La crisis epidemiológica desatada a partir de la aparición del Covid-19 tiene componentes muy variados, incluyendo los más estrictamente sanitarios (desde luego), junto a los que han ido agrupándose otros en términos de impactos sociales y económicos (y hasta culturales), pero también tiene –claramente– componentes netamente políticos. Todo este imprevisto panorama, que tiene dimensiones planetarias, tiene en América Latina particularidades y complejidades muy variadas que obligan a repensar la democracia (como tal) a la luz de las respuestas que los diferentes actores sociales e institucionales han ido desplegando en este primer (convulsionado) semestre de 2020.

La democracia en América Latina –se sabe– ya venía mostrando señales altamente preocupantes antes de esta crisis pandémica. A la importante valoración que la opinión pública le otorgó a la salida de las dictaduras en América del Sur y de las guerras civiles en Centroamérica en los años ochenta y noventa, le siguieron altas expectativas generadas respecto a las oportunidades –en términos de desarrollo humano– que ésta podría generar en la transición entre el final del siglo xx y el comienzo de este nuevo siglo. Pero en los últimos años se han ido consolidando tendencias negativas (escasa confianza en las instituciones, crecientes preocupaciones por la corrupción y la falta de transparencia en la gestión pública, castigos electorales a los principales partidos políticos, etc.) que muestran claramente que estamos ante un indudable debilitamiento de la democracia como tal y en todos sus formatos específicos.

Esto, a su vez, ha tenido y tiene que ver centralmente con varias dinámicas estructurales de gran relevancia, entre las que destacan algunas en particular: (i) las alternancias entre gobiernos de diferentes orientaciones ideológicas y políticas, pasando del dominio de los gobiernos neoliberales en los años noventa a los progresistas en la primera década de este siglo y a versiones conservadoras de ultraderecha más recientemente; (ii) las crisis de los sistemas de partidos políticos dominantes en los diferentes países de la región, atravesada por la desaparición de los clásicos sistemas bipartidistas, junto con la aparición de nuevos «partidos» (en realidad, meros conglomerados electorales circunstanciales que aparecen y desaparecen con gran celeridad), dando paso a sistemas multipartidistas más heterodoxos; (iii) el auge creciente de movimientos y conflictos sociales de diversa índole y grados diversos de complejidad, centrados (en varios casos) en lógicas guiadas por la «indignación» generalizada (operando desde la lógica de «que se vayan todos»); (iv) la creciente manipulación de la opinión pública y la ciudadanía a partir de la consolidación de «verdades» construidas en torno a figuras mesiánicas y contando con un gran respaldo comunicacional; y (v) la llegada directa (sin las tradicionales mediaciones) al ejercicio de gobierno de connotados empresarios o personajes claramente representativos del 1% más rico, con claros sesgos populistas.

Y en eso llegó la crisis del Covid-19 y mandó a parar

Pero la crisis sanitaria generada a partir de la aparición del Covid-19 a comienzos de este año ha amplificado estas crisis y les ha agregado nuevos componentes tan o más preocupantes que los anteriormente destacados. Estamos hablando del impacto que está teniendo –por ejemplo– el distanciamiento generalizado impuesto en el marco de las respuestas implementadas desde la gestión pública que –entre otros efectos relevantes– ha dejado sin «escenario» a las protestas sociales que venían marcando la agenda pública –claramente– en países tan disímiles como Brasil, Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, entre otros. Del mismo modo, estamos hablando del impacto que está teniendo la creciente monopolización de las grandes cadenas mediáticas y/o de las principales redes sociales (según los casos) por parte de los sectores actualmente en el poder que inhiben –aún más– las acotadas posibilidades de expresión de los descontentos existentes en amplios sectores de población en casi todos nuestros países. Y estamos hablando, también, de la paralización de la economía decretada como parte del distanciamiento promovido para enfrentar esta crisis que está impactando –con particular dureza– en los sectores sociales más excluidos en materia de empleo y de acceso a servicios básicos.

Como se sabe, este año terminará con una gran contracción económica, una gran expansión del desempleo y de la pobreza –aumentando los niveles de hambre y exclusión social– junto con un crecimiento exponencial de las desigualdades sociales como resultado de los «ajustes» que mayoritariamente se están poniendo en práctica, haciendo recaer el peso de la crisis en quienes viven exclusivamente de su trabajo, mientras en paralelo se procesan rescates de empresas vía créditos blandos y condonaciones de deuda.

