Acaba de ver la luz el libro Aportaciones del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato a la democracia estatal y nacional,1 coordinado y compilado por Santiago López Acosta.

La obra, escrita por consejeros y funcionarios electorales documenta logros, avances y señala desafíos de la vida de una institución sin la cual no sería posible explicar la democratización de Guanajuato ni la constante renovación pacífica, institucional y participativa de los poderes públicos del estado a través del voto libre y secreto durante el último cuarto de siglo.

Los autores de este libro recuerdan, cosa relevante en esta era de la desmemoria, que en 1991 se vivió en Guanajuato una profunda crisis político-electoral. En ese contexto de pluralismo en expansión y de incapacidad institucional para procesar elecciones competidas, en Guanajuato se estableció una vía de diálogo y negociación política responsable y abierta para que, a través de la Comisión Coordinadora para la Reforma Política del Estado de Guanajuato –creada en 1993–, se perfilara una reforma a la Constitución local que virtuosamente desembocó en la edificación, como señala Mauricio Enrique Guzmán, de «un organismo autónomo, sin dependencia funcional de los poderes del Estado, que se encargara de la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales» (p. 41). Así nació el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en 1995.

Una de las características de la estructura del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que explica Eduardo Joaquín del Arco, se refiere a las Juntas Ejecutivas Regionales. Se trata de unos órganos permanentes cuyos antecedentes se remontan a 1995. Esas Juntas tienen, entre otras funciones, elaborar la estadística de las elecciones locales, abastecer a los consejos distritales y municipales de los elementos para cumplir sus funciones y operar la logística de recolección de documentación y expedientes de casilla. Si bien no es viable pensar en tener una junta permanente en cada municipio, parece muy atinada la idea de las Juntas Ejecutivas Regionales que sirven como un brazo profesional y permanente entre la autoridad en la capital del estado y el territorio donde se operan y ocurren las elecciones. Es una idea que merece ser retomada por otros ople.

El texto de Indira Rodríguez y María Concepción Aboites se dedica al desarrollo de normas de igualdad laboral y no discriminación. Documentan «el compromiso institucional de establecer políticas tendientes a conciliar la vida laboral, las jornadas de trabajo y el desarrollo profesional y familiar de los servidores públicos del Instituto, establecer estrategias para prevenir, atender y sancionar cualquier práctica de acoso, hostigamiento, violencia en todas sus manifestaciones y discriminación» (p. 69).

Además de describir pasos, explican resultados: el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato está integrado por más mujeres que hombres –hay 12 mujeres y 8 hombres en puestos directivos– y se cuenta con 9 funcionarios con alguna discapacidad laborando en el Instituto.

El primer capítulo concluye con el texto de Nora Ruth Chávez y María Inés Reynoso sobre el acceso a la información y la transparencia en el Instituto. Las autoras ubican estos derechos como una cara indispensable del poliedro democrático e inscriben su avance precisamente en el desarrollo de la democratización del país y del estado. Ofrecen datos acerca de cuál ha sido la información más solicitada entre 2014 y 2018, donde sobresalen temas sobre resultados electorales, cartografía electoral, partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas, normatividad y registro de candidaturas.

No está de más decirlo: la opacidad acompaña a la arbitrariedad, oculta la operación del Estado y, por lo mismo, da pie a la discrecionalidad y al abuso; la rendición de cuentas y la transparencia no son una moda. Transparencia y democracia van de la mano y son, ambas, irrenunciables.

El capítulo segundo inicia con la contribución de Concepción Vázquez López sobre el Programa de Resultados Electorales Preliminares (prep) en Guanajuato. La autora da cuenta de los rigurosos pasos para planear el prep de Guanajuato en 2018 para prever la seguridad de las operaciones, que incluyó contar con un comité técnico asesor de alta calidad, la capacitación del personal, el desarrollo de auditorías, la indispensable realización de simulacros y el contar con difusores, por ejemplo. El funcionamiento del prep en Guanajuato en 2018 destacó a nivel nacional y tuvo los mejores resultados en lo que se refiere a los tiempos de captura de las actas, cuya publicación está en la base de la credibilidad de las elecciones en esas horas intensas que siguen al cierre de las urnas.

