Sin duda que es importante el debate sobre una posible reforma, constitucional o legal, al estatus jurídico de la policía federal, a la que se bautizó en 2019 como Guardia Nacional. De igual importancia es la discusión sobre la intención presidencial para que mediante un acuerdo administrativo, de su exclusiva responsabilidad, proceda el cambio de adscripción de esa policía civil desde la Secretaria de Seguridad a la Secretaría de la Defensa Nacional, con lo que pretende cubrir con un manto de legalidad a lo que de facto viene ocurriendo desde 2019.

El problema de este debate es que se produce en un enorme vacío. No hay sobre la mesa ninguna iniciativa de reforma constitucional, iniciativa de reforma legal o proyecto de acuerdo del titular del Poder Ejecutivo federal para concretar sus anunciadas intenciones; lo que sabemos es que en el desfile del 16 de septiembre próximo, la Guardia Nacional tendrá el contingente más grande y la seguridad pública será el motivo de la parada militar.

Debatir sobre el desfile es posible, pero es irrelevante.

Coincido con los numerosos juristas que afirman que el cambio de estatus de la Guardia Nacional no es posible sin una reforma constitucional que explícitamente derogue o cambie la norma del artículo 21 de la Carta Magna que adscribe esa policía civil “a la secretaría del ramo de seguridad pública”. Derogar esa frase o cambiarla para escribir ahí “a la secretaría del ramo de defensa nacional” no resuelve el fondo del problema, pues en la propia Constitución sigue escrita la norma por la cual “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.” (Art. 129)

Que en el actual gobierno la norma del artículo 129 sea vulnerada, de manera generalizada y cotidiana, no resta vigencia ni mucho menos deroga esa base constitucional, en la que descansa el carácter civil del Estado mexicano. La exigencia y reclamo de quienes no compartimos el despliegue inconstitucional de elementos militares en puestos y tareas que corresponde a los civiles, es por lograr que la realidad se apegue a la norma, no que ésta cambie para subsanar la continuada violación constitucional.

Algunos expertos en asuntos de las Fuerzas Armadas hacen notar el problema que se presentará a inicios de 2024 cuando los militares tengan que retirarse de tareas de seguridad pública, por cumplirse el plazo establecido en el artículo quinto transitorio del decreto de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional. Es todo un tema.  Es obvio que de hoy al cumplimiento de ese plazo no existen condiciones para que ese retiro se produzca sin antes tener resuelto un cúmulo de problemas que por omisión o decisión no han sido atendidos.

Sin embargo, si el diálogo se utiliza y la buena fe impera, sería posible alcanzar un acuerdo en el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales para la extensión de ese plazo, mediante la reforma exclusiva de ese artículo quinto transitorio, sin cambiar la naturaleza civil y adscripción administrativa de la Guardia Nacional. Ese acuerdo legislativo podría estar enmarcado en otras acciones que atiendan y enfrenten la crisis de seguridad pública en que se encuentran extensas zonas de México.

Hay otro ámbito en que pesa mucho lo que no se hizo, a pesar de tener un mandato plasmado en otro artículo transitorio del mismo Decreto de reforma constitucional antes mencionado. Me refiero a que el mayor déficit de la estrategia instrumentada desde la reforma de 2019 está en el incumplimiento del gobierno federal de su obligación de otorgar recursos presupuestales, materiales y de respaldo para la capacitación y fortalecimiento de las policías preventivas estatales y municipales.

Los que de seguridad pública saben afirman que sin policías de proximidad, suficientes, capacitadas, confiables para la población, la Guardia Nacional seguirá siendo insuficiente e ineficiente. Mover a los policías de esa Guardia con los mismos criterios y lógicas propias de la movilización de tropas militares ha sido inútil. El error más grave que se ha cometido es el de creer que una Guardia Nacional grandota es la solución. No ha sido así, y nada indica que el remedio sea hacer todavía más grande lo que no funciona.

La opción a la mano es trabajar desde el municipio, para en ese terrero empezar el cambio en la estrategia de seguridad pública, eso requiere cumplir el mandato constitucional de apoyar y capacitar a los policías municipales, para de ahí subir pronto y bien al ámbito de las policías estatales.