Un gobierno democrático tiene como base a la igualdad. Este principio se materializa en la universalidad del sufragio, pues cada persona tiene el mismo poder de decisión al momento de elegir a quienes habrán de ser sus representes. Asimismo, esta igualdad se manifiesta en la posibilidad que tienen las personas de ser votadas para ocupar un cargo de elección. Sin embargo, la configuración de este principio, a través del sistema electoral, resulta en un entramado de reglas, instituciones y procesos que requieren conocimientos técnicos y experiencia que, en la mayoría de los casos, son ajenos a la ciudadanía.

Las dificultades propias para ejercer los derechos en el sistema electoral se ven agravadas cuando los actores políticos e instituciones actúan en contravención a las normas y violan los derechos de la ciudadanía, siendo que las afectaciones que producen tienen consecuencias más drásticas en ciertos sectores de la población que se encuentran desaventajados y con menor representación en los puestos de toma de decisiones. Por estas razones es necesario que las autoridades electorales emprendan acciones concretas para nivelar las condiciones de desigualdad y garantizar que aquellas personas con menos poder puedan acceder a la justicia electoral para defender sus derechos y asegurar que se reparen las violaciones cometidas.

Es a partir de esta exigencia de igualdad que ha surgido la necesidad de deconstruir la forma de cómo hemos impartido justicia a fin de garantizar los derechos de las personas a votar y ser votadas en condiciones que les permitan participar efectivamente en la vida democrática del país. La resolución de los casos relacionados con paridad, violencia política de género, personas de la diversidad sexual y de género, migrantes, con discapacidad, en situación de cárcel; así como de los pueblos y comunidades indígenas, ha demostrado el compromiso para hacer realidad el derecho de acceso a la justicia y, con ello, garantizar que el ejercicio del poder público sea respetuoso del principio de igualdad en el sentido de que todas las personas puedan participar en la toma de las decisiones que tienen impacto en sus contextos.

Por ello defiendo la necesidad de fortalecer a la justicia electoral dado que constituye una garantía para asegurar que quienes se encuentran en condiciones de desventaja puedan hacer valer su voz y con ello cumplir con el principio fundante de la democracia que es la igualdad para participar en la toma de decisiones. Sin la justicia electoral impartida con enfoque intercultural y de género, el reconocimiento de derechos y las medidas de igualación establecidas en las normas quedan incompletas, pues hacen falta las condiciones materiales que permitan a la ciudadanía en situaciones de vulnerabilidad beneficiarse de esos avances normativos.

La complejidad que implica el funcionamiento de un sistema democrático es consecuencia de la diversidad de realidades e intereses que tienen que encontrar representación en el gobierno y que muchas veces involucran visiones en conflicto que deben ser atendidas y procesadas para que efectivamente pueda considerarse que un país se rige como una democracia. Un problema importante en la atención a ese contraste de intereses y realidades es que no todas las personas cuentan con las mismas posibilidades de hacer valer su voz en las mismas condiciones.

La desigualdad en la atención y representación de necesidades e intereses requiere que los gobiernos, para que puedan ser considerados verdaderas democracias, tomen acciones para nivelar las condiciones para la participación política en beneficio de aquellas personas cuya voz no alcanza a ser escuchada. Si no se considera a quienes no tienen el poder, se abandona el principio de igualdad y, por tanto, el gobierno deja de ser una democracia.

En el caso de México, hemos participado de una revolución en las condiciones que establece el sistema electoral para garantizar el principio de igualdad. Tanto en las leyes como en las acciones de las autoridades electorales, se han producido cambios trascendentes para crear posibilidades que permitan participar en la toma de decisiones a aquellas personas que históricamente habían quedado fuera de la dirección de los asuntos públicos y que no habían encontrado representación a sus necesidades y, con ello, hacer más democrático al gobierno.

El reconocimiento de la autonomía de las comunidades y pueblos indígenas, el establecimiento de la paridad entre hombres y mujeres para la integración de los órganos de gobierno y las cuotas de representación son ejemplos de cambios normativos para asegurar la participación efectiva de sectores de la población que habían quedado fuera de la toma de decisiones en el país. 

En paralelo a estas reformas, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral han realizado ajustes para incluir a más grupos que no habían alcanzado a ser representados. Para ello, los órganos electorales, en el ámbito de sus competencias, han establecido diferentes acciones afirmativas para crear condiciones de igualdad que permitan la participación política de las personas residentes en el extranjero, de aquellas que se encuentran privadas de su libertad, que forman parte de grupos de la diversidad sexual y de género, así como de las personas con discapacidad.

Todos estos cambios han sido la consecuencia de diferentes luchas y movimientos por la igualdad que han logrado visibilizar la necesidad de garantizar la representación política de estos grupos y que han logrado modificar al sistema electoral de diferentes maneras para asegurar su representación. No obstante, las reglas y mecanismos que se han creado no están exentos de la complejidad misma que caracteriza a nuestro sistema jurídico.

Frente a esa complejidad, no basta con crear acciones afirmativas y reconocer derechos, sino que es necesario que existan garantías para que esa representación alcanzada en las normas se materialice en la realidad. Entender esta situación implica reflexionar a profundidad sobre la forma como opera la desigualdad al limitar o cancelar las posibilidades de las personas de responder frente a la violación a sus derechos político-electorales.

Quienes menos poder y representación tienen, son quienes menos posibilidades tienen de operar en el sistema electoral. Esto es lo que significa considerar a esta desigualdad como un problema estructural. La exclusión y violación a derechos no se limita a casos aislados, sino que sistemáticamente surgen barreras que restringen las posibilidades de acceder al ejercicio igualitario del poder público. 

Estas barreras incluyen desde la complejidad de todos los procesos para participar en una contienda electoral, la cantidad de conductas reguladas, de requisitos para involucrarse en un proceso electoral y hasta los diseños del sistema que no se pensaron, desde necesidades que no estaban representadas en el momento de su creación, como aquellas que enfrentan las mujeres, las personas con discapacidad, migrantes, de la diversidad sexual y de género, así como de los pueblos y comunidades indígenas. 

Esta falta de equidad en la participación electoral contraviene los principios de igualdad política y de representación. Si los grupos excluidos por razones históricas no pueden defender sus derechos político-electorales para ejercerlos efectivamente, será poco probable que las y los gobernantes electos atiendan sus necesidades. 

Vislumbrando el problema estructural que genera la desigualdad para el ejercicio de los derechos político-electorales, es que debe surgir una respuesta institucional que aminore los efectos de esa desigualdad. 

La justicia electoral es indispensable para que la desigualdad no se mantenga como una barrera que impida que las personas defiendan sus derechos. Fortalecerla es un vehículo para que las personas con mayores necesidades puedan plantear sus reclamos frente a la complejidad del sistema electoral. 

Como señalé al principio, la igualdad es la base de un gobierno democrático. Por tanto, es prioritario que las capacidades institucionales se destinen para combatir las condiciones de desigualdad. Ese es el compromiso que se requiere para construir un país en democracia. En el caso de México, hemos avanzado mucho en el reconocimiento de las deudas en materia político-electoral con grupos de personas que históricamente quedaron fuera de la participación pública. 

No obstante, para que ese reconocimiento se traduzca en que esas voces sean escuchadas, aún nos falta mucho trabajo desde las autoridades del Estado para asegurar que nadie sea silenciado por su contexto.