Una vez confirmados varios casos de Covid-19 fuera de China, la alerta por parte de la Organización Mundial de la Salud (oms) ante una emergencia de salud pública de importancia internacional (espii) se activó, llegando finalmente a denominarse como «pandemia» a principios de marzo de 2020. Mientras el brote avanzaba con fuerza desde Asia, propagándose prácticamente a todos los países del mundo, América Latina miraba desconcertada la rapidez con la que los casos se multiplicaban, desbordando la capacidad de respuesta de los gobiernos y sus sistemas de salud, así como también provocando fuertes impactos sociales y económicos.

El 29 de febrero, tras la confirmación del primer caso importado con Covid-19 en Guayaquil, el gobierno ecuatoriano informó que se habían seguido todos los protocolos respectivos frente a esta enfermedad e implementado las medidas de prevención a escala nacional. La «paciente cero», quien se encontraba delicada de salud y en la Unidad de Cuidados Intensivos, finalmente falleció el 13 de marzo. El 16 de marzo, con 58 casos positivos, se implementó el estado de excepción con el propósito de contener la propagación del virus, permitiendo únicamente el funcionamiento de los servicios básicos: salud, alimentación, seguridad y servicios financieros, así como otros esenciales y estratégicos. Otras medidas adoptadas fueron las restricciones del transporte aéreo, terrestre y marítimo internacional desde y hacia el país. A pesar de estas decisiones gubernamentales, los casos positivos y fallecimientos como consecuencia del coronavirus fueron en aumento rápidamente, lo que generó que Ecuador apareciera en los titulares de la prensa internacional. Un reporte de The New York Times del 23 de abril determinó que «el número de muertos en Ecuador durante el brote está entre los peores del mundo».¹

Para entender la situación que atraviesa el país andino, que tiene una población de 17 millones de habitantes y una extensión de 256,370 kilómetros cuadrados, es importante considerar como punto de partida varios aspectos económicos y sociales. Durante el gobierno de Rafael Correa el país incrementó considerablemente el gasto público en virtud de los ingresos provenientes del aumento en el precio internacional del petróleo, materia prima que ha tenido una importante participación histórica en las exportaciones de este país. No obstante, se comenzaron «a registrar déficits permanentes a partir de 2009 que alcanzaron dimensiones preocupantes desde 2013, cuando el déficit superó los US$ 5,400 millones, y que en 2017 llegó a US$ 6,000 millones».² A esto se sumó la caída en los precios internacionales del crudo desde 2014. Ante esa situación, Ecuador adoptó varias medidas, como colocar bonos soberanos en el mercado internacional con tasas de interés elevadas, que complicaron el panorama económico en los años posteriores. Con la llegada al poder del presidente Moreno, el déficit fiscal era evidente y, desde 2017, se hablaba de la dura situación económica que estaba atravesando el país suramericano.³ Este fue uno de los factores decisivos que impulsó al gobierno a implementar medidas de ajuste –entre ellas reducir el gasto público–, así como también reestablecer las relaciones con el Fondo Monetario Internacional (fmi), obteniendo a inicios de 2019 un préstamo por US$ 4,200 millones y otro crédito por US$ 6,000 millones provenientes de organismos multilaterales.⁴

Según información del Banco Central del Ecuador, 2019 cerró con un crecimiento del Producto Interno Bruto (pib) de 0.1%, mientras que los índices de empleo no adecuado superaban el 56% de la población económicamente activa y los del desempleo bordeaban el 4%.⁵ El subempleo y desempleo crecientes en el país hacen que cada vez sea más difícil para las personas encontrar opciones laborales, por lo que un alto índice de la población vive «al día» con sus ingresos, es decir, de su trabajo diario.

