Diagnóstico tras diagnóstico sobre el estado del ejercicio efectivo y en condiciones de igualdad de los derechos políticos de las mujeres en países de América Latina un actor aparece como crucial para lograr avanzar con mayor velocidad y profundidad hacia democracias paritarias: los partidos políticos. En 2010, un primer diagnóstico cuantitativo y comparado para la región impulsado el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional) que abarcó el análisis de 94 organizaciones políticas de 18 países (con al menos un 5% escaños en el Congresos en el año 2009) evidenció con cifras las dinámicas masculinizadas del poder al interior de dichas organizaciones. Mientras las militancias estaban compuestas en un 51% por mujeres, pero las mujeres en presidencias y secretarías generales eran apenas 16% y 19% en Comités Ejecutivos Nacionales. 

Casi una década después, nuevos datos del BID e IDEA Internacional (de próxima publicación) que abarcan a 84 organizaciones de 17 países (con más de 5% de representación parlamentaria entre 2015 y 2019) muestran que el techo de cristal para las mujeres -entendido como esos sesgos y barreras informales producto de una cultura político partidaria excluyente respecto de las mujeres para el avance de sus trayectorias políticas- no tenía visos de resquebrajarse. Las mujeres en la militancia alcanzan un 48,7% y su presencia en presidencias y secretarías generales es de 15,4% y en Comités Ejecutivos un 28,5%. Finalmente, a 2022, datos del Observatorio de Reformas Políticas sobre una muestra de 54 partidos de la región señalan que sólo el 20% de las organizaciones analizadas eran dirigidas por mujeres. Primera conclusión: más de una década después, el inmovilismo en la masculinización del poder organizativo partidista parece mantenerse pues en el ámbito interno los partidos políticos -de modo general- vienen siendo reticentes a innovaciones que impliquen una redistribución del poder y un cambio en las estructuras dominantes.

La literatura especializada sobre los partidos políticos ha señalado desde sus inicios el carácter conservador de las organizaciones políticas. De hecho, en los estudios de Harmel y Janda sobre los objetivos y el cambio en las organizaciones políticas se señala que los partidos solo cambian si hay una buena razón para hacerlo y que los cambios más profundos se pueden dar cuando los estímulos para el cambio afectan los objetivos principales que orientan su existencia y su desempeño. Esas razones, a las que podríamos llamar también incentivos o estímulos pueden darse por motivos externos o internos. Entre los factores externos se ha señalado recurrentemente a las derrotas electorales como uno de los principales incentivos para realizar cambios o a la entrada de nuevos actores al sistema político que desafíen el status quo. También los cambios que se producen como consecuencia de innovaciones en las legislaciones que regulan su funcionamiento en los sistemas democráticos. Por otro lado, como factores internos han sido señaladas las renovaciones en los liderazgos o los cambios en las voluntades políticas de quienes detentan el poder en los partidos. 

En el caso latinoamericano, la vía recorrida para generar cambios en las lógicas de los partidos ha sido la innovación legislativa, primero a través de las cuotas, en un período de contagio que se inicia en 1991 con la aprobación de la Ley de Cupo en Argentina (30%) hasta 2015. Chile fue el último país que aprobó una medida de cuota en listas electorales (que obliga a los partidos a presentar no más de 60% por cada sexo). En la actualidad 7 países mantienen reguladas las cuotas. Paralelamente, a partir de los procesos de reforma constitucional (en Ecuador y Bolivia) y legal (en Costa Rica) que se inician en torno a 2008 se avanza hacia medidas de paridad en 9 países (aunque con diseños débiles en algunos casos). Estos procesos acumulativos han generado que, la representación de las mujeres para 18 países -por ejemplo- en cámaras bajas/únicas (en base a datos de la Unión Interparlamentaria) haya pasado en promedio en la región de 10,7% (en 1997) a 33.7% (en 2023).

