Hace cinco años, las y los habitantes de la Ciudad de México adquirimos por primera vez una ciudadanía plena, gracias al nacimiento de la Constitución Política de la Ciudad de México. En su preámbulo, se reconoció que ésta era “posible merced a la organización cívica y autónoma de sus pobladores y la resistencia histórica contra la opresión. Es la culminación de una transición política de inspiración plural y democrática.” Hoy, se vive el más duro embate a las instituciones democráticas en más de cincuenta años. Un ataque desde instituciones democráticamente electas.

El 8 de agosto de 2018, quien en ese momento recibió la constancia de presidente electo dijo con claridad, que “En la elección del 1º de julio quedó demostrado que, así como el autoritarismo y la abyección envilecen y desprestigian a las instituciones, la voluntad democrática de la ciudadanía puede renovarlas y fortalecerlas.” Sin embargo, a partir de la elección de 2021, comenzó un embate continuo y falaz en contra de las autoridades electorales. Este llegó al grado de que al cierre del segundo periodo ordinario de sesiones de la LXV Legislatura, el Presidente presentó una iniciativa para modificar profundamente el sistema electoral mexicano, siendo uno de los cambios más complejos, la desaparición de los órganos político electorales locales para nacionalizar las elecciones.

En la Ciudad de México, el ataque contra las instituciones comenzó en 2020, comenzó bajo la bandera de la austeridad, al recortar el Presupuesto del Instituto Electoral de la Ciudad de México en un 19.75% y en 2021, continuar esta tendencia (con el 27.03%), sin otorgar recursos suficientes durante el proceso electoral, lo que provocó dificultades para atender las obligaciones legales y constitucionales. Lo anterior, se ha mantenido para este ejercicio fiscal, en que la Jefatura de Gobierno, sin considerar las observaciones del IECM, propuso al Congreso la reducción del 38% del presupuesto para 2022. Ello sin que se brindaran razones suficientes.

El más reciente capítulo es el de una reforma presentada por el diputado de Morena, Carlos Hernández Mirón, en febrero de este año, a efecto de “optimizar las estructuras electorales existentes y reducir los costos de organización y funcionamiento del órgano electoral”. Como podemos ver, el argumento sigue siendo el supuesto alto costo de la democracia capitalina. Entre los cambios principales están:

1.   Incluir en el texto de la ley sustantiva electoral local, la obligación de cumplir con la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México para el manejo y ejercicio del presupuesto que le es asignado al Instituto; atendiendo a los principios de racionalidad, austeridad, transparencia, eficacia y rendición de cuentas.

2.   Eliminar 5 áreas técnicas y especializadas y, con ello redistribuir las facultades y atribuciones que tienen actualmente encomendadas a otras áreas del Instituto, a saber:

a)     El apoyo a órganos desconcentrados, documentación y archivo pasa de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD) a la Secretaría Ejecutiva, mientras que las tareas de logística las pasa a la Secretaría Administrativa.

b)    Las funciones que desarrolla la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos (UTVOE) pasan a la Secretaría Ejecutiva.

c)     Las tareas que actualmente realiza la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCFyD) pasarán a la Secretaría Administrativa.

d)    Las atribuciones de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF) se propone que las conozca la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, y con ello modificar la denominación de la citada Dirección, para quedar como Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización.

e)     Las tareas que realiza la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos (UTGyDH) se plantea que las ejerza la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, modificando la denominación de la citada Dirección, a saber: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, Construcción Ciudadana y Género.

3.   Derivado de lo anterior, se propone pasar de ocho a tres Unidades Técnicas: de Asuntos Jurídicos (UTAJ), de Servicios Informáticos (UTSI) y de Comunicación Social y Difusión (UTCSyD).

4.   Eliminar la facultad del Consejo General del Instituto para crear Unidades Técnicas adicionales.

Esta propuesta es una afrenta directa a la democracia en la CDMX, así como a los principios constitucionales de autonomía e independencia del IECM. No tiene ningún soporte sólido ni análisis de funciones, sino que se construye desde una posición austericida y reduccionista. Se opta por desaparecer cinco áreas técnicas que coadyuvan con la vigilancia, así como a garantizar procesos electorales legitimados y transparentes que permiten la participación de  todas las fuerzas políticas bajo las mismas reglas del juego.

Eliminar estas cinco áreas técnicas y especializadas pone en peligro el óptimo desempeño del Instituto, pues compromete el cumplimiento de atribuciones que se tiene encomendadas a nivel constitucional y legal. En este sentido, me gustaría resaltar dos de las Unidades que se propone desaparecer, señalando argumentos sólidos que ayuden a la reflexión sobre la trascendencia que tiene su permanencia para el cumplimiento de los fines del Instituto.

La Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD) tiene encomendada toda logística de los procesos electorales, así como de los mecanismos de participación ciudadana con los 33 órganos desconcentrados del Instituto.

Es un área estratégica que permite la operación en campo y su vinculación durante todo el desarrollo de estos procesos. Es la Unidad que nos permite revisar, blindar y dar seguimiento a todas las actividades que se llevan a cabo durante la realización de los cómputos de las elecciones, los lugares donde se instalan las mesas directivas de casilla (actividad que se lleva a cabo de manera conjunta con el INE), la entrega de la documentación electoral, verificando en todo momento la integridad de la misma, la cadena de custodia del paquete electoral durante su trayecto a las diferentes direcciones distritales, la implementación del PREP, conteos rápidos, recuentos, presión a la autoridad electoral, entre otras.

