El martes pasado conversé con la periodista Carmen Aristegui sobre las iniciativas que serían materia del periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Me preguntó si lo que hoy vemos en las dos cámaras del Congreso y en la mayoría de las legislaturas locales es similar a lo que pasaba en la etapa de hegemonía del PRI. Mi respuesta fue que no. Nunca vi algo como lo que hemos visto en esta semana.

Fui diputado federal de 1985 a 1988, en la última legislatura de 400 curules, de las cuales 294 (73.5% del total) eran del PRI. 106 diputados de siete grupos parlamentarios diferentes al de la mayoría (el mío era del PSUM) dábamos en cada sesión la batalla en tribuna. Había sesiones ordinarias entre septiembre a diciembre de cada año. El receso era de enero a agosto.

Durante muchos años vi a los diputados del PRI rechazar, una tras otra, decenas de reservas opositoras a proyectos de decreto enviados por el presidente. Estuve en sesiones del pleno en el Palacio Legislativo de San Lázaro que empezaron a las 11 de la mañana y concluyeron en la mañana del día siguiente, después de decenas de oradores en tribuna y algunas veces con gritos y sombrerazos. Pero me consta un hecho que llamaba la atención: el respeto del priismo por las formas y el procedimiento legislativo. Algo que Morena y sus aliados hacen de lado, por su soberbia de partido dominante, o por ignorancia.

En esta semana se tramitaron dos iniciativas presidenciales, una de reforma constitucional y otra a la ley electoral. Son textos contrahechos, mal formulados sus respectivos proyectos de decreto, delirantes ambas en sus exposiciones de motivos. Nada de eso importa a la mayoría. En comisiones aprobaron los dictámenes que no cambiaron ni una coma a las propuestas presidenciales Ni siquiera para enmendar notorios errores en sus textos legales.

Sin embargo, en las primeras horas de este jueves, a propuesta de un diputado de Morena, fue aprobada en el pleno una reserva para permitir que 4 magistrados electorales de la Sala Superior sean candidatos en la elección judicial de 2028 y puedan seguir en el cargo 6 años más, hasta acumular 17 años. En pocas palabras, iniciaron la construcción del primer acordeón que Morena y aliados repartirán en esa elección.

Otra iniciativa, de la autoría del diputado Ricardo Monreal, consumió varias horas en la tribuna de San Lázaro. Fue aprobada, con un texto normativo diferente al originalmente propuesto y aprobado en la comisión dictaminadora para introducir en la base VI del artículo 41 de la Constitución una nueva causa para anular elecciones: la injerencia extranjera. De última hora, este jueves se acordó retirar el dictamen de la reforma a la Ley de Medios de Impugnación, reglamentaria de la adición aprobada para la Constitución.

Después de 32 horas continuas, la Cámara de Diputados concluyó este jueves 28 por la tarde la sesión iniciada el miércoles 27 a las 9 de la mañana. Fue aprobada la reforma a la LGIPE para dar al INE una tarea que no le corresponde a fin de certificar que los candidatos a cargos de elección popular no tengan vínculos con la delincuencia. Otra ocurrencia llevada a la ley.

Que la mayoría del partido gobernante y sus aliados apoyen las propuestas de la presidenta emanada de sus filas, es lo usual. Eso no debería ser motivo de reclamo. Que no le cambien ni una coma a las iniciativas de su presidenta, tampoco es motivo para gritos y llanto. Así son las mayorías legislativas cuando disponen de los votos para hacerlo. Aquí y en China.

El motivo de crítica y alarma es que nos hemos quedado sin Poder Legislativo. Cuando no hay respeto ni por las formas ni por la ley lo que impera es la degradación vertiginosa de la calidad de las y los legisladores. La diatriba y la grosería se han normalizado como lenguaje aceptable en el debate. El mejor argumento de la mayoría oficialista es invocar al pueblo y su reacción más civilizada ante la crítica opositora es responder que son “hijos de Maximiliano”.

Nos hemos quedado sin Poder Legislativo y desde el año pasado sin Poder Judicial. El primero está convertido por el oficialismo en oficialía para trámites presidenciales que pretenden revestir de legalidad la demolición de las instituciones y la instauración del autoritarismo. El segundo es un Frankenstein que se está saliendo del control de su creador. Lo que demuestra el periodo extraordinario de sesiones es que el autoritarismo presidencial en la era de la 4T carece de soporte jurídico, rigor técnico y capacidad operativa.

Los costos de la fusión de facto de los tres poderes de la Unión en uno solo, el Ejecutivo, son cada día más altos. No hay inversión pública porque las finanzas del gobierno están en graves problemas. No hay inversión privada porque no hay seguridad ni confianza. No hay crecimiento ni empleo porque no hay políticas públicas que los hagan posible. La economía nacional se dirige a la crisis.

Sin contrapesos que equilibren al Poder Ejecutivo la frase de Lord Acton cobra vigencia en el México de la 4T: “El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”.