El debate actual: la reforma electoral 

Nuestro país ha vivido en los últimos veintidós años transformaciones importantes en lo relativo a los derechos humanos, entre los que se encuentran los derechos político-electorales y, con ello, también la modificación a las leyes en materia electoral. El sistema electoral mexicano ha evolucionado con el objetivo de limitar el ejercicio del poder, poner fin a la inequidad que existía en materia de comunicación política y contar con reglas para incluir a grupos históricamente discriminados, como nosotras las mujeres, para ocupar cargos de toma de decisión.

Esto ha sido posible gracias a la flexibilidad de nuestro sistema democrático que permite reformar las leyes, ajustarlas al momento actual que vive la sociedad y sobre todo hacer suyas las demandas sociales a través de los mejores procedimientos sin violencia. La lucha por el poder siempre ha requerido de un límite de pesos y contrapesos, ello es lo que da legitimidad a todo acto y proceso político.

Giovanni Sartori escribe un capítulo en La Carrera hacia la democracia sobre si el sistema electoral perfecto existe, y hace una pregunta que me parece pertinente para esta entrega: ¿Recordar los errores sirve para evitarlos? El emérito profesor florentino dice que en Italia evidentemente no. 

Hoy en día nuestro país vive momentos de alta polarización en la que, por un lado, el árbitro electoral nacional ha sido altamente criticado por ser considerado, más que un árbitro, un actor político [con la acotación de que la crítica se hace a dos de sus once miembros] y, por otro lado, la reforma electoral que presentó el titular del Ejecutivo en la que no desaparece al INE, pero sí hay una reducción a su estructura operativa. Traigo esta pregunta a colación porque hay una fuerte tendencia de un sector de la población a decir que la reforma planteada parte de un odio a las acciones pasadas y las derrotas no superadas, pero también otra parte que recuerda justo los errores de ese mismo pasado cometidos en la elección presidencial de 2006 por la autoridad electoral que, de no olvidarse, tendrían que servir para algo. Como se observa, hay de donde cortar en ambas posturas y la realidad es que la polarización al nivel que se encuentra es resultado y responsabilidad de todos quienes abonan a que persista la misma. 

El tema no ha quedado ahí pues parte de la discusión también se ha centrado en las prestaciones que los servidores públicos de un determinado nivel tienen y tenemos, la crítica ha sido muy fuerte ya que se pone al centro del debate si son justas las prestaciones cuando se ocupa un cargo de funcionario público de alto nivel en contraste con la situación de desempleo y pobreza que priva, hay que decirlo, también desde hace décadas en muchas entidades del país.

La adquisición de camionetas por más de cinco millones de pesos

Justo en medio de esta polémica y polarización, con el clima político en que se debate la reforma electoral, se registró un suceso que cobró relevancia en los medios de comunicación a nivel nacional y que sucedió en uno de los institutos electorales que organiza las elecciones de la entidad con el mayor número de mexicanos en su padrón y lista nominal: el estado de México –con un total de 12.5 millones de mexiquenses de acuerdo al corte del 22 de diciembre de 2022– al hacerse pública la compra de nueve camionetas nuevas, cada una con un costo de $689 900.00 (seiscientos ochenta y nueve mil novecientos pesos) para renovar las camionetas Honda CRV 2018 que, como prestación, tenemos cada una de las y el integrante del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 

Este tema salió a la luz pública y, de manera particular, externé ante los medios de comunicación que, en mi caso, como consejera electoral, me parecía un error hacer un cambio en este momento no solo por las enormes desigualdades que vive el país y la entidad mexiquense, sino porque justo parte del debate de la reforma electoral ha tenido como centro los altos salarios de los funcionarios electorales y las altas prestaciones. 

Ante el cuestionamiento que me hicieron en la sesión del Consejo General el pasado 12 de enero de 2023, lo que hice fue refrendar mi convicción al decir que había poca sensibilidad a la situación política del país y respecto del inicio del proceso electoral en una entidad que tendrá una elección que ha sido denominada por muchos politólogos, periodistas y actores políticos “la madre de todas las batallas” –por el grado de competitividad que hay entre el partido que gobierna a nivel federal y el partido político que ha gobernado durante más de noventa años el estado de México y en donde lo que menos podía hacer la autoridad electoral era generar suspicacia alguna–. Esta ocasión nos daba la oportunidad de debatir sobre si son justas o no dichas prestaciones para nosotras como integrantes de un Consejo General que debe rendir cuentas a la ciudadanía de la organización de elecciones imparciales y con máxima publicidad de las decisiones. 

Mi decisión no solo radicó en externar estos argumentos, sino en no aceptar el cambio de la camioneta que se me asignó en 2018 por la nueva. Esta decisión, que forma parte de mi derecho a disentir y que está garantizado en todo espacio que se digne denominar democrático es claro que ha sido respaldada por un gran número de ciudadanos y ciudadanas que esperan una autoridad electoral cercana y sensible a lo que viven día a día, pero además, implica que podamos explicarles qué hacemos y cómo organizamos la elección, pues al final del día nuestro salario es parte de los recursos públicos que en una gran parte se recaban de todos ellos y ellas. 