Esto es, nos permite tener un puntual seguimiento de todas las actividades que llevan a cabo las diferentes direcciones distritales en relación al desarrollo de la jornada electoral. Es el vínculo entre las oficinas centrales y los órganos desconcentrados.

La segunda Unidad que me gustaría mencionar, es la de Género y Derechos Humanos. Resulta importante puntualizar que, ante la desaparición de ésta, surge la interrogante para el Instituto, sobre cómo se podrá seguir contribuyendo a la prevención, a la erradicación y en su caso, a la sanción de la violencia política en razón de género, sino se cuenta con un área especializada que le dé un cabal y puntual seguimiento a estas irregularidades, además de coadyuvar a identificar, visibilizar y capacitar a las futuras candidatas a los diferentes cargos de representación que se eligen en la CDMX. Esto resulta contradictorio con dos políticas de este gobierno federal, que en 2018 estableció las Unidades de Género en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como con las recientes reformas en materia de paridad e igualdad.

Incluso, resulta contradictorio con lo previsto en la propia Constitución de la CDMX que fue la primera a nivel nacional en visibilizar a catorce grupos de atención prioritaria, pues con esta propuesta de reforma se elimina la posibilidad de que el IECM destine recursos públicos para el desarrollo e implementación de políticas públicas en favor de los derechos político-electorales de personas como de la diversidad sexual y de género, en situación de calle, indígenas, afromexicanas, personas con alguna discapacidad, personas privadas de la libertad, entre otras.

En efecto, la gravedad de ello implica que si de por si hay grupos de atención prioritaria que hoy por hoy aún están mermados en sus derechos político-electorales (minorías religiosas, personas privadas de su libertad, personas en situación de calle) y que en la actualidad no tienen la garantía de una acción afirmativa, con la propuesta que se presenta, se suprime la posibilidad de que el IECM, a través de un área especializada en ello, implemente programas, planes y líneas de acción para el empoderamiento y visibilización de estos grupos. De cierta manera, se puede ver que este mecanismo para garantizar los derechos con que contaba el Instituto desaparece por un criterio presupuestal, violatorio del principio de progresividad de los derechos humanos.

El IECM no está en contra de una revisión de sus funciones y de realizar una reingeniería presupuestal, pero siempre desde el enfoque de derechos y de protección a la democracia. Sabemos que nuestro lugar es con la gente, ejerciendo un gasto austero y responsable, como lo hicimos en la propuesta de presupuesto que presentamos para este año o cuando redujimos nuestro gasto para atender la emergencia sanitaria en 2020. Nunca hemos sido, ni seremos ajenos a la realidad del país. Ejercemos los recursos en pleno respeto de los artículos que comprende el artículo 134 de la Constitución federal, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez y los criterios de legalidad, honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, resultados, transparencia, control, rendición de cuentas, con una perspectiva que fomente la igualdad de género y con un enfoque de respeto a los derechos humanos, objetividad, honradez y profesionalismo que contempla la Ley de Austeridad local.

Estamos a favor de contar con una autoridad electoral eficiente en el gasto y eficaz en las acciones y atribuciones que ejerce en la vida política y participativa de la ciudadanía. Por ello, se tiene planteada para el mes de septiembre por norma, una reingeniera estructural e institucional. Bajo ese esquema, se enfocará en implementar las reformas a los instrumentos organizacionales y administrativos con los que cuenta el Instituto, así como a los cuerpos normativos que rigen a esta autoridad, con lo cual se prevé tener una propuesta objetiva, analítica y funcional para un mejor desempeño del Instituto. Lo anterior con pleno respeto a los derechos laborales de todas y todos los trabajadores.

Por ello, solicitamos abrir un dialogo que permita un análisis amplio y plural del tema, así como al IECM rediseñar sus propias funciones para someterlas a la discusión del Congreso local, pero ya con datos sólidos y argumentos. Se trata de defender una institución ciudadana con más de 20 años de historia y un proceso democrático complicado, de este lado no se trata de la defensa de intereses particulares de siete Consejeras y Consejeros.

De aprobarse esta reforma, la Ciudad vivirá un franco retroceso en la organización de procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana que incluso pone en riesgo la certeza de los resultados. De ahí la importancia de que juntos y juntas alcemos la voz para detener esta reforma y que el Congreso, aprovechando la experiencia y especialidad del IECM, construya una reforma que avance en el rediseño institucional y optimice los recursos públicos con responsabilidad, al tiempo de garantizar derechos.

Una vez más, las y los chilangos debemos defender nuestra democracia. Llamemos al debate público de la reforma, a través del diálogo con y al respeto del parlamento abierto real y no simulado. La democracia requiere escucha, diálogo y acuerdos, controles de las instituciones, pero con base en leyes, respeto a derechos e instituciones. Nadie tiene soluciones mágicas, dejemos de una vez por todas esas tendencias autoritarias y populistas.