El pasado 28 de febrero, el Centro de Estudios para un Proyecto

Nacional Alternativo (CEPNA) organizó este panel de seguridad en el que participaron Jorge E. Tello Peón, director de Madison Inteligencia México; Guillermo Valdés Castellanos, especialista en seguridad nacional y director del CISEN entre 2007 y 2011, y Diódoro Carrasco Altamirano, exsecretario de Gobernación, así como la diputada Ivonne Ortega (MC) y los diputados Rubén Moreira (PRI) y Humberto Aguilar Coronado (PAN).¹ A continuación, compartimos la transcripción de las intervenciones más destacadas.

Jorge Alcocer Villanueva: Buenos días. Para la primera mesa de este panel tenemos como invitados a Jorge E. Tello Peón, a Guillermo Valdés Castellanos, y a Diódoro Carrasco Altamirano. Voy a dar inicio a la charla citando el “Esquema de seguridad para los candidatos a los diferentes cargos de elección popular en el proceso electoral”, documento que el Instituto Nacional Electoral (INE), distribuyó. Dicho documento dice: “no se vislumbra una amenaza real o potencial en contra de los candidatos y candidatas”. El día de ayer se reportaron dos precandidatos asesinados en Maravatío, Michoacán. A la luz de ese documento y de esos hechos, pregunto a los panelistas: ¿qué hacer con la inseguridad? 

Jorge E. Tello Peón: Se trata de un tema brutalmente vigente y, como lo dice Jorge, muy preocupante. Yo creo que no genera grandes dilemas. ¿Estamos realmente bien?, ¿no hay nada de qué preocuparse? En ese documento del INE yo subrayé la misma frase que tú mencionaste Jorge, porque en la misma página establece el riesgo alto, el riesgo mediano y el riesgo bajo para candidatos y se describe el esfuerzo que está haciendo el INE para convocar a las autoridades federales a proporcionar seguridad a los y las candidatas. Se habla del esquema de seguridad para gobernadores, senadores y diputados federales. 

Me parece que el contexto es lo que nos pone en un alto riesgo para el proceso electoral del 2 de junio. Tenemos, por un lado, la polarización política, un ambiente de odio, de eliminación. A mí me llama mucho la atención lo que ha pasado estos últimos días con el tema de los teléfonos, de hacer públicos los teléfonos privados de las candidatas y lo que ellas reportan de inmediato: el nivel de agresión telefónica, de amenazas de muerte, ese es el ambiente que se ha generado en la discusión y en los métodos políticos que se están utilizando. Eso, por una parte. 

En segundo lugar está la “socialización” de la violencia, un tema que es crucial. No estoy hablando sólo del proceso electoral, estoy hablando del ambiente general, esta negación, minimización, normalización de la violencia. Todos los gobiernos, en todos los niveles, asumen con mucha frecuencia esta postura: “Sí, tenemos un problema, pero no pasa nada, las cosas están bien”. Es la negación, minimización, normalización de la violencia. También hay un ambiente de rendición social, donde se dice: “qué remedio, tenemos que aceptarlo y nos tenemos que adaptar”, y en esa adaptación surgen esquemas muy peligrosos. Por un lado, la autodefensa y, por otro lado, la participación o colusión con el crimen. Esto es: si no puedes hacer nada, si no puedes contra ellos, es mejor sumarte. Me preocupa mucho esta postura social. Recuerdo a un transportista en Guerrero que, siendo yo funcionario público, me decía: “Oye Jorge, ¿con quién nos ponemos de acuerdo, con ustedes, gobierno, o con aquellos?” Y “aquellos” eran los del crimen organizado. 

Tenemos crimen organizado en un ambiente de impunidad, bajo una lógica de control territorial. En el documento que a principios de febrero presentó Integralia como primer corte de la seguridad para las elecciones, hablaba de las zonas de mayor riesgo, de menor riesgo, más peligrosas, menos peligrosas. De los índices delictivos y de las zonas donde estos son mayores. Por eso no sorprende lo que estamos viendo en Michoacán. Integralia marcó a seis estados como los de alta peligrosidad, son los mismos seis con mayor índice delictivo. 

