I

Hoy en día vivimos en un mundo que cada vez goza de una mayor multilateralidad, en la que la diversidad y multiculturalidad están presentes; esto es, una realidad producto de una vasta serie de mixturas e hibridaciones en el ámbito económico, social, cultural, y político. Nuestro sistema electoral no escapa a esta serie de mixturas, pues se reconoce como un constructo heterogéneo, compuesto estructuralmente por diferentes instituciones especializadas en diferentes ámbitos, niveles y competencias. En términos reales, la educación cívica compone una mixtura teórica y práctica, pues por un lado es una alternativa pedagógica; es decir, es parte de un sistema de enseñanza y construcción de contenidos, de aprendizajes y competencias. Por el otro, dichos constructos van especializados en cuanto a la herencia cívica de las buenas prácticas democráticas. 

El avance de la tecnología, de la comunicación global, de las redes sociales y de la educación a distancia, deviene en comunidades globales que se identifican más allá de los límites territoriales y lingüísticos; esta identificación ocurre a través de aficiones, gustos, pasatiempos, intereses, tendencias, valores, ideologías, etcétera, y traspasa diferentes sectores, como los son algunos propios de infancias y de juventudes que tienen acceso a estas comunidades globales a través del uso de redes sociales u otras tecnologías de la información y la comunicación, por mencionar la inteligencia artificial y ChatGPT, entre otras.

Hasta aquí entonces, parecería que el papel de la educación cívica ofrecida por instituciones locales quedaría relegada a un “proceso natural” de importación de valores globales o universales que acceden a través del internet e impactan a usuarios y usuarias de tales tecnologías, pues se podría especular que tales valores absorbidos de lo global a lo local terminarían eventualmente por homogeneizar comunidades físicas reales a través de la acción preorientada de los agentes de cambio como lo pudiesen ser las juventudes y la ciudadanía formada en lo global. 

Una vez más, dentro de este fenómeno encontramos una mixtura entre valores globales y sus interpretaciones o expresiones locales, comunidades virtuales extraterritoriales y comunidades físicas delimitadas a territorios, lenguas y costumbres particulares. Contradictoriamente, ante esta aparente “desterritorialización”, toma un mayor peso específico la educación cívica desde el ámbito local, dado su carácter de intervención, nacida dentro del mismo fenómeno de lo comunitario, pues es evidente que el internet, la tecnología, el progreso, incluso la educación académica formal, no atienden todos los espacios de lo social.

II

Como lo ha señalado el investigador Andreas Schedler en su ensayo ¿Qué es la rendición de cuentas?,¹ conceptos clave sobre la función democrática y gubernamental que forman parte del léxico de la comunidad internacional no encuentran traducciones exactas ni equivalencias estables y concretas en aquellos lugares donde se desconocen las prácticas sociales, culturales o políticas que sustentan materialmente tales conceptos. La pertinencia de una vuelta de la educación cívica desde lo local, pasa por la necesidad de generar las condiciones para el desarrollo de una expresión de la democracia y la práctica del buen gobierno. La problemática de las asimetrías entre comunidades virtuales y comunidades físicas concretas transcurre, en muchas ocasiones, por la falta de un terreno u horizonte de interpretación común entre ambas instancias. 

Por un lado muchos de los conceptos y sus respectivas prácticas democráticas se importaron a través de la posibilidad comunicativa de las primeras expresiones de la globalización; en este sentido, la gran mayoría de los conceptos encaminados al empoderamiento ciudadano y a la rendición de cuentas, provienen de escuelas de pensamiento anglosajón y han nacido en tales términos gracias a las condiciones democráticas, sociales, políticas y económicas del propio contexto de tales entornos. La complejidad de tales asimetrías requiere, entonces, de una serie de intervenciones nacidas en el seno de la misma comunidad local, y cuya importancia sustancial radica en la búsqueda de no sólo interpretar lo universal en lo local, sino también de crear y fomentar formas propias de valores y prácticas cívico-comunitarias, puesto que no existe una sola y única fórmula de participación o intervención. 

Si bien el mundo cada vez está más integrado y se rompen fronteras y lenguajes, lo cierto es que otro de los factores de la educación cívica precisa es, justamente, “la localidad de lo entendible”, es decir un territorio común que a manera de lengua o lenguaje, no sea ajeno ni excluya a la comunidad, sino por el contrario, promueva una educación cívica universal, pero expresada en un lenguaje común y conocido para la comunidad local, una educación cívica que no resulte abstracta, complicada, inalcanzable o inentendible para el léxico de la vida cotidiana y sus prácticas, una educación cívica de lo común y de un ejemplo comunitario práctico y traducible.  

En nuestro país, la educación cívica corresponde a una tarea constitucional conferida a los Organismos Públicos Electorales (denominados OPL), y aunque otros aliados estratégicos y otras instancias electorales como el Instituto Nacional Electoral (INE) a nivel federal participan de manera integral en el desarrollo de contenidos y su aplicación, la importancia de lo local toma un peso específico y sustancial dentro de tal desarrollo. Ante esta formalidad, habría que incluir la dimensión efectiva, es decir, que ninguna expresión de educación cívica puede partir únicamente desde instituciones de gobierno o autónomas sin antes acudir a otros factores de suma importancia; por un lado tendríamos el factor de la comunidad local atravesada por una serie de contextos y especificidades propias, mientras que por otro lado tendríamos el factor humano orientado a una intervención social positiva. 

