Cuando la situación exigiría o exige la cohesión de la sociedad, en México la epidemia ha dado pie para una peligrosa polarización. Los desplazados por las elecciones de 2018 ven llegada la hora de cobrar el agravio y, por su parte, el causante de sus iras aporta motivos abundantes para el enojo.

Además de los esperables adversarios del actual gobierno, no pocos de quienes votaron por él muestran ahora decepción y hasta enojo por actitudes y declaraciones del presidente. A los anteriores se suman periódicos y periodistas, la mayoría de ellos desde siempre malquerientes de AMLO y otros, quizá los menos, que fueron igualmente filosos contra los gobiernos del PRI y del PAN, lo que no ha impedido que Ya Saben Quién los meta en el mismo saco que a los demás, frecuentemente etiquetados de fifís o de corruptos.

La comentocracia no ha escatimado juicios negativos y ha sido causa de más de un entripado en Palacio Nacional. Pero la respuesta no se ha hecho esperar. Es más, cada mañana se abre un nuevo frente para combatir a herejes y apóstatas, los que automáticamente pasan a ocupar un sitio en la galería de enemigos del gobierno, aunque no sean eso precisamente.

Las excomuniones se han repartido con largueza, pero un blanco frecuente ha sido el diario Reforma, que ciertamente ha cargado las tintas, pero a fin de cuentas lo ha hecho en el ejercicio de la libertad de expresión. En la acera de enfrente no hay tampoco benevolencia. Contra cada uno de los excomulgados se lanza feroz una jauría fanática, bien dispuesta a levantar hogueras para los herejes y cadalsos para los enemigos que cotidianamente se fabrica el gobierno.

La guerrita que se desenvuelve en redes sociales es lamentable y atiza la discordia, pero peor es la que cobra materialidad en otras actitudes. Por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCC) presentó al gobierno sus propuestas para superar los problemas derivados de la pandemia.

Para empezar, el CCC plantea «proteger el empleo, los salarios y los ingresos de las familias mexicanas durante los próximo 90 días» (el documento se dio a conocer el 7 de abril). La pregunta obligada es: ¿y después de los 90 días? Otra propuesta es apoyar a las pequeñas y medianas empresas garantizándoles liquidez para sortear la crisis y la tercera proposición es promover un diálogo nacional. Hasta ahí todo parece razonable.

Luego, el CCC dice que no pide reducción de impuestos, pero demanda diferir la declaración fiscal de 2019 y el correspondiente pago durante seis meses o autorizar que el impuesto se entere en 12 mensualidades y sin recargos, y a la vez disminuir los pagos provisionales de 2020, además de autorizar que se haga en 12 parcialidades; pero eso sí, se pide establecer un procedimiento expedito para la devolución de IVA, entre otros beneficios, para que los negocios puedan contar con liquidez y se proteja el empleo.

A continuación, está el paquete de medidas a cumplir por las empresas para proteger a las más débiles, lo que está muy bien, pero que no forma parte del actual diferendo con el gobierno y, además, como señala el economista Juan Castaingts, se queda en buenos deseos, carece de estudios que lo avalen e ignora los alcances de la crisis que se nos viene en México y a escala planetaria, en especial lo referente al alto grado de concentración del ingreso y «el lento crecimiento que genera».

En lo que se refiere a las fuentes de financiamiento, agrega Castaingts Teillery, el CCC –al igual que el gobierno– nada dice del oligopolio bancario que opera en México, de sus elevadas tasas de interés, «muchísimo más altas que en los países desarrollados», ni de las comisiones que cobran y que son «una verdadera estafa», todo lo cual se confabula contra el crecimiento de la producción.

Lo que resulta obvio es que ni el sector empresarial ni la llamada clase política parecen atisbar los enormes y profundos cambios que inevitablemente se producirán en el mundo, cambios que arrastrarán a las economías dependientes, como la mexicana. Todo indica que la crisis sanitaria es el requiescat del neoliberalismo, que ya no da para más. El futuro lo determinarán las grandes potencias, pero las economías subordinadas pueden influir en los términos de ese eventual porvenir.

Para Andrés Manuel López Obrador el frente empresarial no es el único con el que deberá bregar. Con muy poco aprecio por la estabilidad política, cuatro gobernadores anunciaron a mediados de abril que se retirarían del Pacto Fiscal si el gobierno federal no les «regresa» lo que pagan y que ahora se va hacia el Sureste del país. Los mandatarios estatales que están en pie de guerra son Enrique Alfaro, de Jalisco, quien llegó al poder con los colores de Movimiento Ciudadano; el de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, del PAN; el de Nuevo León, Jaime Rodríguez, más conocido por el remoquete de El Bronco, quien se dice «independiente», aunque cuenta con poderosos padrinos; y el priista Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila.

Por supuesto, tras de la presunta rebelión están organismos patronales como la Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas, que amaga con no pagar impuestos al gobierno de la República, ni las facturas de la Comisión Federal de Electricidad ni las cuotas del Seguro Social y el Infonavit y, de paso, tampoco los impuestos estatales y municipales, con lo cual la derecha se da un balazo en el pie, además de que las amenazas –de cumplirse– se llevarían entre las patas a los propios empresarios, que se quedarían sin electricidad ni otros servicios.

Pero lo que está detrás de la alianza entre los citados gobernadores del norte es el viejo planteamiento separatista (Remember Texas & Santa Anna) que, júrelo usted, se activará si fracasa la alianza de los partidos opositores que el año próximo se proponen quitarle la mayoría a Morena «para sacar a AMLO del poder» y, si no se puede, ya circulan en redes sociales otros «remedios» para «tirar a AMLO», como «un levantamiento en armas» que «debe ser apoyado por el Ejército».

Los gobernadores de la coalición santanista, los empresarios rebeldes y los promotores de una salida violenta están jugando con fuego. Quieren repetir el experimento golpista de Bolivia porque, a semejanza de Evo Morales, López Obrador cuenta con muchos simpatizantes –por lo menos la mitad de los ciudadanos–, pero no con una fuerza organizada para hacerle frente a cualquier eventualidad.

Por lo mismo, parece llegada la hora de poner orden en Morena y convertir ese amasijo político en un verdadero partido, con principios y metas claras, con estatutos de acatamiento obligatorio y una estructura interna que garantice disciplina, movilización social y, de ser necesario, una suficiente organización para defender la legalidad.

Si los defensores de la 4T se preparan adecuadamente, la derecha tendrá que pensarlo mucho antes de pasar a vías de hecho porque, si pierde, no sería extraño que viéramos una verdadera reforma fiscal: que se cancelara el anticonstitucional Fobaproa-IPAB, que se acotara severamente la expoliación que ahora realizan los bancos y se adoptaran otras medidas para enfilar a México hacia un estado de genuina justicia social.

La pandemia de Covid-19 nos reserva más sorpresas de las previsibles.