En el dinámico escenario de América Latina, el uso de redes sociales se encuentra entre los más altos a nivel global. Cada vez más, la vida política se desenvuelve en estas plataformas, creando un terreno fértil para la propagación de información engañosa. Detrás de las fake news, o noticias falsas, se forjan estrategias que con frecuencia buscan manipular la opinión pública y minar la estabilidad de los Estados y sus instituciones.

Desde hace tiempo, los rumores y la desinformación han representado una amenaza global para la democracia. La desinformación no es un fenómeno nuevo, sin embargo, debido a la magnitud y velocidad con la que las campañas de desinformación se propagan actualmente, esta preocupación se ha vuelto aún más apremiante. Esto es especialmente alarmante en América Latina, donde la proliferación de noticias falsas ocurre en un contexto de baja confianza en los partidos políticos y de disminución constante en la confianza en los medios tradicionales de comunicación acompañado por la aparición de pseudo-medios.

Los retos planteados por este fenómeno y su envergadura no deben ser minimizados, ya que erosionan la confianza pública, distorsionan el debate político y debilitan la salud de las democracias. La desinformación no debe ser aceptada ni entendida como inevitable o endémica. La lucha contra la desinformación implica una colaboración esencial entre cuatro actores fundamentales: las empresas tecnológicas, la sociedad civil, los verificadores de hechos y las instituciones democráticas.

En América Latina no existe un patrón homogéneo en cuanto a las estrategias para hacer frente a los efectos de la desinformación. No obstante, se pueden identificar cuatro estrategias que varios países de la región ya están desplegando para contrarrestar sus efectos y fomentar la integridad informativa:

1. Verificación y monitoreo dirigidos por el gobierno. Para las #Elecciones2022MX, el Instituto Nacional Electoral (INE) desplegó el Sistema de #Certeza2022, que año tras año desde el 2018 se lleva a cabo tanto en procesos electorales federales como locales, para combatir las noticias falsas y la desinformación que afectan a la democracia. Por otro lado, en Argentina, la Defensoría del Pueblo lanzó el Observatorio de Desinformación y Violencia Simbólica en Medios Digitales y Plataformas (NODIO) en octubre de 2020, para detectar, verificar, identificar y desarticular noticias maliciosas.
2. Legislación. La respuesta más común a la desinformación en la región es intentar crear legislación para detenerla. Después de la controvertida Ley de Responsabilidad Social en la Radio de Venezuela en 2004, seguida de un cambio en el Código Penal del país en 2005, varios países latinoamericanos buscan penalizar la difusión de noticias falsas, con penas de hasta 10 años. La Ley Especial de Ciberdelitos de Nicaragua de 2020 es un ejemplo de esto. Otras propuestas para criminalizar las noticias falsas se están discutiendo en Chile, Colombia, Panamá y El Salvador. Según el Instituto Internacional de Prensa, en el año 2020, 17 países a nivel mundial aprobaron alguna forma de regulación que apunta a la desinformación durante la pandemia, con muchos otros proyectos de ley aún pendientes en los cuerpos legislativos.
3. Colaboración con empresas de redes sociales. Varios gobiernos están tratando de trabajar con empresas de redes sociales para abordar las principales herramientas utilizadas para difundir noticias falsas. Un ejemplo es el INE de México, que firmó acuerdos de colaboración antes de las elecciones de 2018. Como parte de esos acuerdos, el personal del INE recibió capacitación sobre cómo usar y monitorear la plataforma de Facebook, mientras que Google se comprometió a difundir en YouTube la información generada por el INE sobre el proceso electoral y marcar lugares de votación en Google Maps, entre otras cosas. 

La autoridad electoral de Argentina firmó un memorando de cooperación con Facebook, en donde se comprometió a ampliar la información electoral oficial y a reducirla visibilidad de las publicaciones falsas. El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil también se asoció con plataformas de redes sociales, creando un chat oficial del Tribunal en WhatsApp, donde las personas pueden enviar consultas sobre publicaciones dudosas directamente a funcionarios del TSE. Al mismo tiempo, esta herramienta permite a los funcionarios electorales, a través de WhatsApp, recibir y recopilar información sobre cuentas de redes sociales sospechosas de difundir mensajes en masa, lo que también viola los términos de uso de esta plataforma.