Para calificar las elecciones de presidentes municipales, se toman en cuenta, entre otras condiciones, el estado general de las capacidades del gobierno y el Estado de derecho. Se definen seis estados con altos niveles de inseguridad para los procesos electorales. Otros siete se consideran como “peligrosos” y sólo seis –conforme a Integralia– de baja peligrosidad.

¿Cómo entender esa afirmación de que “no hay amenazas” cuando ayer nos enteramos de la muerte de estos dos aspirantes a la presidencia municipal de Maravatío?, ¿a quién le hacemos caso? A mí me preocupa mucho la conclusión de Integralia de que para arreglar esta situación resulta necesario flexibilizar las pruebas para suspender una elección cuando las condiciones de seguridad no permitan que se realicen. Por un lado, el INE afirma que no pasa nada, y por el otro, se afirma que no hay condiciones para que se celebren las elecciones. Es una situación muy delicada.

JAV: Gracias, Jorge Tello, por tus reflexiones. Guillermo Valdés, a la luz de la realidad, ¿cuál es, a tu juicio, el estado que guarda el tema de seguridad a cuarenta y ocho horas de que empecemos las campañas federales? 

Guillermo Valdés Castellanos: Al igual que Jorge Tello, veo la situación con muchísima preocupación. Hay una desproporción brutal entre la dimensión del problema que estamos enfrentando y la respuesta que están dando las autoridades y el Estado mexicano. No hay, en el documento del INE, un diagnóstico de qué está pasando en materia de intervención del crimen organizado en procesos electorales. 

El documento se concentra, en primer lugar, en la eventual violencia contra los candidatos afirmando que “no existe”. Pero no sólo eso, se adopta el enfoque de que la única forma de intervención del crimen organizado es a través de la violencia, cuando sabemos que sus modalidades de intervención son múltiples: a través del financiamiento de las campañas, la imposición de candidatos a los partidos, atemorizar a comunidades enteras, e impedir que los funcionarios del INE lleguen a muchas comunidades. Se trata de la violencia, de la intervención el día de la jornada electoral para inducir el voto o prohibir el voto, para destruir casillas, para quemar urnas. Las modalidades son múltiples. Pero el documento del INE se concentra en la violencia contra candidatos, y de pasada dice que no es real. 

Es gravísimo que no haya un mapa de riesgos, gravísimo que no se tengan consideradas todas las modalidades de intervención del crimen organizado y además la respuesta ha sido muy tardía. Esto debió haberse empezado a discutir en junio del año pasado, tres meses antes de que empezara el proceso. La omisión es generalizada, no sólo la del INE, sino la de los partidos y la de los gobiernos de los tres niveles. Quiero insistir en que más allá de los números y de la gravedad, en términos cuantitativos, de cuántos municipios y cuántos estados se encuentran afectados por las distintas modalidades de intervención del crimen organizado, necesitamos entender la verdadera naturaleza de lo que está en riesgo. En primer lugar, hay que entender que los objetivos de las organizaciones criminales en los procesos electorales son varios. El primero es apropiarse de las instituciones públicas. Ese es el acto más grande de la corrupción. Toman lo público y lo reconfiguran, lo convierten en una excepción al servicio de los fines privados de las organizaciones criminales. 

Todo el estado, la alcaldía, las policías, las procuradurías: los controlan y los ponen al servicio de la organización criminal. Lo público se vuelve privado para los fines de estos señores. No es un intento de tener un candidato, o muchos presidentes municipales o diputados locales, se trata de un abordaje de todo el Estado con el objetivo fundamental de depredar a la sociedad, a las empresas, a las familias, a los ciudadanos, quitarles sus rentas, y para eso requieren la impunidad. 

Y la mejor manera de institucionalizar y perpetuar la impunidad es apropiándose de las instituciones del Estado. Entonces, el objetivo no es matar a un candidato. Las víctimas iniciales, inmediatas, son los candidatos, pero las víctimas mediatas son la democracia, las instituciones públicas, el Estado de derecho, las libertades económicas porque: ¿qué pueden hacer los empresarios en lugares controlados por los criminales? Y el sometimiento brutal de los ciudadanos al imperio de la violencia. 

