Los procesos electorales después de 2018 representan problemas y características diferentes a los del pasado reciente. De qué estamos hablando. Antes de 2018 y por algunas décadas, al menos desde los años noventa del siglo pasado, las reformas electorales y las principales decisiones en materia electoral, se acordaban en esas épocas, en términos generales, por las fuerzas políticas mayoritarias. Hoy en día eso ya no es así. No se han podido acordar reformas electorales después de 2018, y las principales decisiones electorales no pasan por la aprobación de los otrora partidos principales: PAN, PRI y PRD. El PRIAN ya no tiene una influencia determinante y las posibilidades para la existencia de un nuevo Pacto por México, última versión de poder del PRIAN, son nulas. Nos encontramos en otro escenario político, diferente al de las últimas tres décadas, un marco o contexto político que, en la concepción del máximo dirigente de Morena, implica el rechazo a nociones tales como transición a la democracia, o el alejamiento de prácticas políticas fundadas en el consenso político o social para efectuar reformas políticas o para hacer designaciones de las autoridades electorales.

Si no entendemos lo anterior, ya sea porque se piensa que la fuerza de Morena disminuirá después del proceso electoral de 2024, o porque se considera que por otros motivos se podrían recuperar escenarios previos a los de 2018, creo que no habremos comprendido las circunstancias históricas en las que vivimos, que son distintas a las que experimentamos a finales del siglo XX y a las que hemos tenido durante las dos primeras décadas del siglo XXI. Desde mi punto de vista, estamos en otro espacio histórico y, en los ámbitos institucionales, aunque tal vez no con la claridad debida, se disputan muchas nociones y conceptos que conforman la ideología o la hegemonía dominante: el concepto de democracia constitucional, de Estado constitucional, de supranacionalidad acrítica de los derechos humanos, la pura competencia económica que deja sin atender a las comunidades indígenas o a las áreas estratégicas de la nación, y la permanente e incrementada pobreza y desigualdad provocada por el modelo económico dominante.

Eso quiere decir que estamos en un proceso de construcción de nuevas concepciones ideológicas que respalden o justifiquen nuevas instituciones y prácticas. No sabemos si alguna de las concepciones será hegemónica, como fue la del viejo PRI, y si se impondrá de forma definitiva en breve término, o si varias de esas concepciones estarán en tensión durante mucho tiempo, sin que una se defina como la principal o predominante, lo que nos colocaría como nación en dinámicas de disenso y polarización. Lo cierto es que los modelos y concepciones anteriores a 2018 están periclitados, no tienen capacidad, al menos por el momento, para volver a restablecerse, y la concepción surgida después de 2018 no tiene aún toda la fuerza para estimarse plenamente dominante.

Morena y el presidente López Obrador, que han impulsado la concepción prevalente hasta el momento, han pretendido, en el ámbito electoral, sin éxito, conformar nuevas instituciones y reglas. Los planes A y B han fracasado, y el C aún no ha sido discutido parlamentariamente. El Plan A –reforma constitucional–, entre otras innovaciones, propuso: eliminar el financiamiento público para actividades ordinarias; derogar los órganos y tribunales electorales en las entidades federativas, así como la estructura distrital del vigente ine; reducir el número de diputados y de senadores; disminuir el número de diputados en las legislaturas locales y de regidores en municipios y alcaldías; elegir a los consejeros y magistrados por voto popular; e introducir el voto electrónico. Además, contempló que, en los procesos de revocación de mandato bastara el 33 % de participación de ciudadanos inscritos en la lista nominal para que el ejercicio fuera vinculante; consideró prohibir que las autoridades electorales sigan interviniendo en la vida interna de los partidos para resolver nombrando dirigentes y candidatos; e insistió en una legislación secundaria única para regular los procesos electorales, de consulta y de revocación de mandato. El Plan A de reforma constitucional no logró aprobarse por el poder revisor de la Constitución, y esa reforma, por el momento, ha quedado aparcada.