En el plano más estrictamente político, por su parte, los impactos distan de ser menores o irrelevantes. Por un lado, en países como Bolivia y Chile, entre otros, se está aprovechando la coyuntura de crisis sanitaria para postergar instancias electorales claves (dada la imposibilidad de convocar elecciones inevitablemente presenciales en el marco del distanciamiento social vigente) que llevan –por la vía de los hechos– a la permanencia de elencos gubernamentales que están siendo crecientemente cuestionados y que seguramente enfrentarían (en este marco) castigos electorales contundentes (Bolivia, Chile...). Por otra parte, lo mismo ocurre en el caso de varios gobiernos (de variadas orientaciones ideológicas) que están aprovechando el inevitable e imprescindible potenciamiento de las herramientas virtuales para inhibir los mecanismos y los espacios de gestión colectiva presencial de políticas públicas (negociaciones salariales, resolución de conflictos ambientales, reformas sociales y otras de similares características), fortaleciendo las tendencias tecnocráticas propias del neoliberalismo de cuño empresarial y las tendencias centradas en el control social propias de la gestión de la seguridad pública, generalizando el uso de las tecnologías más apropiadas para hacer un seguimiento personalizado de toda la población.

¿Qué nos dicen los datos que se están procesando en tiempo real en todos nuestros países, a propósito de las dinámicas en desarrollo en el marco de esta crisis pandémica tan particular? Si adoptamos una perspectiva comparada, parece claro que los países que están mostrando mejores resultados en el control del Covid-19 son aquellos que cuentan con instituciones democráticas más sólidas y con seguros sociales más extendidos, lo que –en términos combinados– significa que dichos mejores resultados se están logrando donde hay más y mejor Estado y no más y mejores «mercados». Los casos de Costa Rica y Uruguay, entre otros, son ejemplos paradigmáticos en este sentido. En cambio, países donde todas estas dimensiones muestran niveles más precarios de desarrollo (democracias más limitadas, servicios sociales más acotados, en definitiva, menos Estado) muestran resultados mucho más preocupantes desde todo punto de vista. Los casos de Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras y Perú, entre otros, son más que evidentes en este sentido.

¿Tiene esto alguna correlación con el tipo de estrategias que se han definido como prioritarias en cada caso particular, esto es, básicamente, las que se han centrado en el distanciamiento obligatorio u optativo, e incluso el no distanciamiento? Todo parece indicar que entre quienes han optado por el distanciamiento obligatorio se encuentran gobiernos progresistas (como Argentina) y gobiernos autoritarios (como Venezuela), al tiempo que entre quienes han optado por el distanciamiento voluntario se encuentran países con gobiernos neoliberales (como Uruguay y Perú) y gobiernos más conservadores (como Chile y Colombia), por lo cual no es fácil identificar correlaciones fuertes en esta materia. Y a estos conjuntos de casos nacionales agrupados en torno a la promoción del distanciamiento –optativo u obligatorio– habría que agregar el caso de aquellos países en los que esta medida no se promueve. Estamos hablando de casos como los de Brasil, México y Nicaragua –entre los más evidentes– que cuentan, como se sabe, con orientaciones ideológicas diversas pero que coinciden en la «negación» de la relevancia de la pandemia del coronavirus y apuestan a la lógica del «contagio masivo», más o menos controlado, del estilo del que promueven (o promovieron inicialmente) en el plano global países tan disímiles como Estados Unidos, Gran Bretaña o Suecia (entre otros). Evidentemente, por el momento no hay «convergencias» en este plano.

Si a todo esto, para lograr alguna aproximación medianamente productiva en términos analíticos, le agregamos los «tiempos» en los que están operando los diferentes gobiernos (comienzo, mitad de camino, tramo final), se podrían agregar más elementos a esta «falta de consenso» en la que nos encontramos. Desde este ángulo, podría decirse que entre aquellos gobiernos que apenas están comenzando su gestión (como Argentina y Uruguay) se están implementando estrategias diferentes, al tiempo que entre aquellos países que ya recorrieron algún tramo o están en «mitad de camino» (como Brasil, El Salvador y México) hay más convergencias estratégicas, al tiempo que entre aquellos que están entrando o ya definitivamente se ubican en el final de sus períodos (como Chile, Costa Rica y República Dominicana) también se constatan divergencias claras.

¿Cómo podrían explicarse estas divergencias que impactan tan fuertemente en las orientaciones que predominan en los diferentes países de la región al momento de definir estrategias para enfrentar esta crisis pandémica? Una posible vía es la de recurrir al análisis de las coyunturas previas a dicha pandemia. En los casos de Argentina y Uruguay, por ejemplo, es claro que en el caso argentino ya se estaba en una crisis económica muy fuerte (agravada por un gran endeudamiento externo) mientras que, en el caso uruguayo, se estaba todavía en la etapa más larga de crecimiento económico (16 años ininterrumpidos). Los signos políticos de los respectivos gobiernos se invirtieron en ambos casos, pero las bases estructurales de sustentación para enfrentar el Covid-19 eran (y son) notoriamente diferentes. El mismo ejercicio podría hacerse en Brasil y México, donde también se invirtieron (en las respectivas transiciones gubernamentales) las orientaciones políticas dominantes constatando que, en ambos casos, se estaban (y se están) procesando importantes reformas de política pública que no se quisieron –o no se pudieron– abandonar, lo que llevó seguramente a ambos gobiernos a apostar a no «parar» la gestión pública en proceso.

