Leo hoy jueves 15 de febrero en varios diarios capitalinos la noticia sobre la reunión de obispos y párrocos con jefes de bandas criminales en Guerrero. Salvador Rangel, obispo emérito, declaró “tenemos que hacer algo porque es penoso que estas autoridades (las de Guerrero) no hagan nada por pacificar el estado”. (Reforma, 15.902.24)

Sobra razón al obispo Rangel. Guerrero no tiene hoy autoridades con voluntad y capacidad para enfrentar la ola de violencia que azota varias regiones y municipios de ese sufrido estado. Las evidencias y sospechas de colusión y complicidad entre las más altas autoridades locales y de varios municipios, empezando por los dos más importantes –Acapulco y Chilpancingo- con las bandas criminales y sus jefes, han sido exhibidas desde hace varios meses. Por su parte, el gobierno federal permanece en ominoso silencio ante los hechos y en abierto respaldo a su gobernadora.

La presencia y actividad de bandas criminales es una realidad en todo nuestro país, aunque su afectación directa a la población es diferenciada. Hay estados en que los hechos de violencia son aislados mientras que en otros ocurren a diario e incluso aterrorizan a los habitantes de pueblos recónditos. Los análisis se enfocan en las cifras de homicidios y desaparecidos, que son de terror; a la par la población de menores ingresos padece asaltos en vehículos de transporte público o en calles y plazas y los robos a casas habitación se multiplican. El cobro del “derecho de piso” es como la peste, se extiende en todos lados.

La potencial afectación de la violencia sobre los procesos electorales no es un riesgo, es ya una amenaza en acto. Varios observadores han iniciado trabajos de registro y conteo de políticos, aspirantes y precandidatos atacados con arma de fuego, heridos o asesinados. Las cifras son diferentes, pero en todos los registros crecen a diario. La violencia del crimen, organizado o desorganizado, es el elefante en medio de la “herradura de la democracia.”

En varios medios se han publicado noticias sobre los riesgos que corren los miles de brigadistas y capacitadores del INE que ya iniciaron contacto con los millones de ciudadanos seleccionados para ocuparse de recibir y contra los votos el domingo 2 de junio. Es cierto que en elecciones anteriores los casos de agresiones contra el personal del INE fueron pocos y aislados. Pero la situación de violencia en el país ha cambiado para mal.

A la posibilidad de que las tareas de organización y desarrollo de la jornada electoral del domingo 2 de junio se vean afectadas por la violencia y el crimen, hay que sumar los hechos de violencia contra aspirantes y precandidatos a que me referí antes. Aunque hay diferentes registros y datos, en las elecciones de 2021 se produjeron numerosos casos de ataques directos, en su mayoría contra candidatos en elecciones municipales. Es altamente probable que en este año ese vuelva a ser el ámbito con el mayor número de casos, como ya lo muestran los ataques ya registrados contra aspirantes y precandidatos. No hay que descartar agresiones contra candidatos federales.

Es cierto que a las autoridades electorales no corresponde prevenir y evitar los hechos de violencia, pero algún papel debe tener en el esfuerzo conjunto por enfrentar al elefante que amenaza las urnas. Lo que no es adecuado es la política de avestruz para negar la realidad.

Hace unos días la presidenta del INE difundió un documento con lo que se denomina “Esquema de Seguridad para las Candidatas(os) que contenderán a la Presidencia de la República, las Gubernaturas de los Estados, Senado de la República y Cámara de Diputados” (sic).

La primera observación es que el “Esquema” difundido por el INE excluye, desde su título, a los candidatos municipales, a los candidatos a diputado local y a todos los candidatos de ámbito local en la CDMX. Si la razón es que ese es un ámbito local y el INE solo se encarga del federal, entonces no deberían incluir “las Gubernaturas de los Estados”. El detalle es que la enorme mayoría de los candidatos en estas elecciones competirán en el ámbito local y en paralelo con los candidatos a cargos federales.

Enterrar la cabeza en la arena no hará desaparecer el elefante.

Afirma el INE en el documento citado que “No se vislumbra una amenaza real o potencial en contra de las Candidatas y candidatos” (sic con énfasis original). ¿De verdad, ese es el diagnóstico que el INE postula o avala; o es lo que les dictó el gobierno federal? No entro en más detalles sobre un “esquema de seguridad” que parte de tal premisa.

Advierto sobre la imperiosa necesidad de que el tema y sus riesgos sean abordados con seriedad e información. Y también sobre la pertinencia de un acuerdo entre partidos y autoridades para que la protección a los candidatos, federales y locales inicie con la certificación, hasta donde sea posible, de que no tengan vínculos, directos o indirectos, con el crimen organizado, o desorganizado.

El diputado Rubén Moreira es quien más ha insistido en esos dos puntos de la agenda de riesgos electorales 2024. Hay que hacerle caso.   

Posdata. Me apuesta un amigo que a bordo del buque de la Marina enviado a Panamá viajan huesos, que serán certificados por un médico militar forense como pertenecientes a Catarino Erasmo Garza. Invoca a su favor la leyenda sobre la búsqueda y hallazgo de los restos del último tlatoani azteca. ¡Qué mal pensado!

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