Una revisión al sistema de partidos mexicano permite establecer que hay posibilidades para que nuevas fuerzas políticas puedan integrarse y recibir el apoyo necesario para sostenerse como partidos políticos nacionales. Esto siempre y cuando se trate de formas novedosas que pudieran llamar la atención de algún sector del electorado. Lo que demuestra el actual proceso de constitución que desarrolla el Instituto Nacional Electoral (INE) es que hay interesados con aspiraciones postergadas: la pretensión de configurar nuevas fuerzas políticas con base en perfiles continuistas, partidos emergentes cimentados en posturas envejecidas.

La tendencia predominante de Morena, aunada a la pérdida del registro del Partido de la Revolución Democrática (PRD), permiten afirmar que la izquierda del espectro electoral está ocupada de manera exitosa por el momento. La franca debilidad del partido opositor más importante, el Partido Acción Nacional (PAN), situado a la derecha, evidencia que en esa franja hay una parte sustancial del electorado que se puede disputar. El arraigamiento y constreñimiento del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a territorios muy localizados, así como la irrupción de Movimiento Ciudadano con posiciones proclives al centro, con algunos toques socialdemócratas, dan cuenta de zonas de oportunidad para la conformación de nuevas fuerzas políticas.

Existe un escenario, por lo menos teóricamente, favorable para el nacimiento de nuevos partidos. Pero hay que considerar tres tipos de desafíos, de limitaciones, para tales propósitos: legales, de capacidad de rejuvenecimiento político y de representación.

Restricciones legales

El primer reto lo constituyen las barreras formales o normativas. Hay una primera cifra mágica de sesenta mil ciudadanos y ciudadanas, pues se requiere evidenciar ese nivel de respaldo en veinte asambleas estatales en donde se presenten tres mil personas o en doscientas asambleas distritales con una afluencia comprobable de por lo menos trescientas. Asambleas que, por ley, deben tener un toque más bien solemne: está prohibido incorporar atractivos especiales para incentivar la participación ciudadana, esto es, no se pueden llevar payasos, otorgar obsequios o dádivas.

Cabe discutir respecto de la magnitud de la cifra demandada. Si se le compara con la que establecía la Ley para la Elección de Poderes Federales de 1918, cuya exigencia era de apenas cien personas reunidas en una asamblea, pudiera calificarse de excesiva. Lo cierto es que no basta con el interés legítimo de poseer un partido, sino que es demandable la reunión de una cantidad mínima de individuos, que vaya más allá de los círculos familiar y de amigos, que lo haga representativo de un sector o conjunto de personas.

Como muestra de la evolución de esta obligación se pueden referir dos leyes electorales. En la que fue publicada el 7 de enero de 1946 se exigía “contar con un número de asociados no menor de treinta mil en la República, siempre que, por lo menos en las dos terceras partes de las entidades federales se organice legalmente con no menos de mil ciudadanos en cada una” (artículo 24, fracción I). Casi treinta años después, en la legislación publicada el 5 de enero de 1973, la cantidad se incrementó a más del doble: “contar con un mínimo de dos mil afiliados en cada una, cuando menos, de las dos terceras partes de las entidades federativas, siempre que el número total de afiliados en todo el país no sea inferior a sesenta y cinco mil” (artículo 23, fracción I).

Actualmente, una segunda cifra a considerar es la de 256 030, que es la cantidad mínima requerida de afiliados para que una organización pueda registrarse como partido. Dicho monto equivale al 0.26 % del padrón electoral federal. Se trata del doble que se estableció en 1996, cuando en el artículo 24 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, conocido como Cofipe, podía leerse: “contar con 3000 afiliados en por lo menos diez entidades federativas, o bien tener 300 afiliados, en por lo menos 100 distritos electorales uninominales; en ningún caso, el número total de los afiliados en el país podrá ser inferior al 0.13 % del padrón electoral federal”.

En principio, pareciera sencillo alcanzar un número que es apenas un cuarto del 1 % de un padrón de más de 100 millones de inscritos, pero la realidad es que la desafección hacia estas instituciones a nivel global es tal que incluso a organizaciones con reconocimiento histórico les ha costado sostenerlo.

