En un solo acto y en el mismo día el presidente López Obrador presentó a la Cámara de Diputados 20 iniciativas, 18 para reformar diversos artículos constitucionales en materias tan disímbolas como la transformación del Poder Judicial Federal (PJF), la segunda versión de su fracasado Plan A en materia electoral, la desaparición de casi todos los órganos autónomos, la conversión de la Guardia Nacional en una rama de las Fuerzas Armadas, la protección a los animales, la prohibición de cigarros electrónicos (vapeadores), la proscripción del fentanilo ilegal, el salario mínimo, las pensiones y jubilaciones, los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, Etc.

No recuerdo en la historia moderna de México un paquete similar de iniciativas presidenciales, menos aun cuando quedan poco más de 7 meses para el fin del mandato del autor de las propuestas, que en algunos casos podrían ser explicables al inicio de un gobierno, no cuando está por concluir el del firmante. Es por ello que la mayoría de los analistas consideran que el paquetazo es un instrumento de la propaganda del gobierno en favor de su partido y sus candidatos, sin importar el destino que tengan esas propuestas en las cámaras del Congreso, cuya legislatura también está por concluir su mandato. El propio presidente reconoció la intención electoral en sincera declaración mañanera.

Este artículo tiene como objetivo ilustrar sobre la complejidad de dos temas de singular relevancia que las iniciativas presidenciales entreveran, sin dar mayores elementos para evaluar no solo su solidez jurídica sino también su factibilidad operativa y el impacto que tendría su aprobación e instrumentación sobre las finanzas públicas. Me refiero a las iniciativas de reforma electoral y la del Poder Judicial de la Federación.

La propuesta presidencial.

En materia electoral, la iniciativa presidencial es una segunda versión, corregida y aumentada, de la que presentó en abril del año pasado, a la que se identificó como el “Plan A”, misma que fue descartada en la Cámara de Diputados al no alcanzar la votación requerida para su aprobación. En apretada síntesis, lo que vuelve a proponer el presidente es centralizar la organización y desarrollo de todas las elecciones y consultas, federales y locales, en un nuevo organismo que denomina Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). Los 9 consejeros de su Consejo General serían electos mediante voto popular, sería presidente del INEC quien obtenga mayoría de votos de entre los que resulten electos. Desaparecerían las autoridades electorales locales, OPLES y tribunales.

Al igual que en su anterior iniciativa, el presidente propone eliminar los 300 consejos distritales permanentes, con la consecuente y drástica reducción del servicio profesional electoral. Propone también reducir el financiamiento público a partidos políticos, sin la radicalidad que postuló en su Plan A. Una diferencia notoria es que esta vez sí propone eliminar los escaños y curules plurinominales, para regresar a un sistema de mayoría relativa con 300 diputados y 64 senadores. El modelo no es nuevo, así era el México de inicios de los años 60 del siglo pasado. Fue otro López, Mateos, el que para darle una pizca de pluralidad a la Cámara de Diputados propuso los diputados de partido. Ahora, ni eso.

También se repite la idea de reducir drásticamente el número de diputados en los 32 congresos locales, todos electos por mayoría relativa, así como reducir el de regidores, llegando al extremo de que en la mayoría de los municipios de México habría solo un regidor, en cabildos monocolores.

Como lo había propuesto el presidente López Obrador en su Plan A, el INEC sería responsable de la elección de consejeros y magistrados electorales, con el agregado que también serían electos por voto popular los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación, así como los magistrados y jueces de los poderes judiciales de las 32 entidades federativas.

Se aprobarse la iniciativa presidencial también entrarían a elección por voto popular los integrantes de un nuevo tribunal de disciplina interna del PJF, que asumirá funciones no solo disciplinarias administrativas sino también de investigación de posibles delitos cometidos por ministros, magistrados y jueces. Una especie de Santa Inquisición al interior del PJF.

En su iniciativa de reforma al PJF el presidente propone remover de manera anticipada a los actuales 11 ministros de la Corte, para sustituirlos -en el año 2025- por 9 electos mediante voto popular, en una jornada electoral en la que también serían electos la totalidad de los demás juzgadores federales y locales. Según los datos del Consejo de la Judicatura Federal, hay alrededor de 1,600 magistrados de circuito y jueces de distrito de ámbito federal. No tengo el dato de cuantos magistrados y jueces hay en los 32 poderes judiciales de las entidades federativas; supongo que debe ser un número igual o mayor.

