Nos encontramos en el preámbulo de una reforma electoral insólita, pues proviene de un poder concentrado que pareciera pensado más para estrechar las veredas de la democracia que para ampliarlas. Discutir cuánto cuesta nuestra democracia, no cuánto vale, distorsiona el objetivo. En el pasado reciente las exigencias de apertura, liberalización y democratización provenían de movimientos civiles y sociales, algunos inclusive armados, para ampliar la participación de las y los mexicanos en la vida política. No fue fácil. Hubo que luchar mucho por tener elecciones libres, creíbles y confiables. Es por ello necesario apelar a la memoria democrática nacional, integrada por la participación de muchos, quienes fuimos, de una u otra manera, espectadores o actores en la política mexicana contemporánea, impulsando la transición para unos, democratización para otros o alternancia para algunos más.

La ampliación y desarrollo de nuestra democracia contemporánea habrá de cumplir cincuenta años en 2027, año en que una reforma política anticíclica podría estarse aplicando —en lo que podría ser la primera regresión en cinco décadas de cambio continuo hacia más, y no menos, democracia—. No perdamos nuestros recuerdos y registros porque han sido casi cinco décadas de desarrollo político para construir, entre muchos —actores políticos, académicos y ciudadanos—, una forma de integrar la representación política y de elegir gobernantes de manera pacífica, con legitimidad, certeza y orden público.

Hagamos memoria. El 6 de diciembre de 1977 vio la luz una legislación pionera porque representaba los primeros pasos hacia la apertura política e integración de la pluralidad en un sistema político cerrado que, hasta ese momento, había permanecido casi estático, lo que limitaba las libertades civiles y la participación política. Muchos recordamos aquellas mesas y meses en los que se discutió la manera en que varias opciones políticas podrían salir de la clandestinidad y participar públicamente en la política, inaugurando el tiempo de una democracia moderna y representativa.

La situación venía de un contexto internacional de guerra fría, de confrontación ideológica y temores varios, pero al fin temores de injerencias extranjeras. Había países que apoyaban dictaduras y otros que alentaban y financiaban guerrillas o revoluciones armadas. Pero nuestra decisión como mexicanos, acordada en mesas de diálogo, fue el optar por la apertura y el pluralismo. Es así como se logró, por vez primera, llevar a la Constitución la figura de las diputaciones plurinominales que daría origen a nuestro sistema mixto; se amplió la Comisión Federal Electoral, se expidió la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE) en la que se reconocía a todas las opciones políticas, incluidas las que hasta ese momento eran “clandestinas”. Don Jesús Reyes Heroles convocó el esfuerzo para lograr “una mejor representación de las minorías, hacer que la representación abarque cabalmente al país en su diversidad de la mejor manera posible, perfeccionar nuestros métodos democráticos, depurar prácticas y desterrar deficiencias”.

Personalmente escuché cómo don Fernando Gutiérrez Barrios, encargado de la seguridad nacional por muchos años, le argumentaba a don Jesús que esa reforma política le traía la esperanza de que, en el futuro, se escucharan “muchos gritos en las Cámaras y pocas bombas en las calles o disparos en las montañas”. Aprendimos que podría ser mejor dialogar y debatir que confrontar o reprimir. Eran tiempos en que el Estado y el gobierno se mimetizaban, eran prácticamente uno, y la Presidencia de la República ejercía poderes metaconstitucionales —como los definiría Jorge Carpizo. Esta conjunción lo abarcaba prácticamente todo: la vida de los partidos y la selección de candidaturas, las asociaciones civiles, la organización de las elecciones, el conteo de los votos, la calificación de los comicios y la integración de los congresos federal y locales. Todo un sistema político bajo la hegemonía de un partido casi único —diría don Daniel Cosío Villegas.

Es ahí cuando iniciamos el camino hacia una democracia cada vez más amplia y plural, enfrentando innumerables resistencias dentro y fuera del sistema político, crisis económicas y situaciones autoritarias, pero con la nueva conciencia cívica iría surgiendo la movilización ciudadana y la participación política. Tras los sismos de 1985 y las elecciones en Chihuahua en 1986, se creó el primer Código Federal Electoral y se amplió la Cámara de Diputados con cien diputados adicionales —de representación proporcional—, llegando a 500 legisladores. Se dispuso la cláusula de gobernabilidad en la Constitución para garantizar que una mayoría relativa pudiera ser una fuerza gobernante y se creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral, el primer paso para la jurisdicción estrictamente electoral. Tras ello, vendrían los reclamos de apertura desde dentro del régimen y se gestaría la corriente democrática en el PRI, encabezada por insignes precursores del pluralismo y la democracia como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez. Podía estarse de acuerdo o no con ellos, pero su aportación al pluralismo y a la democracia resultarían fundamentales en la construcción de las nuevas instituciones políticas representativas.

