Las últimas elecciones nacionales en Chile y Colombia (más las anteriores en Argentina, Bolivia, Honduras, México y Perú) a las que se sumará –seguramente– Brasil en octubre, marcan un nuevo giro a la izquierda en el panorama latinoamericano. ¿Se trata de “más de lo mismo” (comparado con la primera ola de este siglo) o estamos ante “una nueva izquierda diferente”? ¿Cuáles podrían ser las principales semejanzas y las principales diferencias entre ambos ciclos y aún entre los diferentes casos nacionales? 

En América del Sur, estas preguntas son claves desde todo punto de vista. Mirada en perspectiva, esta región muestra que –a diferencia del panorama dominante hasta hace unos pocos años– hoy solo quedan cuatro gobiernos de derecha (Brasil –que cambiará en octubre– Ecuador, Paraguay y Uruguay) y en Centroamérica (con un panorama más heterogéneo) apenas Guatemala puede ubicarse claramente en el bloque conservador, siendo más difícil incluir aquí a Costa Rica, a El Salvador y a Panamá (y aún más a Nicaragua). 

Estamos, evidentemente, ante un escenario donde las urnas se ensañaron con los elencos neoliberales y conservadores, expresando también en este plano el gran malestar social y político vigente en los últimos años, según mostraban (y siguen mostrando) las encuestas de opinión pública más serias y las crecientes manifestaciones callejeras que ahora se expresan con mucha fuerza en Ecuador, por mencionar apenas el ejemplo actual más evidente.

¿Qué quedó del primer ciclo?

Aquel ciclo, que comenzó con la llegada de Chávez al gobierno en Venezuela en 1998 y siguió (ya entrado este siglo) con los casos de Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y Uruguay (sumando transitoriamente a Honduras y Paraguay, que terminaron en “golpes blandos” con la destitución de ambos presidentes) e incluyendo (heterodoxamente) a Chile, logró reducir sustancialmente la pobreza y más limitadamente las desigualdades sociales existentes, de la mano de un favorable contexto internacional que facilitó la obtención de recursos para financiar los respectivos planes sociales a través de “transferencias condicionadas” y otras medidas conexas, así como darle cierto impulso (más discursivo que real) a la integración regional.

Pero fue un ciclo que se construyó con especificidades muy marcadas. Así, mientras que en Venezuela se fue pasando paulatinamente a un modelo caudillista y crecientemente militarizado, alejado de las reglas de juego de la democracia liberal, en Bolivia y Ecuador se trabajó intensamente con consignas centradas en el “buen vivir”, a través de procesos refundacionales sustentados en el impulso a procesos constituyentes que sentaron nuevas bases sociales y políticas. En Argentina, Brasil y Uruguay, por su parte, se recorrió un camino más vinculado con la inclusión social (siguiendo en buena medida lo que venía siendo la experiencia chilena de la “Concertación”) sin cuestionar las reglas del juego democrático vigente, más allá de algunos importantes ajustes en cada caso.

Pero si algo en común tuvieron todos estos procesos, fue el impulso al “regreso del Estado”, esto es, al acotamiento del poder de los mercados (manejados férreamente por los principales grupos empresariales) fortaleciendo claramente a los respectivos poderes ejecutivos –con limitaciones en el manejo de los otros dos grandes poderes establecidos (el legislativo y el judicial)–, y contando (en todos los casos) con una evidente oposición promovida por las grandes cadenas mediáticas que impulsaron la caracterización de estos gobiernos progresistas como “populistas” y privilegiaron las narrativas anti corrupción, mostrando que “son todos iguales”, en un contexto donde esto distaba de ser efectivamente así.

Fue una etapa, además, en la que los gobiernos progresistas tuvieron que lidiar con las profundas transformaciones procesadas en nuestras sociedades y que llevaron a la reformulación de los tradicionales movimientos sociales (sindicales y campesinos, en particular) en medio de un creciente protagonismo de nuevos movimientos sociales (feministas y ecologistas, en particular) que empujaron fuertemente (con éxitos variados, pero reales) la denominada “nueva agenda de derechos” (interrupción voluntaria del embarazo, matrimonio igualitario, legalización de la marihuana, etcétera), en áreas en las que probablemente era más viable introducir cambios relevantes en el plano identitario, aunque ello no significara cuestionar a fondo las viejas estructuras de poder. 

La caída de varios de estos gobiernos progresistas, por su parte, llevó a algunos analistas a hablar de un “giro a la derecha”, que permitía imaginar –también en este caso– un “ciclo” con estas características, pero finalmente, la historia reciente mostró claramente que esto no se concretó en la medida en que varios de aquellos gobiernos progresistas volvieron a ganar elecciones (Argentina y Honduras, por ejemplo) o lo harán próximamente (como todo parece indicar en el caso brasileño). Sumado a ello, países que estaban siendo gobernados por elencos conservadores y neoliberales (como Chile, México y Colombia, en particular) terminaron dando un giro a la izquierda, más allá de los matices que se puedan señalar.

