#YoDefiendoAlCIDE

 La autonomía, no desvincula a la Universidad de la sociedad, no la pone al margen de ella, de sus conflictos, de sus contradicciones y problemas; por el contrario, la autonomía garantiza a la sociedad una participación más libre, más cabal de la Universidad en las cuestiones que le atañen de manera fundamental, dado que la protege del embate del sectarismo, de las disputas, de los vaivenes de la política del momento. La Universidad no es ajena a la dinámica de las grandes corrientes sociales o políticas, pero su fin es la consecución del conocimiento”[1]. 

Los recientes e inadmisibles acontecimientos en el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), prestigiada institución de educación superior fundada hace 47 años y cuya fortaleza institucional hoy mermada por sus propios directivos, se encuentra de la mano de toda su comunidad dando la batalla más grande y compleja de su historia y enfrentando un reto de cuyo resultado sólo puede derivar o en su destrucción, o en su reconocimiento como institución autónoma.

La crisis deriva de una serie de actuaciones tan ilegales como arbitrarias de quien entonces fungiera como Director General interino del Centro, y quien posteriormente de manera unilateral y al margen de los canales e instancias internas legales y estatutarias, fue ratificado en el cargo.

Cabe destacar que el problema no deriva de la necesidad de que el CIDE cuente con un mejor mecanismo de designación de sus autoridades, porque, de hecho, cuenta con extraordinarias reglas de integración de sus órganos y gobernabilidad interna, propias de una institución que, tanto en su ámbito académico como directivo, se ha conducido bajo los más altos parámetros de calidad y evaluación privilegiando méritos personales y profesionales para ser parte tanto de su profesorado, como de su alumnado así como para garantizar su permanencia. El problema es su vulnerabilidad frente al poder.

Conforme a sus Estatutos, el proceso para determinar quién habrá de fungir como Director General del CIDE consta de tres etapas, la primera más orgánica que las otras dos dado que consiste en llevar a cabo una auscultación interna para identificar los aspirantes a ocupar ese cargo, lo cual se realiza a partir de hacer una consulta entre las y los miembros de su comunidad, entre los cuales está el alumnado.

La segunda etapa consiste en una auscultación externa que lleva a cabo un comité que integra el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, (CONACYT), es decir, el mismo órgano cuya titular designó al cuestionado Director General por lo que para estos fines, al no apegarse con las reglas establecidas, fungió como juez y parte de los intereses que representa.

Finalmente, la tercera etapa que recae en el Consejo Directivo, el cual conforme a los estatutos del CIDE es el Órgano de Gobierno integrado por el director general del Conacyt, así como por un representante de la SEP, SHCP, Sener, SE, Colmex, FCE, Banxico, CIM, INE, así como por cuatro consejeros a título personal, designados por invitación del propio Conacyt.

Como se puede ver, al estar por un lado integrado por diversas dependencias del Ejecutivo Federal, como lo es el propio Conacyt cuyo titular lo designa el Presidente de la República, así como consejeros designados por la titular de este mismo órgano, misma que impuso al actual Director General, esta etapa también carece de legitimidad en tanto existe un amplísimo margen de maniobra para hacer injerencias arbitrarias en un Consejo Directivo en esencia designado por la misma persona. Sin embargo, estatutariamente es facultad de ese órgano formalizar el nombramiento.

Contexto.

La actual crisis en el CIDE no es ni casual ni producto de un mal manejo administrativo, sino que tiene una clara línea ideológica de intervenir y desarticular la esencia que le ha distinguido durante décadas.

Desde el inicio de su gobierno, el Presidente López Obrador no ha disimulado su animadversión hacia el CIDE por considerar –dicho en sus palabras- que “se ha derechizado”, por lo que la primera embestida contra ese centro de estudios superiores de reconocimiento mundial se presentó con un decreto del año 2020 donde se determinó desaparecer los fideicomisos de organismos públicos por lo que, en el caso específico del CIDE, la eliminación de su fideicomiso no sólo implicó el retiro de los recursos que recibía del presupuesto, sino también otros recursos autogenerados mediante proyectos con gobiernos estatales, órganos autónomos o donatarias nacionales e internacionales con lo cual, tal determinación presidencial, mermó sustancialmente su capacidad de operación. 

Apenas en agosto pasado, el Presidente criticó al Centro por formar cuadros para el sector privado con financiamiento del gobierno federal.

De esta forma, no sorprende que la actual titular del Conacyt María Elena Álvarez-Buylla, cuya designación en ese importante cargo también fue en su momento cuestionada y que, sobre la marcha, en su gestión sólo ha demostrado encontrarse muy alejada y ajena de las opiniones de la comunidad científica, tal y como se ha venido alertando,[2]decida una vez más, llevar a cabo “procesos de auscultación” a modo para simular tanto los fines que mueven su actuar, como su talante autoritario.

Tampoco sorprende que, bajo este mismo propósito de someter al CIDE a los designios del gobierno en turno, el impuesto Director General José Antonio Romero Tellaeche en absoluta ignorancia y/o falta de respeto de los fines de la institución, haya osado plantear en su plan de trabajo como candidato a dirigir el Centro: “es importante recuperar la esencia fundamental del CIDE, es decir, contribuir a la formación de profesionistas comprometidas con el país y con apoyar a su gobierno”.

