La participación de género en la política mexicana ha avanzado de manera muy significativa en las últimas décadas, pese a ello, los cambios ideológicos en favor de los grupos vulnerables, así como los esfuerzos por ampliar y mejorar las oportunidades, aún se enfrentan desafíos significativos en la actualidad. 

A nivel legislativo, México ha implementado reformas para garantizar la paridad de género, lo que ha llevado a que mujeres ocupen el 50% de las curules en el Congreso desde 2018, tal situación se ha extendido a los partidos políticos, quienes deben presentar listas de candidaturas con igual número de hombres y mujeres.

Sin embargo, a pesar de estos avances en representación, las mujeres en la política mexicana continúan enfrentando barreras como la violencia política de género, la discriminación y la sub-representación en posiciones de poder ejecutivo y dentro de los partidos políticos. 

Si bien es innegable, que ha habido un aumento en la visibilidad de mujeres en la política, como gobernadoras, senadoras, diputadas, presidentas municipales, entre otras, además, de nuestra futura presidenta de la república, su participación aún representa un desafío al que las mujeres se deben enfrentar con esfuerzos mayúsculos.

Ahora bien, para poder analizar el tema debemos descartar, en primer término, que la política y el género siempre van de la mano. Para ello, resulta imperante analizar este punto desde varios aspectos clave que subrayan la complejidad de la relación e intersección entre la política y el género, y cómo estas dos esferas, aunque interrelacionadas, no siempre caminan juntas ni se determinan mutuamente.

Desde un contexto histórico y cultural, debemos tomar en cuenta que en México, la política siempre ha estado históricamente dominada por hombres. Si bien, en las últimas décadas, han existido múltiples y significativos avances en términos de inclusión y representación femenina, la cultura política sigue siendo, en muchos aspectos, patriarcal, máxime en comunidades indígenas. 

Este contexto implica que, a pesar de las reformas legales y políticas para promover la igualdad de género, las prácticas y dinámicas dentro de la política y la sociedad en general, siguen estando moldeadas por estructuras de poder que no necesariamente reflejan un avance real en términos de equidad de género.

Lo anterior, resulta más decepcionante al analizar que en diversas ocasiones, el género se ha instrumentalizado en la política mexicana como una estrategia electoral, más que como un compromiso genuino con la igualdad. 

Esto se observa cuando partidos políticos promueven candidatas solo para cumplir con las cuotas de género establecidas por las leyes electorales, sin un verdadero interés en sus propuestas o en su capacidad para influir en la agenda política, demostrando así que lamentablemente, existen situaciones donde el avance de la participación de la mujer en la política no siempre implica un avance en la inclusión de perspectivas de género en las políticas públicas.

Otro de los graves problemas a los que se enfrenta la política y el género, se establece en términos de paridad de género en la representación política, ya que, si bien ha existido un amplio progreso, aún persisten barreras sistémicas que limitan el impacto de las mujeres en la política. Estas barreras incluyen violencia política de género, acoso y la doble jornada laboral, que dificultan la participación plena y efectiva de las mujeres. 

Ante lo expuesto, se demuestra que la presencia femenina en la política no garantiza automáticamente un cambio en la estructura política o en la promoción de una agenda de género.

Sin embargo, no todo resulta negativo, si bien como primera instancia se debe reconocer que la inclusión de mujeres en la política no garantiza por sí sola un cambio en las estructuras de poder ni en la priorización de temas de igualdad de género. Para que política y género puedan ir realmente de la mano, se necesita un compromiso más profundo y sistémico con la transformación de las estructuras políticas y sociales que perpetúan la desigualdad de género.

Para ello resulta imperante, en primer término, reconocer dichas desigualdades, abordarlas, para después erradicarlas y de esta manera, lograr una participación política verdaderamente equitativa, que permita garantizar la protección en mayor medida los derechos político-electorales de las mujeres, lo cual conlleve una participación plena y libre de violencia en la vida política.

En el país, se han implementado múltiples reformas que pretenden dar fin a la problemática anterior, mediante la promoción y estabilización del papel fundamental de las mujeres en el contexto político del país, un claro ejemplo de ello data de la reforma constitucional de 2014, misma que estableció la paridad en candidaturas para cargos de elección popular, lo cual permitió que las mujeres tuvieren la misma representación que los hombres en cargos públicos, lo que fue un paso esencial hacia la equidad de género, sin embargo, su implementación y efectividad aún requieren atención continua.

En dicha reforma, se planteó un punto de inflexión en la lucha por la igualdad de género en el ámbito político. Lo anterior, puesto que, con la reforma, no solo se introdujo la paridad de género en las candidaturas para el Congreso de la Unión, sino que se obligó a todos y cada uno de los partidos políticos a postular un 50% de mujeres y un 50% de hombres en sus listas. 

Esta medida no solo buscaba incrementar la representación femenina, sino que también pretendía corregir décadas de desigualdad estructural en el acceso de las mujeres a cargos de elección popular. 

