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Desconfianza electoral, ciudadanía activa y pueblo vigilante

1. Los dilemas del momento actual

 

En el marco de las campañas electorales de la elección más grande de la historia de México se presentan múltiples dilemas para quienes la polarización política no es una buena (única o última) alternativa: si se ha de votar en función del perfil individual de cada candidatura o sólo por ser postulada por determinado partido; si es conveniente votar para conformar un gobierno dividido, uno de coalición o uno con amplias mayoritarias, o si la abstención o el voto nulo son también formas (pasivas o negativas) de participación política alternativa.

A este contexto de incertidumbre, se suma una dosis (variable) de desconfianza en la democracia electoral y en sus principales instituciones; así como una reflexión necesaria sobre quiénes somos o cómo participamos en el juego político.

La idea de Nación como sujeto colectivo –lo mismo que pueblo, ciudadanía, electorado, comunidad o sociedad política, multitud o gobernados– implica la construcción de identidades colectivas y depende de factores ideológicos y coyunturas políticas.

En estos tiempos suele oponerse la idea de un “pueblo verdadero”, “auténtico” y “olvidado” que se opone a otro pueblo, sector o grupo elitista “ilegítimo”, “malo”, “conservador” o “dominante”. La “minoría política” resulta así muchas veces una “oposición indeseable” que debe ser “eliminada”, para abrir paso a una “mayoría” que abarque todo el espacio político. Estas dicotomías fundadas en pretendidas “verdades universales” reducen y simplifican la diversidad de la sociedad y dificultan la comprensión de la representación política. Como lo destacó Todorov, “el primer enemigo de la democracia es la simplificación, que reduce lo plural a único y abre así el camino a la desmesura”.[1]

Tal simplificación tiene también impacto en la idea y la práctica de la representación política, y traslada la lógica electoral hacia una permanente confrontación schmitteriana de identidades (amigo-enemigo). De ahí que volver a la cuestión de ¿quiénes somos? tiene un valor y sentido práctico frente a posturas reduccionistas; sin negar el descontento derivado de los deficientes resultados de una democracia formal anquilosada –pragmática pero ineficaz– o las dinámicas “redentoras” que surgen como alternativas (populistas o emancipadoras) en respuestas al estancamiento de gobiernos representativos no democráticos o democráticos pero ineficientes (véase el análisis de Margaret Canovan).[2] No toda polarización carece de razones ni todo populismo es fantasioso; pero tampoco toda polarización es representativa ni todo populismo es democráticamente efectivo.

La postura que confunde una parte con el todo podrá ser mayoritaria, pero no es democrática, como tampoco lo es una “oposición” que niega la legitimidad mayoritaria.

 

2. La incertidumbre de nuestra identidad

 

La incertidumbre respecto a la forma de percibirnos y calificarnos como comunidad política contribuye a la desconfianza en los procesos políticos; pues la noción de mayoría o minoría partidista no agota las formas de representación en los sistemas democráticos.

La noción de ciudadanía puede representar al electorado, en sentido estricto, que nutre encuestas y participa el día de la elección para desaparecer después (Constant dixit) o puede representar un demos más activo por medio de mecanismos de participación directa, o conformar –como opinión pública– un contexto de exigencia más robusto.

Por su parte, la noción de pueblo se asocia con el sujeto titular del derecho a la autodeterminación en el ámbito internacional y con la idea de soberanía popular, pero también con la totalidad de una población –municipal, local, estatal o nacional– en su diversidad y pluralidad; con los pobres; con multitudes fragmentadas en contextos de desigualdad; con la gente que participa en manifestaciones o protestas, o con la masa anónima. Asimismo, una concepción pasiva del demos asume que el pueblo actúa exclusivamente a través de quienes se identifican como sus representantes.

En cualquier caso, las categorías ciudadanía y pueblo son complementarias del demos; expresan elementos de positividad y negatividad de la comunidad política y contribuyen a la construcción de sujetos colectivos y actores políticos.

Algunos prefieren la noción de electorado o ciudadanía pasiva, mientras que otros, identifican una ciudadanía activa o un pueblo juez o vigilante. Es por ello que resulta retórico el uso electoral o político de la categoría de “pueblo” como identidad uniforme o como expresión de exclusividad en la representación política. Toda representación es parcial, no hay persona, partido o coalición que represente al pueblo en su totalidad, integridad o abstracción. De hecho, hay muchas formas de representación del pueblo en su diversidad a partir de una representación popular sistémica y no sólo electoral. Como señala Felipe Rey, los gobiernos absolutos no son representativos, al no reconocen su parcialidad, contingencia y presentarse como el pueblo mismo.[3]

No hay nada más democrático que la deliberación de todos quienes participan o se ven afectados por la acción de un gobierno. Por ello, la pluralidad y proporcionalidad en la representación son elementos esenciales de un sistema democrático.