Pero así como se respaldó ampliamente por la ciudadanía, ha tenido consecuencias. Una de ellas, la acción desplegada por el Mtro. Efrén Ortiz Álvarez, representante del partido político Nueva Alianza Estado de México, partido político local, quien en la primera sesión ordinaria del Consejo General del 23 de enero, en un punto que agendó como asunto general denominado El uso de los recursos públicos, lanzó comentarios y manifestaciones que fueron hechas con dolo y que deben ser analizadas en el contexto de la violencia política que las mujeres vivimos cuando participamos en política. En la primera ronda el representante comenzó su intervención con los siguientes argumentos: 

“Me extraña que el representante de Morena hable de violencia política, y sea el primero en violentar a nuestra compañera Araceli, que solo por ser mujer, cree él, necesita de la ayuda de otro representante. Yo en ningún momento vi que Araceli necesitará ayuda de alguien, tengo entendido que Araceli ya fue diputada en dos ocasiones, es una mujer con una trayectoria impecable, no necesita que alguien la defienda, no necesita que alguien le diga qué es lo que tiene que decir aquí, y yo pediría, a … la certificación… ya que desde el punto de vista de esta representación, estamos ante violencia política de género, simplemente descalificar a la representante del PRD por ser mujer”.

Acto seguido, se refirió en dos momentos distintos a mi persona: 

“… eso sí que es escandaloso y no lo de las camionetas Honda que se adquirieron aquí en el Instituto Electoral, eso sí es preocupante y en este caso se lo digo a la consejera Karina Vaquera, estas cosas sí son las que hay que denunciar”.¹ “… No nos podemos quedar callados, consejera Vaquera, perdón que se lo diga a usted porque en el caso de las camionetas no era un tema de corrupción, fue usted incluso a dar hasta con Carmen Aristegui para debilitar a esta autoridad electoral, pero no denuncia que en Atlacomulco se compraron dos nano satélites y que en Naucalpan se desviaron cuatro mil trescientos millones de pesos, eso sí es sumamente grave, lo demás es politiquería, es cuánto.”²

En el sistema patriarcal en el que aún vivimos es muy importante deconstruir conceptos y estereotipos que vulneran los derechos humanos de las mujeres que participan en política. La violencia se ha normalizado a tal grado que se dice que en política se debe aguantar todo lo que se diga justo porque así es la política y si entras, te aguantas. Este tipo de expresiones son muy comunes pero no son correctas. De las citas anteriores es claro que las manifestaciones del representante de NAEM buscan anular el reconocimiento en el ejercicio del cargo público, poniendo al centro lo que para el representante sí resulta relevante.

No debe pasar inadvertido que lingüistas críticos como Fowler y Fairclough llevan décadas poniendo de manifiesto que el lenguaje no solo refleja la realidad, sino que por sí mismo posee un papel crucial y un poder simbólico en la categorización del mundo. Por ello, la perspectiva de género debe evidenciar que expresiones que contribuyen a la permanencia de un lenguaje discriminatorio, excluyente y que atenta contra la individualidad y la capacidad de una mujer que ejerce un cargo, deben condenarse a fin de que dejen de ser una constante en el discurso político.

En ese sentido, las jurisprudencias 11/2008 y 31/2013 perpetúan la violencia simbólica que reproduce relaciones de poder, pero que tienden a invisibilizarse por haberse naturalizado e interiorizado. Aunque no sean visibles, sí tienen efectos reales sobre las personas y los contextos. En el caso concreto se observa que no existen relaciones asimétricas de poder porque el representante no habla desde la persona sino como representante de una corporación política denominada Nueva Alianza Estado de México dentro de un contexto político electoral al que acude con todo el engranaje político de su partido.

Olga Castro Vázquez, estudiosa del tema, refiere que la construcción de género en los relatos informativos pone de manifiesto que tanto en el plano de la norma lingüística como del discurso, la verdad mediática invisibiliza a las mujeres. En aquellos relatos (comparativamente escasos) de los que ellas son protagonistas, el análisis discursivo revela una transmisión de estereotipos sobre mujeres y hombres que refuerzan los roles de género tradicionales infravalorando y ocultando la capacidad de acción de las mujeres; erotizando, sexualizando y frivolizando su tratamiento hasta convertirlas en objetos sexuales; desvalorizando sus cualidades profesionales; infantilizándolas, subordinándolas y victimizándolas.

En congruencia con mis convicciones no solo democráticas sino feministas en pro de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, tomé la decisión de hacer la presentación de mi queja mediante un procedimiento especial sancionador. El estudio y resoluciones jurídicas se irán observando, los criterios que existen en muchos casos han dejado sin justicia a muchas mujeres, este tema debe ser observado y trabajado de forma interinstitucional pues sigue estando claro que a mayor incursión de las mujeres en la política el nivel de violencia va en aumento.

La violencia simbólica es igual de dañina, pues busca anular la voz, en este caso mi voz como consejera, al referir que los asuntos que yo manifiesto son “politiquería”; con ello se reproduce el estereotipo de que los asuntos públicos y políticos le corresponden a los hombres y que cuando una mujer habla sobre esos temas, no sabe. Es una violencia más sutil que niega las habilidades de una mujer para la política. Es un tema del que se debe seguir hablando pues erradicar la violencia es un trabajo de todes, todos y todas.