La historia es un incesante volver a empezar. Tucídides

 El surgimiento de la enfermedad por coronavirus o Covid-19 en la República Popular China a finales del año 2019, y su posterior propagación en el mundo a inicios de 2020, ha generado una crisis sanitaria, económica y social de carácter global sin precedentes, crisis que ha desbordado la capacidad de respuesta de los países y de sus diferentes sistemas de salud, económico, social y laboral.

Según cifras oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al iniciar el mes de abril ya se contabilizaban 1.250.524 infectados y 70.644[i] fallecidos, mismos que crecen día a día de forma exponencial en todo el mundo, razón por la cual la OMS –el pasado 11 de marzo de 2020– otorgó al Covid-19 la categoría de pandemia, que es la propagación mundial de una nueva enfermedad.

Frente a esta situación de emergencia planetaria, tanto los Estados como los organismos internacionales y sus líderes, aún no tienen respuestas y soluciones certeras y definitivas frente a la extensión y complejidad de la problemática del Covid-19. Sin embargo, para intentar paliar esta crisis se han adoptado medidas emergentes que buscan reducir la propagación del virus, como son: las declaratorias de estado de excepción, de emergencia o de calamidad pública; la suspensión de los derechos al libre tránsito, reunión y asociación; el aislamiento social; el establecimiento de toques de queda; el cierre de fronteras entre países; la reducción o suspensión de las jornadas laborales; la realización del teletrabajo; la suspensión de actividades comerciales no esenciales, entre otras.

Estas medidas emergentes e imprescindibles para contener el frenético avance del Covid-19 no han sido fáciles de aplicar en sociedades sumergidas en las reglas dinámicas de la globalización que se caracterizan por la creciente interacción, interdependencia y comunicación social, cultural y económica entre personas, países y regiones a nivel regional y mundial.

Ahora bien, en todo este escenario global descrito, la democracia y la realización normal de procesos electorales también se verán afectados. A lo largo de este año 2020 se tenía planificada la celebración de comicios en 86 países.[ii] Entre ellos, se destacan las elecciones presidenciales y legislativas en Bolivia, Estados Unidos, República Dominicana, Etiopía, Polonia y Venezuela, y los referéndums constitucionales en Chile y Rusia, entre otros.

Sin embargo, a causa de la crisis sanitaria generada por el coronavirus y las medidas de aislamiento social impuestas, hasta la fecha ya se han aplazado las elecciones en nueve países para finales del año, mientras que en 40 naciones la fecha de los comicios aún es indeterminada, proyectándose su realización en el 2021.

En consecuencia, parecería que la democracia en el mundo también está aislada y en cuarentena, no solo por el aplazamiento de las elecciones o la imposibilidad de su realización, sino también por el peligro latente ante la posibilidad de una erosión del Estado de Derecho y de los derechos constitucionales de la ciudadanía frente a las medidas de restricción impuestas. Hoy también es momento de estar alertas a que no surjan en esta lamentable coyuntura sanitaria mundial otro tipo de crisis como el autoritarismo, el populismo, la xenofobia, el ultranacionalismo, la idea de una autarquía y el aislacionismo como el antídoto a la pandemia y su posterior postcrisis.[iii] Tal vez una advertencia al mundo sería evitar ese escenario post-apocalíptico planteado por la película V-Vendetta (2006) donde un régimen dictatorial ultraconservador y fascista –bajo el control de un líder supremo– surge en el Reino Unido luego de una epidemia incontrolable, por miedo de la población y su deseo de orden y estabilidad. 

De esta forma, se plantean problemas graves e interrogantes preocupantes al sistema democrático en el mundo, como son: la dificultad de la organización de elecciones presenciales en medio de la pandemia, el posible aumento del abstencionismo o ausentismo electoral por la limitación de concentración y circulación, la legitimidad y alternancia de sus gobernantes, la prórroga de los mandatos públicos al ser pospuestas las elecciones, y la erosión del Estado de Derecho y la Constitución. En este contexto, entre las interrogantes que los ciudadanos y los Estados se plantean son: ¿qué esperar de la democracia? y ¿cómo serán las campañas y las elecciones en tiempos de pandemia?

