Después de un intenso jaloneo de varios días entre Morena y sus aliados, PT y PVEM, éstos lograron, con una pequeña ayuda de sus amigos de Palacio Nacional, doblar la oposición del coordinador de los senadores morenistas para que, en el dictamen de reforma electoral, aprobado en la madrugada del día de hoy, fuese reintroducida en la ley la norma que permitirá, mediante la casi olvidada figura de la candidatura común, la distribución anticipada de tajadas de votos entre partidos políticos. La vida eterna.

Es paradójica la maroma que hicieron los legisladores de Morena para pagar a sus dos aliados los votos que hacen posible darle gusto y cumplir sus dictados al presidente López Obrador.

La candidatura común fue una forma simplificada de alianza electoral por la que dos o más partidos postulan al mismo candidato, sin más requisito que la aprobación de las dirigencias y la aceptación por escrito del candidato. En ese tipo alianza, cada partido aparecía en la boleta con su propio emblema, los votos contaban para cada partido y se sumaban para el candidato común.

Bajo la figura de candidatura común el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas fue candidato presidencial en 1988; su nombre apareció en tres recuadros de la boleta electoral (PARM, PPS y PFCRN). En el recuadro del PMS apareció el nombre del ingeniero Heberto Castillo, a pesar de que éste había declinado en favor de Cárdenas, debido a que la Comisión Federal Electoral, presidida por Manuel Bartlett, argumento que las boletas electorales ya habían sido impresas.

En candidatura común la ley nunca admitió transferencia o distribución de votos entre partidos. La figura legal que admitía esa práctica, mediante un convenio que debía aprobarse antes del inicio de las campañas, era la coalición electoral, figura usada por casi todos los partidos desde 1990 hasta 2008, cuando se estableció la prohibición, hasta ahora vigente, de transferencia y distribución de votos por convenio de coalición, lo que fue validado por la SCJN en el expediente 61/2008.

Cual abogados chicaneros, los voceros del PT y del PVEM sostienen que en diversas sentencias la Corte ha declaro constitucional la candidatura común con distribución previa de votos. Es cierto. Lo que no dicen es que todas esas sentencias son por juicios relativos a leyes electorales locales, por lo que no son aplicables al ámbito federal, que es lo que acaban de obtener como pago a sus favores.

En su precipitación y descuido, los promotores de la llamada “vida eterna” no solo hicieron a un lado los precedentes y criterios de jurisprudencia antes mencionados, sino que a troche y moche revivieron una figura de alianza que además requiere de reglamentación para su aplicación, lo que no hicieron.

Morena decidió pagar al PVEM con esa y otras prebendas, lo hicieron sabiendo que están favoreciendo a un partido canalla, como lo califiqué hace varios años, que fue creado desde el gobierno y con el visto bueno del presidente Salinas. El PVEM es un “partido canalla” en el sentido que Noam Chomsky dio al término en su libro “Estados Canallas”, que son los que no respetan la ley, ni en su territorio ni en el ámbito internacional. Tal y como los dueños del Verde lo han hecho desde que el gobierno de Salinas les regaló el registro legal.

Favorecen también a una rancia organización sobreviviente del deshielo. El PT, partido que desde 1990 tiene al mismo jefe y dueño, con los mismos socios. Siempre pegados a la ubre del PRD, en 2015 tuvieron que despegarse y competir solos. Obtuvieron menos del 3% de los votos, y deberían haber perdido el registro. Una maniobra patrocinada por el PRI, con el respaldo del PRD, en el TEPJF los salvo, gracias a una sentencia que está en los anales de la vergüenza de la justicia electoral.

Para contar con el voto de sus dos aliados, el pago por sus votos es el regreso al sistema de partidos satélites cuya sobrevivencia la asegura el partido hegemónico con la distribución anticipada de porcentajes de votación, la “vida eterna”. Al regalo le pusieron el moño al eliminar o reformar los artículos que permitían al INE fiscalizar las finanzas de los partidos. Dejaron abierta la caja para que el dinero ilegal fluya a las campañas de Morena y sus aliados, incluyendo el que aporte el crimen organizado.

El motor de lo aprobado por Morena y sus aliados es la obsesión presidencial contra el INE, su decisión de destazar al Instituto y destruirlo, al costo que sea. López Obrador pagó con creces a sus aliados para hacer posible su venganza, sin importar la ignominia a que fueron sometidos los legisladores de Morena. Solo los senadores Ricardo Monreal y Rafael Espino votaron en contra. 

Pese a las fundadas advertencias y críticas del coordinador de Morena a las múltiples inconstitucionalidades de los aprobado en San Lázaro, y de las evidencias que la senadora Beatriz Paredes exhibió sobre la posible violación del procedimiento legislativo en la Cámara de Diputados, entre el miércoles 14 y el jueves 15 de diciembre, en el Senado quedó aprobada la reforma electoral, con cambios que empeoraron lo que ya estaba mal. Las minutas fueron regresadas a Diputados y ese mismo día, de nuevo con dispensa de todo trámite, fueron aprobadas sin cambiarles ni una coma. Solo falta que “la persona titular de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos”, como a partir de ahora habrá que denominar al Presidente, firme y publique los decretos en el Diario Oficial para que inicie la demolición del INE.

Hay quienes hablan de una “cirugía mayor”. No es así. Se trata del desmembramiento, incoherente y contradictorio, del INE. El propósito es demoler buena parte de las normas, procedimientos y estructuras electorales que fueron construidas de 1977 a 2014, que hicieron posible, primero, la extensión de la pluralidad, luego la competencia, a la que siguió la equidad y las alternancias. En pocas palabras, quieren sepultar bajo escombros la transición a la democracia en México.

No es un retroceso. Es un asalto a las instituciones y normas electorales, con el propósito explícito de demoler y sepultar los mecanismos de control y confianza que han asegurado

Elecciones limpias con resultados verídicos. Los cientos de artículos reformados son ahora un mazacote incoherente y contrahecho; un agregado de ocurrencias y disparates. De ese mazacote no saldrá un nuevo sistema electoral nacional. No es eso lo que buscan sus autores.  Lo que provocarán es el colapso de las instituciones electorales.

Con su reforma, Morena ya se ve gobernando hasta finales del presente siglo, o más allá. Para hacer realidad ese sueño, cuenta con los partidos satélites que le sirven de ariete y comparsa. Los partidos opositores están fragmentados y débiles, no por este asalto, sino por su propia crisis.

Consumada la violación a la Constitución, solo queda exigir a la Corte que esté a la altura de su responsabilidad, que resuelva la nulidad total de la reforma por las violaciones ocurrida en el proceso legislativo en la Cámara de Diputados en la sesión vespertina iniciada el martes 6 de diciembre, y por las graves y notorias inconstitucionalidades que contiene lo aprobado por Morena y sus dos aliados.