En la medida en que dejemos pasar y minimicemos cada asesinato de cada precandidato, estamos dándole permiso y cheques en blanco a los criminales para realizar este proceso de apropiación de las instituciones estatales, la modificación de la democracia, la modificación del Estado de derecho y la ley salvaje de “quítale todo a los ciudadanos”, que es lo que quieren hacer.

Preguntemos: ¿cuáles son los objetivos que están persiguiendo las organizaciones criminales? Entendamos lo que está en juego detrás de cada hecho que impide que los funcionarios del INE lleguen a capacitar ciudadanos en zonas rurales alejadas, o tras las amenazas a precandidatos, o de la sustitución de los funcionarios de casilla. Se trata de pasos para la cooptación y transformación de las instituciones públicas en un nuevo orden social en donde los criminales tienen la palabra. 

Frente a eso, la respuesta del documento del INE es establecer dos tipos de escolta. Es para ponerse a llorar. Hay una desproporción entre la magnitud del problema y la respuesta del Estado. Es vergonzoso. Por ejemplo, ante lo que pasó en Maravatío –creo que aquí me voy a adelantar a Rubén Moreira– el Estado entero debería estar hoy en Maravatío, los presidentes de los partidos políticos, el gobernador, mínimo la secretaria de Gobernación, diciendo: “señores, no van a tomar el Estado, no vamos a permitir que nos eliminen”. Porque el mensaje de los criminales en Maravatío es terrible. “No vamos a dejar que el Estado siga siendo el Estado, nosotros vamos a poner las reglas, vamos a eliminar al gobierno”. 

La respuesta presidencial es: “No hablen de violencia”. Eso dice el presidente. Es brutal. Es terrible que no haya una respuesta contundente de todo el Estado para decir a los criminales: ¡no van a pasar! Porque si pasan, lo que sigue es un infierno para los ciudadanos, para las empresas, para el país.

JAV: Gracias, Guillermo. Has sido muy elocuente y preciso en tu señalamiento de esa ausencia del Estado. Diódoro, parece que la conclusión del documento del ine es: ¿cuántos vehículos tiene la escolta de los candidatos según el nivel de riesgo? ¿Es eso un “esquema de seguridad”?

Diódoro Carrasco Altamirano: No lo es, por supuesto. Déjame empezar con el tema que cerró Guillermo, subrayando la incomprensible e inadmisible negativa a reconocer el riesgo, que es una amenaza real. Es incomprensible que no sólo se nieguen a reconocer este problema, sino que sólo se recomiende que no se hable del mismo, que no se toque el tema. Lo que pasó en Maravatío me parece crucial para entender de qué tamaño es el fenómeno. Hay que bajar la información a los estados y hay que entender lo que está pasando en cada uno de ellos con el control territorial del crimen organizado. La preocupación principal de los mexicanos y mexicanas es la inseguridad y la violencia. Todos hemos visto los datos, es un tema que crece, y parte de esa preocupación tiene que ver con lo que hablamos hoy, de cara a las elecciones, a dos días de arrancar las campañas electorales. Los más vulnerables, por cierto, son las y los candidatos a las presidencias municipales.

Decirles a esos candidatos que se arreglen con sus gobiernos estatales es francamente tardío, ridículo y burocrático, y creo que absolutamente equivocado. ¿Qué hacer? Yo creo que hay tres o cuatro cosas en las que es importante insistir. No son novedosas, pero hay que insistir en ellas: primero, se tiene que reconocer el tamaño de la amenaza. Hace unos días leía las declaraciones de un magistrado electoral que decía, textualmente, que uno de los más alarmantes riesgos para el proceso 2024, es la violencia política. Pero no hay eco en el resto de las instituciones. No hay eco en el gobierno federal, en los estatales, en los municipales. Tampoco hay eco en los partidos políticos a excepción de Rubén Moreira (PRI), que ha sido muy insistente en este tema. 

