En medio de una brutal crisis de inseguridad y violencia en México, se pueden señalar situaciones de grave beligerancia con resultados impredecibles en costo de vidas y otros efectos sociales y económicos, como en Sinaloa –donde los grupos fundadores del Cártel del Pacífico se disputan el control, o donde el control territorial lo tienen organizaciones del crimen organizado y se vive una profunda descomposición social–, como en Chiapas, o estados como Guerrero –donde se decapita al presidente municipal de la capital Chilpancingo y ocurren masacres cotidianas–, o actos narcoterroristas como en Guanajuato, con el estallamiento de coches bomba. 

El sexenio inicia con un promedio de ochenta homicidios diarios (diez mujeres) y una herencia del anterior cercana a 200,000 homicidios, de los que más de 5000 fueron feminicidios y más de 20 000, mujeres asesinadas. En este contexto, el pasado 8 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada de su gabinete de seguridad, presentó objetivos y ejes de la estrategia de su gobierno para hacer frente a esta gravísima emergencia. 

Lo primero a destacar, es el reconocimiento explícito de la profundización de la crisis de inseguridad y violencia que atraviesa al país. Es decir, reconocer y hablar de lo que para cualquier ciudadano es evidente y, por lo mismo, la principal preocupación de los mexicanos. De ahí, la exigencia inaplazable de pacificar México. El gobierno se propone, como objetivos, disminuir los homicidios dolosos y los delitos de alto impacto neutralizando a los generadores de violencia y a sus redes criminales, focalizando la atención en zonas de alta incidencia delictiva y mejorando el diálogo con los sectores de la sociedad.

Es importante enfatizar que el anuncio de la estrategia se haya dado en los primeros días de gobierno, porque expresa el sentido de urgencia en la toma de decisiones y hacia dónde se quiere ir, anunciando la puesta en marcha de acciones concretas para activar la fuerza del Estado ante este reto mayúsculo. La estrategia también transmite una definición política. En palabras de la presidenta: “No es regresar a la guerra contra el narco de Calderón”, pero ciertamente, tampoco es regresar a la omisa consigna de López Obrador: abrazos, no balazos.

Sin pretender descubrir el hilo negro o inventar el agua tibia, la estrategia plantea cuatro ejes centrales: atención a las causas de la violencia, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación absoluta en el gabinete de seguridad y con las entidades federativas.

Difícilmente se puede estar en desacuerdo con estos ejes estratégicos. Sin embargo, estos pueden hacer sentido o no. La gran diferencia es quién o quiénes los coordinan. En este caso, por un lado, un civil, abogado, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC), Omar García Harfuch, formado profesionalmente en las áreas de seguridad del Estado, experimentado y con resultados exitosos en el gobierno de la Ciudad de México; por el otro, un militar, el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), General Ricardo Trejo Trevilla, quien tiene profundo conocimiento y larga experiencia en tareas de inteligencia, planes estratégicos y operación territorial como alto mando del ejército y fuerzas armadas. Ambos, servidores públicos que saben de lo que hablan y esto puede hacer la gran diferencia.

El cómo realizar las tareas para lograr los objetivos planteados, responde, por sentido común, a una lógica obligada en materia de seguridad. Destaca el esfuerzo de coordinación, uno de los componentes más importantes de la estrategia, subrayando coordinación absoluta entre los integrantes del gabinete de seguridad y con los gobiernos estatales. Este concepto es crucial, la experiencia revela que, si no existen adecuados mecanismos de coordinación y comunicación entre civiles y militares, entre niveles de gobiernos, e incluso, con gobiernos vecinos, es muy difícil que una estrategia en la materia sea exitosa.

La pacificación del país exige un enfoque integral. Por ello, la atención a las causas va mucho más allá del ámbito de la seguridad. Tiene que ver con acciones preventivas tales como empleo, educación, esparcimiento, derechos humanos, infraestructura que, si bien no aparecen explícitamente en el documento ni en la explicación de la estrategia, resultan fundamentales para prevenir que, especialmente los y las jóvenes, se incorporen a las filas del crimen organizado. 