Ciertamente, 2019 fue un año complejo en el ámbito económico. A las múltiples medidas de ajuste del gobierno central se sumó la propuesta de reducción y posterior eliminación de subsidios a los combustibles, lo que generó fuertes manifestaciones en octubre de ese año provocando que, finalmente, el presidente desistiera de esta medida. Asimismo, para finales de marzo de 2020, el país suramericano pagó US$ 326 millones de capital de bonos y logró aplazar el pago a acreedores internacionales por US$ 811 millones, en medio de la emergencia sanitaria y de la caída del precio internacional del crudo.⁶ Este pago se realizó –a pesar de las múltiples críticas– para evitar un default, según informó el Ministro de Finanzas, Richard Martínez.⁷

Por otra parte, es transcendental examinar el sistema de salud ecuatoriano. Según el Plan Anual de Inversiones 2017-2019, la inversión en el área de salud pasó de US$ 306 millones en 2017 a US$ 201 millones en 2018 y a US$ 110 millones en 2019; es decir, se documentó una reducción del 64.05% del presupuesto, lo que equivale a US$ 196 millones menos en personal, equipamiento e infraestructura de salud.⁸

A la par, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (inec) identifica que, de 634 establecimientos de salud a nivel nacional, el 29% corresponde a instituciones públicas⁹ y que el sistema contaba, en 2018, con 22 médicos por cada 10,000 habitantes –cuando el mínimo establecido por la oms es de 23– y tenía 1,183 camas de cuidados intensivos a escala nacional.¹⁰ Este mapa general nos permite comprender las difíciles condiciones económicas y sociales con las cuales Ecuador ha tenido que hacer frente a esta pandemia.

De igual manera, para entender por qué nuestro país es uno de los más afectados por la pandemia en la región, es preciso señalar varios puntos. Al inicio de la epidemia, uno de los problemas principales que tuvo que enfrentar Ecuador fue la poca capacidad de realizar un gran número de pruebas de diagnóstico molecular conocidas como rt-pcr. Diariamente se procesaban 400 mientras que, para finales de abril, el número ascendió a 13,000.¹¹ También hubo demora en la adquisición de pruebas de diagnóstico relacionadas con el Covid-19. Estos factores provocaron un alto índice de muestras represadas que fueron finalmente analizadas el 24 de abril, incrementando los registros en más de 10,000 casos positivos. En este sentido, y por la experiencia de otros países, la oms ha recomendado hacer el mayor número posible de rt-pcr, puesto que esto permite aislar a las personas contagiadas y así evitar una mayor propagación del virus. De igual manera, se identifica un alto porcentaje de contagios en el personal médico –quien se encuentra en la primera línea– puesto que no cuenta con los insumos suficientes y apropiados para atender a los pacientes con Covid-19. Esto generó protestas por parte del personal de salud, quien solicitaba materiales y equipos de bioseguridad para poder realizar su trabajo, evitando así los contagios.

Tras la declaratoria de estado de excepción, el gobierno nacional empezó a transmitir diariamente informes oficiales con el propósito de que la población conociera los casos confirmados, descartados, fallecidos y recuperados. En un inicio, lo que preocupaba a la ciudadanía era que, mientras las cifras de contagiados y fallecidos crecían exponencialmente, los recuperados eran mínimos. En ese sentido, se cambió el detalle en los informes de «recuperado» a «con alta hospitalaria», lo que permitía evidenciar que sí existían personas que se estaban recuperando de la enfermedad. Sin embargo, diariamente se observaba en los noticieros y redes sociales la desesperación de las personas al tener cadáveres por varios días en sus domicilios y en las calles. Esto, no solo por el shock emocional de perder un familiar y no poderlo despedir, sino también porque las instituciones encargadas del levantamiento y entierro de cadáveres tardaban mucho tiempo en hacerlo, provocando múltiples cuestionamientos por parte de la población y medios de comunicación nacionales e internacionales sobre cómo el gobierno ha manejado la epidemia.

A eso se suma el hecho de que, dentro de los datos oficiales, constan dos campos diferenciados pero con una íntima relación: uno de personas fallecidas y otro de fallecidos probables por Covid-19 que prácticamente duplica la cifra oficial de difuntos. Es decir, mientras las cifras del gobierno registran a los fallecidos por Covid-19, existe otro reporte de muertos probables por esta enfermedad a quienes no se les realizó un examen previo. Esto, sin contar una tercera cifra manejada por el Registro Civil, Cedulación e Identificación que responde al total de fallecidos en la provincia de Guayas durante el 2020 versus el año anterior. Esta institución refleja que, entre marzo y abril de 2019, en esa provincia murieron 3,771 personas y, en el mismo periodo de 2020, fallecieron 13,162, lo que genera una diferencia de 9,391.¹² No se puede afirmar que estas personas murieron por coronavirus puesto que no se les realizaron exámenes de esta enfermedad. Empero, dada esta cifra atípica de fallecidos se infiere que, además de las muertes regulares, estaría la epidemia del coronavirus. Cabe señalar que en el informe gubernamental del 30 de abril se reportaron 900 personas fallecidas por Covid-19 y 1,453 fallecidos probables por esta enfermedad a nivel nacional.¹³

