El 15 de junio pasado, por seis votos a favor y cinco en contra, el Consejo General del INE declaró la validez de las elecciones para ministros de la SCJN. Transcribimos 

partes de las intervenciones de los cinco consejeros que votaron 

por declarar la invalidez de esa elección. 

Con similares argumentos, el lunes 16 de junio, los mismos cinco consejeros votaron 

por negar validez a las demás elecciones para cargos en el Poder Judicial Federal*

Arturo Castillo: Esta elección también trajo de vuelta prácticas profundamente antidemocráticas que creíamos desterradas de nuestro sistema electoral, como se verá, por ejemplo, en el cómputo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 818 casillas se acreditó plenamente una o más de las siguientes irregularidades: la inexplicable participación del 100 % o más de los electores, boletas no extraídas de la urna, casos de candidaturas que obtuvieron el 100 % de los votos en casillas y lista nominal, tiempos de votación muy superiores al periodo de recepción de votos y evidente inducción al voto mediante el uso de acordeones.

Si bien estos casos representan un porcentaje relativamente bajo del total de casillas instaladas, apenas el 0.97 %, se trata de conductas y circunstancias sumamente graves que vulneran directamente la certeza de que los votos emitidos en esas casillas reflejen la voluntad ciudadana. De ahí que, como se precisa en los proyectos, resulta inviable sumarlas al cómputo final.

Y, por último, a la mitad de esta intervención, quiero referirme al elefante en la sala del que nadie quiere hablar: los llamados acordeones. El problema es evidente: la totalidad de las candidaturas ganadoras en los órganos nacionales –esto es, en la Suprema Corte, en el Tribunal de Disciplina Judicial, en la Sala Superior y en cuatro de las cinco Salas Regionales del Tribunal Electoral, con excepción de la Sala Regional Toluca–, coinciden con las promovidas en los llamados acordeones. Si se tratara solamente de una campaña improbablemente exitosa, estaríamos frente a un reto de fiscalización que, por supuesto, subsiste, pero se trata de otra cosa, se trata de posible propaganda ilícita pagada con recursos prohibidos y distribuida en gran parte del territorio nacional. Veintidós de las veintiocho candidaturas que se encuentran en este supuesto, se deslindaron de los llamados acordeones. Por lo tanto, sólo puede entenderse que estos fueron pagados con recursos de terceros y por ende prohibidos en esta elección por el artículo 96 constitucional. 

En los expedientes de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral constan denuncias por la distribución de por lo menos treinta y siete modelos distintos de acordeones presuntamente distribuidos en quince entidades de la República, e incluso algunos a nivel nacional. En los informes de los consejos locales se da cuenta de la distribución de éstos en cinco estados más y, hasta ahora, en las quejas de la Unidad Técnica de Fiscalización se denuncia el uso de acordeones en tres entidades adicionales. Más aún: seis de estos acordeones, incluidos los nacionales, ya fueron motivo del dictado de medidas cautelares y de la tutela inhibitoria que dictó este Consejo General, es decir, existen indicios documentados de la distribución generalizada de estos acordeones. Si bien se trata de diversos modelos de acordeón, en su mayoría promueven a las mismas candidaturas ganadoras en los cargos nacionales y en las cuatro salas regionales. 

En los cargos nacionales, las candidaturas ganadoras estaban incluidas, en promedio, en el 80 % de los acordeones, y en los cargos de las salas regionales la coincidencia es del 85 % en promedio; esto constituye un indicio de que, a pesar de las diferencias entre los distintos acordeones, se trató de una estrategia propagandística dirigida intencionalmente a beneficiar a las mismas candidaturas. 

Si todo esto se llega a acreditar en sede jurisdiccional, estaríamos hablando, entonces, de una afectación directa a la equidad en la contienda en virtud de la distribución generalizada de propaganda ilícita a favor de candidaturas determinadas. Más aún, podría actualizar el supuesto de nulidad previsto en el artículo 77, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativo a acreditar el uso de financiamiento público o privado, cuestión que conoceremos una vez que concluya el proceso de fiscalización en julio próximo. 

Y dado que el resultado de la elección en estos cargos es idéntico al contenido de la propaganda denunciada, también parece haber un indicio fuerte de que su distribución pudo haber sido determinante para el resultado de estas elecciones. Todos estos elementos, indicios y procedimientos pendientes, para ser exacto, me generan, al menos a mí personalmente, una duda razonable sobre la validez de estas siete elecciones.