Finalmente, cabe mencionar lo que se conoce como el umbral electoral, es decir, el porcentaje mínimo que requiere alcanzar un partido para mantener el registro y seguir siendo acreedor de recursos públicos. En tiempos de la llamada Cuarta Transformación se vive la barrera más alta que se haya impuesto en la democracia mexicana, que es del 3 %. Entre 1977 y hasta 1993 la ley era mucho más laxa en ese condicionamiento. Existieron una serie de variaciones en la aplicación, pero el umbral se mantuvo en 1.5 % como requisito para sostener el registro, con la posibilidad incluso de tomar ventaja de participar en la liza electoral en coalición.

Es en vísperas de la alternancia en la Presidencia de la República que la legislación que rige a los partidos se hace más severa. En la reforma al Cofipe del 22 de noviembre de 1996 se establece con claridad: “al partido político que no obtenga por lo menos el 2 % de la votación en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o presidente de los Estados Unidos Mexicanos, le será cancelado el registro y perderá todos los derechos y prerrogativas” (artículo 32, numeral 1).

En 2014 el umbral se incrementó para quedar en 3 % de la votación, es justo este nivel de exigencia el que deja fuera del sistema nacional de partidos al prd. En las diferentes elecciones federales que se llevaron a cabo en 2024 su votación válida emitida fluctuó entre el 1.91 % en la elección por la Presidencia y el 2.54 % en la de diputaciones por mayoría relativa. Fue el caso número veinticinco de pérdida de registro de una fuerza política desde 1990. 

Impedimentos creativos

Con el propósito de ser reconocidas como partido político, ochenta y nueve organizaciones manifestaron este año su intención al INE para comenzar con el proceso. Se les debe ver como mini grupos políticos que tienen interés en participar en la liza electoral, que aspiran a participar de la distribución de cargos y recursos públicos, y que consideran que las opciones políticas con registro vigente son insuficientes para representar a alguna parte del electorado. El problema es que, frente a aspiraciones de tal magnitud, lo que se tiene son protopartidos con dificultades serias para cautivar a sus posibles apoyadores. Grupos políticos con extensas ambiciones y poca capacidad de representación que hacen necesario replantearse si los impedimentos están en una legislación restrictiva o más bien en una renovación política limitada.

Si se examinan las propuestas de nombre, se pueden agrupar entre aquellos que buscan aprovechar la narrativa oficial, los que se sitúan justo en el extremo opositor y los que parecen defender causas o muy particulares o ambiguas. Así, pueden encontrarse nombres como “Partido del Pueblo Bueno”, “Que Siga la Democracia”, “Pueblo” y “Partido Popular”; por otro lado, “Iniciativa de Renovación Social”, “Vida”, “Evolución”, “Partido Demócrata”, “Justicia y Paz, Apoyo para la Familia”, “México Republicano”, “Movimiento Único de Renovación Opositora” y otros más como “Partido Migala”, “LiDertad M. I. L.”, “Ecologenia México”, “Gran Mexican”, “Partido Fuego Nuevo” y “Partido Nacionalista de Pueblos Originarios de México”.

Las primeras organizaciones en ser descartadas por no cumplir con alguno o varios de los requisitos administrativos básicos fueron cinco: “Partido Servidores de Dios”, “Partido Apoyo Social”, “Movimiento Democrático Independiente”, “Partido Movimiento Animalista Mexicano” y “Todo a favor del pueblo con la Democracia y nuestra bandera de 3 colores que se acabe la corrupción de los servidores públicos” (sic).

De las que siguen adelante destacan casos como el del “Partido Fortaleciendo las Tradiciones y el Empleo”, interesado en la crianza y peleas de gallos, o el del “Partido Justicia Social”, que tiene como base el Sindicato Nacional de Policías. Se puede advertir que si bien doce protopartidos corresponden a la sociedad civil, once más están identificados con Morena, once son de derecha y con posiciones pro-familia, ocho son esfuerzos surgidos desde el ámbito local, seis se ubican a la izquierda del espectro ideológico, cuatro tienen como representantes a expriistas y dos son impulsados por miembros del Poder Judicial.¹

Un examen con mayor profundidad permite advertir proyectos que tienen pocos visos de frescura en la política. “Nueva Opción Democrática”, por ejemplo, es en los hechos un intento por resucitar al PRD. Hay otros dos proyectos que tienen como fin una versión PES 3.0, pues son herencia de dos aspiraciones fallidas, la del Partido Encuentro Social, primero, y la del Partido Encuentro Solidario, después. Armando González Escoto fue diputado federal por el PES y hoy encabeza “Construyendo Solidaridad y Paz”, en tanto que José Martín Enciso Pacheco fue candidato a diputado local también por el PES y hoy intenta constituir el partido “Transformación que Fortalece a México”.

