Hasta el año 2000 la Constitución fue avara en otorgar autonomía a organismos del Estado; sin considerar a las universidades públicas, con ese carácter estaban reconocidos el Banco de México, el IFE, el TRIFE (transformado en TEPJF en 1996), la CNDH, el INEGI, y pare usted de contar. En los siguientes doce años se otorgó autonomía al IFAI, que se transformó en INAI y se crearon la COFECE y el IFETEL. Fue en el sexenio de Peña Nieto que se multiplicaron los organismos autónomos, al calor del llamado “Pacto por México”.

Entre 2013 y 2018 se crearon o convirtieron en autónomos, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la de Hidrocarburos (CNH), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL); el IFE se transformó en INE y la PGR fue sustituida por la Fiscalía General de la República (FGR) a la que se dotó de autonomía de rango constitucional. En el sexenio que está por concluir, no se ha otorgado autonomía a otro ente público, ni se ha creado alguno nuevo con esa calidad.

En uno de sus acostumbrados arranques el presidente López Obrador acaba de sacar la guadaña y amenaza con una iniciativa de reforma para terminar con varios de los organismos autónomos, con un argumento para justificar su pretensión: “gastan mucho y nos sirven para nada”.

Sobre la primera parte del juicio presidencial, lo primero a establecer es que, en conjunto, el presupuesto destinado a los organismos autónomos es menor al 2% del PEF para este año, además de que debe tomarse en cuenta que la mayor parte de lo que se les asigna de recursos públicos es gastado por el INE y el TEPJF. En una comparación solamente cuantitativa sobre el gasto de los demás autónomos, Banxico incluido, se comprueba que esos organismos, responsables de relevantes tareas de interés públicos, no pintan en el PEF.

De la segunda parte de la descalificación presidencial hay que decir que, como también es usual, constituye un ardid para desviar la atención y evitar rendir cuentas de los problemas generados por la ineficiencia mayor, la del gobierno. Por ejemplo, la monumental crisis de PEMEX no es culpa de la CNH, ni los severos problemas, financieros y operativos, de la CFE son producto de acciones de la CRE. Sin el INAI la opacidad gubernamental sería obscuridad total. Sin autonomía, el INEGI habría sido transformado, desde 2018, en la agencia oficial de propaganda estadística de la 4T.

Desde la autonomía del IFE/INE y la adscripción del Tribunal Electoral al Poder Judicial (1996), casi todas las elecciones federales han transcurrido conforme los cánones legales y las mejores prácticas. La presidencial de 2006 terminó en conflicto no por su organización o por culpa de los ciudadanos que recibieron y contaron los votos, sino por la cerrada diferencia entre el ganador y el segundo lugar, y sobre todo por los errores de comunicación del presidente del IFE.

Problemas de abusos y derroches los hay en toda la administración pública, y también en los organismos autónomos. Pero no hay que tirar al niño con el agua sucia de la bañera. Hay evidencia suficiente de esos problemas dentro de varios de los organismos autónomos que deben ser resueltos desde sus propias instancias de control interno. Los casos recientes en el INAI, ventilados en la sesión pública en que se decidió, de manera nada pulcra, la sucesión de su presidencia, son una muestra de esos problemas. Hay asuntos más graves en ese organismo, y en otros.

La situación en el TEPJF es de naturaleza más compleja ya que siendo un organismo especializado del Poder Judicial federal, tiene características propias de un autónomo, pero está sujeto al control de una Comisión de Administración en la que tienen mayoría los consejeros de la judicatura federal. La información de medidas de austeridad en el gasto, que describió el todavía presidente de ese Tribunal, da cuenta de los excesos en que se incurrió en los años anteriores.

Llama la atención que en su preocupación por organismos autónomos que “gastan mucho y no sirven para nada”, el presidente no se refiera a dos que cumplen casi a la letra con ambas características: la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía General de la República (FGR). La primera, anulada por completo desde la llegada de actual presidenta. La segunda, paralizada por la ineficacia del diseño institucional que le otorgó autonomía y la bamboleante conducta del Ejecutivo en materia de procuración de justicia.

La autonomía no es una panacea para hacer eficientes a los entes públicos, ni es la varita mágica que otorga virtudes a sus consejeros, comisionados o jueces. La autonomía es una calidad que solo debe otorgarse cuando la naturaleza de las responsabilidades y tareas pública requiere que quienes las cumplan tengan independencia frente a los poderes con poder, el Ejecutivo y el Legislativo.

La solución no es liquidar lo que existe, sino mejorarlo de raíz.

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