Martin Faz: De una revisión puntual del sistema de información sobre el desarrollo de la jornada electoral, del sistema de cómputos distritales del proceso electoral, así como de los expedientes de casilla remitidos por los 332 órganos desconcentrados del Instituto, se advirtió la presencia de irregularidades graves y dolosas en mil 322 casillas del total de las elecciones, que equivalen a 5479 actas de diversas elecciones en los treinta y dos estados que, por su propia naturaleza, impiden su incorporación en la sumatoria al cómputo nacional. 

Las irregularidades encontradas y documentadas en las seis elecciones federales pueden clasificarse en cinco supuestos generales. El primero refiere irregularidades encontradas en setenta y siete actas de las distintas elecciones, dentro de diversas casillas con votación superior o igual al 100 % del listado nominal.

El segundo supuesto comprende el hallazgo de boletas sin marca de doblez. En 3328 actas de las diversas elecciones se encontraron boletas que ya venían marcadas con votaciones, ya sea por funcionarios o por gente ajena a la casilla, o bien, durante los cómputos se advirtieron boletas que no fueron dobladas y, por ende, no pudieron haber sido depositadas en las urnas. 

Si bien en los lineamientos para la preparación y desarrollo de los cómputos, en su apartado 4.6, se estableció el procedimiento para la invalidez de dichas boletas, es claro que la sola aparición de tal tipo de boletas comporta necesariamente el indebido manejo y manipulación de la urna, lo cual constituye un vicio irreparable de la integridad en la urna en su totalidad. 

El tercero tiene que ver con un supuesto de razonabilidad que analiza el número de electores que era posible que ejercieran su voto –considerando el tiempo invertido en su realización debido a la complejidad en el número de elecciones y candidaturas que aparecían en las boletas–, que si bien en ejercicios pilotos que fueron realizados por esta autoridad arrojaban un tiempo promedio estimado, en los hechos quedó demostrado que superó tales estimaciones. 

Considerando un promedio más bien bajo de doce minutos por persona, a un ritmo ininterrumpido entre electores, y con atención al número de espacios de votación disponibles —que podían variar de acuerdo al listado nominal de cada casilla seccional—, a partir de más del 50 % de asistencia resulta inverosímil, bajo las reglas de la sana lógica y la experiencia, que este número de ciudadanos haya podido pasar a la mampara a marcar sus boletas y, posteriormente, introducirlas en la urna, teniendo en cuenta que no hubo casilla alguna que hubiera recibido votación por más de quince horas. Ese análisis arrojó la cantidad de 1968 actas de las diversas elecciones federales realizadas. 

El cuarto supuesto versa sobre las conocidas como “casilla zapato”. En ellas encontramos veintiocho actas de diversas elecciones en las que todos los votos depositados fueron sufragados por una misma candidatura. Finalmente, si bien detecté 1056 actas de diversas elecciones donde tanto en el SIJE como en los expedientes se reportaron actividades de uso ilegal, y/o reparto de propaganda en forma de acordeones, sólo se acreditaron, para los efectos de este dictamen, setenta y ocho casos donde no se emprendieron acciones para mitigar actos el día de la jornada. 

Si bien desde mi perspectiva se debieron tomar todos los casos, debido al impacto e incidencia en la equidad de la contienda que tuvo la distribución de los acordeones, acompañaré el proyecto en espera de que las investigaciones en las quejas presentadas encuentren los elementos suficientes para sancionar y mitigar, en futuras elecciones, la repetición de estos actos. 

En síntesis, las anomalías encontradas y documentadas revelan la existencia de votos en las urnas violatorios de las características fundamentales del voto: ser libres y auténticos. 

Claudia Zavala: Ha sido lamentable constatar que, en este primer ejercicio de elección popular de personas juzgadoras, se hayan registrado una serie de prácticas y conductas corruptas y antidemocráticas, realizadas bajo formas organizadas y eventualmente financiadas con recursos cuya procedencia desconocemos. 

¿A qué me refiero concretamente? Al hecho de haber detectado, en varias casillas, en distintos estados del país, un cierto patrón de acciones ilegales consistentes en boletas electorales sin ningún doblez, o planchadas, como se les ha denominado. Boletas electorales con registros numéricos marcados con una misma caligrafía, casillas con registros de participación ciudadana atípica, es decir, por encima del promedio nacional o con un 100 % de participación, o incluso, más de ese 100 %. 

