En todos los debates recientes sobre los desafíos que enfrentan los procesos electorales, la desinformación se destaca como uno de los elementos más complicados para garantizar un voto libre y razonado. Aunque la realidad de cómo se ejerce el voto siempre ha estado distante de las condiciones ideales que presuponen un genuino ejercicio de expresión de preferencias políticas, es innegable que el entorno digital introduce condiciones sin precedentes. La proliferación de datos no verificados que buscan deslegitimar candidaturas, la difusión de imágenes, audio y vídeos generados de manera artificial que pretenden influir en las percepciones políticas de las personas y la circulación de información microfocalizada (microtargeting) que fragmenta la discusión pública son sólo algunos de los elementos que se suman al ya de por sí complejo de campañas electorales.

En 2024, México se encontrará en medio de un proceso electoral sin precedentes, marcado por la difusión de información no verificada y un creciente escepticismo hacia el periodismo crítico. La pregunta que se plantea es si nos enfrentamos a desafíos inéditos o si estamos presenciando simplemente una evolución contemporánea de lo que tradicionalmente conocemos como propaganda política.

Más allá de las visiones fatalistas que advierten que la inteligencia artificial ha puesto fin a la democracia como la conocemos, o que advierten de una indefectible afectación al voto por la difusión de información falsa, aquí consideramos pertinente hacer un balance de al menos tres elementos puntuales que tienen el potencial de influir en el próximo ejercicio electoral. Estos elementos son: 1) la intervención de actores no tradicionales en la esfera pública, 2) la desafección y la creciente desconfianza de las audiencias hacia los medios tradicionales, y la transformación del trabajo periodístico, y 3) la reconfiguración de la comunicación política.

La intervención de actores no tradicionales en la esfera pública

En el entorno digital participan actores que hasta hace poco no tenían intervención en la discusión de los asuntos públicos: por un lado, los corporativos que gestionan las redes digitales; y por otro, los individuos que tienen una presencia destacada en las redes sociodigitales, y que han desarrollado una audiencia considerable.

Las empresas que son propietarias y gestionan las redes sociales han ejercido influencia en los procesos públicos, ya sea de manera involuntaria o deliberada. Un ejemplo ampliamente mencionado es el escándalo de Cambridge Analytica en 2019, que avivó preocupaciones acerca del poder de las redes sociales para intervenir los procesos electorales. Además, hay noticia de otros incidentes que destacan la injerencia de estas entidades en los procesos democráticos de los países del Sur Global, como lo documentado en las investigaciones periodísticas “Facebook Papers” y “Facebook Loophole”. Las redes sociales, verticalizadas y excluyentes como se han revelado, están lejos de constituir una nueva esfera pública más abierta y más plural para la discusión de los asuntos públicos. Se han convertido, a decir de algunos autores, en espacios que no sólo son compatibles con prácticas autoritarias, sino que parecen impulsarlas. Así, en los últimos años, gobiernos de casi 50 países han buscado negociar regulaciones con las empresas tecnológicas en lo referente a contenido, datos y competencia.

Esto nos coloca en un dilema: si bien por un lado hay una exigencia de que los corporativos impongan controles más severos sobre la información que circula en sus plataformas, ello también hace pensar si las compañías que gestionan las redes sociales (corporaciones privadas al final de cuentas) deberían tomar atribuciones unilaterales para restringir globalmente la difusión de cierta información en nombre de valores democráticos. La inacción selectiva de las redes frente a malas prácticas, particularmente cuando éstas ocurren fuera de las democracias avanzadas, lleva a preguntarnos si pueden las redes generar un rasero universal para regular las publicaciones de sus usuarios, y sobre todo si es deseable que lo hagan, a la vista de sus propios sesgos.

           Con respecto a los personajes influyentes (influencers) que provienen de ámbitos ajenos a la política pero que visibilizan posturas políticas, las elecciones mexicanas recientes proveen de evidencia que, sin lugar a duda, alertan sobre lo que podría ocurrir en 2024. Durante las elecciones intermedias de 2021, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) estableció acuerdos con influencers y celebridades para promover su alianza a través de las redes sociales, violando la veda electoral. Aunque el PVEM recibió una cuantiosa sanción que incluía una reducción de su financiamiento anual por un monto de $118,507,808 y se impusieron multas a los influencers involucrados, resulta imposible deshacer el eventual impacto que tuvo en la decisión de voto. La creciente aparición de candidatos en canales de influencers confirma el potencial de estos actores para intervenir en las preferencias de voto. Si bien éste no es un elemento negativo per se, amén de que sus efectos precisos en las preferencias y el voto no están claramente definidos, lo que sí se ha documentado es que vuelve simple y superficial el tratamiento de los asuntos de interés público, y genera un campo fértil para la difusión de información no verificada.