El Plan B, de carácter legal secundario, tuvo como objetivos: reducir el tamaño burocrático del INE compactando o eliminando instancias ejecutivas a nivel central, local y distrital; limitar los privilegios salariales y en prestaciones de los altos servidores públicos del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; derogar a la Junta General Ejecutiva; redefinir las competencias del secretario ejecutivo del INE; proponer una nueva regulación en materia de propaganda gubernamental; reducir el número de comisiones previstas en ley del Consejo General del INE; introducir nuevas reglas respecto al voto en el extranjero; posibilitar la participación de los discapacitados en los procesos electorales; permitir el voto de las personas privadas de su libertad; establecer otra concepción de la votación válida emitida; autorizar un sistema electoral nacional; limitar las facultades interpretativas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; y, fortalecer, los principios de autoorganización y autodeterminación de los partidos en relación y oposición con los principios de democracia interna. El Plan B fue declarado inválido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque el Congreso de la Unión no observó los procedimientos parlamentarios vinculados al discurso democrático.

En cuanto al Plan C, que es de naturaleza constitucional y que aún no ha sido sometido al debate parlamentario, propone, entre otras cosas, el procedimiento de elección por voto ciudadano de los consejeros y magistrados electorales, excluye 200 diputados de representación proporcional, elimina a los senadores de representación proporcional y de primera minoría. La iniciativa es profundamente centralista –lo que es consecuente con la desaparición de los OPL y los tribunales electorales estatales–, pues establece que los principales rubros en materia electoral sean regulados mediante legislaciones únicas, a través de facultades que tendrían su fundamento en distintas fracciones del artículo 73 constitucional.

No sabemos cuál será el desenlace final de esos planes electorales que, de aprobarse entrañarían una modificación profunda al sistema electoral y a la democracia mexicana. Sin embargo, es importante tenerlos en mente y en el radar, son parte de la lucha por la hegemonía. La aprobación e implementación de los mismos dependerá de los resultados electorales que deriven de este proceso, así como de las negociaciones que después de él se produzcan entre Morena y otras fuerzas políticas. Los planes mencionados no son exclusivamente parte del debate coyuntural, sino elementos jurídicos e ideológicos para la construcción de nuevos modelos sociales de convivencia.

En cuanto al proceso electoral en curso, éste presenta características diferentes a los anteriores. Menciono algunas de sus notas: 1) El presidente de la República, dada su popularidad y su fuerza política, es el actor central del proceso electoral, aunque no vaya a aparecer su fotografía en la boleta; el mandatario fija la agenda diaria de la vida nacional en sus mañaneras, actúa como sombra-conciencia moral y política que guía los proyectos de la candidata de su coalición, y como un referente para el apoyo o rechazo del resto de los candidatos; 2) El presidente de la República suele realizar propaganda electoral en contravención a los principios del artículo 134 de la Constitución, lo que podría dar lugar, en el momento procesal oportuno, a impugnaciones de los partidos opositores que reclamen la nulidad de la elección; 3) De manera ilegal e inconstitucional, las dos grandes coaliciones en el proceso adelantaron los tiempos electorales, ambas coaliciones realizaron actos ilícitos previos a las precampañas sin que las instituciones electorales hayan sancionado esas conductas irregulares; 4) Se perciben debilidades en la autonomía e independencia de las principales autoridades electorales: INE, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y Fiscalía Especializada en delitos electorales; no suelen oponerse con firmeza a las posiciones del gobierno y de otros grupos y poderes fácticos para garantizar los derechos políticos y los principios de libertad y equidad electoral; 5) Algunos sectores políticos y académicos han puesto en duda la capacidad organizativa del ine dados los malos ejemplos del primer debate presidencial y del gran número de ciudadanos “rasurados” del listado nominal para votar en el extranjero; 6) Como en otros procesos electorales, el uso de los programas sociales es parte de la disputa por la equidad y la libertad electoral, y como sabemos, ello puede entrañar clientelismo, desvío de recursos públicos con fines electorales, y compra y coacción del voto; hasta el momento las autoridades electorales no han emitido resoluciones ejemplares para inhibir esas indebidas prácticas; y, 7) Entre otras cosas, y tal vez lo más grave en este proceso por las dimensiones que ha adquirido, es la violencia generada por el crimen organizado, la muerte de aspirantes, precandidatos y candidatos, así como el financiamiento ilegal que partidos y candidatos reciben de las organizaciones del hampa; los esfuerzos institucionales se han quedado muy cortos para enfrentar las consecuencias negativas que tiene la intervención de estos grupos en el proceso electoral y que afectan irremediablemente los principios de libertad y equidad de las elecciones, que son los pilares de un proceso electoral democrático. 