Sé que no faltarán quienes piensen que esos hechos son relativamente pequeños, y quienes piensen que esos comportamientos se registraron en un número muy menor de casillas respecto del total, pero ese no es el punto. El punto es que, detrás de todas esas actuaciones necesariamente hubo algún tipo de planeación, organización a cargo de personas que no podemos identificar y, muy probablemente, el uso de recursos que no sabemos de dónde provienen. Pero lo que más ha llamado la atención es que existe sobrada evidencia pública de que durante el periodo de campañas o durante la veda electoral, o el periodo de reflexión, e incluso durante la propia jornada electoral, se distribuyó, de manera organizada en todo el país, una serie de acordeones o guías de votación que bien pueden distinguirse de la lista indicativa que una persona pudo haber elaborado para auxiliarse a la hora de votar, cuyo propósito evidente fue el inducir el voto a favor de ciertas candidaturas, sobre todo de los cargos nacionales. Esta última estrategia de difusión y distribución de acordeones, que necesariamente requirió uno o varios esquemas de planeación, recursos, organización, logística y, sobre todo, de coordinación de actividades, me lleva a la conclusión de que por lo menos estas acciones rompieron con principios básicos de las elecciones, me refiero a la autenticidad del proceso electoral, a la equidad, a la certeza. 

Y en esa medida debemos hacernos cargo de hacer la valoración pertinente, a efecto de que podamos determinar con claridad si este proceso electoral, por este tipo de vulneraciones, puede ser declarado válido. 

Jaime Rivera: No podemos negar que la premura de la reforma judicial, el poco cuidado en algunas reglas y el afán de la mayoría del Congreso de sesgar políticamente estas elecciones, afectaron la calidad del proceso electoral y revivieron, en algunas regiones, prácticas electorales viciadas y formas que habían sido desterradas desde hace décadas: inducción masiva de votantes bajo diversas formas de coacción, relleno de urnas y adulteración de votaciones, entre otras prácticas ilegales, empañaron la competencia entre candidatos y mancharon una jornada electoral que, desde el punto de vista organizativo, estaba preparada razonablemente bien y merecía concluir con pulcritud.

La selección de candidatos por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo afectó de origen el principio de imparcialidad y la equidad de la competencia; la cantidad de cargos por elegir de forma simultánea hizo imposible que el grueso de la población pudiera identificar a muchos candidatos o pudiera discernir entre los distintos niveles y funciones de los cargos del Poder Judicial.

En gran medida, la competencia se dio entre una mayoría de personas desconocidas, ante una ciudadanía que no contaba con muchos elementos para elegir de manera informada. En esas condiciones no era difícil augurar que la participación ciudadana sería baja y el augurio se cumplió: menos del 13 % de ciudadanos acudió a las urnas, la cifra más baja de todos los procesos selectivos que México ha tenido en su historia. 

Una expectativa de escasa participación ciudadana bien podría haber hecho reflexionar que elegir jueces de esa manera no era la mejor idea, que quizás el interés ciudadano se derivaba de la propia naturaleza de esas elecciones. Sin embargo, la reacción fue un despliegue de fuerzas políticas y abundantes recursos económicos para promover las elecciones y la participación ciudadana, aun transgrediendo los límites que la Constitución y la ley establecen. 

Es ya muy conocido, para mal, el caso de la distribución de acordeones para votar por parte de agentes que debían permanecer al margen de estas elecciones. Se produjeron y distribuyeron masivamente esos acordeones no sólo para influir con propaganda en la voluntad ciudadana, acción prohibida por la ley a los gobiernos y a los partidos políticos, sino para suplantar la decisión ciudadana por un dictado desde el poder. 

Es imposible medir la cantidad y el costo de esa propaganda porque, al ser ilegal, se ha tratado de mantener oculta la información asociada a ella, pero es inocultable que esa propaganda ilegal se desplegó por casi todo el país por medio de millones, de millares de personas a sueldo y que estas estuvieron actuando durante la jornada electoral en las inmediaciones de muchas casillas para inducir la votación. 

Si se temía que la participación fuera baja, desde el poder se trató de elevarla por todos los medios. Pero la acción orquestada desde arriba para promover e inducir votos, a algunos grupos locales les pareció insuficiente, de modo tal que decidieron actuar en la base misma de la pirámide operativa de la elección, o sea, desde las casillas. 