La Guardia Nacional, por la reforma constitucional, ya es un componente integral de la Sedena, junto con el ejército y la fuerza aérea. Lo sensato es fortalecerla mediante la capacitación permanente de sus integrantes en materia de seguridad pública, cercanía y comunicación con la sociedad, y derechos humanos.

Un Sistema Nacional de Inteligencia con visión de Estado resulta crucial en las tareas de prevención y diseño de programas y acciones operativas en materia de seguridad. El desarrollo de información estratégica y de inteligencia, utilizando las mejores tecnologías, resultan claves para la identificación de generadores de violencia y sus redes, y para frenar la impunidad. En un documento que circuló en el mes de septiembre, denominado “Estrategia de Seguridad de los Primeros Cien Días” se incluían con mucha mayor precisión, líneas de acción para la atención prioritaria de los diez municipios con mayor número de homicidios en el país; la atención a la seguridad en Chiapas, envuelta en una disputa territorial del crimen organizado; y Michoacán, donde la extorsión a productores del sector agropecuario, limón y aguacate, ha generado una ola de delitos con graves efectos sociales. También incluía el compromiso para la atención de carreteras y vías generales de comunicación y el establecimiento de diez fuerzas de tarea, integradas por Sedena, SSPPC y Secretaría de Marina (Semar). 

Se contemplaban, en ese documento, medidas específicas como la creación de un gabinete alterno integrado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Procuraduría Fiscal, Pemex-logística, el Sistema de Administración Tributaria (SAT), entre otros, para la investigación de actividades y seguimiento financiero del crimen organizado. Todas ellas de la mayor relevancia para el éxito de la estrategia en cuestión.

En un país como el nuestro, ninguna estrategia general, en esta u otra actividad, funciona adecuadamente si no se consideran las asimetrías territoriales, diferencias culturales, desigualdades sociales, económicas y la dimensión regional del crimen organizado. De ahí, la importancia de darle un sentido federalista y de integrar experiencias regionales valiosas como las que se han tenido en el periodo 2010-2018: en Ciudad Juárez, Chihuahua, “Todos somos Juárez”; en Nuevo León, “Alianza por la Seguridad Nuevo León”; en Coahuila, “Estrategia Multidimensional para la Paz”. 

Todos Somos Juárez 

Se puso en marcha en febrero de 2010 como una estrategia coordinada por el gobierno federal con la participación del gobierno de Chihuahua, el municipio de Ciudad Juárez y la sociedad juarense. Fue un ejercicio sin precedente en el diseño y aplicación de políticas públicas dirigidas a atender, por un lado, problemas económicos y sociales que alimentaban la inseguridad en el municipio fronterizo y, por otro, con el Operativo Coordinado Chihuahua, acciones de seguridad y justicia, ambos articulados a través de tres ejes: participación ciudadana, integralidad y coordinación.

La participación ciudadana reconoce que son los juarenses quienes mejor conocen su ciudad y quienes más pueden contribuir en la solución de su problemática. La sociedad civil, los empresarios, académicos, mujeres y jóvenes se organizaron en mesas de trabajo con funcionarios de los tres niveles de gobierno para hablar de la inseguridad y la violencia; proponer y desarrollar medidas concretas, establecer compromisos y supervisar su cumplimiento.

Para romper el círculo vicioso de la inseguridad, además de las acciones en torno a la seguridad pública, se incluyeron de manera integral otras dirigidas al empleo, salud, educación y desarrollo social, para crear oportunidades a la población e iniciar la reconstrucción del tejido social y disminuir las conductas antisociales.