Es necesario que el problema lo asuma quien encabeza el Estado mexicano. Ayuda la voluntad política, ayuda que diga: pongámonos de acuerdo, sentémonos con la secretaria de Gobernación, con la de Seguridad Pública, con el Instituto Nacional Electoral, con los partidos políticos, por supuesto, para ver las grandes preocupaciones y luego aterrizar una idea nacional y en mesas estatales. Pero nada de eso ocurre.

Como lo comentaba Guillermo, ya es muy tarde, las campañas empiezan en dos días. El mapa de riesgos que tanto se discutió debió hacerse desde el año pasado para saber en qué situación estaban los municipios que, repito, son los más vulnerables, donde se dan los mayores conflictos porque es donde el crimen organizado controla territorio, porque es donde realizan sus actividades ilícitas. Es de conocimiento público la debilidad que tenemos en la aplicación de la ley, en el Estado de derecho. Esto se intensifica, se agranda a nivel municipal. Creo que es indispensable romper protocolos que no funcionan. 

Lo que se requiere es mucha labor de inteligencia, de análisis y de sanción. Hay que bajar a los estados. Ahí se sabe dónde está imponiendo el crimen candidatos. Queda claro que en Maravatío al crimen que controla esa zona ninguno de los dos candidatos le gustaba. Aunque es tarde, tampoco creo que el caso se haya perdido. Me parece que hay que retomar iniciativas, pero lo veo muy complicado si desde la Presidencia de la República, desde las instituciones electorales y desde los partidos políticos no se logra un acuerdo para sentarse a la mesa y revisar con prioridad el tema.

JAV: Muchas gracias. Hemos terminado esta primera ronda. En la segunda parte del panel participan la diputada Ivonne Ortega (MC), y los diputados Rubén Moreira (PRI) y Humberto Aguilar Coronado (PAN). 

Ivonne Ortega Pacheco: Creo que lo que tendremos que lograr es que este no sea un tema de elecciones cada tres o cada seis años. La delincuencia organizada se ha venido enraizando en las diferentes zonas del país. Hoy, una gran parte del país está penetrado por los grupos organizados de la delincuencia, e inclusive, para poder hacer campaña, y lo saben los candidatos, hay que pedir permiso al grupo que domina la zona. Si no hay permiso, no hay campaña. Puedo decir que en el 15 % o el 20 % de los municipios del país las candidaturas que van a ganar ya están decididas porque los que estaban compitiendo están muertos. Ya saben quién va a ser presidente municipal. Ya saben quién va a ser el diputado local o federal. 

Ayer se instaló en la Cámara de Diputados la mesa de seguimiento a la elección. Rubén Moreira propuso que estuviéramos en Maravatío y yo estoy en disposición de ir porque ir visibiliza la situación, pero no resuelve el problema. Hay que entender que el problema hay que resolverlo de fondo. Hoy tendríamos que ponernos de acuerdo con los candidatos, llegar a acuerdos entre los partidos que estamos llevando a los candidatos a los diferentes cargos y hacer compromisos reales. ¿Cómo protegemos, por ejemplo, a los 50 000 capacitadores del ine en el territorio? Esos capacitadores no son candidatos, no tienen protección del Estado. ¿Cómo protegemos y garantizamos que el ciudadano que salga a votar vaya con tranquilidad y no se enfrente, por ejemplo, con una persona armada en la casilla que le diga: “táchele, usted ya sabe por dónde”?

Siempre he dicho que el tema de la seguridad no se puede politizar. Si el tema se politiza, no garantizamos nada. Entendamos que, independientemente de quién sea el candidato, la candidata, nos importa el tema de seguridad de los ciudadanos, de los capacitadores, de los funcionarios y representantes de casilla y también de los candidatos.

Marco Humberto Aguilar Coronado: En el ine yo he sostenido que, si bien es cierto que estas elecciones van a ser las más grandes de la historia, por el número de cargos a elegir, corremos el gravísimo riesgo de que sea la elección más peligrosa de la historia por dos temas importantes: 1) la posible intromisión de la delincuencia organizada en dos vertientes, en el financiamiento a los candidatos y 2) en la voluntad de imponer candidatos a los partidos políticos en diferentes localidades, municipios, distritos. Pero también puede ser muy peligrosa por la polarización que el presidente de la República ha hecho desde el Palacio Nacional todos los días. Me parece que con la intromisión de él mismo y de sus funcionarios pueden hacer peligrar la elección de una manera importante. 