El fracaso de la “nueva” derecha

¿Por qué cayeron Macri, Piñera, Uribe, Añez, Hernández y también caerá seguramente Bolsonaro? Sin duda, las especificidades de cada caso nacional tienen un peso evidente y no se pueden simplificar. Pero hay algunos elementos en común que ayudan a responder esta pregunta clave. Uno de ellos es el vinculado con el no cumplimiento de las promesas electorales, genéricamente sustentadas en el apoyo a los grandes grupos empresariales para recuperar la economía y –desde allí– “derramar” los beneficios correspondientes a toda la población. Consignas como “pobreza cero” no pasaron nunca de ser simples eslóganes electorales que luego no se concretaron.

Esto, a su vez, se sustentó –en casi todos los casos– en la promoción de un modelo que apostó (apenas) a la promoción de la igualdad de oportunidades, asumiendo que –sobre esa base– luego cada quien (siempre en términos individuales) tendría que salir adelante por sus propios medios, asumiendo que, si eso no se lograba, era responsabilidad exclusiva de cada quien, con su propio esfuerzo personal. La historia reciente ha confirmado –una vez más– que las teorías del “goteo”, sustentadas en planteos “meritocráticos”, no son más que “relatos” que no se condicen con la realidad. Tal como sostienen los principales especialistas, antes hay que lograr cierta “igualdad de posiciones” iniciales para que la igualdad de oportunidades sea medianamente justa y equitativa.

Pero no todo ha sido fracaso para las derechas. En realidad, no es menor que en la mayor parte de los casos nacionales, hayan tenido la capacidad de “refundarse” luego de las crisis de los sistemas políticos tradicionales (el bipartidismo estable, gobiernos operando sobre la base de la alternancia pactada, etcétera), que hayan creado versiones populistas conservadoras relativamente exitosas, que se dieron a la tarea de combatir frontalmente con la nueva agenda de derechos, y que hoy dispongan de diversas ofertas políticas y electorales que representan con cierto éxito a diferentes sectores sociales, que logran buenos resultados parciales y luego se unen para derrotar las alternativas progresistas.

¿Cómo se puede caracterizar este nuevo giro a la izquierda?

Sin duda, en el primer ciclo progresista había notorias diferencias entre los respectivos procesos nacionales (mientras algunos se alinearon con el denominado “socialismo del siglo XXI”, otros prefirieron seguir agendas más “socialdemócratas”) pero lo cierto es que –en esta nueva etapa– estas diferencias parecen más marcadas y se expresan públicamente con mucha más transparencia. Así, mientras por un lado se ubican los casos de Cuba, Venezuela y Nicaragua como más autoritarios y menos democráticos, los casos de Chile y ahora Colombia se ubican como más definidamente democráticos, y los casos de Argentina y México se ubican en posiciones intermedias. Brasil, seguramente, se ubique en el segundo grupo, y éste podrá acordar (o no) algunas agendas con el tercero, distanciándose del primero.

Recientemente, el ex presidente uruguayo José Mujica lo expresó diciendo que “ahora la izquierda se enfrenta a viejos debates con menos ingenuidad que antes”, pero agregando que –además– enfrenta problemas más graves con menos herramientas pertinentes al alcance de la mano, sobre todo por el peso de las múltiples crisis (energética, ecológica, etcétera) que hoy enfrenta el mundo. Así, todo parece indicar que estamos ante procesos donde ya no se podrá disponer de recursos extras (en dimensiones acordes con el tamaño del desafío) para financiar programas sociales imprescindibles para enfrentar estas crisis y esto no es un dato menor. 

Por si fuera poco, el mundo empuja a un reforzamiento del modelo primario extractivista exportador, lo que generará conflictos más agudos con pueblos originarios, defensores de la tierra y de los recursos naturales, férreos opositores a dicho modelo extractivista, que parece ser el único que podría –realistamente– impulsar el crecimiento económico en estos próximos años. La guerra en Ucrania es la “frutilla del pastel” en la medida en que refuerza el poder del denominado “complejo militar-industrial”, que concentra recursos en la producción de armamento a costa de volver a poner entre paréntesis los débiles acuerdos internacionales centrados en la reducción de los combustibles fósiles (petróleo y carbón) con lo cual van a crecer los problemas derivados del cambio climático, que ya son más que evidentes.

Todo esto, además, en el medio de fuertes cuestionamientos a la globalización, el resurgimiento de impulsos proteccionistas y de cuestionables expresiones nacionalistas que podrían llevar al mundo –otra vez– a la formación de “bloques” que funcionen separadamente con sus propias lógicas, sin que quede claro cómo se podría ubicar América Latina en dicho marco. La pérdida de hegemonía de Estados Unidos, junto con la creciente presencia de China en nuestros países, augura una larga etapa de disputas en estas materias, cuyos resultados son difíciles de imaginar claramente.

