En México solemos hablar de las elecciones como si su dificultad dependiera únicamente de la competencia política. Nos preguntamos quién encabeza las encuestas, cuáles partidos se alían, qué candidaturas despegan, quién gana el debate público y por la narrativa que dominará la campaña. Pero hay una parte esencial del proceso democrático que casi nunca ocupa el centro de la conversación y que, sin embargo, puede definir buena parte de su éxito o de su fracaso. Me refiero a la capacidad efectiva de organizar la elección.

Votar parece simple cuando se mira desde fuera. Una persona llega a su casilla, se identifica, recibe sus boletas, marca sus opciones, deposita los votos y se retira. Ese acto, aparentemente sencillo, descansa en una operación compleja pero precisa: domicilios previamente localizados, funcionariado ciudadano capacitado, paquetes integrados, materiales distribuidos a tiempo, rutas territoriales planeadas, sistemas informáticos listos para operar y miles de personas desplegadas en campo para sostener la jornada electoral. La democracia no vive solo en las leyes ni en los discursos, depende de una logística minuciosa en la que el Instituto Nacional Electoral lleva la voz cantante. Elecciones recientes como la de Perú en abril del 2026 o las de Honduras en 2025, dan muestra de que la logística que sostiene los procesos electorales es algo que no debe darse por sentado creyendo que siempre estará ahí. Y su ausencia puede generar serios problemas y crisis políticas, además de afectar la integridad electoral.

Conviene, entonces, analizar con seriedad uno de los mayores desafíos que pueden perfilarse hacia la elección de 2027. El problema no es solamente político ni jurídico, que lo es, sino también, logístico y organizativo. En ese terreno, la reciente reforma electoral conocida como Plan B abre interrogantes relevantes, no solo por lo que modifica, sino por lo que omitió. Sin embargo, estas preocupaciones no pueden analizarse de forma aislada, se inscriben en un proceso más amplio de cambios recientes, incluidas reformas como la del Poder Judicial que, en conjunto, han incrementado la complejidad del marco normativo y operativo del sistema electoral.

La razón es sencilla, el diseño apunta hacia un escenario en el que podrían coincidir en una misma jornada las elecciones federales, las elecciones locales y, además, los procesos de elección del Poder Judicial, tanto federal como local. Eso significa que no estaríamos frente a una sola elección ampliada, sino frente a una concentración inédita de procesos diferentes comprimidos en un mismo día. Dicho de otro modo, la pregunta no es si el país puede votar mucho el mismo día, la pregunta es si el sistema electoral mexicano está preparado para organizar, instalar, operar, vigilar, contar y procesar todo eso sin riesgos en su implementación.

El problema electoral a la vista

Sobre el papel, la idea de juntar procesos suele presentarse como una decisión eficiente. A simple vista parece incluso razonable: si las personas de todas formas van a acudir a votar, ¿por qué no aprovechar la misma jornada y la misma estructura para resolver varias elecciones al mismo tiempo? El argumento suena atractivo porque apela a la intuición: si haces varias cosas de una vez, ahorras tiempo y recursos. El problema es que las elecciones no funcionan así, sino bajo reglas jurídicas muy precisas, con procedimientos delicados y con un enorme componente territorial y humano sujeto a procesos que requieren el mayor cuidado, así como de recursos de diverso tipo para llevarse a cabo.

La dificultad central radica en que no todos los procesos concurrentes responden a la misma lógica institucional. Las elecciones ordinarias, tanto federales como locales, descansan en un modelo conocido: hay partidos políticos, hay representantes partidistas en la casilla, hay formas de vigilancia ya definidas, actas que se firman en presencia de actores determinados y procedimientos consolidados de escrutinio y cómputo. Pero en las elecciones del Poder Judicial la situación cambia, porque ahí no opera la participación partidista bajo el mismo esquema. Pareciera ser una diferencia puntual y hasta meramente formal, pero en realidad es una diferencia que toca el corazón mismo del modelo de casilla.