Un elemento adicional que puede parecer poco trascendente está relacionado con las redes sociales, las plataformas, y en general con los TIC´s cuando éstos se usan desde el extranjero para apuntalar o desvirtuar las campañas. Enumero, sin ánimo de exhaustividad, algunas vías en las que se manifiesta o se puede manifestar esta intervención: 1) La participación de corporaciones como Atlas Network y otras, que emplean las redes sociales para exponer información falsa y manipulada sobre los problemas nacionales y el proceso electoral en curso, con la intención de atacar desde el extranjero, y después al interior de la nación, a las opciones políticas que no son compatibles con los intereses de los centros hegemónicos mundiales y, por el contrario, defender y sostener a otras expresiones políticas que sí coinciden con sus intereses; 2) La existencia de troll centers que aparentemente son financiados con millones de dólares de empresas y empresarios extranjeros y mexicanos, y que tienen sus bases de operación en España, Colombia y Argentina, mismos que al parecer están vinculados a Atlas Network y que respaldan alguna candidatura presidencial mediante la estrategia consistente en señalar que el titular del Ejecutivo y la candidata de Morena tienen vínculos con el narcotráfico, sin tener ni aportar prueba alguna de ello; 3) La posible vinculación entre la agencia Atlas Network con sede en Washington, D.C. y el empresario mexicano Salinas Pliego, que es empleada como instrumento de presión contra el gobierno mexicano por los adeudos fiscales millonarios de esta persona; y, 4) La posible aplicación en México de la “teoría del golpe blando”, que consiste en emplear, entre otros instrumentos, desde el extranjero y después al interior de las naciones, las campañas de manipulación mediática y en redes sociales para menoscabar la voluntad popular e instaurar gobiernos contrarios al deseo de los ciudadanos. Esta teoría fue elaborada por centros de inteligencia norteamericana, y se ha usado en otros países de América Latina como Honduras, Brasil, Ecuador, Paraguay y Bolivia para respaldar a los grandes intereses de la hegemonía mundial.

Parte de la complejidad de nuestro mundo tiene relación con la globalización y la geopolítica. El marco jurídico electoral mexicano entiende los procesos electorales desde una perspectiva nacional, incluyendo el voto de los mexicanos en el extranjero y la presencia de visitantes extranjeros en los procesos electorales de nuestro país. Sin embargo, existen factores supranacionales y mundiales que pueden incidir en un proceso electoral: financiamiento ilícito desde el extranjero; la realización de conductas en fraude a la ley desde el extranjero para favorecer a determinadas fuerzas políticas y vulnerar los principios de libertad y autenticidad del sufragio; la participación abierta de gobiernos o de instituciones de esos gobiernos extranjeros que intencionalmente deciden favorecer a una fuerza política nacional a la espera de que, ese partido o coalición al que apoyan, autorice la injerencia extranjera en materia de seguridad; o, que en un futuro, la explotación de los recursos naturales que son de las naciones y de los pueblos, se les permita sin restricción; y, entre otras cosas, que también se realicen las reformas constitucionales necesarias para posibilitar el regreso pleno de las políticas que favorecen a esos gobiernos, empresas y medios extranjeros.  

Los medios de comunicación foráneos, tanto los tradicionales como los que actúan en plataformas digitales, juegan una función trascendente en un proceso electoral como en el que estamos insertos. No podemos olvidar el papel negativo que jugó en el pasado reciente “Cambridge Analytica” en distintos procesos comiciales del mundo. Hoy en día, al consolidarse la inteligencia artificial, la manipulación y la desinformación en materia electoral, y en otros ámbitos de vida, es y será cada vez mayor. Debemos, por tanto, poner la debida atención en todo ello.