Lo sabemos: en 1988 tuvieron lugar elecciones federales muy competidas, de gran polémica, en las que se cuestionaba el conteo de los votos, todavía realizado con la participación directa del gobierno y es así como, ante el cuestionamiento de una legitimidad electoral, al amparo del Acuerdo para la Ampliación de la Vida Democrática, en 1990 se creó el Instituto Federal Electoral —si bien aún presidido por el secretario de Gobernación, pero contando ya con cambios en los que tuvo mucho que ver la agudeza democrática de Diego Fernández de Cevallos.

En 1990 se expidió el Código Federal de Instituciones Políticas y Procesos Electorales (COFIPE), con mayores derechos y prerrogativas para los partidos políticos y los ciudadanos. En 1993, se otorgó al IFE la capacidad de ratificar las elecciones, se eliminó la cláusula de gobernabilidad, se amplió el Senado a 128 integrantes y se canceló el mecanismo de auto calificación electoral de las cámaras del Congreso al otorgarle al Tribunal Federal Electoral la declaración de validez de la elección.

En 1994 sucederían muchas cosas de enorme trascendencia que marcarían un parteaguas. Se firmaría el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con el cual nuestra economía se transformaría de una manera sustantiva; surgiría una rebelión indígena en Chiapas encabezada por una organización político-militar —el Ejército Zapatista de Liberación Nacional—, y sucedería el doloroso homicidio de Luis Donaldo Colosio que nos pondría a todos a prueba. Con el dolor y consternación que una situación de esta magnitud siempre trae, el IFE se reformó en pleno proceso electoral para integrarse con consejeros ciudadanos y con la representación de los partidos, para luego, en 1996, ser dotado de autonomía plena. Asimismo, se realizó una auditoría externa del padrón electoral y se establecieron topes de campaña a efecto de transparentar y racionalizar el gasto electoral.

Tras las elecciones presidenciales de 1994 —y no obstante la gran crisis económica iniciada a finales de ese año—, se reformó el Poder Judicial y en 1996 el Tribunal Federal Electoral pasó a ser parte del mismo. En la reforma de ese año se estableció el financiamiento público para partidos y la consecuente fiscalización, se puso límite a la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados a un máximo de 8 % y se realizó la reforma política del Distrito Federal. Así, en 1997, por vez primera se elegiría al jefe de Gobierno, siendo Cuauhtémoc Cárdenas el primer jefe de Gobierno democráticamente electo. Con estos cambios, la Cámara de Diputados y el Senado proseguirían la apertura democrática y el funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos al poder presidencial —previsto en la Constitución, y que es propio de sistemas de gobierno compartidos.

Como nunca antes en un régimen político hegemónico, fue posible impulsar, mediante el diálogo del propio gobierno con quienes le cuestionaban o enfrentaban, los cambios políticos y económicos necesarios para fortalecer nuestra democracia. Con tales avances, la apertura política y económica del país, la autonomía del órgano encargado de organizar las elecciones, la pluralidad política consolidada en el Congreso y la reforma política del Distrito Federal, sucedió la primera alternancia política, —la primera gran prueba de fuego como democracia funcional—, en las elecciones federales del año 2000.

Pese a todo lo anterior, al día de hoy (2026) nadie conoce una propuesta formal de las posibles modificaciones electorales que pretende realizar el gobierno y su Comisión Presidencial —integrada sólo por ellos mismos—. Valdría la pena reflexionar sobre el futuro para evitar una contrarreforma electoral en esta difícil hora que vive nuestro país en relación con lo que sucede en el mundo. 

La alternancia política

En la memoria democrática mexicana se registra un momento crucial para el desarrollo político nacional: las elecciones federales del año 2000. La experiencia de una primera alternancia política significó un sismo profundo en el sistema político mexicano, pues acabó con el mito del sistema presidencial absoluto e infalible y enseñó a los ciudadanos el poder de elegir a sus gobernantes y a sus representantes políticos. Las instituciones electorales autónomas y las garantías institucionales hicieron posible que los votos se contaran con transparencia y relataran una historia diferente. Por vez primera, las y los mexicanos eligieron a un presidente de la República proveniente de un partido diferente al partido en el poder. Cabe reconocer en ello la institucionalidad y reciedumbre del candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida, quien con responsabilidad democrática reconoció el resultado el mismo día de la elección e hizo posible una transición legal y ordenada del poder presidencial. La democracia siempre funciona si hay demócratas que la hagan posible. 