Lo local, en cierto sentido, es ya una expresión del factor humano a un nivel colectivo y social; y desde tal óptica es preciso insistir en la imposibilidad de generar estrategias, contenidos y aplicaciones de pedagogía o enseñanza educativa cívica exitosas si estas estrategias han sido generadas desde un “laboratorio” lejano o ajeno a las vivencias de los centros y periferias donde ocurre la comunidad.  

La educación cívica, en este sentido, no se debe a las tareas de una serie de científicos o eruditos investigadores que sobre el tema desarrollen, a manera de receta, líneas de acción e intervención en comunidades que desconocen y que terminan convirtiéndose en meros datos estadísticos o números. Se podrán tener las investigaciones, trabajos y herramientas metodológicas del más alto nivel academicista, pero si tales constructos han sido desarrollados sin la más mínima cercanía con el fenómeno comunitario y reduciendo a un mínimo la intervención dinámica del factor humano, dichas herramientas terminan siendo obsoletas y costosas en términos tanto sociales como económicos, meros programas de rellenado de objetivos y contabilización de impactos. 

Con el factor humano, también nos referimos al hecho de que la educación cívica, antes que cualquier cuerpo teórico, cualquier tecnología o herramienta metodológica compleja y elaborada, requiere de sólidas bases de sensibilidad social, empatía, comprensión, tolerancia, respeto y solidaridad comunitaria, así como de intervenciones humanas dirigidas a la inclusión, la suma y la integración dentro de la misma comunidad donde se reinventa de manera constante; pues por ejemplo, una red de internet o incluso hasta una red eléctrica es posible no alcance a llegar a comunidades lejanas, así como también es posible que ni la lectura individualizada del texto más especializado pueda equipararse o suplir a la enseñanza efectiva de un sólido equipo de trabajo dedicado y sensibilizado que, al mismo tiempo, forma parte de su comunidad local. Siendo así, la educación cívica implica la búsqueda de enseñar, transformar y orientar en contenidos construidos desde la misma comunidad y no desde lejanos centros de investigación y estudio desconectados de cualquier vínculo con las personas reales de tal asentamiento o delimitación.

III

Las infancias y las juventudes como ciudadanías tempranas, conforman potenciales sectores trasversales capaces de ejercer su lugar sustancial como agentes de cambio social. Estos grupos han sido capaces de trascender el tiempo y el lugar, toda vez que no se encuentran sujetos a limitantes, como por ejemplo, formas de pensamiento arcaicas o anacrónicas, sino que su forma de vida y pensamiento es más dinámico y flexible, y va mayoritariamente acorde con la modernidad de nuestros tiempos actuales, sus preocupaciones son las de enfrentar riesgos como el cambio climático o la catástrofe global, la homofobia, la xenofobia, etcétera. todo lo anterior, al mismo tiempo en el que las nuevas infancias y juventudes pretenden constituirse como ciudadanos y ciudadanas del mundo. En estos sectores, los OPL y cualquier organismo interesado en sistematizar una agenda o una programática de educación cívica, pueden encontrar corresponsables permanentes y adecuados para ejercer metodologías de Observación Participante Activa, usando la óptica de la hermenéutica sociológica.

Partiendo de la lógica de que el quehacer electoral es imposible sin la participación ciudadana en la conformación de las mesas directivas de casilla, la educación cívica precisa de mesas comunitarias permanentes enfocadas al diálogo, a la inclusión y a la participación dentro de la problemática vecinal y local, las juventudes y las infancias tienen la capacidad y potencia de reeducar al enseñante, es decir, participar activamente dentro de la creación, evaluación y modificación de aquellos programas dirigidos a su propia capacitación y educación en la cuestión cívica y democrática, pues su participación comienza desde el momento en el que pueden intervenir sobre cuáles contenidos, y cuáles formas consideran las más adecuadas para su propia formación ciudadana. 

La primera intervención de los OPL desde lo local, entonces, debe ir inicialmente encaminada justo en una dimensión procedimental; es decir, antes de evaluar el impacto de los programas dirigidos a infancias y juventudes, deben evaluar la construcción de sus propias herramientas y no sólo mediante análisis de resultados de impactos cuantificables, sino también mediante la cualidad de tal impacto, atendiendo a las sugerencias y necesidades que puedan expresar los grupos hacia donde se pretende orientar la oferta de programas. 

