Distintas voces sostienen que sin dinero no hay política. De ahí su relación tormentosa. ¿Cuánto dinero se necesita para poder hacer una buena política? Las investigaciones del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina evidencian que no hay acuerdo sobre cuál es el modelo ideal para esa relación. Los datos dan cuenta de que las élites políticas han buscado controlar las reglas que tienen que ver con la relación entre dinero y política, de ahí que hayan realizado 147 cambios en sus leyes orientadas a transformar el modo en que se asignan los recursos, cómo se fiscalizan estos y las sanciones que se aplican en caso de incumplimiento en 18 países de América Latina en las últimas cuatro décadas.

¿Cuáles han sido las principales agendas de reformas en materia de financiamiento que se han impulsado en las últimas cuatro décadas en América Latina? ¿En qué medida es posible identificar olas de cambios o tendencias generales en determinados momentos en la región que orienten hacia uno u otro modelo de financiamiento? ¿Cuáles son los modelos de financiación política que prevalecen en la actualidad? Todas estas interrogantes abren la puerta a una agenda de investigación robusta que debe ser atendida.

Como señalan Steven Griner y Daniel Zovatto, la democracia no tiene precio, pero sí un costo de funcionamiento. Cada sistema político combina los instrumentos de regulación de financiamiento de manera muy diversa, de acuerdo con sus urgencias coyunturales, los rasgos de su cultura política, las características del entorno institucional preexistente y, como siempre, los intereses políticos de quienes elaboran las normas. Los estudios de Kevin Casas-Zamora y Daniel Zovatto también concuerdan con la importancia del financiamiento y su fiscalización. Cuando las normativas tienden a ser débiles en materia de transparencia, control y sanciones, las posibilidades de vulnerar una norma son muy altas, es por eso que una prioridad para cualquier Estado debería ser avanzar hacia un modelo de financiación más transparente, eficiente y claro.

Sin dinero no hay política, ya que la política, como una actividad más dentro de un país democrático, necesita de cierto financiamiento para llevar adelante sus metas y para construir lo que se ha denominado como “canchas parejas”. Es así que el vínculo entre dinero y democracia resulta estructural e inevitable: se presenta lo mismo en democracias consolidadas que en democracias recientes, en sistemas parlamentarios o en presidenciales. De ahí su relevancia y su necesidad.

En América Latina no existe un patrón homogéneo en cuanto al financiamiento político, sin embargo, gracias a los datos del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina es que se pueden identificar cuatro principales tendencias de reformas que se están produciendo en los países de la región.

Tendencia 1: Prevalencia del modelo de financiamiento mixto

El dinero para la financiación política se distingue entre el público, cuando proviene del Estado; el privado, cuando proviene de personas particulares o entidades privadas; y mixto cuando se utilizan ambas vías de financiación. De acuerdo a la investigación de Delia Ferreira Rubio, para la última década se observa en América Latina una tendencia a privilegiar el financiamiento público por sobre el privado. No obstante, el aporte del Estado, ya sea de forma directa o indirecta, no es suficiente para solventar todas las necesidades de los partidos políticos. Así, en la actualidad, los países de la región adoptaron sistemas mixtos en materia de financiamiento.

En 2004, el 94% de los países de la región se caracterizaban por contar con esquemas de financiamiento mixto en el que los partidos recibían fondos tanto públicos como privados para financiar sus campañas electorales y/o gastos de funcionamiento ordinario.

Los primeros en adoptar este esquema fueron Uruguay (1928), Costa Rica (1956) y Argentina (1961), mientras que los últimos fueron Perú y Chile en el año 2003.