Mauricio Enrique Guzmán y Santiago López Acosta abordan la primera experiencia de voto de guanajuatenses desde el extranjero en 2018. Describen las acciones institucionales para asegurar el derecho al sufragio de los migrantes. Dan cuenta de la credencialización de 64 mil guanajuatenses fuera del país, del registro en la lista nominal de electores residentes en el exterior de 11,551 ciudadanos, así como de la recepción de 4,848 votos para la elección a la gubernatura. En sus consideraciones finales realizan atendibles propuestas, como el permitir que quien se credencialice en el exterior quede, por tanto, registrado en la lista nominal, como ocurre con quienes residimos en el territorio nacional, así como analizar el voto electrónico –el cual va a ser una realidad en 2021.

Uno de los asuntos en los que más se ha avanzado en los últimos años en materia electoral en México es en el de la paridad de género. Guanajuato no ha permanecido ajeno a ese proceso, como lo explican Indira Rodríguez y Dulce María Lara. Señalan los cambios ocurridos en la legislación estatal, las acciones del Instituto Electoral para asegurar que los partidos no incumplieran con sus obligaciones de postulación paritaria de candidaturas y presentan los resultados obtenidos. En 2018 fueron electos 33 presidentes de ayuntamientos y 13 presidentas (o sea que aún queda tramo por avanzar pues sólo el 28% de los ayuntamientos son encabezados por mujeres), al tiempo que fueron electas 35 síndicas por 17 síndicos varones, 197 regidoras y 221 regidores, además de que se consiguió que hubiera plena igualdad en el Congreso local: 18 diputadas y 18 diputados.

Otro de los temas novedosos en nuestra vida electoral es el de la reelección, que se permite ya para legisladores y en la conformación de ayuntamientos. Santiago López Acosta hace un preciso estudio de cómo se dio el cambio constitucional en la materia, tanto a nivel federal como en Guanajuato, y analiza los cambios a la legislación local en este tópico.

La primera ocasión en que fue posible la postulación consecutiva fue en 2018. En Guanajuato, de 29 legisladores que quisieron volverse a postular, sólo lo consiguieron cuatro que fueron postulados por la misma fuerza política que en la elección previa, y resultaron ganadores. Hubo 58 candidatos que aspiraron a la reelección en los ayuntamientos, y fueron electos 23.

Carlos Manuel Torres analiza los medios de impugnación que se presentaron sobre los resultados electorales de los procesos 2014-15 y 2017-18. Explica que en 2015 se anularon 67 casillas, menos del uno por ciento del total, pero que no se anuló ninguna elección ni se alteraron los triunfos determinados en los cómputos realizados por el Instituto. En 2018 se anularon 42 casillas, el 0.56% del total, y en ningún caso se modificó el resultado de las elecciones.

Nora Ruth Chávez González da cuenta de las candidaturas independientes. En 2017-18 hubo 48 aspirantes a una candidatura independiente, de los que 27 lo consiguieron (el 56%): 25 a presidencias municipales y dos, al Congreso. Resultaron electas 24 regidurías de candidaturas independientes de las que 11 fueron mujeres y 13 hombres.

El capítulo tres, dedicado a la educación cívica y promoción de cultura democrática inicia con el texto del consejero Luis Miguel Rionda, quien analiza la estrategia de cultura cívica para el estado de Guanajuato 2018-2023. Se trata de una explicación detallada y precisa de la construcción institucional de dicha estrategia –a partir de la elaboración de un diagnóstico– de foros ciudadanos, de la que surgieron recomendaciones y se identificaron desafíos. Se trata, como dice el autor, del «instrumento teórico metodológico mediante el cual el ieeg atenderá con conocimiento y estrategia el segundo objetivo más importante de su misión institucional: la formación de ciudadanía en el estado de Guanajuato». En efecto, no es poca cosa.

Ashanti Bucheli analiza los pactos de civilidad durante los procesos electorales 2014-15 y 2017-18, donde el Instituto jugó un papel de arbitraje no sólo en términos de sus obligaciones legales directas sino aportando, gracias a la confianza que despierta entre los contendientes, a un mejor clima, para que la necesaria confrontación electoral transcurriera de forma pacífica, civilizada y democrática.

Finalmente, Luis Gabriel Mota analiza y explica la certera política editorial del Instituto, que tiene en el libro que aquí se comenta una nueva contribución.

Concluyo señalando que este es un libro que hay que darle a leer a todo aquel que quiera desaparecer a los ople. La democracia en esta república federal se fortalecerá sólo si hay instituciones locales fuertes, no si se demuelen o desaparecen.