El próximo 4 de febrero de 2024 Costa Rica elegirá a las autoridades locales que conformarán los 84 gobiernos subnacionales del país. Integrados por alcaldías, vicealcaldías como figuras ejecutivas de las municipalidades y los cargos de regidurías, sindicalías, y concejalías de distrito que integran el órgano deliberativo. Las más de seis mil personas que resulten electas asumirán funciones el 1ro de mayo del mismo año y tendrán a su cargo el mandato constitucional de velar por la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón.

Formalmente, el proceso electoral dará inicio en octubre de 2023. Sin embargo, los partidos políticos nacionales, provinciales y locales que participan en la contienda se ocuparán desde inicios del año de sus procesos de selección de candidaturas y definición de programas de gobierno. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ya comenzó la preparación de estos comicios.

Tras la unificación de la elección de los cargos municipales en una única elección y a medio periodo del mandato presidencial, concretado en las elecciones municipales de 2016 y 2020, este nuevo proceso electoral reúne una serie de características novedosas que obedecen a reformas legislativas aprobadas en el periodo constitucional 2018 - 2022, las cuales detallaré a continuación por su relevancia respecto a los cambios en las reglas del juego y a los retos que imponen a los partidos políticos que compitan en contienda. Seguidamente, repasaré nuevas iniciativas de ley avanzan en su trámite para seguir transformando el sistema electoral subnacional.

Reglas sobre la reelección de autoridades locales

Tras la develación de un caso de corrupción asociado a la construcción de infraestructura pública en seis municipalidades del país, el Congreso aceleró la tramitación de una reforma para limitar la reelección de las autoridades locales hasta su aprobación a inicios de 2022. Pese a los cuestionamientos presentados ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por alcaldes y alcaldesas afectados por la reforma, el tribunal determinó que la legislación se deberá aplicar en todos sus extremos en las elecciones municipales de 2024.

En Costa Rica, antes de dicha reforma, todas las autoridades locales en los distintos cargos a disposición podían reelegirse de manera consecutiva e indefinida tras completar su primer periodo. Ahora se establece la posibilidad de una reelección para todos los cargos, así como periodos de ocho años de espera para poder postularse nuevamente. Este cambio en la legislación, formaba parte de las recomendaciones dadas por las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos a Costa Rica desde el 2015.

La aplicación de la reforma, tendrá efectos múltiples a analizar, especialmente, en la correlación de fuerzas en el sistema de partidos políticos. Los llamados tradicionales del bipartidismo (Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana) deberán renovar sus candidatos y candidatas a las alcaldías, es decir, un total de 31 figuras en el cargo que ya no se pueden reelegir y pertenecen a sus filas. El Partido Acción Ciudadana, derrotado en las elecciones nacionales de 2020, el ahora oficialista Partido Progreso Social Democrático y el recién creado Partido Nueva República tendrán la oportunidad de conquistar espacios en el escenario local. De la misma manera, se abren las puertas a partidos políticos cantonales que progresivamente han ganado terreno en el escenario político local para conquistar nuevos triunfos electorales. En el debate público también se esbozan reflexiones respecto al posible impacto en el aumento de la participación en el proceso electoral, que alcanzó en 2020 apenas un 36.3%, con importantes variaciones entre cantones.

Reglas sobre género y violencia política

En abril de 2022 se aprobó en Costa Rica la Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política. En las elecciones municipales de 2024 por primera vez, tanto los partidos políticos como el TSE, deberán atender las responsabilidades establecidas en dicha ley. Los partidos deberán establecer en sus estatutos y normativa interna todas las disposiciones para que los tribunales de ética puedan tramitar las denuncias; el TSE, por su parte, deberá asumir, en forma de amparos electorales, las denuncias respecto a las manifestaciones de violencia política contra las mujeres en el proceso electoral y después de ello, en el ejercicio de su cargo.

En el mismo periodo, se definieron nuevas reglas respecto a la relación entre la alcaldía y la primera vicealcaldía, ya que históricamente daba pie a casos de violencia política en razón del género muy significativos en el escenario político local, como lo recopiló PNUD, en tanto las reglas de alternancia y paridad vertical, relegaron a las mujeres al cargo de vicealcaldía primera, como se detalla en la tabla a continuación. Esta nueva ley obliga al titular de la alcaldía a asignar funciones a la primera vicealcaldía, de manera formal, precisa, suficiente, oportuna y correspondiente al cargo. Lo anterior significa para los partidos un reto sustantivo respecto a los procesos de negociación y selección de candidaturas, que permitan la conformación de fórmulas electorales efectivas y que no repliquen anteriores formas de violencia política.

Creación de nuevos cantones

Desde 1980 con la creación del cantón de Garabito, el número 81 ubicado en la provincia de Puntarenas, Costa Rica no creaba nuevos cantones. Fue hasta el año 2018 que nació a la vida jurídica el cantón de Río Cuarto y que conformó su primer gobierno local en las elecciones de 2020. Para el proceso electoral de 2024 se escogerán las autoridades locales de dos cantones más creados en el periodo constitucional 2018 - 2022: Monteverde (2021) y Puerto Jiménez (2022), ambos en la provincia de Puntarenas que ocupan el Pacífico Central y Sur costarricense respectivamente. Estos cantones implicarán el paso de 6,138 autoridades locales que se eligieron en 2020 a aproximadamente 6,184, lo que significa a la institucionalidad electoral un reto logístico y a los partidos políticos, el reto de la creación de bases de militantes en los nuevos territorios, que definan sus candidaturas a los cargos disponibles.

Reformas futuras

A la luz de la agenda legislativa vigente, destaca una nueva propuesta de ley para unificar las elecciones nacionales con las elecciones municipales a partir de 2030. Según la iniciativa, ello aumentaría la participación electoral y reduciría los costos de la logística electoral. Esta propuesta se encuentra en análisis del Congreso, sin embargo, no ha destacado en el debate parlamentario, ni ha suscitado el interés de las señoras y señores diputados, y tampoco el de la prensa nacional. En materia de nuevos cantones se tramitan también al menos siete iniciativas de ley para crear siete nuevas unidades territoriales en al menos cuatro provincias del país. Pese a ello, los plazos para que se incluyan en el próximo proceso electoral ya se completaron, según el cronograma electoral dispuesto por el TSE.

 Reflexiones finales

Las elecciones municipales de 2024 serán inéditas en términos de las reglas que rigen la contienda electoral, respecto a las elecciones de 2016 y 2020. Esto permitirá ahondar en nuevas líneas de investigación y análisis sobre las implicaciones de las reformas electorales en el proceso, por ejemplo, los cambios en las élites políticas locales, las correlaciones de fuerza en nuestro sistema político, y el desarrollo de las contiendas electorales en las nuevas unidades territoriales. Por lo tanto, las elecciones municipales de Costa Rica hacia 2024, significarán un hito para los estudios electorales subnacionales en el país.