La casilla no es solo una mesa de votación, es un espacio legalmente regulado donde convergen reglas de instalación, presencia de actores legitimados, vigilancia de la votación, escrutinio, integración de paquetes y levantamiento de actas. Si en una misma jornada confluyen procesos con regímenes distintos respecto de quién puede observar, estar ahí, intervenir, firmar documentos y bajo qué condiciones se desarrolla cada etapa, la operación y la logística deja de ser homogénea para volverse abigarrada, así como jurídicamente problemática.

Y ahí aparece uno de los riesgos más serios de 2027: la necesidad práctica de separar casillas o mecanismos de recepción de la votación. Una para las elecciones ordinarias, donde sí existe representación partidista, y otra para las elecciones judiciales, donde esa participación no está prevista. Es decir, la concurrencia no terminaría produciendo una sola elección más eficiente, sino una duplicidad operativa de enormes impactos logísticos y, también, aunque no guste aceptarlo, presupuestales. Ahondemos en las consecuencias de esta disparidad normativa y operativa.

Las consecuencias de la 

heterogeneidad logística y normativa

La primera es física, si se requieren mecanismos independientes, es decir, dos casillas en lugar de una, entonces se necesitarán más domicilios para instalar mesas de votación. En zonas urbanas densas esto ya sería complicado, en comunidades rurales con oferta limitada de espacios adecuados, podría convertirse en un verdadero cuello de botella. Y no se trata solamente de encontrar otro lugar, sino de ubicar espacios accesibles, seguros, funcionales y aptos para recibir a un número importante de electores bajo condiciones adecuadas, en el marco de la Ley.

La segunda consecuencia es material. Dos dispositivos de votación implican más mesas, más urnas, más mamparas, más canceles, más documentación y más insumos para su instalación. Todo esto contrasta de manera frontal con el discurso de simplificación de costos, porque una cosa es prometer austeridad en abstracto y otra muy distinta asumir el gasto efectivo que supone desplegar infraestructura duplicada a escala nacional. La tercera consecuencia es humana. Si no todo puede resolverse en una sola casilla bajo reglas comunes, entonces harán falta más ciudadanos como funcionarios de casilla para recibir la votación. Más presidencias de mesa, secretarías, escrutadores, y suplentes. En un país del tamaño de México, cualquier ajuste al modelo de casilla no se traduce en unas decenas de personas adicionales, sino en decenas o incluso cientos de miles de nombramientos más, dependiendo del diseño final que se adopte.

La cuarta consecuencia recae sobre la estructura territorial de capacitación y asistencia electoral. El sistema actual descansa, en gran medida, en el trabajo de personas Capacitadoras-Asistentes Electorales (CAE) y Supervisoras Electorales (SE). Son ellas y ellos quienes notifican, visitan, capacitan, organizan simulacros, acompañan la integración de casillas, asisten durante la jornada y apoyan en la recuperación de los paquetes. Si el universo de mesas o casillas crece, también crece todo ese trabajo, es decir, se requieren más visitas, más capacitación, más nombramientos, más asistencia en campo y más presión operativa antes, durante y después de la jornada electoral sobre un Servicio Profesional Electoral Nacional, además, precarizado por la reciente reforma. La supuesta simplificación, en realidad, podría significar una expansión considerable del trabajo territorial que probablemente traería aparejada la necesidad de contratar más SE y CAE. 

A esto se suma el problema de la saturación el propio día de la votación. El modelo actual de casilla está pensado para atender un cierto flujo de personas, con un determinado número de decisiones que tomar y un cierto tiempo promedio de atención por elector. Si de pronto a cada ciudadano se le entregan más boletas, este debe decidir sobre más cargos o incluso acudir a dispositivos separados para completar toda su votación, la experiencia dentro de la jornada cambia por completo. Habrá que pasar más tiempo en las casillas, más confusión, más espera y filas más largas, de forma tal que una parte del costo de la reforma la terminaría absorbiendo directamente el votante.

