Sin reparar en las consecuencias, el expresidente López Obrador hizo aprobar una reforma constitucional para tomar venganza de los ministros, magistrados y jueces que se atrevieron a interponerse en su camino. Ahora su heredera se duele de las reglas que le impiden promover la contrahecha elección judicial e impugna ante el Tribunal Electoral lo que su mentor hizo aprobar. La siguen en el desvarío los legisladores del oficialismo y los dirigentes de su partido. 

Los costos de que el INE y el TEPJF hayan otorgado a Morena y aliados la desmedida sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, a la que constitucionalmente no tenía derecho, están a la vista. Se manifiestan cada día, cada semana, en múltiples formas. Tienen efectos demoledores para la democracia y el sistema electoral, al que la 4T está desintegrando a pasos acelerados.  

Arrasar con el actual Poder Judicial, terminar con su independencia, subordinar a los futuros impartidores de justicia a los designios y necesidades de la 4T, todo bajo la pantomima de elegirlos por voto popular, en un proceso diseñado a troche y moche, plagado de errores e inconsistencias, que se han ido revelando a lo largo del proceso mismo. 

Suena a burla la afirmación de que ahora México “es el país más democrático del mundo”.  

Si en ningún país democrático se elige por voto popular a los ministros, magistrados y jueces no es por falta de democracia, sino por respeto a los principios fundacionales de un Estado democrático de derecho, con división y equilibrio de poderes. Poner a los poderes Legislativo y Judicial al servicio del Poder Ejecutivo no tiene nada de democrático. Eso se llama autoritarismo. 

Lo que ha hecho sonar las alarmas en Palacio Nacional es la previsión de un abstencionismo sin precedente en la jornada comicial del próximo domingo 1 de junio. En entrevista con el periodista René Delgado, el consejero electoral del INE Jorge Montaño, presidente de la comisión temporal responsable de la elección judicial, afirmó que la previsión optimista es una participación del 14%, la pesimista es 5%.

En la consulta de “revocación de mandato” del año 2022 acudieron a las urnas 16 millones de electores, de los cuales 15 apoyaron al convocante. Las evidencias y reportes de observadores permiten afirmar que en esa ocasión la enorme mayoría de los votantes fueron inducidos a participar a través de la coacción ejercida por los “servidores de la nación”, responsables de llevar a los adultos mayores, beneficiarios de la pensión del gobierno, a votar. 

Parece que en este año ni siquiera está asegurado ese número de votantes para la “histórica jornada electoral, que hará de México la nación más democrática del mundo”. Ni la burla perdonan.

En el padrón electoral están inscritos 100 millones de ciudadanos. En la previsión optimista votarán 14 millones. Un millón menos de los que fueron a pedirle a López Obrador que siguiera en Palacio. Pero si la previsión pesimista se cumple, votarán 5 millones. ¿Cuál será la legitimidad de ministros, magistrados y jueces electos por el 5 por ciento de los ciudadanos? Ninguna. 

Además, una baja participación conlleva un enorme riesgo para el operativo de control del resultado que, según versiones creíbles, se sigue diseñando y ensayando por los operadores electorales de la 4T. La única forma de asegurar el resultado a favor de los candidatos palomeados por el oficialismo es entregar a los electores coaccionados por los servidores de la nación, o por los operadores de Morena, disfrazados de “observadores electorales”, las plantillas para darles los números que deberán escribir en cada boleta. El detalle que no previeron los magos de la 4T es que cada elector recibirá entre 9 a 14 boletas. Es altamente probable que a la bajísima participación se acompañe un número muy elevado, sin precedentes, de votos nulos.

Si la jornada electoral es un fracaso, la única salida de la 4T será utilizar las boletas sobrantes, que no serán inutilizadas, para en los 300 consejos distritales del INE arreglar el entuerto y construir el resultado que necesita el oficialismo. Sería un fraude de tal magnitud que, en comparación histórica, haría aparecer la caída del sistema en 1988 como un incidente menor. 

Hay otro obstáculo: aunque el INE está dañado, su presidenta y quienes la apoyan no tienen mayoría de votos en el Consejo General. La validación de un fraude la tendrán que dar los 3 magistrados que hacen mayoría en la Sala Superior del TEPJF.

Por eso el oficialismo reclama hoy lo que ellos mismos aprobaron.  

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