El Instituto Nacional de Migración, con Francisco Garduño aún al frente, debe informar cuántos migrantes, mexicanos y no mexicanos, fueron devueltos a México en la primera semana de gobierno de Donald Trump. Esa información es necesaria para evaluar el impacto que tendrá la política de puertas cerradas y deportaciones masivas del nuevo inquilino de la Casa Blanca, y para fijar posición frente a sus exigencias. Entre ellas puede estar que México acepte un acuerdo de tercer país seguro, lo que antes fue formalmente rechazado por el expresidente López Obrador, aunque admitido de facto a través del programa “Quédate en México” (Remain in Mexico). 

Diversas fuentes han anticipado que el secretario de Estado de la Casa Blanca, Marco Rubio, pedirá a los presidentes de El Salvador, Honduras y Guatemala aceptar el acuerdo de tercer país seguro, conforme al cual los solicitantes de asilo deberán realizar su trámite y permanecer en un tercer país hasta en tanto Estados Unidos les otorga ese refugio. Es lo mismo que desde 2019 venía pasando, ya que el programa “Quédate en México”, de facto, nos convirtió en “tercer país seguro”.

Solo que, bajo la nueva política de la Casa Blanca, la ventanilla del asilo fue cerrada por completo. Miles de migrantes que esperaban en México para acudir a su cita (CBP One) ya no tienen esa posibilidad. ¿A qué se quedan? La misma pregunta se harán quienes han sido deportados a nuestro país del 20 de enero en adelante, sin obtener la cita para su trámite de asilo. Para el gobierno de México esa pregunta es punto de partida para las negociaciones con Marco Rubio y la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, que califica a los migrantes indocumentados como “basura”.

Cabe recordar que de diciembre de 2018 hasta abril de 2019 tuvieron lugar varias reuniones bilaterales para el tema migratorio. En ese periodo se convino que las autoridades de Estados Unidos tendrían que devolver a los mexicanos detenidos por la Patrulla Fronteriza sin mezclarlos con no mexicanos, y que, de estos últimos, por razones humanitarias, México aceptaría solamente a hispano parlantes, mayores de edad, sin enfermedades evidentes y sin compañía de menores de edad. Se convino también un número máximo de devoluciones por día de no mexicanos. 

A principios de abril de 2019, en Miami, las secretarias Sánchez Cordero y Nielsen convinieron en el aumento paulatino del número de indocumentados no mexicanos devueltos a México para esperar su cita de asilo. Supongo que por ese acuerdo Donald Trump despidió a Nielsen y luego amenazó con imponer aranceles para que nuestro gobierno sellara las fronteras sur y norte y aceptara el programa “Quédate en México”, sin restricciones como las antes mencionadas. En junio de 2019, el presidente López Obrador aceptó las exigencias de Donald Trump. Lo demás es historia conocida.

No estamos hoy ante la repetición de lo acontecido en 2019. Hay una diferencia esencial; Estados Unidos no concederá asilo a migrantes indocumentados. Los deportará sin mayor trámite. La pregunta es si nuestro gobierno seguirá aceptando recibir a migrantes no mexicanos que no tienen forma de obtener asilo en Estados Unidos. Si los aceptamos ¿a qué se quedan? La motivación para ir a Estados Unidos es obtener trabajo y ganar en dólares. Quedarse en México no es una opción. Es una medida temporal para la mayoría de los deportados, que casi siempre vuelven a intentar cruzar al otro lado. 

Es obligación de nuestros gobiernos recibir a los mexicanos que sean devueltos a nuestro país. No se trata de humanismo de la 4T. Es derecho de nuestros compatriotas quedarse en México. Hoy la pregunta es ¿qué trato dará nuestro gobierno a los no mexicanos devueltos a nuestro territorio? Para responder más vale dejar de lado la demagogia que promete a los extranjeros lo que no se puede asegurar a los mexicanos. Hay que empezar por asumir que esos migrantes no quieren quedarse en México. Quieren pasar a Estados Unidos y lo intentarán mientras puedan. Lo que, con Trump en la Casa Blanca, será un motivo de grave tensión en la relación bilateral. 

Mientras la ventanilla del asilo esté cerrada, no ha lugar a que nuestro gobierno acepte reactivar el programa “Quédate en México”, y mucho menos sentarse a negociar un acuerdo de “tercer país seguro”. Lo que procede es no aceptar que la Casa Blanca envíe a nuestro país a personas migrantes no mexicanas detenidas en su territorio. Puede haber excepciones, que confirmen la regla. 

La Casa Blanca está obligada por el derecho internacional a negociar, no imponer, las condiciones y vías para la devolución de los migrantes indocumentados a sus países de origen. En el caso de los mexicanos, el punto de partida para dialogar es lo convenido en años anteriores en aras del respeto a los derechos humanos y la dignidad de nuestros compatriotas.

Sígueme en: www.vozyvoto.com.mx