Conforme el Partido Morena (PM) recorre el segundo piso de la 4T se hace evidente el acentuamiento del lenguaje autoritario. El actual estilo discursivo de los voceros del oficialismo no empezó con el cambio de gobierno, viene de atrás. Durante los primeros tres años del sexenio de López Obrador, en lo general, predominó un estilo moderado, de pronto hasta conciliador. Es cierto que el tabasqueño desde temprano reveló sus fobias por algunos personajes de la política, como los expresidentes Salinas y Calderón, o contra algunos periodistas e intelectuales, pero aún en sus diatribas mañaneras guardaba la compostura a que le obligaba lo que él mismo mencionaba como “mi investidura”.

El cambio fue producto de los resultados que el PM obtuvo en las elecciones intermedias de 2021, en las que retrocedió en número de diputados en San Lázaro y en la CDMX perdió varias alcaldías. Fue por esos días, posteriores a la jornada comicial, que el hoy expresidente López Obrador empezó a hablar de la “radicalización” de su lenguaje y sus propuestas. Para ese viraje, lo primero que hizo el fundador del PM fue deshacerse de colaboradores no radicales, o que difícilmente lo acompañarían por esa ruta. Ejemplos destacados de esa purga fueron la salida de la titular de SEGOB, Olga Sánchez Cordero, de la embajadora en Washington, Martha Bárcena y del embajador ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente.

La radicalización se expresó casi de inmediato en el lenguaje presidencial. Las diatribas contra sus críticos se convirtieron en asunto de cada mañana. No se trataba solamente de descalificar personas, sino también de derruir instituciones. Consejeros y magistrados electorales fueron convertidos en blanco preferido de la incontinencia verbal del presidente, en paralelo inicio el embate contra la Suprema Corte, el Poder Judicial, el INE, el TEPJF y otros organismos autónomos como el INAI.

De esa radicalización, con fines electorales para 2024, emergió el llamado “Plan A”, la primera iniciativa de reforma constitucional electoral de López Obrador. Elaborada por un equipo convocado para tal propósito, el resultado fue una interpretación, desordenada y contrahecha, de las ocurrencias presidenciales. Memorable es la confusión del expresidente cuando en la mañanera afirmó que su propuesta era desaparecer los legisladores plurinominales, cuando en realidad era exactamente lo contrario. Diputados y senadores serían, todos, de representación proporcional, también los diputados locales y regidores de cabildos municipales.

López Obrador sabía perfectamente que en San Lázaro el PM y sus aliados no contaban con los votos para aprobar esa reforma, pero en su estratagema de radicalización del lenguaje, el rechazo opositor a su Plan A era parte del verdadero plan: asegurar la mayoría en 2024. Como era previsible, en el pleno de San Lázaro el dictamen no obtuvo las dos terceras partes de votos y fue enviado al archivo. Le siguieron el Plan B y el Plan C, los dos en la misma lógica y estratagema de la radicalización del lenguaje presidencial.

Las iniciativas de reformas legales electorales del Plan B fueron aprobadas por el PM y sus aliados en ambas Cámaras. La destrucción de la autonomía del INE y la desaparición del servicio profesional electoral fueron sus dos componentes centrales. El desaseo con el que la mayoría oficialista se comportó en San Lázaro obligó a la Corte a resolver la inconstitucionalidad de lo aprobado. El Plan B quedó sepultado. Después de lo anterior, en cada mañanera, de la boca presidencial salía lumbre contra la Corte. La radicalización del lenguaje escalaba cada día.

La iniciativa de reforma electoral constitucional del Plan C (5 de febrero de 2024) era una calca, mal hecha, de la presentada como Plan A, con dos cambios de singular relevancia. Ahora sí, los plurinominales desaparecían. La Cámara de Diputados tendrían solamente diputados de distrito (300) y el Senado regresaría a dos de mayoría por cada estado. La radicalización de la 4T propuso volver a los inicios de los años 60 del siglo pasado, antes incluso de los diputados de partido. El otro cambio era que el financiamiento público ordinario a partidos políticos se mantendría, aunque ajustado a la baja. En septiembre de 2024 los aliados del PM le dijeron no al presidente y a su heredera. El Plan C, en su componente electoral, fue enviado al archivo muerto.

Radicalizar el lenguaje encuentra hoy, en el segundo piso de la 4T, manifestaciones extremas. En favor del atropello y la sinrazón se invoca una supuesta legitimidad que es en realidad la mentira cotidiana. El oficialismo no obtuvo los votos que legitimen su prepotencia en ambas Cámaras. Su inconstitucional mayoría no es producto del voto, sino del fraude a la Constitución, del soborno y el chantaje.

Hoy el lenguaje del oficialismo excluye, amenaza y se mofa de sus opositores y críticos. No les interesa dialogar, quieren arrasar.

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