Sobre estas premisas, la ingeniería constitucional de la representación política debe ser repensada en aspectos sustanciales como la reelección, la participación independiente, la inclusión de representaciones directas de pueblos indígenas –sin pasar por los partidos–, una mayor representación descriptiva y sustantiva a través de sistemas de cuotas de minorías y grupos subrepresentados; lo mismo que a través de mecanismos más efectivos de participación directa, procedimientos aleatorios, sorteos y asambleas.

 

3. La ciudadanía activa y el pueblo vigilante

 

Estamos insertos en un proceso de cambio del modelo de representación, ello exige no sólo votar sino también reflexionar sobre nuestra identidad política: una comunidad compleja, diversa y desigual, sumida en contextos de violencia, discriminación y desconfianza.

No obstante, mientras que la violencia y la discriminación fracturan la convivencia pacífica, la desconfianza en ocasiones contribuye –desde su negatividad– a la transformación. Como apuntó Montesquieu desde el siglo XVIII y lo recuerda Rosanvallon, la desconfianza es o puede ser un “poder preventivo”, un mecanismo de control “contrademocrático” (no contrario sino complementario) que se ejerce a través de “contrapoderes” indirectos diseminados en la sociedad; esto es, un contrapeso a los excesos, deficiencias o incertidumbres generadas por la democracia de legitimidad electoral y un poder en manos de un pueblo activo y no sólo elector. [4]

Esto es, prescindir de verdades retóricas universales que parcializan la sociedad y apelar a un pueblo vigilante, una presión organizada, difusa o circunstancial que opere como contrapoder en un contexto amplio de exigencia social, frente a cualquier liderazgo, partido o gobierno; frente a mayorías y minorías. Una ciudadanía que observa, denuncia, califica y participa activamente, ejerciendo su poder de “obstrucción” y su derecho a la resistencia, como forma de “soberanía popular crítica” que rechaza toda simplificación partidista.

Estamos viviendo también procesos de reconfiguración de élites y hegemonías; algunos apelan a procesos emancipatorios, otros a esencialismos políticos. Se requiere una democracia deliberativa sustancial o un populismo moderado pero progresista –si son conciliables tales conceptos, como parece intentarlo Fraser[5]– que señale las vigas en el ojo propio y ajeno, realice las reformas necesarias y fortalezca las instituciones.

En este momento, inmersos en las campañas electorales, es importante considerar aquellos aspectos normativos e institucionales que contribuyen a una ciudadanía más vigilante. La legislación y la jurisprudencia electoral aportan elementos que buscan controlar las injerencias del poder político y de los poderes fácticos y establecer una “cancha pareja”. Por ejemplo, al regular y fiscalizar el financiamiento público y privado de las campañas; al restringir la propaganda gubernamental (salvo excepciones necesaria); al exigir neutralidad e imparcialidad del servicio público y limitar la entrega masiva de beneficios de programas sociales con fines electorales; al prohibir las campañas de odio y violencia política; al regular la propaganda electoral (en su confección, con elementos reciclables; en su colocación en determinados sitios, evitando el equipamiento urbano sin permiso, cuando genere contaminación visual o ambiental, u obstruya o altere el servicio público; en su contenido informativo y no calumnioso, o en su temporalidad, limitada al periodo de campañas, no así durante la veda o la jornada electoral). Estas son sólo algunas herramientas para una ciudadanía activa que reflexiona, delibera, denuncia y cuestiona; otras más surgen de la voluntad, valentía y creatividad del pueblo vigilante.

[1] Todorov, T. (2012). Los enemigos íntimos de la democracia, Galaxia Gutenberg.

[2] Canovan M., (1999). “¡Trust the People! Populism and the Two Faces of Democracy”. Political Studies, Vol. XLVII, (1) pp. 2-16.

[3] Rey, F. (2023). El sistema representativo: las representaciones políticas y la transformación de la democracia parlamentaria, Gedisa, España.

[4] Rosanvallon, P. (2011). La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza, Manantial, Buenos Aires.

[5] Fraser, N. (2023). ¡Contrahegemonía ya! Por un populismo que enfrente al neoliberalismo, Siglo XXI, México.


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Mauricio del Toro Huerta

Especialista en derechos humanos y derecho electoral.

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