De la iniciativa presidencial en material electoral la propuesta que mayor aprobación recibe, según las encuestas publicadas, es quitar el dinero público a los partidos políticos. No sorprende ese aplauso generalizado. Igual pasaría si preguntan por bajar los impuestos o dar la luz gratis a los hogares. Seguramente el respaldo sería del 100%, o más.

Dar financiamiento con dinero de los contribuyentes a los partidos es una práctica de uso común, al menos desde la segunda mitad del siglo XX, en casi todas las democracias. En México se dieron los primeros pasos en esa dirección a finales de los años 70; un generoso sistema fue implantado con la reforma electoral de 1996. Al año siguiente, 1997, el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, y cuatro años más tarde, en el 2000, la presidencia de México.

Hace algún tiempo el ex presidente del PRI en 1997, Humberto Roque Villanueva, en entrevista para Voz y Voto, atribuyó al drástico y positivo cambio en el sistema de financiamiento público a partidos una parte de la explicación de esos resultados.

No cabe duda que el sistema de financiamiento público a los partidos, implantado en 1996, tanto para sus actividades cotidianas como para sus campañas electorales, fue uno de los elementos determinantes para acelerar la transición a la democracia y convertir ese cambio en posibilidad efectiva de alternancia en los tres ámbitos de competencia. El financiamiento público emparejó la cancha y posibilitó lo que antes era imposible: que los partidos opositores compitieran con el hasta entonces casi invencible partido oficial.

En la mayoría de los países el financiamiento público incluye tanto actividades cotidianas como de campaña. Algunos países, como Estados Unidos, solo financian lo segundo, permitiendo que el financiamiento privado fluya, en abundancia y con opacidad, a las arcas de sus dos partidos. En el segundo periodo de Barack Obama la Suprema Corte estadounidense abrió de par en par la puerta al dinero privado en campañas electorales, lo que Obama calificó como un atentado a la democracia. Si el dinero privado es dominante en el financiamiento de partidos y campañas, seguramente la competencia será dispareja y los intereses privados se impondrán sobre el interés público.

Financiar a los partidos con recursos de los contribuyentes es una condición para que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de equidad, con reglas claras, neutralidad gubernamental y árbitro –autoridad electoral- imparcial. Suprimir el financiamiento público otorga ventaja inmediata al partido gobernante a nivel nacional, y si esa ventaja se reproduce en la mayoría de los estados y en los municipios más poblados, la inequidad será la marca que distinga al sistema de partidos y las contiendas electorales.

Al sistema de financiamiento implantado en México en 1996 se le hicieron cambios importantes en 2007, al reducir de manera significativa el dinero para campañas; sin embargo, no se tocó el destinado a actividades ordinarias. En 2014 otra reforma duplicó el dinero público para partidos, por la vía de equiparar el otorgado por los gobiernos estatales  con el de fuente federal, que se otorga través del INE.

Lo que el presidente López Obrador propone es eliminar el financiamiento ordinario y mantener el destinado a campañas federales. Si se aprueba tal medida, el ahorro anual por lo primero, en el gasto federal, sería de 5,822 millones de pesos, y de 5,298 millones de gasto estatal; el ahorro total sería de 11,120 millones (pesos de 2022). En contraste, sin explicación alguna, la iniciativa propone aumentar el financiamiento federal total de campaña (considerando la general y la intermedia) de 4,458 millones de pesos a 14,641 millones, incremento de más del triple.

La iniciativa justifica con múltiples argumentos la eliminación del financiamiento ordinario, pero nada dice de los motivos para triplicar el que se otorgaría para campañas federales. Sin duda que es necesaria la revisión integral del dinero para los partidos, a fin de reducir el monto total que se les asigna. Pero no hay que tirar el niño con el agua sucia. El financiamiento público es condición para la competencia equitativa entre partidos. O sea, para la democracia.