En materia de coordinación, se desarrolló un intenso trabajo entre los tres niveles de gobierno y la ciudadanía organizada de Ciudad Juárez, a través de mesas de trabajo, de coordinación y consejos ciudadanos. Esta estrategia se reflejó, dos años después de su puesta en marcha, 2012, en una disminución de 82 % en el número de homicidios. También mostraron una disminución significativa los delitos de secuestro y extorsión.

Alianza por la Seguridad

Ante la crisis de seguridad en Nuevo León en 2010-2011, bajo la premisa: “contra el crimen organizado, una sociedad organizada”, el gobierno, empresarios, universidades y sociedad organizada pusieron en marcha una estrategia cuyo eje central fue la creación de una policía estatal, Fuerza Civil, confiable, con alto sentido ético, vocación de servicio, equipada con tecnología de última generación.

Los puntos clave del modelo fueron seis: voluntad política, colaboración intersectorial, medición de objetivos, corresponsabilidad ciudadana, visión de largo plazo, estrategia integral de comunicación para la recuperación de confianza. Es de resaltar la participación del sector empresarial regio. Los resultados a junio 2015: se redujeron los homicidios en 92 %; robos a casa habitación, 56 %; robo a negocios, 69 %; robo de vehículos con violencia, 97 %. La percepción ciudadana de inseguridad bajó de 60 a 39 % y el nivel de confianza ciudadana en Fuerza Civil alcanzó 79 %.

Estrategia Multidimensional para la Paz

En Coahuila, 2011-2017, la estrategia se estructuró a partir de tres áreas: prevención, lucha contra el crimen organizado y apoyos para la acción. En materia de prevención, propusieron generar nuevos y mejores empleos, incrementar el número de escuelas en todos los niveles, promover la cultura del deporte y el esparcimiento, difundir los valores cívicos, impulsar una reforma legal en la materia respetando los derechos humanos, y buscar a las personas desaparecidas.

En la lucha contra el crimen organizado, propusieron combatir frontalmente la violencia generada por los cárteles; prohibir los casinos, las peleas de gallos, los table dance y otros giros del crimen; formar una policía capaz y honesta; encarcelar a los grandes delincuentes; altos niveles de coordinación con autoridades federales y elevar la coordinación en las instancias de seguridad en el estado.

Los apoyos para la acción fueron: un sistema de estadística e información sólida y comunicar lo que se hacía. Los resultados se reflejaron seis años después: todos los índices de violencia bajaron de manera significativa, los homicidios en 87 %; los asesinatos por rivalidades delincuenciales, 92 %; la privación ilegal de la libertad; 91 %, la extorsión, 43 %; el secuestro, 43 %; el robo a personas, 83 %; el robo de vehículos, 81 %; el robo a negocios, 63 %; y el robo a casa habitación, 58 %.

Como lo revelan estos exitosos ejercicios en materia de seguridad pública, la disminución de la violencia es, sin demagogia, una tarea de todos que exige firme voluntad política de los gobernantes, amplia coordinación entre las instituciones de gobierno participante y con los estados y municipios, un enfoque multisectorial y con perspectiva de género, visión federalista, corresponsabilidad ciudadana y participación de la sociedad organizada, profesionalización policiaca con tecnología de punta y sistema de inteligencia, intercambio de información y cooperación con los países vecinos, y una estrategia integral de comunicación.

Si tomamos como criterio de evaluación los primeros cien días de gobierno, para enero del 2025 podremos saber si la estrategia nacional de seguridad puesta en marcha por la presidenta Claudia Sheinbaum avanza, como sería deseable, en el objetivo central de pacificar el país. 

Nuevos fenómenos y realidades parecen necesarios de incorporar en el análisis, como el desenlace de la guerra en Sinaloa y su escalamiento nacional, así como las presiones previsibles en la agenda bilateral México-Estados Unidos, resultado del triunfo de Donald Trump, particularmente en materia de migración y tráfico de fentanilo, por mencionar algunos factores cuyos efectos y consecuencias pueden profundizar los retos en materia de seguridad para México.