En este rubro queda más que claro que las infancias y las juventudes tienen mucho que aportar. Aunque a veces no participen activamente o no encuentren los canales o las formas, es de vital importancia que su primera participación verse sobre la forma de las intervenciones institucionales y sociales implementadas en su propia comunidad. Los grupos infantiles y juveniles, como parte activa de diferentes entornos, instancias escolares o vecinales, pueden integrar la visión comunitaria como uno de tres factores posiblemente necesarios para evaluar de manera permanente las metodologías de investigación y los programas de los opl encaminados a la enseñanza cívica, conformando un esquema tripartita que primero se conforma de una comunidad objetivo participante, posteriormente el OPL; y en tercer instancia las instituciones como universidades o consejos ciudadanos que evalúen la consistencia y objetividad de los métodos de enseñanza, estudio, intervención y evaluación previa, durante y posterior a su implementación. 

De esta manera, siendo las infancias y juventudes varios de los objetivos que los programas de educación cívica buscan impactar, habría entonces que incluir su opinión sobre la construcción y desempeño de los mismos programas, incluir la dimensión cualitativa en estudios y prácticas mixtas que nos ayuden a entender no sólo la cantidad de impactos o su alcance, sino también la cualidad de tales impactos, pues una problemática procedimental común es el pensar que siempre los impactos serán positivos al partir de una conceptualización tan positiva como lo es la enseñanza, y más la enseñanza de valores democráticos vía ejercicios y programas. 

En este sentido, es posible encontrar casos donde no siempre los impactos de los programas de educación cívica tienden por necesidad a ser positivos, pues muchos de los programas insignia de educación cívica a nivel nacional manejados por los OPL, habitan la dimensión de la participación colectiva en la toma de decisiones y la designación de autoridades escolares, infantiles o juveniles. Viviendo un contexto local donde también ocurren negatividades como prácticas no democráticas o viciadas que sólo buscan nutrir la cultura del ganar por ganar, ocurre la posibilidad de que al mismo tiempo en el que se enseña teoría de valores, en la práctica se aprendan antivalores que en un futuro cercano o lejano produzcan rechazo y falta de confianza en los jóvenes ya convertidos en adultos, dadas sus malas experiencias tempranas con el fenómeno democrático. 

En Aguascalientes, hemos denominado a esta situación como el efecto Boomerang, una situación caracterizada por la falta de sistematicidad oportuna en el uso de metodologías mixtas de evaluación de los programas institucionales, y donde el objetivo originalmente buscado puede cualitativamente generar o atraer fines contrarios ante el peso de emular, por parte de las poblaciones objetivo, prácticas propias de una realidad donde la política y las instituciones se encuentran bastante desprestigiadas. De esta situación nace entonces la necesidad de incluir a la comunidad, a infancias y a los jóvenes mediante la retroalimentación de sus opiniones y sentires sobre los mismos programas, así como a la docencia y las universidades locales como agentes interventores objetivos e imparciales, que nos ayuden evaluar no sólo los resultados sino más bien, la forma estructural de los programas que hemos creado con el fin de conseguir tales resultados. En este sentido, es notoria la necesidad de no sólo transmitir conocimiento sino competencias para que la misma población usuaria y objetivo pueda por sí misma descartar tales prácticas negativas. 

Resulta imprescindible que desde lo local se generen diagnósticos primarios sobre la situación actual, de manera focalizada y bien delimitada, partiendo del método inductivo, estableciendo grupos de control y ejercicios de intervención comparada para así evidenciar si existe avance o retroceso en la calidad de la educación otorgada en los diferentes entornos en donde se aplican los programas, complementándose también con estudios de seguimiento longitudinal que nos apoyen a encontrar el cómo se van desarrollando aprendizajes y competencias. 

Después de construir indicadores sobre la calidad y la consistencia de las herramientas usadas por los opl para medir y evaluar mediante la participación de la comunidad local a través de sus diferentes instancias, podemos entonces hablar de la creación de otros indicadores primarios de calidad para aspirar a una sistematización de la educación cívica dirigida a infancias, juventudes y demás grupos a nivel nacional desde lo local:

1. Indicador sobre la incidencia en el desarrollo democrático comunitario concreto. ¿Qué tipo de impacto se logra en las intervenciones? ¿Qué cambios sustanciales podemos notar al buscar generar una ciudadanía más activa que exija mayor calidad a sus autoridades y gobernantes? ¿Qué cambios observamos en la calidad de los gobernantes que acceden a cargos y puestos?
   
   
2. La incidencia en las leyes y normas locales. ¿Qué tanto y de que manera lo promovido por los OPL y en comunidad, tiene posibilidad y capacidad de incidir o verse reflejado en los códigos y leyes locales?
   
   
3. La incidencia de la intervención reflejada hacia el mismo OPL. ¿Con qué velocidad y calidad se adaptan los OPL a los cambios donde estas mismas instancias intervienen?

Lo anterior compone el prolegómeno de una compleja y difícil tarea, pues la amplitud de la necesidad pareciera solicitar que el OPL sea al mismo tiempo un organismo como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que en su dimensión recabe datos sociodemográficos para sustentar sus líneas de acción, una Secretaría de Educación Pública (SEP) para transmitir de manera sistemática conocimientos universales, una Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para generar investigación sobre sus técnicas y un Banco de México para financiar la colosal tarea, que suena difícil mas no imposible.