En Puebla, desde lo local, hemos pedido al gobierno del estado que elabore un mapa de riesgo, precisamente de los municipios en donde los candidatos tienen mayor peligro. Catorce asesinatos en enero y febrero, de gente vinculada a los partidos políticos, o a una aspiración política, es un exceso. Me parece que eso lo debemos de cuidar, y si se elaboran mapas de riesgo, hay la posibilidad de prevenir las cosas. La secretaria de Seguridad Ciudadana estuvo en la Cámara de Diputados y saliendo de una reunión con la JUCOPO afirmó que había, por lo menos, cincuenta municipios en riesgo para la elección de junio del 2024. 

Creo que debemos hacerle entender a los ciudadanos que lo más importante es la participación, y que las autoridades cumplan con su responsabilidad primaria, que es garantizarle la seguridad al ciudadano.

Rubén Moreira Valdez: Está en riesgo la democracia mexicana. Están en riesgo los procesos electorales. El control del crimen se está haciendo efectivo en los territorios. Por ejemplo, el Puerto de Manzanillo, que determina muchísimo lo que va a pasar en Colima, o el Puerto Lázaro Cárdenas, que determina lo que va a pasar en Michoacán. La seguridad es mucho más que buenas intenciones. Es ponerle inteligencia, es ponerle fuerza también. Maravatío es desgraciadamente emblemático: asesinan a dos candidatos y entonces el mensaje que se manda a todos los mexicanos es que no cualquiera puede ser candidato. Hice una pequeña investigación hablando con amigos, con gente que conoce la región, y me dicen: es muy sencillo, ellos (los asesinados) no pidieron permiso para hacer campaña. 

Maravatío se convierte en emblema en este momento de lo que no podemos dejar que pase, porque si dejamos que pase, qué va a acontecer en los 113 municipios de Michoacán, o en los más de 120 que tiene Jalisco, y también en otras partes. Hay que decirlo: ir a Maravatío no es la solución del problema, pero es visibilizar que hay un problema y que la autoridad está abdicando a su responsabilidad. Lo de Maravatío tiene también otras implicaciones. Vean lo que dijo el gobernador de Michoacán, palabras más, palabras menos: “eso les pasa por andarse juntando con el crimen”. ¿Tiene pruebas? 

Pongo el caso de Sinaloa, donde en 2021 el candidato que pierde la elección se quejó de que días antes desaparecieron a sus movilizadores, a sus operadores, al secretario de elecciones y al secretario de organización del PRI. El día de la elección supimos de la enorme presión que hubo sobre los votantes en Sinaloa, de varias maneras. Al día siguiente, cuando se trata de interponer un recurso de impugnación, el candidato no encontró un notario, ni un abogado que le firmara su recurso. El Comité Ejecutivo Nacional le envió un abogado. Al día siguiente, el Comité Directivo Estatal de nuestro partido declaró: “no estamos de acuerdo”. El gobernador saliente termina su mandato para convertirse en embajador en España. imagínense un Comité Directivo Estatal que le dice a su candidato: “no te acompaño en el recurso”. 

El problema es la democracia. Ese es el mensaje que debemos mandar. Arreglar la seguridad del país lleva tiempo, tiene otros procesos, pero ahora mismo debemos enviar un mensaje para que las autoridades actúen, pero sin dar un permiso para que en el día de las elecciones hagan lo que quieran. Todos los gobernadores tienen que cumplir con su deber. No podemos permitir a los gobernadores que se excusen en la “normalidad de la violencia”. 

JAV: Hemos llegado al final de esta conversación y les agradecemos a nuestros panelistas, así como a nuestros representantes ante el INE, por haber acudido a esta cita. Se trata de que hablemos del tema. Callar no es ninguna solución. Hablemos del tema con responsabilidad, con información y, sobre todo, impulsemos un acuerdo nacional para proteger lo principal, que es la democracia. Gracias.