La campaña que ha emprendido Morena para afiliar a 10 millones de ciudadanos, coloca a ese partido en una nueva ruta para su vida interna, sus relaciones con la sociedad y con el gobierno. Es una ruta que puede conducirlos a ser un partido de Estado. 

Aunque no existe una definición generalmente aceptada de “partido de Estado”, el término se asocia a los partidos que existieron en la URSS y los países del bloque soviético. En la actualidad podemos considerar como tales a los que gobiernan en China, Vietnam, Cuba o Corea del Norte, aunque también podemos incluir a los que gobiernan en Venezuela (PSUV) y Nicaragua (FSLN). 

El partido de Estado se considera, ya sea por ley o por sí mismo, como el único “representante del pueblo”, negando esa capacidad de representación a los demás partidos, a los que se excluye, de jure o de facto, de la posibilidad de acceder al ejercicio del gobierno. Otra de sus características es que controla las instituciones estatales, empezando por los poderes del Estado, con los que establece una relación simbiótica. Es intolerante con los opositores, a los que califica como “enemigos del pueblo”, y solo admite la existencia de otros partidos que sean sus aliados incondicionales, o caricaturas.

Existe acuerdo entre politólogos e historiadores en que el PRI fue un “partido hegemónico”. No lo hay en considerarlo como partido de Estado. Ese desacuerdo lo compartió el politólogo italiano Giovanni Sartori, que en su libro “Partidos y sistemas de partidos” (1975) colocó al PRI en una categoría ad hoc, a la que denominó “partido hegemónico-pragmático”. 

Otro politólogo, T.J. Pempel, autor del libro “Democracias diferentes”, no incluyó al PRI entre los partidos que con prolongada hegemonía la refrendaban en elecciones libres y justas. Por exclusión, cabe afirmar que, bajo los parámetros del citado autor, el PRI fue un partido hegemónico en un país sin elecciones auténticas. En ese segundo punto Morena se asemeja al PRI, en cuanto la dominancia, aunque lo supera en intolerancia. Por ejemplo, este último no practicó, no al menos de forma generalizada, la cooptación de dirigentes y legisladores opositores, práctica común en Morena desde 2018. 

La fundación del PRD, en 1989, motivó un debate entre quienes decían que el nuevo partido era la expresión del “movimiento cardenista”, y quienes nos pronunciamos por la creación de un partido de izquierda democrática, pero “partido” a fin de cuentas. Al paso de los años, la idea del “partido-movimiento” se perdió, y el PRD derivó en un partido con las peores prácticas internas. Cuando sus caudillos lo abandonaron, se hundió. 

Al fundar Morena López Obrador retomó la idea del “movimiento” como origen y sustento de su organización, en contrapartida al partido burocrático en que el PRD se había convertido. En 1989 el partido del sol azteca se reclamó heredero y depositario del movimiento cardenista de 1988. Entre el movimiento de López Obrador de 2006 y el registro legal de Morena pasaron casi diez años, periodo en el cual la fobia del tabasqueño contra los partidos se acrecentó.

En el sexenio pasado Morena fue la correa de transmisión de las decisiones de López Obrador sobre candidaturas, y para su control de legisladores, gobernadores y presidentes municipales, a extremos que el PRI nunca conoció. Sin embargo, la ausencia de formalidad orgánica en su vida interna, que ha sido la característica de Morena desde su fundación, hoy parece registrar un cambio muy importante. El “Movimiento de Regeneración Nacional” transita a ser el partido Morena. La pregunta es ¿qué tipo de partido?

Morena no es un partido hegemónico, en el sentido gramsciano. Sin duda que es un partido dominante en lo electoral, gracias a la masiva compra del voto, a través del uso y abuso de los programas sociales. De lo demás se encargaron el INE y el TEPJF. Lo que ahora pretende la 4T es eliminar las condiciones, legales y materiales, que posibilitan las alternancias en el ejercicio del poder político. 

De partido del gobierno Morena parece transitar a partido de Estado, que subordina a los tres poderes de la Unión y a los órdenes de gobierno. No necesita incluirse a sí mismo en la Constitución, le basta con desintegrar -en las leyes y en la práctica- el sistema electoral que garantizó -hasta 2021- la competencia con equidad, la realización de elecciones libres, la existencia de autoridades imparciales y el respeto al voto ciudadano. 

Quieren perpetuarse en el poder. Ya se ven como partido casi único, en un sistema electoral desintegrado, al que una vez capturado cambiarán en la ley, para dar legitimidad al asalto consumado y superar al PRI en número de años de permanencia en el poder. Lo que les importa no es la reelección inmediata o el nepotismo. Su objetivo es anular cualquier posibilidad de alternancia.

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