De los peligros que hay en la vida, pocos tan letales como un auto de poderoso motor conducido a exceso de velocidad por un chofer inexperto, con un copiloto que lo empuja a rebasar los límites de la prudencia. Algo así es lo que estamos viendo ocurrir en México desde el pasado 1º de octubre.

Los debates jurídicos sobre la catarata de reformas constitucionales que la 4T ha impuesto en 68 días, más las que se acumulen en lo que resta del presente año, han dejado de lado analizar las consecuencias de este exceso de velocidad. Siguiendo la metáfora, es muy probable que por cada una de esas reformas en el corto plazo veamos severos daños en distintos muros de la vida nacional. 

La demolición del Poder Judicial, tanto federal como de las entidades federativas, sigue a toda velocidad, sin que se haya previsto lo que pasará con los más de 3.5 millones de juicios en curso en el ámbito federal. Imaginemos lo que sucedería si en el Centro Médico Nacional la 4T decidiera despedir a la totalidad de los médicos, para sustituirlos por los que el pueblo elija dentro de 7 meses. Lo más probable es que muchos de los afectados buscarían de inmediato empleo, mientras que otros seguirán trabajando sin aliciente ni perspectiva. El resultado previsible es que la mayoría de los pacientes morirán antes de que lleguen los doctores electos por el pueblo, y los que sobrevivan, morirán por causa de la impericia de los recién llegados. 

Algo así está pasando con la justicia en México. El paro de labores de los trabajadores del PJF paralizó los juicios en juzgados y tribunales, también en la SCJN. Al paro se sumó la anticipada jubilación de cientos de jueces y magistrados, los que quedan alistan maletas para irse en agosto de 2025, cuando lleguen los electos por el pueblo, o en agosto de 2027, después del segundo degüello. 

Cuando en septiembre de 2027 el relevo de los impartidores de justicia del fuero federal se haya consumado, no habrá quien explique, a los electos por el pueblo, el estado que guardan los expedientes en proceso de resolución, las metodologías y técnicas de un juez o magistrado, la organización interna de un juzgado de distrito o de un tribunal colegiado. Para procesar el primer relevo de alrededor de 900 impartidores de justicia la 4T contará con las 3 ministras que aceptaron ser candidatas y tienen pase automático, quizá también con los 6 nuevos ministros, 2 mujeres y 4 hombres, que previsiblemente tendrán un perfil parecido al de la autodenominada “ministra del pueblo”. A ellos hay que sumar al ministro en retiro, con pensión vitalicia, Arturo Zaldívar. 

La demolición del Poder Judicial también debe ser realizada, a como dé lugar, en el ámbito de las 32 entidades federativas. Sin que nadie sepa todavía cuantos son los afectados, ni como se organizarán y desarrollarán las 32 elecciones, ni cuánto costarán.

Sin embargo, el auto de la 4T parece que no tendrá gasolina suficiente para llegar a la meta. Alguien dijo a la conductora que con 7 mil millones de pesos alcanzaba. Pero los mecánicos (INE) piden casi el doble. Supuestamente el dinero saldrá de los fideicomisos del PJF, pero de ahí también debe salir para liquidar a cientos de jueces y magistrados y a miles de trabajadores de ese Poder, cuyos derechos laborales “están garantizados”. En 2022 fue recortado el presupuesto para la revocación de mandato, el INE cumplió con realizarla con el dinero que la 4T autorizó. Cuando se conoció cuántos habían ido a votar, el hoy copiloto le echó la culpa al INE. 

Pero aún si la 4T aprueba 13,4 miles de millones de pesos adicionales para el INE (el total de gasto de ese Instituto sería en 2025 de más de 40 mil millones) eso no quiere decir que la jornada comicial del 2 de junio del año venidero vaya a ser un éxito. Lo previsible es que habrá una abstención aún mayor a la que vimos en 2022 en la revocación de mandato (85%) y que en las casillas habrá un caótico proceso. En las simulaciones más optimistas, cada elector tardaría un promedio de media hora para votar en las 6 boletas que recibirá. El caos se extenderá al escrutinio y cómputo de casilla, el llenado de las actas y el traslado de los paquetes electorales a las sedes del INE. Es un modelo diseñado por un aprendiz de brujo.

El diseñador decidió utilizar el sistema de listas cerradas y desbloqueadas. Cerradas porque el elector no puede agregar candidaturas a las listas, lo segundo porque en cada boleta deberá marcar y señalar orden de prelación a los nombres de los candidatos por los que vote. Por ejemplo, la boleta para ministros de la corte tendrá 81 nombres, de los que cada elector deberá seleccionar 5 mujeres y 4 hombres, señalando orden de prelación, del 1 al 5 y del 1 al 4. La boleta para jueces de distrito podría tener entre 200 a 400 nombres, el elector tendrá que escoger y dar orden entre ellos, por género. Cada elector recibirá 6 boletas. Con una participación del 15% promedio, en cada casilla votarían entre 16 a 20 personas, si cada elector se tarda media hora en llenar las 6 boletas, consumirán entre 8 a 10 horas. Si se tardan más, o votan más, habrá colapso.

Ante la pregunta de por qué hicieron eso, una respuesta posible es que el hoy ex presidente López Obrador nunca pensó que su iniciativa sería aprobada por el Congreso, así que toda locura era aceptada. Otros dicen que nunca leyó lo que firmó. No son contradictorias las versiones. Lo cierto es que quien firmó el mal diseño es hoy el copiloto del auto a exceso de velocidad. La conductora sigue sus instrucciones, sin tener idea a dónde van. 

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