¿«Nueva normalidad» o una «normalidad mejor»?

¿Qué nos puede deparar el futuro? Sin duda, estamos en medio de la crisis sanitaria (con todos los componentes económicos, sociales, políticos y culturales correspondientes), por lo que resulta difícil hacer pronósticos medianamente rigurosos, pero al mismo tiempo resulta imperativo intentarlo, dado que en estas tareas prospectivas radican –seguramente– gran parte de las posibilidades de acierto en relación a como decantarán los debates y las disputas planteadas en estas materias, que deben culminar en la correspondiente toma de decisiones para encarar la construcción del futuro, un futuro que no está predeterminado sino que será el resultado de las interacciones y la correlación de fuerzas entre los principales actores sociales y políticos implicados.

Estamos contando, por suerte, con muchos y muy rigurosos aportes intelectuales y académicos expuestos por grandes pensadores de muy diversas disciplinas científicas que nos están ayudando a procesar los análisis correspondientes, tanto en términos de interpretación del carácter de esta crisis como de las posibles alternativas a construir a futuro. El País, de Madrid, entre muchos otros importantes medios de prensa, se ha hecho eco de los debates actualmente planteados en estas materias y ha agrupado muchos de estos argumentos, facilitando su consideración y su incorporación a las disputas actualmente planteadas a escala planetaria y con expresiones e impactos de gran relevancia en América Latina. (Ver https://elpais.com/especiales/2020/coronavirus-covid-19/predicciones/).

El principal debate parece estar girando claramente en torno a las posibles predicciones sobre cómo será «el día después», contraponiéndose quienes plantean que se volverá a la «normalidad» tal cual era con quienes proponen que vamos hacia una «nueva normalidad» y, aún, a quienes sostienen que hay que ir hacia una «normalidad mejor» o incluso hacia «otro modelo de sociedad». Entre los primeros se ubican –en general– pensadores más conservadores, mientras que entre quienes hablan de la «nueva normalidad» están varios de los que podrían catalogarse como neoliberales, al tiempo que entre quienes se ubican en el tercer y cuarto grupos se encuentran buena parte de quienes proponen alternativas más humanas que, en algunos casos, llegan a plantear estos temas en términos de la necesidad de construir una «nueva sociedad».

En el primer caso están teniendo protagonismo quienes impulsan –por diversas vías– la denominada «sociedad de control», en particular quienes promueven el uso de las más modernas tecnologías (sustentadas en inteligencia artificial) para controlar a la población hasta en sus dinámicas más «íntimas» apoyados, por cierto, por buena parte de quienes voluntariamente aportan información personal que facilita y viabiliza dichos controles. Las cámaras de seguimiento facial, junto con aplicaciones que permiten geo referenciar y procesar en tiempo real la inmensa cantidad de datos que se pueden recolectar, pero también el uso de drones y otras herramientas similares, son ejemplos más que paradigmáticos en este sentido. Los países que cuentan con mayor influencia militar en la gestión de gobierno (Brasil, Nicaragua, Honduras y Venezuela, entre otros) concentrarán a futuro –seguramente– este tipo de enfoques en sus estrategias.

Entre quienes forman parte del segundo grupo se están procesando todas aquellas reformas que implican achicamiento del Estado y pérdida de derechos (en el campo de las pensiones, la salud, la educación y otras esferas semejantes) y lo hacen –además– en el marco de la socialización de las pérdidas que implica la paralización de la economía; esto es, la inyección de cantidades inmensas de liquidez a los sistemas financieros nacionales e internacionales por parte de los Estados, a través de sus Bancos Centrales, para el rescate de empresas –estatizándolas incluso– para que luego, una vez «saneadas», vuelvan a ser privatizadas, privatizando –en este caso– las ganancias correspondientes. El «viejo truco» neoliberal de recurrir al Estado para socializar pérdidas y enfrentarlo para privatizar ganancias, como corresponde en la lógica más pura del capitalismo salvaje. Países como Colombia, Chile y Perú irían por esta ruta.