Para responder estas interrogantes debemos partir de que los ciudadanos en ningún momento podemos sacrificar la democracia y los derechos frente a las dificultades que plantea la pandemia del Covid-19. Concomitante a esto, la transformación de la forma de entender y hacer política y las elecciones, irremediablemente variarían para todos los actores del sistema democrático sin ningún tipo de excepción, esto es: ciudadanos, autoridades, partidos políticos, y también se pondrá a prueba la capacidad de reacción y acción de los propios organismos electorales para adaptarse a la nueva realidad y plantear alternativas en el corto plazo que puedan generar credibilidad y confianza ciudadana, con la organización de procesos electorales íntegros, justos, equitativos y transparentes.

En este contexto de transformaciones se requiere de marcos constitucionales, legales y reglamentarios flexibles que regulen las elecciones en aspectos como las fechas de realización de los comicios, las fechas de inicio de mandato de las autoridades, la organización de los procesos y la jornada electoral en varios días o por regiones, así como la implementación de los medios de votación electrónica, la votación por correo, la regulación de la campaña en medios digitales y redes sociales, entre otros aspectos. Es importante indicar que tanto los Parlamentos Nacionales como las Cortes Constitucionales –según sea el caso– deberán establecer de forma clara y sin ambigüedades, dentro de sus respectivos ordenamientos jurídicos, la posibilidad o no de prorrogar los mandatos de los personeros públicos cuando el aplazamiento de las elecciones fuera necesario por condiciones sanitarias.   

Un aspecto que adquiere particular relevancia es la urgente y progresiva incorporación de métodos remotos de votación electrónica y votación por correo, al ser las herramientas que permitirán el ejercicio del sufragio sin necesidad de concentraciones masivas. Sin embargo, de ser necesario, la votación presencial debería realizarse con estrictas medidas de seguridad e higiene, como pudo observarse en las elecciones de Israel y Francia, en las cuales se establecieron lugares específicos para el lavado de manos, distanciamiento social y el uso de guantes, mascarillas y desinfectantes, para quienes participan en un proceso electoral.  

En cuanto al plano institucional, los organismos electorales necesariamente deberán coordinar e implementar con sus respectivos gobiernos estrategias para reducir la brecha digital como condición inherente para avanzar en mecanismos de votación electrónicos. Además, su planificación deberá responder a las condiciones sanitarias existentes, debiendo ser flexible, prepararse ante imprevistos durante los comicios, implementar herramientas tecnológicas adecuadas a todas las fases del proceso electoral y una constante comunicación del proceso comicial. 

En cuanto a los candidatos y partidos políticos, se hace imprescindible el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información (TICS). El internet y las redes sociales serán el principal canal de comunicación con sus votantes, evitando los mítines y concentraciones políticas que puedan ser un factor de riesgo para la gente. El reto seguirá siendo el uso ético y responsable de las mismas y su regulación adecuada por parte de los organismos electorales, previniendo y sancionando la desinformación y noticias falsas en los contextos electorales y los discursos de odio que afectan la democracia y la sociedad.

Finalmente, el Covid-19 modificará muchos de los aspectos de organización y gestión de las campañas y procesos electorales y demandará de enormes esfuerzos para su realización. No hay recetas ni soluciones mágicas para ello; sin embargo, la vigencia de la democracia y el Estado de Derecho no pueden ser confinados ni puestos en cuarentena. La democracia no puede ser otra víctima de la pandemia porque las consecuencias serían inimaginables. Es necesario que el mundo –de forma progresiva y gradual– retome su flujo vital, reinicie su vida y la historia, aprendiendo las lecciones que esta dura prueba nos deja y encarando con resiliencia y solidaridad los retos que se avecinan en el futuro inmediato.