Si bien estas normas -en particular, las medidas de paridad, dependiendo de la fortaleza de su diseño- han sido efectivas para mejorar el desempeño de los partidos en su dimensión electoral, una de sus arenas de actuación, no lo han sido del todo en otra: la arena organizativa. En la actualidad 9 países han incluido la cuota o la paridad en las postulaciones y/o integración a cargos directivos de la organización política. Si bien diferentes estudios muestran que, en los países con medidas legales, el promedio de mujeres en instancias de dirección se incrementa, su menor eficacia en los resultados también tiene que ver con que -a diferencia de lo regulado para cargos de elección popular- la sanción por incumplimiento ha sido la excepción en su diseño.

Segunda conclusión, un factor externo como las leyes de cuota o paridad no necesariamente ha logrado activar factores internos de cambio como la voluntad política de quienes detentan el poder en las organizaciones políticas. Ello podría explicarse porque, a pesar de las declaraciones retóricas -según los últimos datos del BID e IDEA Internacional 51,8% de los partidos analizados incluye principios de igualdad o no discriminación por sexo en sus estatutos- estos no logran convertirse en objetivos principales de las organizaciones políticas latinoamericanas que reflejan y reproducen las relaciones desiguales de género construidas socialmente. Frente a un estímulo externo, los liderazgos dominantes analizan y evalúan respuestas y riesgos asumibles que los pueden llevar a resistirse a las innovaciones surgidas del exterior ya sea ignorándolos si les es posible, interpretándolos para que tengan el menor impacto posible, o negando recursos y voluntades para implementarlos, como han señalado autores como Tania Vergé o Richard Matland y Donley Studlar. Y de eso, hemos visto mucho en la región.

Por tanto, dichas leyes son condiciones necesarias, pero no suficientes para sacar a las organizaciones políticas de su inmovilismo. Tercera conclusión: es necesario activar otros incentivos que pueda movilizar a dichas organizaciones hacia cambios que generen una inclusión igualitaria (y paritaria) no solo en su estructura de poder sino también en todas sus dimensiones de actuación que incluyen -además de lo organizativo y lo electoral- la dimensión de gobierno (legislativo y ejecutivo en donde proponen y/ ejecutan leyes y políticas). Para ello es necesario identificar incentivos que afecten directamente a los objetivos centrales de su actuación. Si bien no es el objeto de este artículo hacer un análisis en profundidad de las complejidades de los partidos en la región, lo cierto es que en América Latina conviven partidos de una alta o mediana institucionalización con aquellos donde dicha característica es prácticamente inexistente y actúan más como vehículos electorales, con una débil estructura organizativa y altos niveles de personalismo. A lo que hay que añadir, los importantes niveles de informalidad de las organizaciones latinoamericanas (apuntados por Flavia Freidenberg y Steven Levitsky) que hacen que del dicho estatutario al hecho y a las formas en la toma de las decisiones políticas haya mucho trecho.

¿Qué es común, en todo caso, a unos y a otros? Aunque varias de las funciones que se les asignaban originalmente han mermado -un ejemplo, la capacidad de formar o socializar a sus militancias- hay una que se mantiene incólume: los partidos persiguen llegar al poder y el acceso a cargos públicos. Ello significa que uno de sus objetivos principales es ganar el mayor número de votos y/o perder el menor número posible para no quedar en la irrelevancia o incluso ver en peligro su existencia política. Su función como estructuradores de la democracia, si bien ya no es exclusiva en la región, sí sigue siendo hegemónica.