Los candidatos a ministro, magistrado o juez federal surgirán de tres fuentes: el presidente, las cámaras del Congreso de la Unión y el pleno de la SCJN. Por ejemplo, tratándose de candidatos a ministros de la Corte, el presidente propondría 10 candidatos, las cámaras, por voto calificado de dos terceras partes, 10 (5 cada una) y el pleno de la Corte otros 10, también mediante voto calificado. Si alguno de los poderes no presenta sus candidaturas, pierde ese derecho y la elección se hará con los que hayan propuesto los otros dos poderes, o incluso solo uno de ellos.

Por ejemplo, si en las Cámaras no se alcanza la mayoría calificada para nombrar los 10 candidatos, como ya ocurrió para la elección de magistrados electorales o para la designación de la más reciente ministra de la Corte, entonces no habrá candidaturas de ese Poder. Lo mismo pasaría si en el pleno de la Corte no se obtiene mayoría calificada para decidir sus candidaturas. Entonces la elección se hará solamente con los candidatos propuestos por el presidente, que no tiene riesgo alguno de bloqueo a sus propuestas. En singular redacción la iniciativa establece lo siguiente: “el Poder Ejecutivo postulará de manera paritaria por conducto de la persona titular de la Presidencia de la República hasta diez personas aspirantes” (sic). Digo que es una redacción singular porque en mi clase de derecho en el CCH me enseñaron que el Poder Ejecutivo se deposita en una sola persona, a la que se denomina presidente.

Pero aún si los tres poderes presentan sus candidatos, el presidente tendrá más de 10,  los suyos y los que su partido y aliados logren meter en la lista del Poder Legislativo, más aquellos que los ministros que le sean afines en la Corte logren colocar en la respectiva lista. Más allá del rebuscado procedimiento para definir las candidaturas, que se replica en el ámbito local, lo destacable es la visión presidencial que hace del Poder Judicial un botín político que él supone quedará en manos de la misma mayoría que obtenga la presidencia de la República.

Lo que se propone es llevar al México del siglo XXI la decimonónica definición, aún subsistente en el artículo 80 de nuestra Constitución, que dice “se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo.

Dejo anotado el riesgo que para el México de hoy y de mañana implicaría elegir impartidores de justicia. Puede ser que los partidos políticos no metan las manos en su elección, pero seguro que sí lo hará, con plata o plomo, el crimen organizado.

Lo que no tiene el paquetazo:

En mi experiencia, las reformas constitucionales de importancia requieren tener a la vista su desarrollo reglamentario. Esto es, aunque no sea ortodoxo en el procedimiento legislativo, acompañar la iniciativa constitucional del proyecto de ley reglamentaria permite a los legisladores entender y valorar lo que están discutiendo. No es el caso.

Por lo que sabemos no existen siquiera borradores, así sea a grandes trazos, de leyes reglamentarias. En este caso, la ley electoral y la Orgánica del Poder Judicial. Dejo anotado que la nueva ley electoral no puede ser el mazacote que se denominó Plan B, pues este último tenía como base el texto vigente del artículo 41 constitucional, y demás correlativos. El mazacote fue declarado inconstitucional por la Corte.

Imaginemos por un momento que las propuestas presidenciales estuvieran hoy en vigor, en 2024, y que existiera el INEC. Además de los casi 24 mil cargos de representación popular que están en contienda, habría además en juego 3 mil a 4 mil cargos en el Poder Judicial, tanto federales como locales. A los candidatos a ministro, magistrado o juez, federales y locales, habría que darles acceso individualizado a spots de radio y TV, y vigilar que los partidos políticos no interfieran en sus campañas electorales, cuya duración no está especificada en la iniciativa presidencial.

Tampoco se ha informado cuál es el impacto o costo presupuestal del paquetazo, pues como ya es cartabón en este gobierno nada de lo que propone el Ejecutivo tiene impacto presupuestal, aunque sea obvio que al actual costo de la elección federal habría que sumar el de las elecciones locales y de los cargos en los poderes judiciales.

No existe información, ni tampoco  indicadores en las iniciativas, para dictaminar en la Cámara de Diputados, como cámara de origen, el paquetazo. Otra vez habrá foros y parlamentos abiertos, coincidentes con las campañas electorales, para dar espacio y micrófono al presidente, no a los diputados. El objetivo no es una “nueva Constitución versión 4T”,  para eso no hay tiempo, ni espacio mañanero. El propósito es –creo- dominar la agenda y el debate nacional y encadenar a su candidata a la presidencia a sus dictados y proyectos. El problema no es de los diputados, es de Claudia.  

Le entregó el bastón, no el mando.  

Nota: Este artículo fue publicado el domingo 11 de febrero de 2024 en el suplemento R del diario Reforma.