobiernos y los mercados locales: a corto plazo, esto aumenta la violencia política; a mediano plazo, fortalece su autoridad a nivel territorial, dejando vulnerables a las comunidades y organizaciones frente a delitos como extorsiones, cobro de piso o robos. 

En este punto hay que decir que las organizaciones delincuenciales capturan a los gobiernos locales para disponer de recursos clave, como datos personales, dinero público, policías y otros funcionarios a su servicio, entre otros, para: i) operar con impunidad, ii) consolidar o diversificar sus áreas de negocios, y iii) neutralizar a organizaciones rivales. Y si bien esta captura puede ocurrir en cualquier momento, los grupos criminales aprovechan las coyunturas electorales para mantener o extender su control sobre gobiernos locales.

El riesgo es de este año, sí, pero sobre todo se trata de un riesgo de mediano plazo pues la incidencia de los grupos delictivos en las elecciones contribuirá a consolidar a los grupos criminales como la principal autoridad a nivel territorial en varias regiones del país, como ya ocurre en algunas entidades que celebrarán elecciones estatales en 2024.

4. Se acentúa el proceso de militarización, ya sea porque López Obrador consigue la mayoría calificada para adscribir a la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional, y/o porque el nuevo gobierno decide (o se ve forzado a) continuar la política de AMLO respecto a las Fuerzas Armadas. Esto implica que, por un lado, el gobierno civil continúe perdiendo capacidades; y por otro, que las Fuerzas Armadas aumenten su peso político y se consoliden como agente económico.

5. Un triunfo electoral de Donald Trump deteriora la relación bilateral con Estados Unidos y coloca a México en una posición de vulnerabilidad (amenazas con aranceles, constantes ataques reputacionales, agravamiento de la crisis migratoria y presiones en materia de seguridad). Esta es una amenaza no sólo para México, por supuesto, pero en nuestro caso sí que puede implicar grandes retos (por decir lo menos). El hoy candidato republicano se ha caracterizado por sus actitudes retadoras, autoritarias y, de alguna manera, revanchistas. Un segundo periodo presidencial podría acentuar dichas prácticas pues llegará al cargo más empoderado. 

6. El Congreso aprueba reformas y leyes “sorpresivas” que afectan el clima de negocios, como, por ejemplo, modificaciones al marco laboral, al aparato administrativo del Estado o al otorgamiento de concesiones, sin prever un período de transición y adaptación para el sector privado.

Más allá de que se concrete o no la mayoría calificada de la coalición gobernante (ver riesgo 2), López Obrador seguirá dictando la agenda legislativa hasta el último día de su gobierno, por lo que persistirá en sus intentos de modificar el marco legal mediante el envío de iniciativas con sus prioridades legislativas (sobre este riesgo, también ya vimos un adelanto con el envío de las veinte iniciativas presidenciales al Congreso de la Unión el 5 de febrero).

7. Se gestan conflictos poselectorales (nacional y/o locales) alimentados por campañas polarizantes; por el intervencionismo del gobierno; por una violación abierta, continua y simulada de las reglas; por un arbitraje político inoportuno o débil; por ineficacia operativa de los organismos electorales locales; y por resultados cerrados que propician nerviosismo en los mercados y arrastran a la nueva administración al mismo clima de polarización de la administración saliente. 

En algunas elecciones a gubernatura u otras municipales, los resultados sí podrían ser suficientemente cerrados (de menos de cinco puntos) por lo que podrían interponerse recursos de anulación de los comicios. Además, estimamos que la injerencia constante del gobierno en los procesos electorales (federal y locales) se mantendrá y que el contenido principal de las campañas electorales será de polarización política entre la continuidad del actual gobierno morenista y el cambio de rumbo político.

8. El primer presupuesto del nuevo gobierno incumple con las metas fiscales previstas por la administración saliente: no lleva a cabo el ajuste fiscal necesario para retornar a la senda anticipada de déficit, poniendo en alerta a las calificadoras y mercados. 

De hecho, el último paquete económico del gobierno de AMLO destacó por ser presidencialista y electoral, así como por un llamativo énfasis en el endeudamiento como política para estimular mayor gasto. Podría esperarse algo similar si su sucesora resultara ser Claudia Sheinbaum. 