También se eligió al segundo jefe de gobierno del Distrito Federal —después del Ingeniero Cárdenas—, quien sería Andrés Manuel López Obrador. El sistema de pesos y contrapesos funcionó, el Congreso se integró, el Poder Judicial —vía el TEPJF— calificó la validez de las elecciones, y el gobierno asumió sus responsabilidades constitucionales con el respeto de todas las fuerzas políticas. Parecía que el país podría inaugurar una nueva era de democracia y vitalidad institucional.

En el primer sexenio de la alternancia, se estableció el voto de los mexicanos en el extranjero, se avanzó en transparencia y se fortaleció la fiscalización a los partidos, pero hacia 2006, en un entorno polarizado, tuvieron lugar las primeras elecciones presidenciales tras la alternancia política —con la candidatura beligerante de Andrés Manuel López Obrador, candidato del PRD. Su postulación se desprendería de un accidentado proceso de desafuero tras el desacato a una resolución judicial. El resultado entre el primer y el segundo lugar de la elección presidencial fue por mínimo margen, lo que alimentaría la desconfianza y alentaría la estrategia de negar el resultado, propiciando una transición muy tensa del poder presidencial, pues uno de los principales actores políticos desconoció al gobierno en ciernes con toma de calles de la Ciudad de México.

No obstante, el TEPJF —figura institucional puesta a prueba—, calificó la validez de las elecciones y las Cámaras del Congreso pudieron integrarse para hacer posible el cambio constitucional de poderes. Ante el reto de evitar un rompimiento mayor —que traería un retroceso en lo avanzado—, en 2007 fue necesario proponer una Ley para la Reforma del Estado y convocar a todos los partidos y actores políticos a dialogar, debatir y resolver el conflicto político con una agenda múltiple que incluía la reforma electoral y una vigencia concreta de un año para lograrla. Con la garantía de lo que fue considerado como una “ley para hacer leyes”, acudieron al diálogo público los partidos, académicos, ciudadanos y actores políticos —incluso quienes disputaban la legitimidad electoral—. Así, entre 2007 y 2008 se legislaron los acuerdos alcanzados en los diálogos del Palacio de Minería, que incluyeron, entre otras importantes reformas, la renovación del Instituto Federal Electoral a partir de una reforma electoral constitucional y las consecuentes leyes secundarias.

Con ello, se establecieron campañas más justas, equitativas y transparentes, se acotó la injerencia del gobierno en las mismas con un régimen preciso de responsabilidades, se estableció un nuevo modelo de financiamiento con preponderancia pública y un nuevo modelo de comunicación política basado en los tiempos del Estado —prohibiendo la compra con fines políticos, por particulares, terceros y partidos, de tiempos en los medios electrónicos—. Se disminuyó el tiempo de campaña (noventa días para la presidencial, sesenta días para legisladores, cuarenta y cinco días para alcaldes); se avanzó en la unificación de los calendarios electorales; se estableció la regulación de precampañas; se eliminó el secreto bancario a partidos y candidatos; se prohibió la propaganda gubernamental durante campañas electorales y se eliminó la causal abstracta de nulidad de las elecciones, estableciendo causales específicas.

La reforma de 2007-2008 permitió recuperar la gobernabilidad del país, restableciendo la vía de la observancia constitucional y el funcionamiento de los pesos y contrapesos institucionales, los cuales fueron puestos a prueba en las elecciones federales de 2012, cuando sobrevino la segunda alternancia política y el PRI, el antiguo partido hegemónico, recuperó democráticamente el poder presidencial. Fue un tiempo en el que se plantearon reformas estructurales para modernizar el país y, al amparo del Pacto por México firmado por todos los partidos políticos representados en el Congreso, incluido el PRD, se da un paso más y el Instituto Federal Electoral se transforma en el Instituto Nacional Electoral, responsable de organizar y tutelar todos los procesos electorales en el país, tanto los federales como los locales.

Se habilitó también la reelección consecutiva de legisladores y se posibilitó la de los presidentes municipales tanto para crear carreras parlamentarias como para hacer posible que los programas de gobierno municipales cristalizaran y tuvieran continuidad —de así decidirlo la ciudadanía—. Se elevó el umbral para mantener registro de los partidos políticos al 3 % y se establecieron las candidaturas independientes y la consulta popular.

La autonomía y las facultades del INE se fortalecieron, otorgándole nuevas atribuciones para la administración, vigilancia y monitoreo de los tiempos oficiales en las campañas políticas, así como la fiscalización en tiempo real —es decir, con antelación, durante y después de la elección—, de los recursos públicos y otros gastos de los partidos y los candidatos en los procesos electorales. En consonancia, la participación política de las mujeres avanzó consistentemente hasta establecer la paridad de género en las candidaturas electorales y, desde luego, alcanzar en la actualidad la primera magistratura del país como un hito también muy importante en nuestra memoria democrática.