A lo largo de la jornada electoral se detectaron conductas no solamente para inducir a votantes, sino para adulterar directamente la votación. Hay evidencias de que en centenares de casillas se introdujeron más boletas marcadas que la cantidad de electores que pudieron votar en el lapso de las diez horas de la jornada electoral. Hubo también supuestos votos en boletas que nunca fueron introducidos en las urnas. Hay reportes de robo de paquetes de boletas electorales por parte de grupos armados que, después de marcarlas, fueron devueltas a las casillas para introducirlas a las urnas. Hay también indicios fuertes de paquetes de boletas cuyos números fueron escritos en serie por una misma mano con igual caligrafía. 

Hace cuarenta años, así ocurría en no pocas casillas, y desde la oposición, casi nada podíamos hacer. Por fortuna, la transición democrática mexicana permitió superar la era del paleolítico electoral. No traicionemos esa transición avalando prácticas fraudulentas que, si quedasen impunes, actuarían como incentivos para continuar una regresión histórica. 

Ahora, desde el máximo órgano de decisión de una autoridad electoral constitucionalmente autónoma, podemos y debemos hacer algo. Tenemos los elementos de hecho para verificar lo que ocurrió en muchas casillas, tenemos la capacidad de hacer una depuración, debemos limpiar y corregir, por lo menos, las irregularidades más notorias. 

Dania Ravel: En esta elección vimos renacer muchas conductas que yo pensé que estaban enterradas en el pasado, conductas que a mí no me tocó vivir en mi juventud, pero que personas mayores que yo sí las vivieron. Yo, de hecho, en mi juventud no estaba familiarizada con expresiones como “ratón loco”, “casillas zapato”, “urnas embarazadas”, “boletas planchadas”. Ninguna de este tipo de expresiones que ahora de nueva cuenta volvemos a ver en esta elección. 

A mí me parece que una obligación que tenemos como autoridades electorales es tomar medidas preventivas para que esto no vuelva a ocurrir. Y estoy convencida de que necesito y que debo de poner mi granito de arena para que esto no vuelva a repetirse en futuros procesos electorales. En esta elección advertimos casillas seccionales que registraron una participación ciudadana igual al 100 % de su listado nominal. En una elección con una participación ciudadana del 13 % a nivel nacional, parece poco creíble que eso ocurra. Pero peor aún, también tuvimos algunas casillas que tuvieron una participación ciudadana de más del 100 %, lo cual no puede ocurrir. 

Boletas sin marcas de dobleces, es decir, boletas sin evidencia de que hubieran sido introducidas en las urnas. Y aunque en los lineamientos para la preparación y desarrollo de los cómputos distritales se previó que si se encontraban boletas que no presentaran signos de haber sido introducidos en las urnas, éstas serían consideradas inválidas, existen casos en los que sí fueron computadas, como en San Luis Potosí, en el Distrito 04. Votos registrados con caligrafía que a simple vista se ve idéntica, y votaciones en múltiples boletas no sólo por las mismas personas, lo cual suele ocurrir cuando las personas ganan una elección, sino además también en el mismo orden, es decir, con el mismo patrón de votación, un orden que además coincidía plenamente con los acordeones que se repartieron para las elecciones a nivel nacional, casillas en las que para que hubieran podido votar el número de personas que se reporta, tendrían que haber permanecido abiertas veintinueve horas; reportes de casillas donde uno o más candidatos recibieron la totalidad de los votos, llamadas “casillas zapato”. Casillas en las que se reportó que los paquetes electorales contenían boletas que ya estaban marcadas, o que durante la jornada electoral, personas ajenas a la casilla llevaban boletas previamente marcadas para introducirlas a las urnas; reportes de que en algunos casos se permitió que una persona electora votara varias veces.

Mención aparte, por supuesto, merecen los denominados acordeones. El 23 de mayo, unos días antes de la jornada electoral, se anunció una novedosa forma de fraude electoral, la distribución de los denominados acordeones, que contenían el nombre y el número de ciertas candidaturas por las que se debía votar en cada una de las seis boletas federales que recibiría la ciudadanía el 1º de junio; por supuesto que esto también lo vimos replicarse a nivel local, pero me voy a avocar exclusivamente a lo que es competencia del INE, que es a nivel nacional.

Existe información de varias irregularidades en las que hay indicios de la intervención de capacitadores y supervisores electorales, e incluso de presidentes de mesas directivas de casilla. Se concretaron con amenazas graves a su integridad física y, por supuesto, se han dado las vistas a las autoridades competentes de investigar estos hechos.

* Fuente: INE. Versión estenográfica.