Polarización política y democracias frágiles

En Argentina, todos hablan de “la grieta”. En otros países se utilizan otras denominaciones (brechas, abismos, etcétera) para hablar de lo mismo. Lo cierto es que –en todos los procesos electorales de este siglo– la polarización se ha instalado de la mano de los regímenes de dos vueltas, con resultados muy ajustados, que luego solo se reflejan, excepcionalmente, en la gobernabilidad efectiva, en medio de gobiernos que no cuentan con las mayorías parlamentarias necesarias para operar. Sumado a ello, la polarización también se expresa entre partidos políticos y movimientos sociales (en varios casos, a través de fuertes enfrentamientos) lo que agrava aún más la situación.

La fragilidad y la precariedad de nuestras democracias son más que evidentes. Todos estos datos de la realidad muestran, nítidamente, las graves limitaciones de los sistemas de protección social vigentes en los diferentes países de la región, acotados en su cobertura, precarios en la calidad de los servicios que se prestan y segmentados desde el punto de vista operativo, todo lo cual ha reforzado las desigualdades sociales preexistentes a todos los niveles. En este último bienio, esto ha sido particularmente visible en el campo de la salud, como resultado de la combinación de los crecientes desafíos generados por la pandemia y las limitaciones de los sistemas institucionales, las prácticas operativas y los financiamientos.

Mujeres y jóvenes en el ojo de la tormenta

Como se sabe, todos estos problemas aquejan al conjunto de la población, pero lo hacen de modos y en medidas diferentes. Así, es más que evidente que hay dos sectores particularmente destacados, tanto en materia de exclusiones e inequidades, como en términos de protagonismo al momento de expresar malestares y reclamar justicia: las mujeres y los jóvenes.

Los movimientos feministas han sido –en lo que va de este siglo– el sector emergente más fuerte y enérgico en sus reclamos de mayor igualdad. Las luchas por incorporar “perspectiva de género” en todas las políticas públicas, en particular, han logrado impactos de gran relevancia en muy diversos planos y, aunque siguen quedando enormes desigualdades que enfrentar, no hay dudas de que la condición de la mujer ha mejorado notoriamente en las últimas décadas. Esto no puede decirse, en cambio, de las generaciones jóvenes que actualmente ostentan los mayores niveles de preparación para lidiar con los grandes desafíos del desarrollo y a la vez están afectados por fuertes procesos de exclusión social (no solo entre quienes viven en hogares y comunidades “pobres”) y así se perciben a sí mismos.

Esto explica, en gran medida, las fortalezas de las expresiones políticas emergentes en los recientes procesos electorales de Chile y Colombia. Así, mientras en el primer caso resulta más que evidente que quienes hoy ostentan los principales puestos en el gobierno son las mismas personas que protagonizaron en 2006 las revueltas de estudiantes secundarios (los “pingüinos”) y que luego lideraron las movilizaciones de estudiantes universitarios en 2011 y las protestas sociales de 2019, en el caso colombiano es notorio que el “plus” de votos logrado por Gustavo Petro y Francia Márquez en la segunda vuelta, se alimentó claramente del vuelco masivo de mujeres y de jóvenes que tradicionalmente se abstenían y ahora decidieron incidir en el resultado final, sobre todo en las zonas más afectadas por la crisis.

Se podrá decir que en otros procesos (claramente en el caso del Ecuador en la actualidad) vuelven a emerger movimientos sociales tradicionales, en particular, representantes de nacionalidades indígenas y grupos campesinos, pero lo cierto es que éstos también se han ido transformando, incorporando claramente a mujeres y jóvenes, ya no en puestos subalternos sino en posiciones claves en la toma de decisiones y en el impulso de las protestas callejeras que hoy tienen en jaque a sus gobiernos. Procesos similares pueden verificarse en el caso de grupos afrodescendientes y grupos organizados en torno a identidades sexuales diversas.

En suma, todo parece indicar que estamos ante un claro proceso de acumulación de experiencias que ha ido decantando en la relativización de las prácticas tradicionales, al tiempo que se van incorporando crecientemente nuevas consignas y nuevas prácticas más ligadas a reivindicaciones de género y generacionales, con fuertes improntas ambientalistas, dejando en un segundo plano las más tradicionales vinculadas con los ingresos y la propiedad de la tierra, entre otros. No se trata de contradicciones, sin duda, pero sí de contrastes fuertes, que no se pueden desconocer. El tiempo dirá si todo esto logra más y mejores impactos en el campo de las transformaciones estructurales que nuestros países, históricamente, reclaman, o si asistiremos a una nueva frustración colectiva de sueños y expectativas, pero esto ya es otra historia que debería analizarse desde las propias condiciones de cada caso particular y hurgando en las “internas” de ambos bloques, para evitar simplismos inconducentes.