1. Pactos éticos entre partidos políticos. En Uruguay, los seis partidos políticos con representantes en el Congreso firmaron un Pacto Ético contra la Desinformación en abril de 2019, comprometiéndose a "no generar ni promover noticias falsas ni campañas de desinformación en detrimento de los adversarios políticos". El pacto fue propuesto por la Asociación de Prensa de Uruguay como parte de una campaña de tres frentes contra la desinformación, que también incluye la capacitación de profesionales de los medios y una herramienta de verificación de hechos.

Los partidos y organizaciones políticas en Perú firmaron, en 2020, un Pacto Ético Electoral para las elecciones Congresales Extraordinarias, comprometiéndose a “mejorar la calidad de la comunicación de los políticos con la ciudadanía, generando nuevos espacios (…) a través de una apertura informativa como medida de transparencia para la observancia y control ciudadano”.

1. Capacitación en alfabetización mediática. Tanto investigadores como investigadoras y especialistas coinciden en que los programas de alfabetización mediática son la herramienta más efectiva a largo plazo contra la difusión de noticias falsas. El grupo de verificación de hechos de Argentina, Chequeado, elaboró un manual con la UNESCO para ayudar a capacitar a otros para detectar la desinformación. En Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a través de la Unidad Especializada Sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión (UEMCEO), realizó una capacitación en junio del 2023 para los partidos políticos sobre herramientas de transparencia y el buen uso de las redes sociales, previo al inicio de la campaña electoral.

Por su lado, en Ecuador, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentaron la campaña digital #YoMeInformo, que buscaba hacer frente a la desinformación en redes sociales y/o medios digitales, fortaleciendo el proceso electoral del 7 de febrero de 2021.

¿Cuáles han sido los aprendizajes?

Las respuestas tradicionales, como endurecer con mayores penas el marco jurídico o establecer multas monetarias, pueden ser insuficientes para lidiar con el problema de la desinformación.

En efecto, la manipulación informativa puede ser dañina por un doble motivo: porque ataca a la calidad y la veracidad de la opinión pública y, también, porque los gobiernos pueden sentir cierta atracción por implementar medidas de control lesivas de la libre expresión e información, algunas veces, incluso por motivos de seguridad nacional. En esta nueva realidad tecnológica, se requiere encontrar fórmulas y soluciones que protejan al debate público sin afectar el ejercicio de las libertades. Para ello, es necesario reaccionar desde los principios fundamentales del sistema con más derechos y garantías efectivas.

Aunque aún está por determinarse cuáles serán las políticas de largo plazo que se implementarán para contrarrestar la desinformación, existen puntos de acuerdo en algunas acciones:

1. Refuerzo de los marcos legales para la protección de datos personales y colaboración con plataformas y actores de internet. Es necesario fortalecer la regulación de los datos personales para supervisar su utilización en el ámbito político. Igualmente, se requiere establecer acuerdos de colaboración entre las autoridades electorales y las empresas de internet para atender el problema de la desinformación. Sin embargo, no conviene trasladar a las empresas la responsabilidad exclusiva de monitorear y eliminar contenido falso en sus plataformas.
2. Impulso de la alfabetización digital. Resulta fundamental empoderar a la población para que adquiera competencias mediáticas que les permitan discernir entre información veraz y falsa. Para lograrlo, es preciso brindar educación y capacitación, tanto a la ciudadanía en general como a los agentes clave en la esfera pública.
3. Estímulo al periodismo de alta calidad y a los grupos de verificación de datos. En un panorama mediático saturado de datos, el periodismo de calidad y la verificación de información desempeñan una función esencial. Se aconseja respaldar a los equipos de verificadores e investigadores que se dedican a detectar la desinformación en las redes sociales desde sus primeras etapas.
4. Ampliación de las investigaciones académicas y empíricas sobre la desinformación en la región. Es imperativo promover la investigación académica sobre la desinformación en América Latina, centrándose en enfoques empíricos y comparativos. Estas investigaciones contribuirán a una mejor comprensión de la propagación de la desinformación y sus repercusiones en las democracias de la zona, lo que a su vez robustecerá los esfuerzos para combatirla.

A pesar de las innovaciones importantes para combatir la desinformación, la región sigue plagada de medidas insuficientes, acciones descoordinadas y medidas de control lesivas de la libre expresión. Quienes formulan las políticas de lucha contra la desinformación, no pueden olvidarse de las condiciones subyacentes que alimentan los efectos perniciosos de las redes sociales: la polarización política y la creciente desconfianza en las instituciones democráticas. Por eso, reparar la confianza en las instituciones, educar a la ciudadanía en democracia y cuidar las instancias de formación de la opinión pública son las mejores estrategias contra la desinformación.