Sobre estas bases constitucionales, en 2014 se crearon las leyes reglamentarias, un cuerpo de cinco leyes electorales fundamentales: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE); la Ley General de Partidos; la Ley General de Medios de Impugnación; la Ley General de Delitos Electorales, y la Ley Federal de Consulta Popular.

Asimismo, tanto al amparo de la Ley para la Reforma del Estado como del Pacto por México, en 2014 se planteó, legisló y se estableció en la Constitución la posibilidad de integrar gobiernos de coalición en nuestro país a través de un modelo acorde con el sistema presidencial mexicano que, indudablemente, lo moderniza y actualiza como el centro de la política democrática nacional. Mediante esta posibilidad, en caso de darse una situación de gobierno dividido —es decir, titularidad del Ejecutivo federal y mayoría en el Congreso de partidos distintos— es posible establecer un programa conjunto entre varias fuerzas políticas y convenir un gobierno de coalición mediante un programa político validado por el Congreso, con responsabilidad parlamentaria. Ello puede crear una mayoría gobernante concertada y regulada por un acuerdo de legislatura, vigente durante el tiempo que las partes lo consideren, o bien, hasta la realización de un nuevo ciclo electoral en que los partidos puedan medir el respaldo ciudadano y realicen entonces los cambios o ajustes correspondientes en la gobernanza democrática.

Sobre esta base constitucional y legal, con instituciones democráticas construidas durante casi cinco décadas, se realizaron las elecciones federales de 2018. Estas dieron pie a la tercera alternancia política. El antiguo partido dominante entregó democráticamente el poder —por segunda vez en su actuar político—, a un movimiento político-electoral de reciente cuño: el Movimiento de Regeneración Nacional que, en coalición con otros partidos, llevó a la Presidencia de la República, en su tercer intento, a Andrés Manuel López Obrador.

Y sobre esta base constitucional y legal tuvieron lugar los comicios presidenciales y federales de 2024 en los que asistimos a la cuarta alternancia, esta vez en el plano de la igualdad de género. Se realizó igualmente en orden, con civilidad y con el respeto de las principales fuerzas políticas, si bien con un ilegítimo exceso en la distribución legislativa que, al incurrir en una grosera sobrerrepresentación, nos tiene en la coyuntura actual. El partido gobernante vale, por sí mismo, 41 % del electorado. En coalición con PT y PVEM suman 54 %. No obstante, en la Cámara de Diputados tienen una representación del 73 % de su composición. Nada más distorsionador de la voluntad popular que le ha permitido modificar la Constitución a “nombre del pueblo”, pero a capricho de una fracción.

Vale entonces una reflexión final en estos momentos en que parece haber algunos personajes del gobierno con tentaciones de atentar contra lo avanzado: siempre habrá lugar para perfeccionar nuestras instituciones electorales, como es perceptible en el desarrollo de nuestra democracia. La memoria democrática de las y los mexicanos es consistente. Avanzamos de una situación de menor democracia en los años setenta, a una situación de democracia constitucional en la que han transcurrido cuatro alternancias políticas, en orden y civilidad, entre partidos distintos, primero, y entre géneros, actualmente.

En nuestro devenir democrático, logramos contar con principios e instituciones que es posible mejorar —pero no reducir—, para garantizar contiendas democráticas: la organización independiente de las elecciones y el arbitraje autónomo; el piso parejo del financiamiento público para alejar las tentaciones de cualquier apoyo externo sucio y ventajoso; una verdadera representación que reconozca la pluralidad y que, más allá del tamaño de las Cámaras, haga posible una integración cameral equivalente al porcentaje de votos obtenidos, acercándose inclusive a la representación proporcional pura; y, desde luego, la limitación a la injerencia del gobierno, o de sus funcionarios y recursos públicos, en los procesos electorales.

Parece obvio, entonces, que las y los mexicanos esperamos más democracia, más libertades y garantías constitucionales, más y mejores gobernantas y gobernantes, y más y mejores procesos electorales, no una contrarreforma que nos haga retroceder lo avanzado en beneficio del partido gobernante en turno que intenta incluso pasar por encima hasta de sus partidos aliados. 

Recordemos que ha sido mediante el diálogo, la concurrencia, las propuestas y el debate de todas las opciones políticas y todas y todos los actores políticos, académicos y ciudadanos, como hemos construido varias veces nuestra democracia, siempre buscando más y no menos democracia.

No nos equivoquemos ni perdamos la memoria. Ha sido y es mediante el diálogo, el debate público y plural y los acuerdos democráticos y legislativos como habremos de seguir construyendo, con la sociedad, con los ciudadanos, con los partidos y organizaciones civiles, una mejor democracia. Evitemos el reinicio de la confrontación estéril si es que queremos invocar la unidad nacional.