El alto número de fallecidos en la ciudad de Guayaquil, en la costa del país, ha generado una problemática adicional: personas que no encuentran en los reportes oficiales de defunciones a sus familiares y que reclaman los cuerpos en morgues y hospitales. La capacidad de las funerarias también colapsó, lo que evidencia problemas sustanciales en la estructura del sistema de salud pública. Hoy en día, esta ciudad contabiliza más muertos por coronavirus que países enteros, y si se considera el número de fallecidos per cápita, Ecuador se convierte en el país con más decesos de la región.

A la par, el registro de los datos oficiales genera confusión y dudas a la población puesto que, además de lo arriba señalado, el 27 de abril hubo un cambio en la metodología de consolidación y reporte de las cifras donde, por ejemplo, se redujeron drásticamente los casos en Manabí, pasando de 1,869 a 514.¹⁴ Según declaraciones gubernamentales, este cambio se debe a que los informes, desde la fecha señalada, reportan únicamente los datos de las pruebas que dan certeza del diagnóstico (pcr), las cuales tienen homologación internacional. Esto ha provocado que la población no confíe en las cifras oficiales, principalmente por el desfase en las cifras de fallecimientos.

A esto se suma la indisciplina social, traducida en el irrespeto al toque de queda y medidas de confinamiento. La desigualdad económica con altos índices de pobreza que tiene el país habría ahondado la propagación del virus, puesto que las personas que no tienen un empleo adecuado deben buscar su sustento diario en las calles (ventas ambulantes), lo que provoca que no cumplan con las medidas de confinamiento adoptadas por el gobierno. Por ejemplo, a principios de mayo se reveló que alrededor del 75% de personas infectadas en Quito¹⁵ rompieron la cuarentena y salieron a las calles. De igual manera, muchas personas que llegaron del exterior no respetaron el cerco epidemiológico y tampoco hubo un adecuado seguimiento de los turistas que llegaban al país durante el primer trimestre. Frente a esto, poco han servido las restricciones de circulación y toque de queda puesto que el contagio en Ecuador ya es comunitario. A pesar de los controles policiales en las calles, se evidencian todos los días vehículos y personas en los mercados y comercios que se encuentran abiertos, como un día cercano a lo normal. Una de las causas de esto es que las personas que viven del comercio y del trabajo informal requieren salir a trabajar para obtener ingresos para su alimentación y subsistencia.

Por su parte, el Gobierno se encuentra ejecutando el «Plan Nacional de Alimentación» destinado a brindar ayuda a los sectores más vulnerables de la población, a quienes se prevé distribuir raciones alimenticias sin que se haya anunciado la cantidad de hogares beneficiados. Adicionalmente, se estaría entregando un bono de US$ 60 a cerca de 950,000 personas de ingresos muy bajos con el propósito de apoyar la economía familiar.¹⁶ Esta es una medida gubernamental imprescindible en este momento debido al alto porcentaje de población que vive en condiciones de pobreza y subempleo en el país.

Es importante señalar que, a pesar de los datos oficiales de positivos y fallecimientos, el gobierno anunció el 24 de abril que una vez que se hayan estabilizado los casos positivos de Covid-19, se pasará del «aislamiento» al «distanciamiento social», donde se utilizará un sistema de semaforización (rojo, amarillo y verde) para que cada alcalde decida el color que le asigna a su ciudad para –de esta manera– habilitar o prohibir la circulación de las personas y levantar poco a poco las restricciones de las actividades comerciales y laborales. Esta medida, en lugar de tranquilizar a la población la ha alarmado, puesto que existe la percepción de que el país no está preparado para pasar a la fase de «distanciamiento social». Hay que agregar que los municipios o gobiernos locales no tienen competencia o rectoría sobre la salud por cuanto –en varios casos– las alcaldías no han aceptado esta medida, devolviendo al gobierno central la decisión sobre el fin de la etapa del confinamiento. Como se mencionó anteriormente, un alto porcentaje de la población ha incumplido la cuarentena, inclusive con diagnóstico positivo de coronavirus. En ese sentido, ¿qué asegurará que las personas cumplan con el distanciamiento social? Frente a esto, varios médicos y académicos se han manifestado, señalando que no es pertinente que el país pase a esta fase. Lo cierto es que el panorama de la pandemia es aún incierto en nuestro país y preocupa sobre manera a la población.