La confianza en una elección no depende solo de que el resultado final sea jurídicamente válido, también importa que el proceso sea razonablemente ordenado, comprensible y transitable para la ciudadanía. Una jornada con filas interminables, casillas saturadas, lentitud en la atención y confusión en la ruta de votación no solo desgasta al electorado, también erosiona la percepción pública sobre la eficacia institucional.

Verdades y mentiras de la 

austeridad electoral

Con frecuencia, en el debate sobre las reformas electorales la discusión se llena de palabras como austeridad, eficiencia, modernización o simplificación. Suenan bien, pero la elección no se organiza en ese terreno, se organiza en lo concreto, con bodegas electorales que ahora deberán tener una capacidad mayor para ser suficientes, rutas de distribución que sí funcionen, personal bien capacitado, documentos en orden y lugares adecuados para instalar casillas. Por eso, cuando una reforma cambia las reglas del juego, pero no ajusta de verdad toda la maquinaria que las hace posibles, el resultado no es un sistema más simple, sino una distancia cada vez mayor entre lo que dice la ley y lo que puede sostenerse en la realidad.

Ese divorcio entre diseño legal y capacidad operativa es, probablemente, el peligro más serio que deja ver el escenario de 2027, porque se le está preparando para tener una elección sobrecargada y, paradójicamente, con cada vez menos recursos disponibles para su operación. La concurrencia de múltiples procesos no equivale automáticamente a simplificación y eficiencia. En los hechos, puede significar duplicidad y hasta fragmentación operativa, elevando los riesgos de error. Puede, incluso, producir economías negativas, es decir, un escenario donde la aparente racionalización termine costando más, complicando más y tensionando más a la institución encargada de garantizar la elección. Por poner solo un ejemplo claro, consideremos las bodegas con que cuentan los organismos electorales, que ahora deberán aumentar su capacidad para soportar un mucho mayor número de urnas, mamparas, boletas y material electoral lo que implicará un gasto para su ampliación, adecuación o hasta tener que rentar o adquirir más espacios de los actuales.

Esto debería preocupar incluso a quienes no siguen de cerca la vida electoral, porque cuando la logística falla, lo que se pone en juego no es un detalle administrativo, sino la confianza pública en la democracia. Una mala arquitectura organizativa puede afectar la oportunidad de los resultados, la calidad de la documentación, la trazabilidad de los paquetes y la credibilidad del proceso en su conjunto, y una elección altamente compleja, celebrada bajo presión, sin ajustes estructurales suficientes, y con precarización de recursos económicos, abre demasiados frentes de vulnerabilidad al mismo tiempo.

Los órganos electorales mexicanos han demostrado en distintas ocasiones que tienen capacidad para organizar elecciones grandes y complejas. Pero complejas no es lo mismo que saturadas. La complejidad puede administrarse con planeación, recursos y reglas claras, la saturación, en cambio, aparece cuando se pretende exigirle demasiado al mismo mecanismo sin reformularlo con conciencia y conocimiento técnico. Ese parece ser el riesgo real del modelo que podría materializarse en 2027.

Por eso la discusión pública no debería centrarse únicamente en si la reforma reduce costos en abstracto o si políticamente resulta atractiva, la pregunta seria es otra: si el país quiere concentrar tantos procesos en una sola jornada, ¿está dispuesto también a asumir el costo institucional, humano, material y tecnológico que eso implica? Y más aún, si esa decisión permite preservar los principios que rigen la función electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. Porque una operación electoral llevada al límite no solo tensiona la capacidad logística del INE, sino que pone en riesgo las condiciones bajo las cuales esos principios pueden materializarse en la práctica. Y si la respuesta no es clara, entonces lo responsable no es celebrar una falsa simplificación, sino advertir los peligros de una operación electoral montada al límite.

Conviene decirlo con claridad: una reforma que presume austeridad, pero traslada al terreno operativo una multiplicación de tareas, materiales, personal, tiempos y controles, no necesariamente abarata la elección. Puede volverla, por el contrario, más costosa, más frágil y más vulnerable.