La desafección y la creciente desconfianza de las audiencias hacia los medios tradicionales y la transformación del trabajo periodístico

El sistema de medios en México está experimentando cambios profundos en dos aspectos: uno relacionado con los insumos materiales y financieros, y otro vinculado a la identidad de la profesión periodística. A pesar de que estas transformaciones no son exclusivas de México, las influencias arraigadas del financiamiento estatal, la falta de independencia y la limitada profesionalización en el campo periodístico siguen teniendo un fuerte impacto en la estructura de los medios. Esto los hace más vulnerables a las transformaciones como la digitalización, la difuminación de fronteras de quién genera (y quién no) contenido periodístico, y la producción automatizada de noticias, que están cambiando la naturaleza del periodismo y de su esencia.

Esto es relevante porque la existencia de un periodismo de crítica e investigación es teóricamente vital para clarificar y resolver debates públicos y producir información útil para la toma de decisiones democrática, cuyas consecuencias tienen el potencial de imponer costos reputacionales y electorales. No obstante, este modelo ha cambiado radicalmente. El periodismo se enfrenta no solo a crisis financieras, sino a la disminución de la confianza de los lectores, que ha caído casi 15 puntos en los últimos 6 años, y a transformaciones en los hábitos de consumo, en los que las plataformas sociodigitales han desplazado a los medios tradicionales como la fuente principal para el consumo de noticias, volviendo casi irrelevante la publicación de escándalos que involucran a los funcionarios públicos. El recelo hacia los medios tradicionales, junto con la proliferación de información no verificada, que se transmite a través de contactos “de confianza” vía las redes sociodigitales crea un campo fértil para la desinformación, que se percibe con más intensidad en momentos álgidos como son las campañas electorales.

La reconfiguración de la comunicación política

Finalmente, no se puede dejar de lado la irrupción de una nueva era de la comunicación política en México, caracterizada por el control gubernamental de la agenda a través de conferencias de prensa diarias encabezadas por el presidente, la exacerbación de la polarización, la explotación de prejuicios y sesgos cognitivos, y la violencia sistemática contra periodistas. La figura del presidente genera una marcada desigualdad en la producción de información, donde las narrativas oficiales, con o sin fundamentos sólidos, tienen mayor alcance y visibilidad que cualquier investigación periodística. El estilo comunicativo basado en conferencias diarias tiende a espectacularizar la información para atraer una audiencia más superficial o amateur. Además, se ha generado evidencia estadística de que este estilo de comunicación se asocia con la pérdida en la confianza en las instituciones que recurrentemente aparecen citadas en las conferencias como adversarias al gobierno.

Otro efecto comprobado por investigaciones empíricas es el aumento de la polarización afectiva. De acuerdo con un estudio, los mensajes de López Obrador que generan una mayor polarización emocional son aquellos que se refieren de manera negativa a la élite, según lo indican las reacciones a sus publicaciones en Facebook. Otro análisis llega a una conclusión: la visión dicotómica es una constante en los discursos de López Obrador, y es de esperar que se refleje en una participación electoral dividida en dos ejes en relación a la figura del presidente.

La evolución de los hábitos de consumo noticioso y de los patrones de comunicación política son hechos incontrovertibles. Probablemente estamos frente a un parteaguas en el que el papel de los medios tradicionales se ha desplazado y en el que la relación comunicativa entre políticos y electorado haya alcanzado un punto de no retorno. Sin embargo, es necesario continuar documentando los efectos precisos que generan las redes sociales sobre el comportamiento electoral. Es posible que estemos, como señala un estudio, frente a un caso de máximo pánico y efectos mínimos. Por ello, más allá de visiones catastrofistas que no abonan a vislumbrar soluciones concretas, es primordial apuntalar dos elementos: por un lado, los ejercicios de verificación de información, y por otro, los ejercicios de alfabetización digital. La avalancha de información malintencionada, no verificada e imprecisa que rodea las preferencias políticas y electorales es irrefrenable, pero nuestra capacidad de prevención también lo debería ser.