Otro aspecto a tomar en consideración dentro de la pandemia –y que constituye un reto para muchos países de la región y del mundo– es la violencia de género, puesto que la mayoría de mujeres víctimas de violencia hoy en día están confinadas con sus agresores, donde su vida, integridad física o psicológica se encuentran en constante peligro. Ecuador no es ajeno a esta realidad: hasta el 12 de abril, se habían recibido 6,819 llamadas por violencia de género en cuarentena.¹⁷ Desde el inicio del confinamiento se activó un protocolo de auxilio para víctimas de violencia de género; no obstante, en un país con altos índices de machismo, es imperativo que se adopten medidas eficaces que permitan una verdadera prevención, respuesta y apoyo por parte del gobierno y la sociedad. Las mujeres se enfrentan hoy en día a una doble pandemia donde el aislamiento se convierte en el escenario perfecto para perpetrar el abuso.

A la creciente crisis social se suma el anuncio gubernamental referente al recorte presupuestario del Sistema Nacional de Educación por US$ 98 millones¹⁸ debido a la disminución de la recaudación fiscal y que afecta a 32 universidades y escuelas politécnicas del país. Esta medida, que podría ser inconstitucional de acuerdo a lo establecido en el Art. 165 de la Constitución de la República que prescribe que, en estado de excepción, se podrán «utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación»,¹⁹ viola los artículos 33 y 20 de las leyes orgánicas de Educación Superior e Intercultural. Este hecho fue muy criticado por diversos sectores y actores puesto que se pone en juego el derecho a la educación.

Ecuador enfrenta hoy en día grandes retos, principalmente económicos y sociales, que pronostican un panorama complejo a corto y mediano plazo. A nivel económico, el precio internacional del crudo ha caído a los valores históricos más bajos, provocando que se dejen de recibir importantes ganancias, puesto que los «ingresos fiscales dependen directamente del valor de sus exportaciones de crudo».²⁰ A esto se suma la reducción en la salida de divisas y recaudación tributaria, los créditos adicionales que tuvo que adquirir el gobierno para hacer frente al déficit fiscal, la caída de otras significativas exportaciones de materias primas como rosas, banano, cacao y camarón, y el quiebre de pequeñas y medianas empresas. En el ámbito social, se evidencia un sistema de salud insuficiente, alto porcentaje de subempleo y un sistema educativo que se verá afectado debido a la abrupta reducción del presupuesto asignado para este año, entre otros.

El contagio por coronavirus se percibe como agresivo y asusta a la población en general, puesto que es una enfermedad que no discrimina socialmente. En ese sentido, existen muchas dudas e incertidumbre sobre lo que ocurrirá en el país suramericano en materia económica y social puesto que esta pandemia lo ha golpeado profundamente. La gente considera que no es momento de pasar a la fase del distanciamiento social y que es imperativo que el gobierno encuentre la manera de brindar información veraz, así como adoptar medidas que permitan reactivar la economía, generar empleos y mejorar el sistema de salud, una vez superada la cuarentena.

Finalmente, el coronavirus ha develado importantes aspectos que deberán ser prioridad en la agenda gubernamental ecuatoriana, entre los cuales se pueden señalar: reducir las grandes brechas sociales, reactivar la economía, fortalecer el sistema de salud pública en varios ámbitos (personal, infraestructura y equipo médico) e incrementar el aporte a la ciencia e investigación científica. A pesar de su historia, Ecuador continúa sin priorizar aspectos claves como la educación y la salud dentro de sus políticas públicas, factores que en estos momentos habrían sido determinantes para hacer frente a una pandemia que dejará importantes fracturas en el país. Pero, sin duda, las más profundas son las familias que han perdido seres queridos.