Es razonable que el líder de un país proponga hacerlo grande. También lo es que quienes consideren que esa grandeza se perdió voten en favor del candidato que ofrece mejores propuestas de recuperación.

El problema surge cuando las ideas preconcebidas se imponen sobre la evidencia. En esos casos, las y los tomadores de decisiones pueden optar por caminos que van inclusive en contra de los intereses que buscan defender. En no pocas ocasiones la búsqueda de la popularidad hace a los políticos defender causas que ganan simpatías, pero reducen el bienestar de sus naciones.

Es el caso de las órdenes ejecutivas que el Presidente Donald Trump emitió a las pocas horas de haber asumido el cargo. En congruencia con su discurso de campaña su primer blanco de ataque fueron las personas migrantes, contra las cuales dirigió misiles que pueden ser más poderosos que la barda fronteriza que prometió construir en su primer mandato. 

¿Tiene sentido ir contra ellas y ellos? La primera intuición de quienes apoyan el pensamiento trumpista es que su magnitud (13.8% de la población estadounidense) justifica cualquier medida para devolver a las personas nacidas en el extranjero a su tierra de origen.

El mito se derrumba cuando se ve que, de ese total, más de la mitad son personas que fueron naturalizadas bajo las leyes estadounidenses. Es decir, la autoridad verificó no sólo el cumplimiento de requisitos legales, sino su asimilación al American way of life. 

Tampoco tiene mucho sentido pensar en la “invasión” de los migrantes a la que refiere el mandatario, si se consideran las contribuciones de las y los migrantes a la economía de EUA. De acuerdo al American Immigration Council, cada año las personas no nacidas en ese país pagan $579 mil millones de dólares (MDD) y contribuyen con otros $194.5 mil MDD a la seguridad social. 22 de cada cien empresarios y emprendedores son migrantes, de manera que son también una fuente de empleo para estadounidenses y para otras personas migrantes.

Pero la irracionalidad de las políticas migratorias propuestas por el Presidente Trump no son sólo ilógicas por atentar contra una fuente de riqueza para los Estados Unidos. También lo son en su lógica interna: desordenan el flujo migratorio precisamente en el tiempo en que mejor funcionaba.

Tomemos el caso de CBP, aquel programa diseñado en la administración Biden para poner orden. Quienes quisiera pedir asilo en EUA podrían pedir cita en una aplicación y ser recibidos en puntos fronterizos concretos en horarios determinados. Así, en lugar de “jugársela” por un acceso ilegal, las personas tuvieron un espacio real para ser escuchadas.

Como resultado de ese programa, el número de cruces por la frontera sur estadounidense pasó de 250,000 mensuales (2023) a 45,000 mensuales (2024). Toda vez que el programa canjeaba la posibilidad de entrar legalmente por la advertencia de que intentarlo fuera del programa dejaría fuera de toda posibilidad al individuo, colocó los incentivos en el sentido que convenía a la política del gobierno estadounidense: ordenar el flujo legal y disuadir el irregular.

La evidencia no persuadió a Trump de mantener vigente un programa que apuntaba en el sentido al que él mismo busca. Son muchas las ganas de desmarcarse de su predecesor.

Una paradoja similar ocurre con la orden ejecutiva “Protegiendo al pueblo americano de la invasión”, dirigido a detener los cruces en su frontera sur. Ni la idea de la “invasión” ni la declaratoria de emergencia son mera retórica. Buscan habilitar al ejército para la contención de la migración y habilitar fondos de la defensa que sólo se pueden utilizar para esas circunstancias extremas. Ya se anunció que 15 mil elementos militares se sumarán a las tareas de la Guardia Nacional en el cruce.

El nuevo instrumento incluye órdenes para reforzar la contención e incrementar la infraestructura del cruce fronterizo. Amenaza con quitar fondos federales a las llamadas “ciudades santuario” que ofrecieron refugio en la primera administración trumpista.

La dureza de la medida sorprende no sólo porque 2024 fue el año con menos cruces ilegales desde que inició la administración Biden. Es paradójica porque va evidentemente dirigida contra las y los migrantes latinoamericanos, especialmente centroamericanos y mexicanos, sin reparar en que en ese contingente tiene Estados Unidos un activo de primera importancia.

Según revelan datos del Pew Hispanic Center, cuatro de cada cinco tienen más de diez años de estar viviendo en EUA. Han crecido las tasas de migrantes con título profesional (20%) y de propietarios de bienes inmuebles. Si bien estos datos se traducen en un mejor nivel de vida, sus ingresos medios ($59,000 USD) al año son menores que los del promedio nacional ($67,800 USD) anuales. Es decir, invierten, consumen, se asimilan y cobran menos por su trabajo. 

Las próximas semanas serán fundamentales para ver si las evidentes contradicciones de las políticas trumpistas son suficientes para rectificarlas o si vendrá una temporada de afectaciones a las economías de ambos países. En medio, familias podrán quedar separadas por la miopía de quienes prefieren diseñar políticas desde sus ideologías más que desde la evidencia.