9. Tras un posible resultado electoral desfavorable, crecen las tensiones y las divisiones en los partidos de oposición, lo que contribuye a que el nuevo gobierno opere en un entorno de contrapesos débiles. El debilitamiento de la oposición podría ocurrir por tres vías: a) ruptura de la alianza PAN-PRI-PRD y fugas hacia la coalición gobernante, b) conflictos políticos entre el PRI y Movimiento Ciudadano (MC) y c) cooptación, intimidación o invitación del nuevo gobierno a cuadros opositores. 

Todo ello le permitiría a la eventual administración de Claudia Sheinbaum gobernar sin contrapesos sólidos en el Poder Legislativo, así como aprobar iniciativas sin necesidad de negociar con otros partidos. Esto conlleva tres riesgos principales: por un lado, se facilitaría la aprobación de reformas con implicaciones negativas para el clima de negocios y la gobernabilidad democrática, con lo que aumentaría la incertidumbre jurídica; por otro lado, el Congreso dejaría de fungir como un balance saludable al Ejecutivo federal, con lo que incrementaría la concentración de poder en la Presidencia de la República; por último, a mediano plazo, con partidos opositores débiles el sistema político, perdería competitividad y representatividad.

10. Aumentan la corrupción, los manejos administrativos opacos e inusuales con fines electorales y la falta de sanción de estos casos tanto en el gobierno federal como en los gobiernos locales. 

Este riesgo tiene implicaciones para el clima de negocios, en tanto que la corrupción inhibe la inversión al ser percibida como un costo adicional para hacer negocios o como un impuesto sobre las utilidades, por lo que se trata de un factor generador de incertidumbre jurídica. Asimismo, tiene impacto en la gobernabilidad al mermar la confianza ciudadana en las instituciones, afectar las finanzas públicas y minar la prestación adecuada de servicios.

Cabe mencionar que de manera adicional a los diez riesgos principales, el reporte advierte de otros temas relevantes que deben tomarse en cuenta durante 2024: (i) la posible intensificación de la hegemonía regional de Morena, lo que podría favorecer un entorno de concentración de poder, deterioro de gobernanza local y calidad de servicios públicos; (ii) la posibilidad de la solicitud, por parte de EE.UU. y/o Canadá, de un panel sobre la política energética en el marco del T-MEC; (iii) la omisión del gobierno federal saliente de avanzar en la ejecución de acciones necesarias para promover el nearshoring, de la mano de la omisión de la administración entrante de presentar una ruta de acción clara para aprovechar este fenómeno; (iv) el incremento de la criminalidad urbana ante los cambios de gobiernos (sobre todo a nivel local y municipal); (v) el desencadenamiento de la violencia en algunas entidades debido a la política de descabezamiento de grupos criminales por fines electorales; (vi) la disrupción en la importación de mercancías (particularmente químicas) sujetas a permiso previo de la Secretaría de Energía; (vii) una mayor deuda con proveedores del gobierno debido a su falta de liquidez; (viii) el aumento de la crisis hídrica en el país, ocasionando conflictividad social y deterioro económico –esto ya se está viendo desde las primeras semanas del año–; (ix) Se exacerba la crisis migratoria, con especiales afectaciones a los estados fronterizos y (x) una posible crisis de conductores de transporte de carga podría traer repercusiones en el sector privado.

Ahora bien, no todos los riesgos advertidos son exclusivos de 2024. Algunos de ellos han sido antes incluidos en reportes de otros años y posiblemente lo sean también en próximos. No obstante, se incluyen porque su probabilidad de ocurrencia aumentó por el contexto actual o porque, de ocurrir éstos, su nivel de impacto sería mayor o igual de grave que en otros años.

Finalmente, me parece clave mencionar que el objetivo principal de hacer público el reporte (que está elaborado para nuestros clientes) es invitar a la reflexión y al debate sobre estos temas que hoy, más que nunca, debieran de ocupar la conversación pública.¹ Más allá de una advertencia, se trata de un llamado a centrar la atención en las posibles consecuencias que derivarían de un resultado electoral sumamente favorecedor para el oficialismo. De manera indirecta, es una invitación a la sociedad a involucrarse y a participar activamente en la construcción democrática.