Cuando se ha señalado que entre los factores externos que pueden propiciar el cambio en los partidos una posibilidad es el surgimiento de nuevos actores en el tablero político que abren la competencia, tradicionalmente se ha pensado en otras organizaciones políticas con nuevas agendas que puedan generar efectos contagio. Sin duda, puede suceder. Sin embargo, hay dos elementos que deberíamos considerar: voto y movilización. En el primer caso, las últimas elecciones presidenciales en algunos países de la región caracterizadas por una importante polarización, segundas vueltas y un alto nivel de incertidumbre sobre los resultados, ha otorgado la llave de la elección a importantes sectores de mujeres votantes. Por citar dos ejemplos en 2022. En Colombia, la capacidad de la candidata a la vice-presidencia Francia Márquez de atraer hacia Gustavo Petro el voto de colectivos de mujeres y feministas y el uso estratégico de su figura por parte de una campaña y un candidato inicialmente poco afines a los temas de igualdad, convirtieron a Petro en presidente. En Brasil, Jair Bolsonaro y Lula Da Silva, pugnaron por el voto de las mujeres que se decantaron en su mayoría por el segundo y le dieron la victoria, lo que ha resultado en más presencia de mujeres en su gobierno.   

En el segundo caso, los altos niveles de movilización de las mujeres en defensa de sus derechos o por efectividad y ampliación de los mismos en ciertos países de la región en los últimos años muestran que las posiciones de los partidos también pueden ser modificadas por la actuación de actoras que presionan por fuera de la institucionalidad. Sin ánimo de exhaustividad, en Argentina se ha observado a movimientos como NI UNA MENOS o la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que lograron penetrar de manera transversal a la sociedad argentina, impulsar cambios legales y políticas relacionados con el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y con sus derechos sexuales y derechos reproductivos. Además, tanto en Perú (Somos la mitad, queremos paridad sin acoso), Chile (Comunidad Mujer en alianza con otras organizaciones y la #RedDePolitologas) o México (Red de Mujeres en Plural) campañas, coaliciones o redes de mujeres del movimiento amplio y feministas (en alianza con actores políticos favorables, en su mayoría mujeres) han sido en lo dos primeros casos impulsoras de la introducción de normativas de paridad en sus legislaciones (además, constitucionales en el caso de México) y en la elección y conformación de la Convención Constituyente chilena elegida en el año 2021. Cuarta conclusión: otra vía para el cambio es elevar la percepción de los liderazgos vigentes -a través del voto y la movilización- sobre el costo que se puede pagar electoralmente por no atender las demandas de las mujeres.

Sin embargo, el estímulo externo debe estar acompañado de una mayor presión de las mujeres militantes al interior de sus organizaciones si se quiere avanzar también en cambios desde adentro hacia fuera. Si bien es cierto, los datos muestran que en torno a la mitad de las militancias de las organizaciones son mujeres, la sola presencia no basta sin “acciones críticas” (concepto acuñado por Drude Dahlerup) que impulsen innovaciones profundas para cambiar su posición de desventaja. Una de las apuestas para el cambio ha sido históricamente la creación de Unidades de la Mujer, cuya existencia y desempeño ha sido observado como importante por su potencialidad si son instancias fuertes e influyentes en la organización, pero también desde el escepticismo al constatar su rol tradicional, poca influencia o peso organizativo.

Según los datos del BID e IDEA Internacional, 74% de los partidos analizados cuentan con una. Pero se ha visto reducido el ya de por si escaso porcentaje de partidos que les otorgaban atribuciones estatutarias en cuestiones esenciales como la selección de candidatos o el manejo presupuestal. Pero, además, en contextos de escasa institucionalidad y alta informalidad vistos en muchas organizaciones políticas no ayuda a que estas instancias puedan jugar un rol incluso cuando se intenta fortalecerlas. Quinta conclusión: siendo importantes este tipo de espacios, es la militancia de mujeres empoderadas, articuladas y movilizadas las que deben pugnar -haciendo valer su peso en la organización- ya no solo por un mayor y mejor acceso a las instancias de poder en las estructuras formales, sino para eliminar todas las prácticas informales que las excluyen del poder partidario. Y, por supuesto, para influir en las visiones y políticas que dichos partidos ofrezcan a una sociedad latinoamericana que va por delante de ellos en la búsqueda de la igualdad real para el ejercicio de los derechos para las mujeres.