Sobre el problema señala el connotado académico Javier Martín Reyes, "…el CIDE está convocando a una marcha, no solo en defensa de la institución sino en defensa de la autonomía de las universidades públicas, autonomía en contra de las decisiones arbitrarias y una defensa de la libertad de cátedra".

Retomar los orígenes de la autonomía.

En el puntual pliego petitorio formulado de origen por los alumnos del CIDE destacan dos aspectos torales y sensatos:

a) el reinicio del proceso de designación para el puesto de Dirección General del CIDE con pleno apego a la normatividad existente y con representación, voz y voto de miembros de la comunidad CIDE, y; b) el reconocimiento del CIDE como una institución autónoma, con todo lo que legalmente conlleve.

En los orígenes de la iniciativa de reforma al artículo 3° Constitucional de 1980 en la cual se establecieron las bases de la educación superior a través de la que se le dotó de autonomía, se buscó ante todo blindar a las instituciones públicas del país de ser contaminadas por injerencias políticas ajenas al espíritu educativo.

La autonomía fue concebida como un requisito SINE QUA NON para garantizar el cumplimiento de los objetos de la educación superior a partir de impulsar el fortalecimiento de las universidades públicas.

Si bien la UNAM solía ser el punto de partida o referente más importante para el estudio de la autonomía universitaria, lo cierto es que el dinamismo social que han hecho de la UNAM una institución rica por la pluralidad de ideologías de quienes la integran, no le es exclusivo en tanto que es un fenómeno que se replica en prácticamente todas las instituciones equivalentes, por lo cual la esencia y fines para los cuales fue concebida la autonomía universitaria, si bien fue cosechada por otras instituciones públicas de educación superior del país, tendría que seguir siendo el faro que hoy oriente el destino que deben seguir aquellas instituciones que como el CIDE, hoy viven en carne propia las consecuencias de las injerencias políticas que hoy tienen colapsado el sano desarrollo del que gozaban hasta hace poco.

Vale la pena retomar algunos de los principales argumentos expuestos en la Exposición de motivos de la Reforma al Art. 3° Constitucional del 6 de junio de 1980:

 La filosofía educativa rechaza postulados cerrados a toda posibilidad dialéctica. Supone un sistema ajeno a fanatismos y prejuicios, abierto a todas las corrientes del pensamiento universal y atento a la convicción del interés general a la comprensión de nuestros problemas y al acrecentamiento de nuestra cultura.

La autonomía universitaria es una institución que hoy es familiar a la nación mexicana. Es compromiso permanente del Estado respetar irrestrictamente la autonomía para que las instituciones de cultura superior se organicen, administren y funcionen libremente y sean sustento de las libertades, jamás como fórmula de endeudamiento que implique un derecho territorial por encima de las facultades primigenias del Estado. Fortalecer estas instituciones arraigadas y obligadas con la colectividad nacional e independiente entre sí, es requisito indispensable para el cumplimiento de su objeto.

 Las universidades e instituciones de educación superior que derivan su autonomía de la ley, deberán responsabilizarse primeramente ante las propias comunidades y en última instancia ante el Estado, del cumplimiento de sus planes, programas, métodos de trabajo y de que sus recursos han sido destinados a sus fines.

Las universidades públicas del país han solicitado que se legisle a nivel constitucional para garantizar el ejercicio de su autonomía y precisar las modalidades de sus relaciones laborales, con la finalidad de hacer compatibles la autonomía y los fines de las instituciones de educación superior con los derechos laborales de los trabajadores tanto académicos como administrativos.

Tal exposición de motivos, evidencia que en el espíritu de introducir la “autonomía” en el artículo 3° de la Constitución estaba el proteger los esfuerzos y fines de la educación superior, de cualquier elemento externo que pudiese constituir un obstáculo al desarrollo científico y tecnológico.

En su discurso sobre “Universidad, política y academia” el entonces rector de la UNAM advertía: “Es preciso examinar las posibles implicaciones que para la universidad pudiera tener su participación en el juego partidario. La universidad, no es ínsula ni un territorio al margen de la Nación, y en ese sentido no puede sustraerse a las preocupaciones y actividades políticas del momento. Sin embargo, el juego partidario puede hacer perder de vista los fines académicos propios de la universidad, sobreponiéndoles los fines de los partidos. Así, -alertaba- se han destruido algunas de las más importantes universidades de América latina y los resultados han sido verdaderos retrocesos en esos países, clausurando las posibilidades de buena preparación profesional y movilidad social para las clases de menores recursos económicos. Estas actitudes son profundamente reaccionarias, aunque quieran disfrazarse de progresistas”[3].

AUTONOMÍA YA. Porque como bien dicen, el que paga manda y en tanto la supervivencia de las instituciones de educación superior como el CIDE dependa de la voluntad gubernamental, nunca se podrá garantizar la vigencia de la autonomía universitaria y, por tanto, el espíritu constitucional de garantizar la libertad de cátedra y de pensamiento estará permanentemente amenazado por ideologías de aquellos de quienes dependa su existencia.