Tendencia 2: Del financiamiento electoral al financiamiento permanente

Casas-Zamora y Zovatto afirman que todo sistema de subvención directa debe definir cuatro puntos centrales, dos de estos cuatros puntos son: ¿qué actores políticos recibirán el subsidio? Y, ¿con qué periodicidad serán desembolsados los fondos? Según Karina Cáceres, los países de América Latina se dividen en tres grandes grupos: la subvención de los gastos de campaña electoral, la financiación de las operaciones y actividades permanentes de los partidos políticos, y el financiamiento de la investigación y el fortalecimiento institucional de los mismos. De acuerdo con su periodicidad, los subsidios directos pueden ser electorales o permanentes. En el primer grupo, los Estados otorgan dinero para financiar sólo los gastos que se den durante el tiempo que dure la campaña electoral. Este tipo de subvención es en un momento concreto y muy delimitado, generalmente fijado en las leyes. Dentro del segundo grupo, el financiamiento de los gastos es de forma permanente, subvenciona los gastos de campaña y también del mantenimiento del partido.

En América Latina se puede observar una creciente aceptación del financiamiento público permanente para el fortalecimiento y desarrollo institucional de los partidos incluyendo actividades como la investigación, la formación y la capacitación de cuadros partidarios. Este tipo de distribución de recursos se evidencia en los países de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.     

Tendencia 3: La transparencia financiera como base de las regulaciones

La regulación del financiamiento de los partidos políticos es un aspecto central para el buen funcionamiento no solo de los procesos electorales sino de la democracia. La corrupción constituye una de las principales amenazas para los procesos políticos y para la estabilidad del régimen democrático. Dentro de la región, las normativas tendían a ser débiles en materia de transparencia, control y sanciones aumentando las posibilidades de que una norma sea vulnerada.

Como se mencionó, el financiamiento de la política también puede venir del sector privado, lo cual despierta preocupaciones debido a la pretensión de algunos aportantes de utilizar sus contribuciones como una manera de ganar acceso privilegiado a los funcionarios a través de “arreglos silenciosos” o directamente “comprando” decisiones, tal y como apuntan las investigaciones de Ferreira Rubio. Es por eso que regular adecuadamente el financiamiento político privado se volvió de vital importancia dentro de la región. En la mayoría de los países de América Latina, este tipo de financiamiento se encuentra permitido, pero fuertemente limitado y regulado. Ferreira Rubio da cuenta de que las restricciones se vinculan a: 1) la calidad del aportante, 2) la calidad de las donaciones, 3) el monto de los aportes (individuales y totales) y, recientemente, se refieren a 4) la forma de entrega del dinero (solo aportes bancarios).

Tendencia 4: Incorporación de regulaciones formales y legales sobre el financiamiento público para ayudar a romper los “techos de billetes” de las mujeres

El acceso a los recursos económicos juega un papel importante en las condiciones de factibilidad para que la paridad de la representación de género se haga realidad. La inclusión de la mujer en política no debe limitarse únicamente al momento electoral. En una etapa previa, como señalan Flavia Freidenberg y Betilde Muñoz-Pogossian, el acceso a los recursos económicos que puedan tener las mujeres va a funcionar como un “pase de entrada” para poder competir. Al respecto, Ferreira Rubio afirma que la regulación del financiamiento de la política puede ser “una herramienta de política pública para facilitar la equidad de género en la competencia electoral”. Si bien no hay una receta única y homogénea que garantice la democratización de las mujeres a los recursos públicos, el financiamiento político puede favorecer la representación de las mismas. Como señala Ferreira Rubio, cuando el eje del sistema de financiamiento es el partido u organización política y no cada candidato y candidata individualmente, pueden generarse desventajas para las candidatas mujeres. Varios países de América Latina han empezado a incorporar la perspectiva de género en materia de financiamiento. Dentro de este grupo de países se encuentran Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, México y Panamá.

La tormentosa relación del dinero y la política ya abrió la puerta a una agenda de investigación variada y compleja. Es crucial que las reformas aplicadas en materia de financiamiento vayan acompañadas de actores críticos, que inciten a otras y otros a tomar medidas para promover políticas orientadas a la transparencia financiera ya que, en palabras de Ferreira Rubio, el “elemento esencial de todo sistema de financiamiento es el grado de transparencia y rendición de cuentas que este garantice”. Así, se irán quitando las barreras que obstaculizan la carrera política de las mujeres y de los grupos subrepresentados.