El pasado martes Lorenzo Córdova, presidente del INE, participó en el parlamento abierto sobre reforma electoral convocado por la JUCOPO de la Cámara de Diputados. En resumen, lo que dijo fue que no hay necesidad de una reforma antes del 2024, y que en todo caso se debe contar con el consenso de los partidos políticos.

No comparto la primera idea. Con la segunda coincido, como objetivo a conseguir, no como punto de partida.

Unas semanas antes de la jornada electoral de 2018 publiqué un artículo en el que propuse algunos cambios que considero necesarios para “desmontar la pirámide” que es hoy el sistema electoral mexicano. No he cambiado de opinión.

Sigo pensando que es necesario un cambio jurídico de fondo que atienda el gigantismo y extendido burocratismo que padecen nuestras dos instituciones electorales de ámbito nacional (INE/TEPJF), y a su medida los OPLES y los tribunales locales.

Mantengo la idea de volver a lo básico -que es garantizar elecciones libres, justas y creíbles; reducir de manera sustancial el financiamiento público a los partidos políticos y el gasto de operación de las instituciones electorales; recuperar el federalismo electoral y resolver pendientes que arrastramos desde hace décadas, el primero y más relevante la emisión de una cédula de identidad y normalizar el servicio de identificación personal.

Es evidente, lo digo de manera autocrítica, que en el ciclo de reformas previas fuimos exitosos en crear las condiciones para que los votos cuenten y se cuenten, como lo demandé en agosto de 1988 en la sesión final de la extinta Comisión Federal Electoral; pero no logramos generar ciudadanos que valoren su voto y sus derechos, y que al mismo tiempo admitan cumplir sus obligaciones. Creamos electores, no ciudadanos.

Nuestra democracia es de baja calidad porque la ciudadanía es de baja calidad, sin que gobiernos, partidos y autoridades, electorales o educativas, hayan hecho mayor cosa para corregir esta anomalía.

Urge actuar para parar el exceso de recursos destinados a los partidos políticos. En 2023 los contribuyentes entregaremos a los 7 partidos políticos nacionales 6 mil 233 millones de pesos a través del INE, más otra cantidad similar a través de los 32 OPLES. Esa situación es producto de la reforma de 2014.

Hay otro exceso. En el gasto para sus fines propios el INE tiene como regla la inercia. No hay duda de que el INE cumple con las tareas que la Constitución y la ley le encomiendan; Como tampoco la hay que el gasto propio que programa año con año crece sin parar, alcanzando montos que no encuentran referente comparable en el mundo. En parte, ese exceso obedece a la ley de hierro de las burocracias, que en ausencia de frenos y contrapesos crecen y se reproducen de manera expansiva.

Proyecciones básicas del gasto electoral total para 2024 (autoridades administrativas y jurisdiccionales sumadas) muestran que podría superar los 60 mil millones de pesos. Solo por esa cifra es dable afirmar la necesidad de una reforma. Pero que sea necesaria no la convierte en posible.

No veo condiciones para un acuerdo que permita alcanzar el máximo consenso entre los partidos, ni voluntad del gobierno para construirlo. Imponer desde la mayoría del partido gobernante una reforma de las leyes electorales, sin tocar la Constitución, es posible, pero no deseable. No lo es porque nos regresaría a la experiencia de 1986, cuando el gobierno y su partido impusieron una reforma que culminó en la caída del sistema en 1988.

Aún queda un espacio temporalmente viable para intentar un acuerdo, así sea de orden solamente legal, para empezar a desmontar la pirámide y reducir el dinero de los contribuyentes que se destina al sistema electoral. Decir que ese monto es insignificante, comparado con el total del presupuesto anual de la Federación, es tapar el sol con un dedo.

La seriedad en el análisis es también una condición para el diálogo democrático.