Por su parte, en el caso de quienes promueven la pertinencia de ir hacia una «mejor normalidad» se ubican países como Argentina y México, con claras orientaciones progresistas, que están apostando a estatizar empresas que lo eran en el pasado y fueron privatizadas, precisamente en el marco de gobiernos neoliberales, pero poniéndolas al servicio del conjunto de la población. En la misma línea se ubican movimientos sociales y partidos políticos –así como algunos gobiernos– que impulsan instrumentos como la «renta básica universal» como principal respuesta a la actual crisis, pero a la vez, como la base para la construcción de sociedades más igualitarias que respondan proactivamente a los desafíos que plantea –por ejemplo– el futuro del trabajo. Se trata de iniciativas que cuentan con rigurosas fundamentaciones filosóficas y políticas (ver Bregman, 2017) pero también con evidencias que muestran claramente cómo las sociedades más igualitarias –que se construirían en base a instrumentos de este tipo–, mejoran el bienestar colectivo. (Ver Wilkinson y Pickett, 2019).

Como puede apreciarse, estamos ante debates de gran profundidad que están generando importantes disputas intelectuales y políticas. Algunos de los pensadores más destacados en la actualidad afirman que estas disputas son centrales y se tendrán que dirimir durante este año, en lo fundamental, porque de lo contrario será muy tarde para reaccionar proactivamente. Es el caso de Yuval Noah Harari, quien muestra las evidentes implicaciones entre esta crisis sanitaria y las otras crisis tan o más graves actualmente planteadas destacando, particularmente, la crisis ambiental, que ponen en riesgo la propia supervivencia de la especie humana. (Ver Harari, 2018).

En esta misma línea, otros especialistas han llamado la atención sobre lo pernicioso de volver a la «normalidad» tal cual era, dado que –precisamente– «la normalidad era el problema» (Noami Klein, por ejemplo, en el marco de lo que denomina la «doctrina del shock»), al tiempo que otros han destacado la pertinencia y la relevancia de asumir esta crisis como una oportunidad para construir una sociedad diferente (tal como lo hace Zizek al plantear que «el dilema es barbarie o un comunismo reinventado»). Hasta las Naciones Unidas han insistido en que resulta imperioso diseñar estrategias que asuman la evidente interrelación entre la crisis sanitaria y la crisis climática.

En este marco, parece evidente que estamos ante la reformulación de los pactos más elementales y –a la vez– más relevantes que se ha dado históricamente la humanidad. Mientras que algunos países impulsan la «desglobalización», con peligrosos retornos a nacionalismos inconducentes y la construcción de muros para la clara separación entre «nosotros» y «los otros» (como Estados Unidos y Gran Bretaña, en particular), otras grandes potencias, como China, impulsan más que nunca la globalización, todo lo cual está llevando a un gran «desorden» internacional que condiciona fuertemente las dinámicas nacionales y aún las más locales. En dicho marco dista de ser puramente efectista el dilema planteado por Zizek en la medida en que –efectivamente– las salidas a futuro podrán ser construidas con estrategias incluyentes o excluyentes, determinando por esta vía qué tan justo o injusto, qué tan humano o inhumano será el «nuevo orden».

Las únicas vías para asegurar salidas incluyentes son las que se construyen sobre amplios consensos sociales y políticos que se puedan plasmar en nuevos pactos fundacionales (del estilo de los establecidos a las salidas de las grandes guerras mundiales, por ejemplo) que no podrán limitarse a pactos entre sectores dominantes y dominados en términos clásicos. Resultará imperioso dotar a estos nuevos pactos de una efectiva perspectiva de género (incluyendo más y mejor a las mujeres) y de una efectiva perspectiva generacional que tome debida nota de los diferentes vínculos existentes entre generaciones y crisis. Tal y como ha sostenido Daniel Innirerarity, la crisis del coronavirus es una crisis de los ancianos y la crisis climática es una crisis de los jóvenes. «El contrato que fundamenta nuestras sociedades no es solo entre los miembros de una misma generación, como los trabajadores y propietarios actuales cuyos intereses se transaccionan en la típica negociación sindical; el contrato social también debería equilibrar los intereses entre quienes tienen horizontes temporales distintos y unos incentivos muy diferentes a la hora de preocuparse por el futuro».

En este sentido, la política adquiere una relevancia fundamental en la medida en que brinda las mejores condiciones para estos debates, pero tendrá que ser reinventada en términos (ojalá) de democracia deliberativa, tal como lo plantea Habermas (ver Guerra, 2019), y no meramente representativa; y deberá, al mismo tiempo, basarse más y mejor en la reflexión profunda y holística sobre el futuro del modo en que se está haciendo actualmente, por ejemplo, en Argentina. (Ver Grimson, coord., 2020).