En ese sentido, mediante la implementación de esta reforma se estableció un avance significativo en la democratización del poder político, al garantizar que las mujeres tuvieran las mismas oportunidades que los hombres para ser elegidas en las elecciones federales.

Otra reforma de vital importancia fue la del año 2020 conocida como "paridad en todo", la cual, amplió significativamente el alcance de las políticas de igualdad de género introducidas por la reforma de 2014. 

Esta nueva legislación estableció que la paridad de género debía aplicarse no solo en las candidaturas para el Congreso, sino en todos los niveles y órganos de gobierno, es decir, en la integración de gabinetes, órganos autónomos, poderes judiciales, municipios y cualquier otra instancia de toma de decisiones públicas. 

Esta reforma representa y plantea un avance histórico, asegurando que las mujeres tengan una representación equitativa en todas las esferas de la vida pública, promoviendo una participación más inclusiva y diversa en la política mexicana.

El impacto de la reforma de 2020 fue inmediato, obligando a todos los niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, a reconfigurar sus estructuras para cumplir con los requisitos de paridad.

Con ello, la reforma envió un mensaje claro sobre el compromiso de México con la igualdad de género, fortaleciendo la legitimidad democrática y asegurando que las decisiones políticas reflejen la diversidad de la sociedad mexicana. 

Sin embargo, la implementación de la reforma de 2020 también ha presentado desafíos importantes, de entre ellos destaca que la adaptación de las instituciones a los nuevos estándares de paridad no ha sido homogénea, y en algunas áreas, ha encontrado resistencia. 

Aun cuando la legislación es clara, la realidad es que en ciertas regiones y sectores persisten prácticas que intentan subvertir el espíritu de la reforma, como la asignación de mujeres a puestos de menor influencia o la exclusión de decisiones clave. A pesar de estos retos, la reforma de 2020 ha consolidado un marco legal robusto que, con el tiempo y la vigilancia adecuada, promete transformar de manera sustancial el panorama político en México, promoviendo una igualdad de género más profunda y significativa en todos los niveles de gobierno.

En ese sentido, podemos establecer que estas reformas han transformado significativamente el panorama político mexicano, contribuyendo a elevar y posicionar la presencia femenina, diversificando las perspectivas y enfoques en la toma de decisiones, abriendo espacios para que temas de género, como la igualdad salarial, la violencia de género y los derechos reproductivos, ganen mayor relevancia en la agenda pública.

Sin embargo, este cambio también ha planteado nuevos desafíos, como la necesidad de asegurar que las mujeres en estos puestos puedan ejercer su cargo libremente y sin sufrir violencia política de género, un fenómeno que, lamentablemente, sigue presente en el país.

Combatir la violencia política de género es fundamental para garantizar la plena participación de las mujeres en la vida política y asegurar que puedan ejercer sus derechos políticos sin miedo a represalias. 

La violencia política de género no solo afecta a las mujeres que ocupan cargos públicos, sino que también disuade a otras de participar en el ámbito político, perpetuando la desigualdad de género.

Por lo que, erradicar esta forma de violencia es esencial para crear un entorno en el que las mujeres puedan contribuir libremente al desarrollo de políticas públicas y decisiones que impacten a toda la sociedad. Además, combatir la violencia política de género es un paso crucial hacia una democracia más inclusiva, donde la diversidad de voces y experiencias sea valorada y respetada.

Ante lo expuesto, podemos establecer que para poder romper con las barreras estructurales y los desafíos persistentes que enfrentan las mujeres en la política mexicana se requiere de una combinación de enfoques legales, culturales y de apoyo institucional. 

En primer término, resulta fundamental fortalecer la aplicación de las leyes de paridad de género y garantizar que se cumplan en todos los niveles de gobierno, esto incluye la vigilancia constante de los procesos electorales, la imposición de sanciones a quienes intenten evadir las normativas de paridad, y la promoción de reformas adicionales que aborden las brechas actuales, como la violencia política de género.

Además, resulta crucial e indispensable cambiar las normas culturales y sociales que perpetúan el machismo y los estereotipos de género en la política, esto se puede lograr a través de campañas educativas y de sensibilización que promuevan la igualdad de género, así como mediante la incorporación de temas de género en los programas de formación de líderes políticos. 

También es de vital importancia, que como sociedad fomentemos un entorno en el que las mujeres puedan acceder a roles de liderazgo sin enfrentarse a discriminación o violencia, lo que incluye la creación de protocolos efectivos para prevenir y sancionar la violencia política de género.

Finalmente, debemos impulsar el desarrollo de redes de apoyo y mentoría para mujeres en la política, facilitando su acceso a recursos, financiamiento y capacitación continua. Estas redes pueden ayudar a las mujeres a superar el aislamiento y la falta de recursos, proporcionándoles las herramientas necesarias para avanzar en sus carreras políticas y asumir roles de mayor responsabilidad.