Hay signos de parvo recambio político tanto en la oposición como en el oficialismo. En el primer caso destaca “Somos México”, una reminiscencia del movimiento que se conoció como la “marea rosa” y que fue convocado en 2022 en defensa del INE cuando el presidente López Obrador amenazaba con transformarlo. Las caras más visibles son liderazgos añejos en la política nacional como Fernando Belaunzarán, Guadalupe Acosta Naranjo, Gustavo Madero, Enrique de la Madrid y Beatriz Pagés.

En contraparte, desde el propio interior de Morena se impulsa un nuevo partido. La organización iniciante lleva por nombre “Que Siga la Democracia” y sus impulsores son Gabriela Jiménez, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, y su esposo, Edgar Francisco Garza Ancira. La organización fue de gran utilidad para disfrazar los apoyos desde el oficialismo en favor del presidente López Obrador en el proceso de revocación de mandato, pero hoy causa desconcierto y hasta enojo en el entorno de la 4T.

Impedimentos de representación

¿A quiénes representan los partidos? Es una pregunta que debe hacerse para explicar el vaciamiento que estas organizaciones han venido sufriendo con el paso de los años. La necesidad de las personas de ser representadas en una democracia prevalece, el cuestionamiento es si son los partidos todavía el mejor instrumento disponible para hacerlo. Su base militante se ha transformado tanto que hay que replantearse la idea de un miembro leal que defiende una ideología y que permanece de manera indeterminada en la organización. A las clásicas categorías de Maurice Duverger de elector, simpatizante y militante cabría agregar la de partidario eventual.

Una revisión de los padrones de los partidos permite establecer el nivel de compromiso que existe con ellos por parte de la ciudadanía, así como aquellos territorios que pueden considerarse como sus bastiones, es decir, en donde cuentan con un mayor respaldo social, de acuerdo con los datos verificados por el INE a agosto de 2023. De manera general cabe destacar a Morena como el partido con la mayor cifra de afiliados, 2 321 997, cantidad que su dirigencia nacional se ha propuesto incrementar hasta los diez millones. Por el contrario, es al pan al que más le cuesta cumplir con el requisito mínimo de afiliaciones, el cual supera apenas por unos miles: 277 466.

Es curioso que la que se perfila como segunda fuerza electoral, de acuerdo con encuestas recientes, luzca también con una fuerza militante muy diezmada: Movimiento Ciudadano tiene 383 895 inscripciones. Ahora bien, un monto de registros más abultado no garantiza necesariamente un alto rendimiento electoral: el PRI presume 1 410 174 afiliados y el PRD 999 209. Los partidos aliados del oficialismo, del Trabajo y Verde, tienen 457 581 y 591 600 afiliaciones, respectivamente.

Sobre la distribución de la fuerza militante de los partidos mexicanos hay que destacar entidades que la concentran: especialmente estado de México y en menor medida Ciudad de México y Veracruz, así como estados que se han convertido en bastiones exclusivos, como lo es Coahuila para el PRI, Oaxaca para Morena y San Luis Potosí para el Partido Verde. Esto se puede apreciar en la tabla, en donde se subrayan las cinco entidades con más militantes para cada partido (se omiten aquellas que no están en el top cinco de ninguna organización). 

Las restricciones legales no son el único impedimento para la generación exitosa de nuevos partidos políticos. La falta de frescura en las propuestas, de inclusión de nuevos liderazgos y de capacidad para atraer, y eventualmente mantener, a sus militancias también son factores que motivan que el sistema de partidos en México no tenga visos de anexiones relevantes en el corto plazo. Ya sea para ser actores opositores significativos o comparsas del oficialismo, lo cierto es que el reciente proceso para la constitución de nuevos partidos no parece que alterará la tendencia a un sistema con un partido predominante y una oposición debilitada. Ya se verá.